El pasado diciembre el derechista Mauricio Macri lograba, por la mínima, la presidencia de Argentina. Inmediatamente se dispuso a gobernar para su clase social, los capitalistas, aplicando durísimos recortes sociales que han empobrecido a los jóvenes y a los trabajadores argentinos.


Sus ataques -que incluyen subidas de precios en el transporte y la luz de hasta un 700%, despidos masivos de empleados públicos y recortes en el gasto social- han sido respondidos desde el minuto cero por parte de la población. La comunidad educativa ha jugado un papel destacado en esta respuesta.

La educación pública bajo ataque
 

La situación de la educación pública en Argentina ya era muy precaria antes de la llegada de Macri al poder. En cientos de escuelas secundarias y facultades las infraestructuras se encuentran en un estado lamentable. Este es el caso del Instituto Superior de Formación Docente nº 45 de Buenos Aires, cuyos alumnos se han visto obligados a realizar cortes de calles para exigir que se reparen los techos ante la llegada del invierno. También han protagonizado movilizaciones los estudiantes de la Escuela de Educación Media nº2 del barrio bonaerense de Soldati, quienes llevan una semana sin calefacción e incluso sin puertas en los baños.

Así que los ataques de Macri llueven sobre mojado y han terminado por hacer reventar la olla del descontento y profesores y estudiantes de todo el país se han movilizado durante semanas con tres reivindicaciones principales: la primera ha sido la de reabrir la negociación colectiva (las paritarias) del profesorado universitario. Éste ha sufrido una gran pérdida de poder adquisitivo en el último período, debido a la altísima inflación y al tarifazo del gobierno, así que exigen una subida salarial del 45%, que equivale a recuperar lo perdido.
La segunda reivindicación por la que luchan los estudiantes es la de abaratar el precio del billete del autobús (boleto del colectivo) para poder desplazarse al centro de estudio. El tarifazo de Macri ha multiplicado hasta por siete el precio y a muchas familias se les hace imposible pagar.

 La tercera reivindicación es la de una inversión adecuada para la Universidad, ya que el raquítico presupuesto aprobado por el gobierno no permite continuar las clases más allá de agosto y amenaza con el cierre de carreras y la paralización de las obras.
La comunidad educativa en pié de guerra
Ante esta situación, los profesores universitarios aprobaron un plan de acción que implicó movilizaciones desde finales de marzo hasta ahora. Los estudiantes votaron en asambleas el apoyo a sus docentes, y en multitud de universidades las clases se dieron al aire libre y se cortaron calles para visibilizar el conflicto. Así lo hicieron las facultades de psicología, filosofía y medicina de la Universidad de Buenos Aires, la facultad de humanidades en Neuquén (Oeste de Argentina), mientras que docentes y estudiantes de San Luis ocupaban el Rectorado y en La Pampa organizaban una marcha por la educación pública.
Simultáneamente, en las últimas semanas se han organizado manifestaciones y cortes de calle exigiendo el boleto estudiantil gratuito, en la ciudad de Buenos Aires y localidades de la provincia como Quilmes y Olavarría.
Lo que requería el movimiento para avanzar era unificar todos estos conflictos dispersos en una única movilización unificada en todo el país. Y así fue. Los docentes propusieron una jornada de lucha nacional para el 12 de mayo, y miles de profesores y estudiantes votaron en asambleas sumarse a la misma. Así que el jueves 12, se produjo la mayor movilización educativa desde el estallido social de 2001 (el argentinazo). 40.000 personas marcharon sobre la capital, al tiempo que miles más lo hacían en las principales localidades del país.

La lucha continúa

Tras la histórica movilización del día 12, el Gobierno y los empresarios se vieron obligados a realizar algunas concesiones. Por una parte aumentó la propuesta de subida salarial a los docentes universitarios (aunque aun muy por debajo de lo que éstos exigen) y se anunció un pequeño incremento del presupuesto dedicado a la universidad. Por su parte, algunas líneas de autobús (tres en el municipio de Quilmes) y algunos ayuntamientos, como el de Olavarría, aprobaron el billete gratuito para estudiantes.
Estas concesiones son absolutamente insuficientes y no resuelven los graves problemas que sufre la comunidad educativa en el país, pero reflejan, una vez más, que el Gobierno Macri es débil y que se le puede vencer.
Y a esta conclusión ha llegado gran parte de la comunidad educativa, que ha decidió continuar con las movilizaciones.
Tras la huelga del 12, los estudiantes de Psicología, Sociales y filosofía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobaron en asamblea continuar la lucha hasta lograr todas las reivindicaciones expresadas el 12. Por su parte, el miércoles 18 los estudiantes de la Universidad de Lanús votaron también continuar las movilizaciones. Eso mismo se debate en la Universidad del Comahue (en el centro-sur del país), mientras que en La plata, la cuarta ciudad, 5.000 estudiantes recorrieron las calles de la ciudad por la noche, portando antorchas. A su vez, la Universidad Nacional de Quilmes continuó sacando los pupitres a la calle. Y en Rosario, la tercera ciudad más poblada, se aprobó la convocatoria de una nueva jornada de huelga para el 26. Ese día, miles de rosarinos salieron a las calles de la ciudad bajo el lema “la educación no se vende”.

Nuestros hermanos y hermanas argentinos están protagonizando una lucha ejemplar, en defensa de sus derechos. La disposición a la lucha es evidente, tanto por parte de los estudiantes como de los trabajadores. El siguiente paso debería ser unificar todas las reivindicaciones, educativas, sociales y laborales, en una convocatoria de huelga general, que sin duda debilitaría aun más al gobierno capitalista de Macri