¡No a la privatización de la Universidad Pública!

¡Derogación inmediata del 3+2!

 

En plenos exámenes universitarios, y a través de los medios de comunicación, hemos podido conocer que algunas universidades han solicitado al Ministerio de Educación su aprobación para poder aplicar el decreto 3+2 a partir del próximo mes septiembre. Una medida que, haciendo honor al espíritu privatizador de su mayor impulsor, el ex ministro Wert, supondrá el encarecimiento de las matrículas universitarias hasta los 20.000 euros o más por titulación. Esta maniobra, hecha de nuevo a escondidas y a espaldas de la comunidad educativa, como ya se hizo con la propia aprobación del 3+2, no busca otra cosa que abrir el camino a la aplicación generalizada de este nefasto decreto, pieza clave en el desmantelamiento y privatización de la Universidad Pública. Sin bien el grueso de universidades que han solicitado su aplicación son privadas, hay 3 universidades públicas que también lo han hecho, las tres en Catalunya: la Universidad de Barcelona (UB), la Pompeu Fabra y la Oberta de Cataluña (UOC), siendo la primera de ellas la que más alumnos tiene en Catalunya, con el 30% de los estudiantes de las universidades públicas catalanas.


La moratoria de los rectores se convierte en papel mojado. El PP y Convergencia continúan su cruzada contra la universidad pública

Hace ahora un año, los estudiantes y profesores salimos masivamente a las calles, vaciando las aulas de la universidad y de los institutos de todo el Estado en tres jornadas de huelga convocadas por el Sindicato de Estudiantes que hicieron temblar al Ministerio de Educación. Fruto de la enorme presión social y el rechazo generalizado ante la aplicación del 3+2, los rectores también salieron públicamente planteando una moratoria de dos años para su aplicación. En ese momento nosotros les respondimos diciendo claramente que esa no era la solución, que los estudiantes no queríamos la privatización de nuestras universidades ni ahora, ni en dos años ni en diez. Les dijimos que lo único que podían y debían hacer si realmente querían defender la universidad pública era exigir la completa derogación del Decreto y apoyar la lucha de los estudiantes y profesores. Lejos de ser una medida progresista, la famosa moratoria tenía el objetivo de calmar los ánimos, de frenar la movilización en la calle, permitiendo al gobierno del PP ganar algo de tiempo. Ahora, a la luz de los hechos, podemos comprobar cómo la jugada que algunos tenían en mente era realmente esa, ganar tiempo, ya que ni siquiera ese penoso compromiso de aplicar la reforma en dos años se cumplirá.

¿Aplicar el 3+2 “poco a poco” para que no se note? ¡No nos engañan!. Hoy son tres universidades públicas, mañana lo intentarán en todas las demás.

La excusa dada por las tres universidades públicas para aplicar ya el Decreto es que el compromiso no se aplica en el caso de establecerse nuevas carreras. ¿Qué tipo de argumento es ese? Estos argumentos peregrinos, y dignos de un experimentado trilero, no nos engañan: el decreto 3+2 tiene un único objetivo, privatizar y desmantelar la Universidad Pública para convertirla en un coto privado para los hijos de las elites.

Para muchos jóvenes que tienen dificultades económicas para pagar cuatro años de grado, se presentará esta medida como una solución a la hora de obtener un título universitario “ahorrándose” un curso. Bajo esta excusa, se favorecerá la implantación del 3+2 en todas las universidades. Pero este decreto, lejos de ser una solución, es una gran trampa. Los títulos de grado se convertirán en papel mojado en el mercado laboral. En la práctica ni siquiera serán considerados como títulos universitarios. Sólo quien pueda costearse dos años de máster a precios desorbitados obtendrá un título válido para encontrar un empleo de calidad.

Quieren convertir la Universidad en un cortijo cerrado a cal y canto para los que no tenemos recursos, como en Gran Bretaña o EE.UU. El objetivo esta muy claro, ahora son estas tres universidades, pero así se abre la puerta para su aplicación en todo el Estado y en todas las universidades públicas. Para mayor escarnio esta medida se da al mismo tiempo que, año tras año, son miles los estudiantes expulsados de la universidad por no poder pagar las tasas o no tener becas para afrontar los costes de sus estudios.


¡La Universidad Pública no está en venta! ¡Hay que derogar inmediatamente el Decreto 3+2!

Junto con esta noticia hemos conocido también esta semana que la Universidad Complutense de Madrid, la que tiene un mayor número de estudiantes matriculados de todo el Estado, ha aprobado una serie de medidas que supondrán en la práctica poner la primera piedra hacia su completa privatización. Con la excusa de buscar fuentes de financiación, se abre la puerta a la empresa privada, entregándoles el poder de decisión sobre los Planes de Estudio, la creación de titulaciones, la contratación de profesores o la privatización de las patentes que surjan de los proyectos de investigación en los que estas empresas participen. Esto supone en la práctica la entrega de la Universidad Pública y de sus recursos a los intereses privados, en los que su prioridad no es otra que hacer negocio.

La financiación de las universidades públicas se ha hundido con los recortes tanto del Gobierno del PP a nivel estatal, como de CiU, ahora Convergencia, en Catalunya. Ante esta realidad, los rectores, en lugar de impulsar y ponerse al frente de la movilización para exigir los presupuestos necesarios para garantizar la calidad y el acceso a la universidad pública de todo el mundo, intentan obtener nuevos recursos a cualquier precio, y eso les lleva a justificar medidas como la aplicación del 3+2 o la venta de la universidad al mejor postor. De esta forma, se den cuenta o no, terminan por posicionarse del lado de los que llevan adelante los recortes, y se convierten en simples correas de transmisión de quienes recortan nuestros derechos y privatizan la escuela pública.

¡Hay que organizarse para continuar la movilización!

Fruto de la movilización en las calles y de las más de 20 huelgas estudiantiles llevadas adelante en los últimos cuatro años, se han conseguido importantes victorias como paralizar las reválidas - el aspecto más lesivo de la LOMCE - , aplazar la aplicación del Decreto 3+2 y forzar la salida por la puerta de atrás del ex ministro José Ignacio Wert. Sin embargo, tanto el PP como Convergencia y sobretodo, los capitalistas, no han abandonado sus planes.

Desde el Sindicato de Estudiantes pensamos que es el momento de poner en práctica las demandas de los jóvenes y trabajadores que nos hemos manifestado en las calles en defensa de la educación pública durante todo este tiempo. Por eso llamamos a los partidos de la izquierda a que se hagan eco de la voz de los millones que hemos vaciado las aulas, llenado las calles y paralizado las universidades e institutos de todo el Estado en tantas ocasiones y exijan la paralización y derogación inmediata del Decreto 3+2.

Si algo hemos aprendido los jóvenes en estos años es que únicamente la lucha y la movilización son las que nos puedan llevar a paralizar los ataques que pretenden privar a la mayoría de la sociedad de los derechos más básicos. Por eso, llamamos al conjunto de organizaciones de la comunidad educativa a denunciar enérgicamente estas maniobras y a salir unidos en defensa de la Universidad Pública.