(A continuación publicamos un artículo contra las redadas racistas aparecido en El País)

 

  • Ell sindicato mayoritario de la policía vuelve a denunciar identificaciones masivas sin justificación
  • La práctica es "heredera" del Gobierno anterior pero que el nuevo Ejecutivo "sigue haciéndolo"
  • Cifuentes tildó las "redadas étnicas" de "intolerables" y prometió erradicarlas

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en el cuerpo, ha denunciado una vez más que los agentes se ven obligados a efectuar en Madrid un "número desmesurado de detenciones" de inmigrantes por estancia ilegal. Como muestra, el portavoz del SUP, Jose María Benito, ha asegurado a este diario que en apenas cuatro días, entre el 9 y el 13 del pasado mes de febrero, hubo en la capital 370 arrestados por este motivo y 33 por atentado o resistencia a la autoridad. Estos cuatro días fueron escogidos "al azar", según Benito, que aporta la relación de detenidos en las comisarías de brigadas de distrito y locales de esos días. Esa cifra de 370 arrestos representa el 47% del total de detenciones realizadas en esas fechas.

Se producen principalmente en las bocas de metro de Carabanchel, Embajadores, Lavapiés, Sol... Hace seis días, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, aseveró que vigilará "muy de cerca" que no se realicen redadas con criterios étnicos, una práctica que, de ocurrir, consideró "deplorable" e "inaceptable". Durante una rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana tras reunirse con el presidente de CECOMA y preguntada por este tema, Cifuentes ha manifestado que tiene que hablar con el jefe superior de policía para "verificar esas cifras" y para saber a qué obedece. "Entonces, tomaré una decisión al respecto", ha anunciado.

En su revista mensual Carnet por puntos de abril de 2011, el SUP lamentaba que “el número de identificaciones que se producen en España cada año son millones" y que "solo unas pocas miles están justificadas en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo”. Solo en Madrid hubo 450.000 en 2009, apuntan en el boletín mensual, donde califican los datos de "demoledores". En la publicación también afirman que es normal organizar un control de identidad en cualquier calle de España sobre cualquier ciudadano que circule por el lugar, pero se preguntan: “¿Es legal?”.

Es la primera vez que el SUP denuncia esta situación tras el cambio de Gobierno. Al respecto, Benito sostiene  que esta dinámica es "heredera" del Gobierno anterior pero afirma que con el nuevo Ejecutivo "se sigue haciendo lo mismo". Gilberto Torres, portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados, confirma que nada ha cambiado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al de Mariano Rajoy. "Siguen identificando a la gente por su apariencia, especialmente a negros y a latinos", atestigua.

El SUP sostiene, además, que "la ley Corcuera está siendo mal aplicada”. La sentencia del  Supremo establece que hay que identificar cuando se tengan fundadas sospechas de que a quien se identifica ha cometido un delito o puede cometerlo. Desde el sindicato denuncian las actuaciones contra policías derivadas "de esta práctica del sistema del palote al margen de la legalidad y contra los derechos civiles de los ciudadanos" y lanzan la pregunta de "cuántos policías de todos los cuerpos de seguridad son condenados por ello".

En Madrid, según Benito, ya hay varios agentes imputados por detención ilegal y ha anunciado que "ha llegado el momento de cambiar la situación aunque sea por puro egoísmo". "Es un riesgo para los policías", explica el portavoz del SUP, que apunta que, si cambian, la ley ellos "la cumplirán" pero que, de momento, "no es legal actuar de este modo". Según el SUP, los agentes que no cumplen estas directrices son cambiados de destino y se arriesgan además a dejar de cobrar un extra epor productividad. "Si la actividad de identificados baja, el plus de productividad desaparece. Hablamos de unos 500 ó 600 euros anuales", añade el sindicato.

El SUP señala que si se analizan los delitos de atentado de la autoridad y resistencia, se descubriría que "la mayoría son cometidos por personas que se niegan a identificarse porque ya se les ha solicitado la documentación en numerosas ocasiones en fecha inmediatas sin justificación alguna". El problema, según Benito, es que estas detenciones cuentan como cualquier otra, "como si hubieran cometido un delito", asevera. Torres sostiene indignado que estas personas que "solo" han cometido una falta administrativa (la de no tener documentos) se convierten "automáticamente" en delincuentes cuando "en realidad no lo son". Desde la Federación piden el cierre de los Centros de Internamiento para extranjeros (CIE) "porque es allí donde van a parar las personas que sufren estas detenciones raciales". Y, tras un silencio, añade: "Son las cárceles del pueblo inmigrante".
IU denuncia redadas raciales

Izquierda Unida ha reclamado que el Congreso de los Diputados condene los controles de identidad basados en rasgos étnicos y raciales que, según varias asociaciones y el propio Sindicato Unificado de Policía, se producen en barrios con alta concentración de población inmigrante.

Los firmantes de la iniciativa subrayan que, aunque desde el Gobierno siempre se ha negado la existencia de estos controles raciales, la propia ONU, a través del Comité para la Discriminación Racial, ha exigido a las autoridades españolas la "erradicación" de estas actuaciones. También la Comisión Europea, en su informe sobre Racismo y la Intolerancia de 2010 (página 45), reclamó a España que asegure "una prohibición efectiva de todas las prácticas en materia de perfiles étnicos por parte de las fuerzas policiales en todo el país".

Izquierda Unida ha denunciado que, lejos de cesar con el cambio de Gobierno, en las últimas semanas organizaciones sociales han denunciado que estas redadas se están llevando a cabo en las proximidades de comedores populares, albergues y lugares donde tienen su actividad asociaciones de inmigrantes, como el barrio de Lavapiés en Madrid.