La primera batería de ataques a la educación pública de la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar. Este nuevo hachazo a la educación pública, perpetrado por el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo imprescindible de Vox, consiste en una reducción del presupuesto para gastos de funcionamiento de más de 350.000 euros para este año 2020, medida que afecta a más de 400 centros de la comunidad. Este recorte significa un ataque especialmente salvaje a los centros de educación inclusiva, que serán los más afectados por la medida, y en los que la falta de profesionales es una realidad del día a día.

Según un estudio de CCOO, sólo en la Comunidad de Madrid faltan más de 600 especialistas en los colegios de educación inclusiva, y esta falta de personal afecta al 72 % del alumnado de estos centros. Está claro que el PP continúa su estrategia de desmantelar la educación pública, a cambio de beneficiar económica y políticamente a la privada y concertada (que en Madrid ya supone un porcentaje mayor al de la pública). Esto no es ninguna novedad. El PP lleva ya más de 20 años asfixiando a la educación pública madrileña. Su objetivo es claro: lanzar a los y las jóvenes de los barrios más humildes al mercado laboral como carne de cañón para ser explotados salvajemente por sus salarios de miseria, mientras ellos y ellas, los y las ricas, obtienen másteres regalados mediante corruptelas.

En 2019, la Comunidad de Madrid volvió a ser la que menos inversión realizaba en enseñanza. Los resultados de esta política son claros, falta de medios en los centros (un ordenador por cada 5 estudiantes…), así como un constante recorte en profesorado curso tras curso (desde el año 2011 se han despedido miles de profesores en la escuela pública). Sólo hay que darse un paseo por los institutos de Formación Profesional para observar la acuciante falta de materiales a la que se enfrentan los estudiantes, teniendo en muchos casos que costearse sus materiales más básicos. En los barrios obreros esta falta de medios se acentúa, dando paso directamente a la falta de centros. En 9 de 21 distritos de la ciudad de Madrid hay tan sólo 16 institutos públicos que deben albergar 40.000 estudiantes ubicados en esos barrios. La realidad es que muchos y muchas estudiantes, precisamente por los recortes en la pública, tienen que optar por estudiar en otros barrios o en la concertada, que en esos mismos 9 distritos concentra 33 institutos.

Mientras esto ocurre, el presupuesto para la educación privada y concertada no deja de aumentar año tras año. En tan sólo dos décadas, el gasto en la escuela concertada se ha multiplicado por 6 en Madrid. Es un auténtico escándalo.

La única forma de frenar todos los ataques que ahora se nos plantean es con la lucha y con la movilización. Así es como tumbamos al gobierno de Mariano Rajoy y así es como conseguiremos frenar los pies a la derecha en Madrid.

El próximo 6 de marzo, desde el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas hemos llamado a la huelga general estudiantil feminista, antifascista y antirracista y desde las calles le recordaremos al gobierno de coalición del PSOE-Unidas Podemos las demandas innegociables de la comunidad educativa –en primer lugar, la derogación inmediata de la LOMCE– y mandaremos un mensaje muy claro al bloque reaccionario: no vamos a permitir que la derecha y extrema derecha destruyan la educación pública, ni tampoco que la utilicen como medio para expandir sus discursos machistas, homófobos y racistas.