(A continuación publicamos un artículo sobre las redadas racistas aparecido hoy en Público)

A paso lento y con las manos en alto como único arma, los vecinos de Lavapiés lograron el martes pasado que dos vehículos de la Policía abandonaran las calles de este barrio madrileño. Casi acorralados, los agentes antidisturbios se fueron metiendo en las furgonetas mientras la marabunta avanzaba hacia ellos al grito de: "¡No somos delincuentes, somos los vecinos!".

Estos vecinos acababan de impedir una redada policial contra inmigrantes, una práctica habitual en Lavapiés (el barrio de la capital con más inmigrantes, un 40%) y en otros muchos lugares. Todo empezó en la estación de metro, cuando unos agentes intentaron llevarse a un ciudadano extranjero a una comisaría para identificarlo. En ese momento, cuentan algunos testigos, un miembro de la Asamblea del Movimiento 15-M en este barrio se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. "Ella dio la voz de alarma y la gente del barrio se fue acercando a la plaza y algunos bajaron al metro. Primero éramos diez, luego 60 y luego 300 y pico, fue una reacción espontánea", recuerda Clara, vecina del barrio.

Los antidisturbios llegaron al poco rato. "Hubo tensión y algún empujón, pero fue todo pacífico", remarca Clara: "Intentamos parar las furgonas y fuimos andando hacia ellas hasta que se fueron", explica. Un día después del suceso, los vecinos de Lavapiés denuncian que los controles policiales "por las pintas" y por "el color de la piel" son habituales en el barrio. Fuentes de la Jefatura Superior de Policía sostienen, sin embargo, que los agentes llevaron al hombre a comisaría porque viajaba sin billete de metro y se negó a identificarse.

Clara tacha de "disculpa" estas explicaciones. "Los controles raciales son actos discriminatorios sistemáticos. La Policía sale a la caza y captura", explica esta vecina, miembro de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos. Este colectivo sale de vez en cuando a la calle en grupos de cuatro personas para documentar estas prácticas "ilegales e ilegítimas", denuncian. "El 40% de las veces, detectamos una redada contra inmigrantes", explica Clara, cuyo grupo, denunciado en varias ocasiones por la Policía, ha tenido que hacer frente a juicios de faltas.

Nadie es ilegal

El martes, un centenar de brigadistas espontáneos (que ya pararon redadas en los barrios de Carabanchel y Oporto) se sumaron a la causa gritando "¡ningún ser humano es ilegal!". Entre ellos, estaba Landse, un senegalés que lleva ocho años viviendo en Madrid. "La Policía tiene derecho a pedir los papeles, pero no puede hacerlo en función del color de la piel", denuncia. Lo mismo piensa Hana, que pertenece a la Asamblea de Lavapiés y que "muchas veces", dice, se ha sentido "impotente" ante situaciones similares. "Sientes que no puedes hacer nada porque, como eres blanca, no te paran, pero los vecinos llevamos tiempo hartos", explica esta joven, que oyó ruido desde su casa y bajó a la calle "inmediatamente".

Precisamente Amnistía Internacional (AI) recordó ayer que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Naciones Unidas) ha pedido a España que ponga fin a "los controles de identidad basados en perfiles étnicos o raciales que se establecen en barrios con una mayor concentración de inmigrantes para detener a personas que no tienen una situación administrativa regular". SOS Racismo también denunció estas prácticas y recordó que "la ley permite los controles de identificación, pero no con criterios raciales". La propia Defensora del Pueblo, María Luisa Cavo de Llana, insistió recientemente en su comparecencia en el Congreso en que "no se pueden hacer detenciones masivas como se están haciendo", a raíz de las "numerosas quejas" que recibe la institución.

Contra el 'top manta'

Por otra parte, la operación policial contra el top manta del pasado fin de semana en Barcelona ha levantado las críticas de asociaciones de inmigrantes y de SOS Racismo, informa Brais Benítez. Cuatro senegaleses denunciaron ante la Policía autonómica que sufrieron agresiones en una estación de metro por parte de agentes de la Guàrdia Urbana. Uno de los inmigrantes acabó con los dedos rotos y otro con heridas en la cabeza. La Guàrdia Urbana ha desmentido esas acusaciones.

SOS Racismo denunció la "persecución desmesurada" que sufren los vendedores ambulantes, en una tendencia "cada vez más beligerante". La ONG pidió a la Generalitat que cambie la acción represiva por la constructiva.

AI insta a controlar los centros de menores

Amnistía Internacional presentó ayer una agenda de derechos humanos para la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid que exige a ambas administraciones la creación de un plan que avance en la protección y promoción de los derechos humanos. Concretamente, exigió el fin de los desalojos forzosos en Cañada Real, medidas especiales contra el racismo y la discriminación y la garantía de los derechos de los menores en los centros terapéuticos. "En el momento de crisis actual no podemos permitir que se produzca un retroceso en las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos de la ciudadanía, especialmente, de los colectivos más vulnerables como menores, inmigrantes y mujeres", declaró María Jesús Torrecilla, portavoz de Amnistía Internacional. //A. T.