En defensa de la educación y los servicios públicos
Tras la victoria electoral del Partido Popular el 20 de noviembre de 2011, la ofensiva contra los servicios públicos continúa, convirtiéndose en una prioridad del nuevo gobierno de la derecha. Está claro cuál va ser su receta para resolver la crisis económica: que las familias trabajadoras y los jóvenes paguemos la factura de una crisis que nos hemos provocado, mientras sus responsables —banqueros y empresarios— salen indemnes.
En el terreno educativo, José Ignacio Wert, nuevo Ministro de educación, ha manifestado claramente sus intenciones de profundizar el desmantelamiento de la escuela pública en todo el Estado, como vienen haciendo las CCAA gobernadas por la derecha. Así se desprende de las declaraciones en las que dice textualmente que "la educación pública ha dejado de contribuir a la sociedad”. Por si esto fuera poco, el nuevo ministro ha planteado que “hay que centrarse en la "calidad”, dando a entender que “público” y “de calidad” son conceptos antagónicos.
Para el Partido Popular el único modelo educativo que vale es el de la educación privada o privada-concertada, es decir, el de aquellos que ven la educación como un negocio y un privilegio en lugar de un derecho universal. Las medidas anunciadas hasta ahora son la extensión del bachillerato y de la FP de grado medio a tres años, eliminando 4º de la ESO, y la supresión de la convocatoria de plazas de profesores para este año. Ambas medidas suponen una agresión clarísima contra la enseñanza pública. En primer lugar, respecto a la ampliación del bachillerato ( o la FP de grado medio) a tres años, la derecha retoma su vieja aspiración de segregar a los estudiantes a través de itinerarios, obligando a los jóvenes a elegir entre la universidad y la FP a los quince años. Además, siendo obligatoria la educación hasta los 16 años, se abre la puerta a la concertación del bachillerato, un jugoso pastel para la patronal de la privada-concertada.
Respecto a la segunda propuesta del ministro de Educación popular, llueve sobre mojado. Después del anuncio de varias comunidades autónomas gobernadas por el PP —como Castilla - La Mancha y Madrid— de despedir profesores interinos, ahora se da una vuelta de tuerca no cubriendo las plazas vacantes producto de las jubilaciones. Dichas medidas no harán otra cosa que alimentar el fracaso escolar, al reducir el número de profesores en uno de los cursos con mayor incremento del alumnado. En definitiva, estamos ante una nueva fase del proceso de desmantelamiento de la escuela pública. Un camino que, en comunidades gobernadas por la derecha como Madrid, lleva mucho trecho recorrido, provocando que en la actualidad existan 488 centros privados y privados concertados en Secundaria frente a 325 públicos.
En otro orden de cosas, la sustitución de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) por Educación Cívica y Constitucional, que, según ha dicho, estará "libre de cuestiones controvertidas y de adoctrinamiento ideológico”, es un claro gesto hacia la base social más reaccionaria del PP. La derecha recoge el legado de la campaña orquestada por ellos mismos junto con la Iglesia católica hace unos años cuando, al calor de la aprobación de derechos como el de los matrimonios homosexuales, promovieron una campaña histérica convocando manifestaciones de carácter homófobo.
Pero, los ataques a la educación pública son sólo una parte del plan de ataque de la derecha contra el conjunto de nuestras condiciones de vida. Todos los servicios públicos están amenazados. La experiencia en las comunidades autónomas gobernadas por el PP marca el camino que se pretende recorrer en el resto del estado.
En defensa de los servicios públicos
En Castilla - La Mancha, Mª Dolores de Cospedal anunció el pasado 1 de diciembre el segundo plan de ajuste para esta comunidad. Dicho plan recorta una media del 3% el salario a los empleados públicos que dependen de la Junta, a la vez que aumenta la jornada laboral en dos horas y media semanales. Esta segunda medida, implicará despidos masivos de interinos. Por si ello fuera poco, se profundiza en el proceso de privatización de la educación iniciado en septiembre, priorizando la promoción de centros de enseñanza privados-concertados. La sanidad pública tampoco se salva de la quema. El plan incluye la privatización de la gestión de varios hospitales así como la de todos los que se construyan en el futuro.
En la Comunidad de Madrid, el PP ha aprobado junto a los Presupuestos de 2012 la llamada Ley de Acompañamiento, que supondrá que los trabajadores del sector público tendrán que trabajar dos horas y media más a la semana sin aumento de sueldo. Este aumento de la jornada laboral afectará a 120.000 funcionarios y trabajadores públicos, suponiendo, tal y como ha ocurrido con el profesorado, el despido de entre 7.000 y 8.000 trabajadores de los diferentes servicios públicos. Así, mientras se degrada la calidad de la sanidad y la educación publicas a través de los recortes se abren nuevas oportunidades de negocio al sector privado. La ley establece además penalizaciones en las bajas por enfermedad, cobrando a partir de ahora los trabajadores públicos sólo el 60% de su salario a partir del cuarto día de baja (500 euros menos de salario en el caso de una baja de 15 días).
Pero si hay una Comunidad donde la situación de los servicios públicos, y la educación en particular, es insostenible es la Comunidad Valenciana, donde los institutos están en una situación limite en necesidades básicas como la calefacción, algunas prácticas se han suspendido, se cobra a los estudiantes en algunos ciclos e, incluso, en alguno se ha utilizado a los estudiantes para limpiar el centro con el objetivo de ahorrarse el pago de la contrata de limpieza. Mientras, los recortes amenazan con paralizar la Universidad, a la que la Consellería debe doscientos millones. También se ha recortado el salario a los trabajadores de la Administración pública. Especialmente grave es la reducción del 40% en el salario de los interinos y los profesores de especialidades, a los que se les deja sin vacaciones pagadas. En lo que a sanidad respecta se están cerrando centros de salud y recortando el material hospitalario.
El actual modelo público de sanidad y educación es una conquista, un derecho, gracias al cual las familias trabajadoras no deben pagar por ir al médico o por escolarizar a sus hijos entre los 3 y los 16 años. Los problemas que actualmente padecen la sanidad y la enseñanza públicas no son otros que los derivados de una financiación insuficiente. Solucionarlos pasa por tanto por un incremento de la dotación humana y material de colegios, institutos, ambulatorios y hospitales públicos. La privatización pretende justo lo contrario. Tras eufemismos como “optimizar los recursos” no se esconde otra cosa que el despido de personal y la reducción presupuestaria, a la vez que se pretende convertir un derecho en una mercancía más, accesible en condiciones de calidad sólo para aquel que tenga dinero para pagarlo.
Y, ahora, reducción salarial y abaratamiento del despido
En los últimos cuatro años las condiciones de vida de millones de familias trabajadoras han empeorado dramáticamente. El paro supera los cinco millones, por no hablar del paro juvenil que ronda el 50%; casi un millón y medio de familias se encontraban a finales de 2011 con todos sus miembros en paro y, desde septiembre, dos millones de desempleados no reciben ningún tipo de prestación. Todo este sufrimiento es ignorado por el gobierno y los capitalistas, que aún quieren más. El ultimo acuerdo salarial firmado por CCOO, UGT y la patronal para el sector privado es, en la práctica, teniendo en cuenta la inflación de los alimentos y el combustibles, una reducción de los salarios. A su vez, es ya un secreto a voces que la reforma laboral que se aprobará de forma inminente abaratará el despido. Tan es así, que el propio Rajoy reconoce que le puede costar una huelga general. A todo ello se suman ahora rumores acerca de un nuevo aumento de la edad de jubilación y del inicio del copago sanitarios.
Es mentira que no existan recursos económicos para garantizar una educación y sanidad públicas de calidad, o para evitar que millones de familias se queden sin ingresos y cientos de miles sin vivienda por los desahucios. La cuestión es en qué se han estado empleando los recursos públicos de los que dispone el Estado: por ejemplo, en el regalos de cientos y miles de millones de euros a la banca, ya sea en planes de rescate o en pago de intereses.
Tampoco es cierto que no exista otro camino que el de la resignación y una negociación consistente en aceptar uno tras otro el recorte nuestros más importantes derechos y conquistas. Hay ganas de luchar y fuerza suficiente para ganar. Así lo demostraron las masivas manifestaciones del 15-M; y también la comunidad educativa. El curso académico comenzó con masivas movilizaciones del profesorado contra el despido de miles de docentes en Galicia, Castilla - La Mancha, Navarra y Madrid, siendo muchas de ellas las más grandes que se recuerdan en muchos años. En los últimos meses cientos de miles de trabajadores y usuarios de la sanidad y la educación hemos inundado las calles de Madrid, Catalunya, Castilla - La Mancha o Valencia durante semanas y meses.
CCOO y UGT deben romper la negociación con la patronal y convocar ya una huelga general
Desde que comenzó la lucha contra los recortes en la enseñanza publica, desde el Sindicato de Estudiantes hemos planteado a los dirigentes de CCOO y UGT la necesidad de extender y radicalizar las movilizaciones, con un plan ascendente de lucha, alertando de que los ataques contra el profesorado eran el punto de partida de nuevos y más duros planes de ajuste, algo que ya se ha materializado. La realidad es que trabajadores del sector público y privado, parados, pensionistas, jóvenes…, todos somos víctimas y destinatarios de los planes de ajustes del gobierno. ¿Qué sentido tiene luchar separados por sectores o comunidades cuando los responsables de nuestras dificultades son los mismos? Por ello, defendemos también la necesidad de unificar a todos los sectores en lucha, en la unidad esta la fuerza.
La clave para hacer frente a los ataques coordinados que estamos sufriendo los jóvenes y los trabajadores es que el movimiento obrero despliegue toda su fuerza en la calle. En esta coyuntura eso significa que los dirigentes sindicales de CCOO y UGT rompan con la política de pactos y consenso que han seguido desde que estalló la crisis —y que únicamente ha cosechado fracasos y retrocesos—, comenzando por levantarse inmediatamente de la mesa de negociación con la patronal, y convocando ya una huelga general.