(A continuación publicamos un artículo sobre las redadas racistas aparecido hoy en la web Gente digital)
Anochece en una céntrica plaza de una ciudad española cualquiera. "Esta noche hay cacería", escucha de boca de un policía Marlene, nombre ficticio de una migrante brasileña de 32 años. En cuestión de minutos, varios agentes paran e identifican a toda persona que se cruzan y se aleje del arquetipo caucásico. Por apariencia física. "Por motivos étnicos y raciales. Sólo con eso basta". "Comienza una nueva redada policial", anuncia Marlene desde lo lejos y a salvo. Sin mirar a otro lado, pero con la mirada pérdida de quien ya sabe lo que está pasando.
Parece que no es casual ni un hecho aislado. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de Naciones Unidas ha dado un nuevo 'tirón de orejas' al Estado español en esta materia. La ONU ha instado a España a "tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales" que, "en la práctica, se pueden traducir en detenciones indiscriminadas" de extranjeros. Pero hay más voces que denuncian esta realidad.
NO SÓLO A PIE DE CALLE
Cáritas Diocesana, la mayor organización católica de asistencia social de España, ha alertado "del aumento de los controles de identificación en lugares públicos motivados por la apariencia física de las personas". Asimismo, la ONG ha denunciado en su informe 'La situación social de los inmigrantes acompañados por Cáritas' que se han duplicado las visitas policiales a la mayoría de sus sedes "para solicitar información de carácter personal sobre los migrantes y usuarios acogidos en los centros". Un tercio de las cáritas diocesanas señala que la Policía realiza estas visitas una o dos veces al año; cinco han asegurado que una vez por trimestre y otras tres contabilizan una al mes. "Una práctica que vulnera directamente la Ley de Protección de Datos porque no portan consigo orden judicial alguna", matiza a GENTE Félix Miguel Sánchez, coordinador del Equipo de Migración y Empleo de la ONG.
Tras las redadas subyace, además de la "vulneración de derechos", el reflejo de una "política migratoria preocupada por lanzar un mensaje a la sociedad de control de la migración irregular que influye en la percepción social presentando al migrante como delincuente", reflexiona el coordinador de Cáritas. "Vivimos como una amenaza al diferente", lamenta Sánchez.
no es lo que parece, ¿o sí?
En 2009 se filtró a los medios una orden interna de la Policía, la circular 1/2010, que establecía la detención de un mínimo de 35 irregulares por semana en una sola comisaría de Madrid. El revuelo social se avivó cuando los sindicatos de policía SUP, CEP, UFP y SPP denunciaron ante el Defensor del Pueblo las identificaciones masivas e indiscriminadas en la vía pública o locales de ocio que "se desarrollan siempre en cumplimiento de órdenes superiores".
A día de hoy, la protesta de estos sindicatos sigue viva. El portavoz del SUP, José María Benito, ha denunciado a GENTE, como ya hizo también la semana pasada su organización en el Congreso de los Diputados, que "cada año se producen en España millones de identificaciones" y que "la mayoría no cumplen los requisitos fijados por el Tribunal Supremo para que un agente pueda exigir la documentación a un ciudadano en la calle". Sólo en tres supuestos la identificación policial tiene base legal: que el sujeto resulte sospechoso de haber cometido un delito, que parezca que puede cometerlo o para sancionar una infracción.
En cambio, el Ministerio de Interior no comparte esta visión. Según Rubalcaba en España "no hay redadas porque las prohíbe la Constitución". Con estas palabras, el ministro afirmaba, durante la presentación del 'Balance de la lucha contra la inmigración irregular', que los 3.321 extranjeros que fueron expulsados en 2010 por no tener papeles fueron detenidos en operaciones antiterroristas o en controles rutinarios de alcoholemia. Asimismo, fuentes de Interior han negado a GENTE que "los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hayan realizado control alguno en centros sociales del país" y ratifican que, "en caso de que se haya ejecutado alguna operación se ha producido siempre en el marco de una investigación policial o con sentencia judicial".
Las palabras de Interior no gozan de crédito en el SUP, quien afirma que "el Ministerio se empeña en transformar lo que ven los ciudadanos en algo que no es". Benito pone un ejemplo claro para reforzar su tesis. "Si en Madrid durante 2009 hubo 400.000 identificaciones ¿cómo es posible que sólo se localizaran un centenar de personas en busca y captura". Y tiene la respuesta. Las redadas son la herramienta de una "estrategia política de estadísticas perversas" que choca contra los derechos ciudadanos. "Quien se la juega no es quien da la orden", concluye.