(A continuación publicamos un artículo sobre las redadas racistas aparecido ayer en El Mundo)

El Foro Galego da Inmigración y Esculca (Observatorio para la Defensa de los Derechos y Libertades) ha presentado este miércoles una petición formal ante la delegación del Gobierno en A Coruña para solicitar un informe detallado de las identificaciones y sanciones a personas inmigrantes llevadas a cabo en Galicia en 2010.

A esta entidad le consta que "existen redadas y que la Policía pide documentación en espacios públicos o centros de salud sin causa justificada". Según su director, Miguel Fernández, esto crea "una situación de miedo entre la población inmigrante y una criminalización del colectivo". Estas identificaciones conllevan la apertura de expedientes de expulsión al encontrarse los inmigrantes en una situación irregular.

Hablan de "racismo institucional" y creen que se trata de "una acción planificada por iniciativa gubernamental" con el fin de endurecer las medidas en materia de política migratoria. Critican que el Gobierno "retenga datos sobre actuaciones de este tipo". Por ello, piden que se les informe de las intervenciones policiales y diligencias abiertas por grupo racial y nacionalidad, "algo que ofrecen la mayoría de países de la UE y aquí se nos niega de forma sistemática".

Al respecto, recuerdan que el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU condenó a España "por redadas sistemáticas con motivos étnicos o racistas". Señalan que es la tercera vez que lo hace en cuatro años y que desde el Ministerio de Interior "no lo deniegan y lo consideran admisible".
Interior desmiente las redadas indiscriminadas

Por su parte, el Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, contestó a las acusaciones este miércoles en A Coruña. Asegura que "ni se practican redadas indiscriminadas, ni hay instrucciones para ello en el ámbito de la inmigración". Ha defendido la actuación del Ministerio del Interior que "hace las identificaciones que le impone la ley en materia de extranjería". En esta misma línea, se manifiestan la Jefatura Superior de Policía Nacional en Galicia, que remite a lo dicho por Interior y desmiente tanto que haya redadas incontroladas de inmigrantes, como que la Policía realice controles de identificación en lugares como centros de salud.

La denuncia hecha por el colectivo inmigrante es respaldada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que habla de "un asedio al inmigrante con identificaciones masivas que no se ajustan a la legalidad". Según lo establecido por el Tribunal Supremo, sólo se permite identificar a un ciudadano sospechoso de haber cometido un delito o que lo pueda cometer. Si no se dan estas variables y no media un hecho delictivo "no es un trabajo policial sino administrativo", recuerdan. Desde el SUP Galicia niegan que aquí se aplique esta consigna aunque reconocen que pueda haber "casos aislados".
Controles en primera persona

La queja presentada por el Foro Gallego se sostiene con testimonios reales, víctimas de estos controles aleatorios aportados por la entidad. Algunos tan recientes como el caso de un grupo de inmigrantes de raza negra obligados a identificarse y "cacheados de forma violenta por la autoridades" en un centro comercial de A Coruña o de un senegalés detenido esta misma semana en el centro de Santiago al que se le abrió un procedimiento sancionador "a pesar de llevar aquí tres años".

Alexandra Soto es presidenta de la asociación de inmigrantes 'Gondwana' y posee nacionalidad española, pero ello no la ha eximido de verse sometida a varios controles identificativos en los últimos meses. Ocurrieron en el ambulatorio Concepción Arenal, donde un agente policial "nos pidió la documentación a mi hijo y a mí junto a un grupo de personas extranjeras". Lo mismo le sucedió poco después en la estación de Renfe, al coger un tren rumbo A Coruña. En ambos casos la justificación del agente era la misma: "Cumplir órdenes de arriba". Alexandra extiende la queja a otros miembros de la asociación.

La intensidad de los controles es avalada también por otras entidades como la Asociación 'Sin Papeles' de A Coruña, adscrita al Foro Gallego y que defiende los intereses de los vendedores 'top manta'. Denuncia que la Policía no sólo hace redadas para interceptar a estos inmigrantes, si no que "por el hecho de caminar con bolsas por la calle son parados y preguntados". Consideran que el procedimiento es discriminatorio y recuerdan que no todos están en situación irregular. Al respecto, preparan ya un informe que presentarán ante el Parlamento.

Oenegés que prestan asistencia a población inmigrante en A Coruña como 'Equus Zebra' o 'Ecodesarrollo Gaia' se adhieren también a la iniciativa del Foro Galego y respaldan "cualquier medida para garantizar los derechos de los inmigrantes". Además, el Foro aglutina a casi 90 organizaciones que asumen esta petición.
Un informe contradictorio

La voz de alarma la daba hace unos días Cáritas Española al denunciar el incremento de los controles policiales a inmigrantes en sus centros. Los agentes solicitan información de carácter personal a estas personas y lo hacen, según Cáritas, de forma reiterada, en algunos casos hasta una vez al mes, como en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol.

Este dato ha sido desmentido por la propia entidad gallega. Desde Ferrol atribuyen la cifra a "un error de interpretación de los datos por parte de los medios". Aseguran que en el transcurso de un año, sólo un par de veces, los agentes policiales han ido al centro a preguntar por algún inmigrante, "una información que no tenemos obligación de facilitar".