Índice:

  1. Informe General: Balance de dos años de lucha y movilización
  2. Política educativa: ¿Qué modelo educativo defendemos?
  3. Construcción del Sindicato: Qué es el Sindicato de Estudiantes y cómo construir una sección sindical
  4. Finanzas: Finanzas revolucionarias para una organización revolucionaria
  5. Estatutos: Derechos y deberes de los afiliado

 

 

Informe General: Balance de dos años de lucha y movilización

En abril de 2002 celebrábamos nuestro XI Congreso Estatal tras las movilizaciones de la juventud más importantes que se habían producido en el Estado español desde el curso 1986/87. Nos estamos refiriendo a la lucha contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que puso en pie de guerra a toda la comunidad educativa, que se ganó la simpatía de la inmensa mayoría de la sociedad y que tuvo su punto álgido en la marcha a Madrid del 1 de diciembre de 2001 en la que más de 300.000 personas salimos a la calle para rechazar la política educativa del PP. Aquel movimiento fue el primer enfrentamiento serio con la derecha y, a pesar de que el gobierno finalmente pudo salirse con la suya y aprobar la LOU, sirvió para poner encima de la mesa que el gobierno del PP no era tan fuerte como pretendía y, que si seguía adelante con sus ataques se iba a encontrar de frente no sólo con los jóvenes sino también con la reacción decidida y contundente de los trabajadores, hartos de soportar ataques continuos a sus condiciones de vida. Como analizábamos entonces, la lucha contra la LOU no era más que el anticipo de lo que hemos podido ver en estos últimos dos años. Una época de enormes movilizaciones sociales, con numerosas manifestaciones masivas y de rechazo rotundo a la política privatizadora, capitalista e imperialista del gobierno de la derecha. Huelgas de estudiantes contra las contrarreformas educativas que seguían pendientes (LOCE y LOCFP), la huelga general de trabajadores el 20-J de 2002 (hacía prácticamente una década desde la convocatoria de la última huelga general), manifestaciones contra la globalización capitalista, un movimiento histórico contra la guerra imperialista en Iraq en todo el mundo, las manifestaciones contra el gobierno por su actuación ante el hundimiento del petrolero “Prestige” en las costas gallegas, etc. Unos acontecimientos en los que el movimiento obrero y la juventud han jugado un papel protagonista y que han culminado con la derrota electoral del PP en marzo de 2004. Es en este contexto en el que el Sindicato de Estudiantes ha desarrollado una intensa actividad desde el último congreso.

Fin de curso 2002: Intensa actividad

La lucha por la defensa de la enseñanza pública no había terminado con la aprobación de la LOU. Ésta simplemente había sido el primer plato de una copiosa comida. Ahora le tocaba el turno a la Ley Orgánica de las Cualificaciones y la Formación Profesional (LOCFP) y la famosa y mal llamada Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) que significarían una profundización mayor de la privatización de la oferta educativa, una mayor elitización del acceso a la enseñanza superior, tanto a la universidad como a la FP, una mayor segregación social de los estudiantes para expulsar del sistema educativo a los sectores sociales más desfavorecidos y una vuelta a la educación más rancia y reaccionaria del ordeno y mando en los centros de estudio con directores elegidos a dedo por la administración eliminando de un plumazo la poca participación y democracia existente para los estudiantes y padres dentro de los consejos escolares y una enseñanza doctrinaria en la que la jerarquía de la Iglesia católica estaba presionando para hacer obligatoria y evaluable la Religión. Por esa época estábamos todavía pendientes de que saliera el texto definitivo de la futura ley. Frente a aquellos que nos decían -véase los dirigentes sindicales del profesorado- que no podíamos luchar contra el PP si aún no había ley, nosotros contestamos claramente que de la mano de la derecha ninguna reforma podría significar la defensa de la enseñanza pública. Teníamos el reciente ejemplo de la LOU y, además, todas las declaraciones, globos sondas, etc. por parte del Ministerio de Educación (MEC) y del gobierno apuntaban a un ataque brutal para la escuela pública. Precisamente antes de que sacaran la ley había que popularizar estos ataques y crear un movimiento de toda la comunidad educativa fuerte que permitiera responder con contundencia esa nueva agresión a las familias trabajadoras. Por esa razón desde el Sindicato de Estudiantes pensamos que era clave demostrarle al PP que no nos quedaríamos de brazos cruzados ante este nuevo ataque.

7 de marzo y 25 de abril: Huelga general de estudiantes contra la LOCE

El 7 de marzo decenas de miles de estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional volvíamos a salir a la calle, esta vez, contra la mal llamada “Ley de Calidad” y la Ley de FP. La huelga general del 7 de marzo, a pesar de la enorme represión en los institutos por parte de las juntas directivas más afines al PP, fue un éxito. Más de dos millones de estudiantes paralizamos las clases ese día con un seguimiento del 90% y decenas de miles salimos a las calles en más de 40 manifestaciones. Las más destacadas fueron las de Barcelona con 20.000 estudiantes, Madrid con 15.000, Valencia con 8.000, Bilbao con 6.000 y Zaragoza con 2.000. Fue una nueva demostración del rechazo masivo de los jóvenes a la política privatizadora y elitista del MEC y un primer paso en la lucha.
Poco después, el 11 de marzo de 2002, Pilar del Castillo, hacía público el documento de bases de la futura “Ley de Calidad”. Por supuesto se confirmaban todos los ataques que llevábamos denunciando desde hacía más de un año. Se introducía la reválida lo cual significaba que aun habiendo aprobado el bachillerato sería necesario aprobar el examen de reválida para poder obtener el título de bachillerato. Sin eso, no podríamos ir ni a la universidad ni a la FP de grado superior, donde todos los años hay decenas de miles de estudiantes no admitidos por falta de plazas públicas. Así pretendía el PP terminar con la masificación.
Se confirmaba el establecimiento de itinerarios en la ESO, se permitía a los centros seleccionar a sus alumnos teniendo en cuenta el expediente académico. Otro eje era darles más poder a los directores para tomar medidas disciplinarias y quitarle peso al ya devaluado consejo escolar, convirtiéndose en un órgano meramente consultivo que ni siquiera podrá elegir al director. Y, cómo no, el PP profundizaba su política privatizadora. Se extendía la gratuidad al segundo ciclo de la enseñanza infantil (3/6 años), es decir facilitarían aún más los conciertos con los empresarios de la privada en la educación infantil. De esta manera, la privada tendría asegurada una buena “cantera” ante la falta de oferta pública.
Con todo esto sobre la mesa era evidente que el derecho a una educación pública de calidad para la mayoría de la sociedad estaba en juego. Todo esto se analizó en XI Congreso de nuestra organización y nos llevó a tomar la decisión de convocar para el 25 de abril una nueva huelga general de estudiantes de secundaria, bachillerato y FP en todo el Estado, con manifestaciones en todas las ciudades. Era el momento de luchar, antes de que el ministerio aprobara su ley. Sólo con la movilización masiva y decidida era posible parar sus planes. Por supuesto, sabíamos de la importancia de que el profesorado y los padres salieran a la calle con nosotros para darle más fuerza al movimiento. Tras la movilización del 1 de diciembre contra la LOU los dirigentes sindicales de CCOO y UGT plantearon que no era el momento de convocar una huelga general de toda la enseñanza y que había que esperar a la Ley de Calidad. Ahora teníamos la ley encima de la mesa y no podíamos perder más tiempo. Existía la posibilidad de que el PP aprobara la Ley antes del verano para evitarse un nuevo “otoño caliente” como el que tuvieron con la LOU. Por eso emplazamos nuevamente a los dirigentes sindicales de CCOO, UGT, STEs, CGT y a la asociación de padres CEAPA a convocar junto a nosotros una huelga general de toda la Comunidad Educativa en abril. Hasta entonces su argumento había sido que sin un documento por escrito no podían movilizar a su base. Pues bien, ahora ya tenían ese documento. Sin embargo, nuevamente se negaron a convocar. Desde el SE destacamos la enorme responsabilidad de los dirigentes sindicales del profesorado ya que un ataque de esas dimensiones requería pasar de las palabras a los hechos. No responder contundentemente a este brutal acoso contra la enseñanza pública significaba allanar el camino a la política del PP. Además, lo que los estudiantes nos estábamos encontrando era la enorme simpatía hacia nuestra lucha por parte de los padres y profesores, algunos de los cuales participaron en nuestras asambleas e incluso en las manifestaciones. Esto demostraba que los dirigentes sindicales del profesorado tenían un terreno muy favorable para iniciar una campaña seria de propaganda, explicación, debate y formación de comités de huelga con profesores, padres y estudiantes con lo que estaríamos en las mejores condiciones para hacer frente a esta nueva agresión a la enseñanza pública y poder echar atrás las contrarreformas del PP.
El 25 de abril los estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional volvimos a salir a la calle, por séptima vez durante ese curso. La movilización fue menor, evidentemente factores como el de estar cerca de final de curso y el que nuevamente fuéramos solos a la lucha tuvieron efecto. Aún así, otra vez, más de dos millones de estudiantes paralizamos las clases ese día en todo el Estado, con un seguimiento de más del 80% (el Ministerio dio datos de paro del 30%), y decenas de miles salimos a las calles en unas 40 manifestaciones y concentraciones en Madrid, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Barcelona, Tarragona, Girona, Palma de Mallorca, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Albacete, Guadalajara, Valladolid, Ávila, Oviedo, Gijón, Avilés, Santiago de Compostela, Ourense o Vigo, entre otras, siendo las más destacadas las de Barcelona con 10.000 estudiantes, Valencia y Bilbao con 3.000 o Madrid con 2.000.
La derecha veía con mucha preocupación la simpatía social que estaba creando la lucha estudiantil. Al fin y al cabo, la educación no es un problema que preocupa exclusivamente a los jóvenes sino también a los padres; los más interesados en una educación pública de calidad son las familias trabajadoras. Por eso el PP utilizó todas sus bazas para tratar de impedir el éxito de la huelga del día 25. Muchas juntas directivas afines al PP cercenaron el derecho de huelga y manifestación a los estudiantes, como fue el caso, a modo de ejemplo, de un instituto de Granada donde, a pesar de que la huelga se había votado mayoritariamente en asamblea por los estudiantes, el director la declaró “ilegal”. O el caso del IES Galileo Galilei de Madrid, donde se amenazó a nuestros compañeros con que si iban a la huelga ni siquiera les permitirían hacer los exámenes. También intentaron utilizar de una forma patética a las Nuevas Generaciones del PP, que enviaron un fax a los institutos con insultos al SE y contra la huelga. A pesar de todas esas maniobras, teníamos de nuestro lado a la mayoría de los profesores y de los padres y madres. Pero insistíamos en que era necesario transformar este apoyo en organización y lucha.
No era ajeno a todas las asambleas, huelgas y manifestaciones que habíamos realizado durante todo el curso (la del 25 de abril especialmente) el que por fin se convocara por parte de CCOO, UGT, STES, CGT y CEAPA movilizaciones unitarias de toda la comunidad educativa en algunas comunidades autónomas. El 8 de mayo por la tarde se convocaron manifestaciones unitarias de padres profesores y estudiantes contra la Ley de “Calidad” en distintas ciudades como Madrid, con 18.000 manifestantes, o Zaragoza con 14.000, Badajoz, Oviedo, Albacete y Santander entre otras. Posteriormente, estas movilizaciones se repitieron en otras zonas como Barcelona donde el 26 de mayo unas 15.000 personas se manifestaban, Valencia, Alicante, Murcia, Talavera, Ávila, León... Desde el Sindicato de Estudiantes saludamos estas manifestaciones de toda la comunidad educativa, pero teníamos claro que no serían suficientes para frenar los planes de la derecha. Por eso participamos en estas manifestaciones e insistimos en que no se quedaran ahí, sino que fueran un primer paso para preparar y convocar ya la huelga general de toda la comunidad educativa de cara al inicio del siguiente curso.
No cabe duda que la convocatoria de estas movilizaciones reflejaba la presión y el sentimiento existente en muchos padres y profesores de que ya estaba bien y de que sus dirigentes tenían que pasar a la acción de una vez. Toda nuestra actividad en estos meses puso más en evidencia ante los ojos de un sector más amplio de profesores y padres que la táctica de no responder contundentemente a los ataques del PP por parte de sus organizaciones lo único que hacía era debilitar al movimiento. Poco después la Federación de Enseñanza de CCOO planteó la necesidad de convocar una huelga de toda la comunidad educativa para el otoño siguiente. Esto era un paso decisivo en la lucha contra la derecha. Las espadas quedaban en alto a la espera de que pasara el verano: el 29 de octubre de 2002 se convocó huelga general en la enseñanza pública de profesores y estudiantes en todo el estado. Pero antes de llegar aquí, se produjo el acontecimiento más importante desde que gobernaba el PP: el 20 de junio los sindicatos de trabajadores se veían obligados a convocar la primera huelga general contra la política del PP. Esto marcaría una nueva etapa que terminaría con la derrota del PP.

Huelga general del 20-J: obreros y estudiantes unidos en la lucha

El PP lanzó sus armas para asestar un golpe a los trabajadores. Aznar se sentía fuerte. Tenía mayoría absoluta en el parlamento y no había contestación seria a sus ataques por parte de los dirigentes obreros, metidos en una dinámica de pactos y consensos que sólo conseguía debilitar a los trabajadores. Los ataques en la educación no eran los únicos, más bien estaban íntimamente ligados a otras medidas que necesitaba la burguesía española y los grandes empresarios para seguir manteniendo e incrementando sus beneficios, entre ellas la reforma del desempleo (desencadenante de la convocatoria de huelga general). Pero los planes de la derecha no se iban a parar ahí, a esta reforma le seguirían más medidas regresivas en pensiones -ya habían anunciado que para el cálculo de la pensión contaría toda la vida laboral-, derechos laborales, negociación colectiva, probablemente una reaccionaria ley anti-huelga, etc. Estas medidas, desde el punto de vista de los empresarios, son necesarias para poder reducir costes aumentando sus beneficios y, así, hacer frente al empeoramiento de la situación económica.
Aznar se jugó las cartas, pensaba que no habría respuesta. Si los dirigentes sindicales no querían firmar, no importaba se aprobaría por decreto. Esta vez los dirigentes sindicales de CCOO y UGT respondieron con la convocatoria de una huelga general de trabajadores de 24 horas el 20-J. La respuesta del PP fue aprobar al día siguiente un decreto-ley con todo el paquete: el “Decretazo”. Sin embargo, lo que demostró el 20-J, es que el PP había confundido al conjunto de la clase obrera con sus dirigentes sindicales que habitualmente pasaban por el aro sin mucha dificultad. Lo que no calculó es que los trabajadores estaban hartos de apretarse el cinturón y dispuestos a luchar. De hecho, ya había habido una huelga general en Galicia el 15 de junio del año anterior, convocada por UGT y la CIG, y se estaban extendiendo cada vez más huelgas indefinidas en distintos sectores. Ese ambiente condicionaba la actitud de los dirigentes sindicales.
El éxito de la convocatoria del 20-J, con más de 10 millones de trabajadores secundando el paro y las impresionantes manifestaciones de esa misma tarde con más de cuatro millones en las calles de todo el Estado -respondiendo a la actitud represora (más de 100 detenidos y numerosos heridos), manipuladora y chulesca que se había mantenido desde el gobierno- demostraban cómo los trabajadores estaban totalmente dispuestos a luchar contra el reaccionario gobierno de Aznar. Ni la precariedad, ni las amenazas, ni la represión evitaron la huelga.
Como siempre habíamos explicado, las contrarreformas en el terreno educativo no estaban aisladas del resto de ataques que la derecha estaba llevando a cabo contra los trabajadores y sus familias. La reforma del sistema educativo respondía a la necesidad que desde un punto de vista capitalista tiene la burguesía: es decir adecuar el sistema educativo a un mercado laboral que busca mano de obra barata y poco cualificada. Para esto no es necesario que recibamos una buena formación: a los empresarios les basta con una pequeña capa de gente bien formada y cualificada. El resto cuanto antes salgamos al mercado laboral, para ser explotados sin ningún reparo en cualquier trabajo basura, mejor. La “reforma del desempleo”, desencadenante de la convocatoria de huelga, significaba ni más ni menos que se reduciría más el dinero destinado a los trabajadores en paro y facilitaría aún más el despido.
El Sindicato de Estudiantes envió en mayo, antes de conocerse la convocatoria de huelga general, una carta a los secretarios generales de CCOO y UGT planteándoles la necesidad de una huelga general de la enseñanza y la convocatoria de huelga general de 24 horas en la que nosotros participaríamos activamente para movilizar a la juventud, especialmente a los estudiantes. Siempre hemos dicho que si estudiamos es para poder trabajar mañana, por eso la lucha de los trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo o por unas condiciones de trabajo dignas es nuestra lucha, es la lucha por defender un futuro digno para los jóvenes. Por tanto, nuestra actitud ante el 20-J fue clara: convocamos también esa huelga entre los estudiantes y planteamos en nuestra propaganda que en la plataforma reivindicativa que tenían los sindicatos había que incluir la retirada de la Ley de “Calidad” y de todas las contrarreformas educativas que estaban poniendo en peligro el futuro de una educación pública y de calidad para los hijos de los trabajadores. Por supuesto, llamamos a todos los estudiantes a sumarse a las manifestaciones que se organizaron esa misma tarde y en las que la participación de la juventud fue ejemplar. Frente a las mentiras interesadas sobre la apatía de los jóvenes, su apoliticismo, etc., nuevamente quedaba claro a los ojos de cualquiera el rechazo contundente de la juventud a la derecha. No podía ser de otra manera cuando estamos hablando de que la juventud trabajadora somos uno de los sectores más explotados y oprimidos dentro de este sistema: un millón de jóvenes nos encontramos en el paro, de los que el 40% llevamos más de un año buscando trabajo; si en general el índice de temporalidad laboral (más del 30%) es alarmante, entre los jóvenes se dispara por encima del 70%; los contratos basura y los salarios de miseria son el pan de cada día... Este es el futuro que nos ofrece el capitalismo a millones de jóvenes: inestabilidad, falta de futuro y represión si luchamos.
La convocatoria de huelga general el 20 de junio fue el reconocimiento del rotundo fracaso que había significado la política de paz social llevada a cabo por los dirigentes sindicales de CCOO y UGT durante años. La debilidad invita a la agresión. La negociación sin lucha en la calle sólo sirve para empeorar las condiciones laborales y de vida del conjunto de los trabajadores. La conclusión era clara: la movilización en la calle es el único camino para frenar los ataques del PP. Y el 20-J tenía que ser un primer paso en la lucha por echar a la derecha del gobierno. No se podía olvidar que aunque el motivo central de la huelga general fue el “decretazo” sobre el desempleo, la enorme respuesta de los trabajadores evidenciaba el malestar general que se venía acumulando durante años: las privatizaciones, los ataques al sector público, a la sanidad, a la enseñanza, la precariedad laboral, los bajos salarios..., que había ido acumulando una enorme indignación contra el gobierno.

22 de junio: manifestación anticapitalista en Sevilla

La huelga general se convocaba justo antes de la cumbre de la Unión Europea que tuvo lugar en Sevilla entre el 21 y 23 de junio, con motivo del inicio de la presidencia española de la UE y cuyo objetivo era aprobar un conjunto de medidas antiobreras y privatizadoras. La política de ataques que estábamos sufriendo en el Estado español es parte del mismo proceso que estamos viendo a escala internacional. A distintos niveles y con distintos ritmos, en América Latina o en Europa (Italia, Grecia, Francia, Gran Bretaña o Alemania), los ataques tienen el mismo denominador común: hacer frente a la crisis del capitalismo a costa de los trabajadores. Esto es lo que en los últimos años ha hecho salir a la calle a cientos de miles de manifestantes en todo el mundo (Seattle, Niza, Génova, Barcelona,…) contra la explotación capitalista, en lo que se ha llamado movimiento contra la globalización.
El día 22 de junio en Sevilla, mientras los “grandes” jefes europeos diseñaban su Europa capitalista (endurecer las leyes de extranjería, entrada de nuevos países en la UE,…) los jóvenes y los trabajadores lo rechazábamos en la calle. La manifestación contra la globalización capitalista reunió a más de 200.000 personas, a pesar del fuerte control policial cuyo objetivo era asustar y reprimir a la gente. Nada más lejos de la realidad. La manifestación que transcurrió pacíficamente fue masiva (a pesar de que los sindicatos CCOO y UGT no se sumaron a la convocatoria) y muy combativa. Se gritaron consignas contra la represión a los inmigrantes, contra los recortes en los servicios públicos, contra las guerras imperialistas y, cómo no, contra el gobierno de Aznar y su “decretazo”.
Nuevamente el Sindicato de Estudiantes estuvo presente en este acontecimiento. Acudimos compañeros de casi todas las zonas del Estado español a apoyar a los compañeros sevillanos. Participamos en la movilización con una pancarta y repartiendo miles de hojas donde explicamos cómo siempre hemos defendido la necesidad de parar los ataques a la derecha, no permitir ningún retroceso en la educación pública, en nuestros barrios y pueblos, en nuestras condiciones de vida en general; pero aspiramos a más, queremos una sociedad distinta, sin hambre y sin explotación. La explotación capitalista provoca un genocidio cada año. Según señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dos millones de trabajadores pierden la vida cada año por el trabajo y sólo los accidentes laborales causan por lo menos 350.000 víctimas mortales cada año en el mundo. Sólo estos datos son suficientes para evidenciar la podredumbre de este sistema. Por eso, el Sindicato de Estudiantes, como organización de izquierdas, combativa y revolucionaria, consideramos fundamental participar también del movimiento antiglobalización levantando la bandera de una sociedad alternativa al capitalismo, la sociedad socialista, donde los recursos y la riqueza generada por los trabajadores sean controlados democráticamente también por los trabajadores, y en la que todos los avances de la humanidad estén al servicio de la inmensa mayoría de la población y no para el disfrute de una pequeña minoría de capitalistas y millonarios.
Nuestro documento “Contra el capitalismo y la explotación”, donde explicamos más extensamente estas ideas tuvo muy buena acogida y no es de extrañar que hayamos sacado ya la 3ª edición.

Manifestación en Madrid el 5 de octubre: la lucha continúa

El éxito rotundo del 20-J fue un serio revés para el PP. Tuvo que remodelar el gobierno, empezando por cesar al portavoz de gobierno Pío Cabanillas y continuando con el ministro de Trabajo, sustituido por Zaplana. La continuidad de la lucha era imprescindible para poder echar atrás este ataque y fortalecer la lucha de los trabajadores en el futuro. Desde el Sindicato de Estudiantes insistíamos en que si el gobierno mantenía su postura, sería necesario pasar a la ofensiva. Los sindicatos deberían empezar ya a preparar otra huelga general, que incluyera además de la retirada del “decretazo” otras reivindicaciones importantes para los trabajadores: la enseñanza, incremento del SMI, jornada de 35 horas sin reducción salarial, la situación de los emigrantes, etc. Además, tenían que organizar una campaña seria de asambleas en las fábricas, en los institutos y facultades y en los barrios obreros para llegar a todos los trabajadores y jóvenes y, a la vez se tenían que organizar comités de huelga para llevar adelante las tareas preparatorias de la nueva huelga general y hacer frente a la represión. De esta manera sería una huelga superior y mejor organizada que la del 20-J.
Los dirigentes sindicales de CCOO y UGT hablaban de una gran manifestación en Madrid durante el mes de septiembre que, finalmente, se concretó para el 5 de octubre. Mientras, los jornaleros del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) convocantes también del 20-J y directamente afectados por la reforma ya que con ésta se pretendía suprimir el subsidio agrario, convocaron una marcha a Madrid durante el mes de julio. El 14 de julio miles de jornaleros que recorrieron más de 70 Kms. llegaban a Madrid. El Sindicato de Estudiantes participó en el recibimiento de la marcha cuando entró en la ciudad, en alguna de las asambleas y estuvimos hablando con ellos en el Pabellón de Deportes de Getafe, donde estuvieron acampados durante varios días. A pesar de las fechas vacacionales, era importante arroparlos y mostrarles todo nuestro apoyo en un momento en el que como ellos mismos explicaron había “un intento de silenciar al SOC (…) nos lo han comentado incluso algunos periodistas y cámaras de televisión”, para evitar que fueran un referente de lucha para el resto de trabajadores y aislarles. La misma táctica que habían usado con nuestras movilizaciones meses antes. Las acciones y movilizaciones organizadas por el SOC previamente al 20-J, como el corte de tráfico en Despeñaperros del 26 de mayo con más de 5.000 jornaleros de todos los pueblos de Andalucía o la manifestación del 9 de junio, convocada por el SOC, CCOO y UGT, con alrededor de 300.000 personas venidas de toda Andalucía en las calles de Sevilla, sin duda contribuyeron de forma decisiva para animar y caldear el ambiente de cara a la huelga general. Cerca de medio millón de trabajadores dependían del sector agrícola y del subsidio por desempleo agrario (PER). El decretazo significa situar en la pobreza absoluta a miles de familias. Los “señoritos” del PP racanean unas míseras migajas a los jornaleros pero no tenían ningún empacho en regalar billones de pesetas en subvenciones y ayudas a los grandes terratenientes.
Viendo el panorama que se abría, el gobierno del PP finalmente se vio obligado a retroceder y días antes de la manifestación del 5 de octubre anunció su disposición a modificar sustancialmente el “decretazo”. El gobierno retrocedía ante la primera movilización obrera seria. Se hicieron cambios importantes en todos los puntos del “decretazo” a excepción de lo que afectaba a los jornaleros. Precisamente el sector más combativo y que más había destacado en la lucha.. No era casualidad que el gobierno quisiera cebarse con ellos y, aislarles del resto del movimiento obrero
Los cambios aún siendo importantes, no eran suficiente y, además, no se podía dejar solos a los jornaleros, movilizándose en solitario. Esto supondría aislar su lucha. El 5 de octubre había vuelto a ser masiva la participación y la lucha no estaba ni mucho menos agotada. Era necesario continuar con la presión para conseguir la retirada total del “decretazo” y dejar bien claro que de no ser así, la lucha continuaría con otra huelga general. Sin embargo, no fue así como orientaron la lucha los dirigentes sindicales de CCOO y UGT. Se conformaron con los cambios anunciados por el PP y dejaron aislados a los jornaleros del campo andaluz y extremeño. Aunque las movilizaciones de jornaleros, con el SOC a la cabeza, continuaron (manifestaciones, huelga en elmedio rural,…) evidentemente quedaron debilitadas y el PP siguió adelante con sus planes.

La cuestión nacional
y la ilegalización de Batasuna

En el último congreso del Sindicato de Estudiantes aprobamos una resolución en la que nos oponíamos al por entonces anteproyecto de Ley de Partidos que preparaba el PP. Pocos meses después, el 26 de agosto de 2002 justo después de la huelga general del 20-J, se producía la ilegalización de Batasuna, clausurando sedes, establecimientos, restaurantes, bares y asociaciones culturales. El Sindicato de Estudiantes planteó su oposición rápidamente, dejamos claro nuestra más rotunda oposición y denuncia ante este atropello a los derechos democráticos más básicos, como el derecho a asociación y a la libre expresión. Explicamos que el gobierno del PP mentía al presentar su Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna como una medida fundamental para terminar con el terrorismo. Todo lo contrario. Batasuna era un partido político legal con una base social importante y centenares de miles de votantes. En los últimos años estaba aumentando la crítica y el descontento entre la base de Batasuna a la política de atentados salvajes que no llevaban a ninguna parte. Esto se pudo ver en las elecciones autonómicas del 2001, en las que Batasuna cosechó su peor resultado electoral. Se expresaba así la crítica de centenares de miles de personas del entorno abertzale que veían que la lucha por la defensa de los derechos democráticos nacionales no iba a venir de la mano de los métodos del terrorismo individual. Asimilar a cualquier simpatizante, votante o miembro de Batasuna con ETA y el terrorismo individual, además de ser falso considerábamos que sólo iba a conseguir polarizar y radicalizar más la situación. La experiencia ha demostrado que no es posible solucionar por la vía represiva un problema político. No lo logró la dictadura franquista, tampoco lo logró el terrorismo de estado a través de los GAL y otros grupos en el pasado y tampoco lo logrará la ilegalización de Batasuna, tan sólo agravará el problema.
Además insistimos en que no podíamos desligar esta medida de la política que estaba llevando a cabo el PP, atacando a las familias trabajadoras en las cuestiones sociales (contrarreformas laborales, precarización del empleo, privatizaciones,...) y teniendo mano dura en todos los frentes contra aquellos que se opusieran a su política reaccionaria. Nuestra experiencia al respecto era abundante. Se nos acusaba de “vagos”, “malos estudiantes” y “borrachos” a los jóvenes que salíamos a la calle de forma masiva para protestar contra su reaccionaria política. Incluso, en ocasiones vinculando al Sindicato de Estudiantes desde las páginas de algún periódico (como Abc y, recientemente, La Razón) con ETA, a pesar de nuestro rechazo contundente a los atentados terroristas. Tampoco tuvieron ningún empacho en calificar de “batasunos” o “etarras” a los que participamos en las manifestaciones antiglobalización, y los mismos calificativos utilizaron para criminalizar a los miembros de la Plataforma Nunca Máis durante las movilizaciones del Prestige o, incluso, al actor Javier Bardem por ser uno de los personajes públicos que se destacó durante la lucha contra la guerra en Iraq. De la misma forma aplicaba “mano dura” con las nacionalidades históricas prohibiendo las ikurriñas y reprimiendo el euskera hasta el punto de plantear el cambio de señalizaciones bilingües o nombres de pueblos en Navarra, vinculando, en declaraciones del por entonces Delegado de Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, a la escuela pública vasca con la “kale borroka” y, por último, prohibiendo la expresión y la organización política a más de 200.000 votantes en las últimas elecciones vascas bajo la acusación de “colaboración o pertenencia a banda armada”.
El PP pretendía presentarse como el defensor de la democracia, sólo los que apoyaban sus medidas estaban en el bando de los “demócratas”. Sin embargo, no podemos olvidar que mientras hablaban de democracia, sus parlamentarios se seguían negando a condenar el alzamiento nacional de 1936 y la dictadura franquista. O que mientras daban lecciones de derechos humanos apoyaban los bombardeos asesinos contra pueblos enteros como en Iraq, Yugoslavia o Afganistán. El doble rasero de la derecha no tiene límites.
Además, pensamos que esta medida formaba parte de una estrategia más amplia que afecta a todos aquellos que disienten y luchan contra la política del PP. De hecho, el día 20 de febrero de 2003 la Guardia Civil ocupó las instalaciones del diario euskaldún Egunkaria, deteniendo a diez personas e incautando numeroso material, en una nueva muestra de represión y atentado contra la libertad de expresión y que provocó una manifestación de rechazo en Donosti, con cerca de 200.000 personas. Uno de los motivos de esta campaña salvaje iniciada por el PP era la de ocultar y desviar la atención de millones de jóvenes y trabajadores de su política en el terreno social (decretazo, LOU, LOCE,…) ante el creciente malestar, las luchas estudiantiles y la magnífica respuesta expresada en la huelga general del 20-J. Es obvio que esto sólo era el principio de un ataque brutal a los derechos democráticos de la clase trabajadora y sus organizaciones, que hoy afecta a la izquierda abertzale, pero que mañana se extenderá a todas aquellas organizaciones que se opongan a su política derechista. Con la Ley de Partidos en la mano se dejaba la puerta abierta, por ejemplo, a ilegalizar aquellos partidos que no respeten los “valores constitucionales”. ¿Qué pasará mañana con aquellos que luchamos contra la sociedad capitalista? ¿O con los que no reconocemos el principio de la economía de mercado que establece la Constitución? ¿Seremos sospechosos de terrorismo y habrá que ilegalizarnos?
Por otro lado, el PP quería seguir utilizando el terrorismo como fuente de crecimiento electoral, como había hecho hasta entonces. Los terribles atentado del 11-M en Madrid, pondrían de manifiesto de forma terrible hasta dónde estaban dispuestos a llegar con tal de conseguir votos a costa de la desgracia y el terror. Cada bomba de ETA, cada atentado era un nuevo apoyo para la política del PP. En este sentido Aznar pensaba que la ilegalización de Batasuna les iba a favorecer electoralmente, disiparía por el momento los efectos de la huelga general centrando la atención de la población en el terrorismo y les acercaría más a revalidar unos buenos resultados en las elecciones municipales y autonómicas que tenían que celebrarse en el 2002. Por otro lado, también explicamos que la oposición del PNV-EA a estas medidas no significaba que la derecha vasca se opusiera al recorte de los derechos democráticos sino que obedecía a una táctica más inteligente por parte de la burguesía vasca que se daba cuenta de que esta medida era contraproducente e inoportuna. Pensar que la derecha vasca iba a defender los derechos democráticos o resolver la cuestión nacional era una tontería. De hecho el PNV había apoyado todos los ataques a la clase trabajadora llevados a cabo por el PP en los últimos años y no dudó en emplear a fondo a la ertzaintza para cerrar sedes de Batasuna con toda contundencia, ni dudó a la hora de prohibir manifestaciones de protesta, como tampoco ha dudado nunca en atacar la escuela pública o en atacar a trabajadores vascos.
Por todo esto, el Sindicato de Estudiantes explicábamos que los jóvenes y trabajadores no podíamos confiar en la política reaccionaria de la derecha para resolver nuestros problemas en ningún terreno. Sólo la movilización consciente y unitaria de jóvenes y trabajadores en todo el Estado podía hacer posible la defensa de los derechos democráticos, incluyendo la defensa de los derechos democráticos nacionales. Las medidas tomadas por el gobierno del PP significaban el mayor ataque a los derechos democráticos desde la caída de la dictadura. Esta ofensiva se enmarcaba dentro de la campaña que, con la excusa de los atentados terroristas del 11 de septiembre, el imperialismo llevaba a cabo para recortar los derechos democráticos de la clase obrera y la juventud en todo el mundo.
También explicamos que la política del PSOE respaldando al cien por cien las medidas del Partido Popular en el terreno de la cuestión nacional con la ilegalización, era un error y creaba más confusión entre los trabajadores y la juventud. El problema de por qué ETA ha sido capaz, a pesar de la brutalidad de sus acciones, de tener autoridad ante un sector de la sociedad en Euskadi es político. Si los dirigentes del PSOE quieren acabar con el terrorismo individual deberían atajar las razones que le han permitido tener apoyo social, aunque obviamente haya ido decreciendo. Por eso, ahora que está en el gobierno el PSOE debería tomar medidas empezando por derogar la Ley de Partidos y afrontando la cuestión nacional como un problema político, es decir, reconociendo el derecho de autodeterminación del pueblo vasco.
Por todo esto nos opusimos rotundamente a la Ley de Partidos y a la ilegalización de Batasuna, que sientan un grave precedente para el futuro, ya que representan un recorte drástico de los derechos democráticos de reunión, asociación, expresión y manifestación conquistados por los trabajadores y arrancados a la dictadura. Sin embargo, no compartimos ni las ideas de la izquierda abertzale ni los métodos de terrorismo individual que practica ETA, que con atentados indiscriminados y brutales como el de Santa Pola (que se producía ese verano de 2002) y otros similares, y que el Sindicato de Estudiantes siempre ha condenado contundentemente, sólo facilita que tenga eco entre muchos jóvenes y trabajadores la falsa idea de que luchar por los derechos democráticos nacionales es lo mismo que apoyar los atentados terroristas. Esto no es así. La única forma de luchar por los derechos democráticos nacionales es a través de la movilización unitaria de jóvenes y trabajadores en todo el Estado, vinculando esta lucha con el resto de reivindicaciones sociales. Desde el Sindicato de Estudiantes siempre hemos defendido los derechos democráticos para las nacionalidades históricas, como el derecho de autodeterminación, es decir, el derecho de un pueblo a decidir libremente el grado de vinculación con el resto del estado, incluida la posibilidad de la independencia, si así lo decidiese la mayoría de la población. Si bien nosotros defenderíamos la unidad de la clase obrera y la juventud por encima de fronteras nacionales para luchar por una sociedad sin clases ni opresión de ningún tipo, defendiendo al tiempo la cultura y la lengua de cada pueblo, es decir, una sociedad auténticamente socialista.

Empieza el curso 2002/03

Volviendo al terreno educativo, nos encontramos con que el 26 de julio el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Ley de “Calidad” de la enseñanza con el objetivo de aprobarla definitivamente durante el primer trimestre del curso 2002/03. Junto a esto el Ministerio de Educación había llevado a cabo un recorte brutal de las becas precisamente a los sectores sociales más humildes. Unos 8.000 estudiantes de primero de carrera se quedaban sin beca compensatoria (la beca que reciben los sectores más desfavorecidos) mientras se permitía un incremento de las tasas universitarias de hasta el 7’6%. ¿Cuántas familias habrían tenido un incremento salarial de ese tipo? Pero a partir de este año el cambio iba a afectar a los estudiantes de todos los cursos. De los 37.000 alumnos que recibían la ayuda compensatoria, muchos de ellos la perderían y en total había 100.000 becarios menos que cuando empezó a gobernar el PP. Es decir, el gobierno PP acentuaba la discriminación social en la Universidad.
Para poner más en evidencia los negocios de los empresarios de la enseñanza privada, saltaba el escándalo de la academia privada de inglés Opening -que recibía subvenciones y ayudas de la Administración en teoría para formación ocupacional- que estafó a sus 45.000 alumnos, que quedaron endeudados con la banca, y dejó en la calle por suspensión de pagos a 1.200 trabajadores. Trabajadores y estudiantes iniciaron movilizaciones, asambleas para decidir un calendario de lucha y en varias ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia... hicieron concentraciones y emprendieron medidas legales. La postura del Sindicato de Estudiantes era que ni los estudiantes ni los profesores podían pagar el pato de unos mafiosos. Los estudiantes tienen derecho a recibir clases, y en el caso de que no las reciban de la propia Opening, que sea esta empresa la que pague las deudas a la Banca. En cuanto a los profesores, no se puede permitir ni un sólo despido. En todo caso, que sean integrados en la red pública, ya que buena falta hacen profesores de inglés. Todo esto ocurría mientras apenas hay Escuelas Oficiales de Idiomas y las clases en colegios e institutos están masificadas y con falta de medios. Por eso este escándalo ponía de manifiesto la necesidad, como nosotros reivindicamos, de terminar con el negocio de la enseñanza privada e integrar esos centros en la red pública, además de aumentar la inversión para dignificar la calidad de la enseñanza de idiomas en la red pública y así disponer de laboratorios de idiomas, profesores nativos, intercambios con el extranjero, una red de educación para adultos…
En las comunidades autónomas gobernadas por la derecha el inicio de curso señalaba la continuidad en su política de privatización salvaje. Sólo en la Comunidad Valenciana había 30.000 estudiantes en barracones. En Catalunya, gobernada entonces por la derecha nacionalista de CIU, los centros privados habían aumentado su oferta de FP del 18% al 42%, al mismo tiempo que la oferta pública había disminuido escandalosamente del 82% al 58%, lo que significa que entre 500 y 600 profesores se irán a la calle.
La Consejería de Educación del PP en Madrid que suprimió mil plazas públicas de 3 a 6 años el curso anterior, anunciaba para el curso 2002/03 que se subvencionarían alrededor de 300 aulas privadas más (más de 6.000 plazas escolares) a colegios privados, controlados en su mayoría por la jerarquía de la Iglesia católica. Además, destinaron 1.000 millones de pesetas para que los niños de entre 0 y 3 años fueran a guarderías privadas, en vez de construir centros públicos. Por eso, no era de sorprender que en el borrador de memoria económica de la Ley de “Calidad” ¡más del 80% del presupuesto fuera destinado a la enseñanza privada! Como tampoco lo era que el gasto público hubiera descendido en 3.000 millones de euros en los últimos siete años.

29 de octubre, huelga general de profesores y estudiantes:
objetivo frenar la LOCE

Desde el SE habíamos insistido una y otra vez a los dirigentes sindicales de CCOO, UGT, STEs, CGT, CIG y a la CEAPA, en la necesidad de convocar una huelga general de toda la comunidad educativa y una marcha a Madrid con centenares de miles de personas, como un primer paso para frenar la LOCE. Era el único camino posible para frenar esta contrarreforma. Finalmente los dirigentes sindicales se decidían a convocar. El 29 de octubre se convocaba una huelga general en la enseñanza no universitaria de profesores y estudiantes con el apoyo de la CEAPA con manifestaciones conjuntas en todas las ciudades. Este era un paso fundamental para poder dar la batalla contra la LOCE en las mejores condiciones. Además, el Sindicato de Estudiantes convocó una jornada de protesta en la universidad para ese día. Explicamos también que había que sacar las lecciones de la lucha contra la LOU, cuando la magnífica marcha del 1 de diciembre no tuvo ninguna continuidad por parte de los dirigentes sindicales del profesorado. En este sentido, la huelga general debía ser un primer paso de un calendario de movilizaciones que fuera a más hasta echar atrás esta ley y que terminara con una nueva huelga general de trabajadores contra el gobierno del PP. No podemos olvidar que estábamos en el contexto de la lucha contra el decretazo y se empezaba a ver que, a pesar de la mayoría absoluta, sí se podía ganar al PP. El éxito del 20-J y la masiva manifestación del 5 de octubre contra el “decretazo” había obligado a retroceder al gobierno en este terreno. Esto confirmaba lo que habíamos repetido tantas veces: “luchar sí sirve” y los jóvenes y trabajadores estamos dispuestos a hacerlo. En el terreno educativo también estamos en condiciones de lograr echar atrás la “Ley de Calidad”.
El 29 de octubre los estudiantes y los trabajadores de la enseñanza, con el apoyo mayoritario de los padres y madres, protagonizamos una exitosa huelga general. El paro fue total, la huelga fue secundada por más del 95% de los estudiantes de ESO, bachillerato y ciclos formativos y por cerca del 70% entre el profesorado. En más de 60 ciudades tuvimos importantes manifestaciones, las más destacadas las de Madrid y Barcelona con unas 100.000 personas en la calle; 15.000 en Santiago; en Salamanca 10.000; en Sevilla 6.000; 5.000 en Valencia y en Valladolid; en Bilbao, Santander y Guadalajara 1.500; en Málaga 1.200; 700 en Ávila, en Gijón 600; y un largo etcétera. Agrupando alrededor de 500.000 personas en las calles ese día. A las que había que sumar las manifestaciones que se habían convocado para la tarde en distintas ciudades como Oviedo con 15.000 manifestantes, Zaragoza 10.000, Badajoz 5.000 y otros tantos en Murcia y Logroño.
En Barcelona los Mossos d´Esquadra y los antidisturbios cargaron salvaje y desproporcionadamente contra la manifestación sin dejar que concluyera. El Sindicato de Estudiantes exigió la dimisión inmediata del delegado del gobierno en Barcelona y del Conseller d´Interior, así como la inmediata libertad de los detenidos. Ante una manifestación pacífica la respuesta eran las porras. Se quería dar una imagen distorsionada de nuestras reivindicaciones para tratar de quitarle apoyo social. Lo cierto es que la derecha estaba bastante nerviosa. No es casualidad la actitud de boicot descarado por parte de los medios de comunicación a esta huelga. Los telediarios del mediodía del 29 de octubre se caracterizaron por ocultar y manipular la información sobre la huelga y las manifestaciones. Los titulares de los informativos destacaban el “bajo seguimiento de la huelga” sin ofrecer una sola imagen de las manifestaciones de Madrid o Barcelona (salvo las cargas policiales). A pesar de que Pilar del Castillo insistía en dar unos datos ridículos de seguimiento de la huelga y caracterizaba nuestra lucha de algaradas, se demostraba una vez más que el Partido Popular no tenía ningún apoyo social serio.
En el colmo de la desesperación y de la intoxicación informativa, la derecha más reaccionaria y cavernícola utilizando uno de los medios de comunicación más afines al gobierno, el periódico La Razón (en su edición del 2/11/02), intentó vincular al Sindicato de Estudiantes con el terrorismo, con el objetivo de desprestigiar nuestra lucha y ensuciar el nombre de la organización juvenil más combativa y que más quebraderos de cabeza estaba causando al PP. Una y otra vez hemos condenado los atentados terroristas de ETA y manifestado nuestras profundas discrepancias con las ideas de Batasuna. Es más, pensamos que los atentados son uno de los peores obstáculos que tienen los trabajadores y la juventud en su lucha contra los ataques de la derecha. Sólo introducen confusión, desvían la atención de los problemas sociales y favorecen la dinámica que ha utilizado el PP de “estás con el PP y la represión” o “estás con los terroristas”. Meses después ganábamos en los juzgados el juicio contra La Razón dejando públicamente claro que eran unos calumniadores y manipuladores.
Lo cierto es que la ministra estaba muy tocada, -el grito de “Ministra, dimisión” era un clamor popular, como ya lo había sido un año antes- y nosotros teníamos más apoyo que nunca del resto de la comunidad educativa y del conjunto de trabajadores, que veían que una conquista de los trabajadores, la educación pública, estaba en peligro. La huelga de enseñanza del 29 de octubre, igual que la huelga del 20-J y la marcha a Madrid del 5 de octubre, mostraron el profundo ambiente de contestación social a las medidas de la derecha. Y encima Aznar empezaba a mostrar sus intenciones de embarcarnos en una guerra criminal contra el pueblo iraquí sin otro objetivo que dejar claro el dominio del imperialismo en el mundo y controlar los recursos petrolíferos.
El 29-O se demostró que estudiantes, padres y profesores estábamos dispuestos a dar la batalla, unidos. Nuestro objetivo era obligar al gobierno a retirar la LOCE y podíamos hacerlo. Para ello era necesario continuar, sin ninguna vacilación, con la movilización masiva y en todo el Estado del conjunto de la comunidad educativa. El 29 de octubre había sido el primer paso.

Huelga de estudiantes 21 noviembre y Marcha estatal 23 noviembre

El Sindicato de Estudiantes propuso a los sindicatos de profesores la convocatoria de un nuevo paso en la lucha que se concretaba en la convocatoria de otra huelga conjunta, el 21 de noviembre, además de la Marcha Estatal a Madrid que ya estaba anunciada para el 23 de noviembre. Los dirigentes sindicales de CCOO, UGT, STEs y CGT rechazaron la propuesta. No obstante, hemos convocado nuevas movilizaciones. En primer lugar, la semana del 11 al 17 de noviembre iba a ser una semana de lucha, coincidiendo con las manifestaciones convocadas en varias ciudades por las “Plataformas en Defensa de la Escuela Pública”, donde estamos organizados junto con los sindicatos de profesores y las APAs, y realización de asambleas y repartos de propaganda en los institutos; el 21 de noviembre el Sindicato de Estudiantes convocamos una nueva huelga general en los institutos y jornada de lucha en la universidad, con manifestaciones en las ciudades más importantes del Estado; y el 23 de noviembre convocamos, esta vez con los sindicatos de profesores y las asociaciones de padres, una Marcha Estatal a Madrid, contra la LOCE.
A pesar de que esta vez fuimos en solitario, la huelga del 21 de noviembre, nuevamente ante el silencio informativo y con la dificultad añadida de la represión en los institutos, volvió a ser muy fuerte y alrededor de 150.000 estudiantes volvimos a la calle para rechazar la LOCE. Barcelona tuvo la manifestación más numerosa con más de 40.000 estudiantes. La participación de estudiantes universitarios fue muy importante, dado que también había jornada de lucha contra la “Llei d´Universitats Catalanes”, la ley de desarrollo y aplicación en Catalunya de la LOU, que reproducía sus aspectos más reaccionarios, confirmándose así lo que habíamos explicado desde el Sindicato de Estudiantes en multitud de ocasiones, que la política de CIU es igual a la de la derecha española. En Madrid, la manifestación contó con unas 10.000 personas a pesar del día de lluvia, y con la presencia del Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO, Fernando Lezcano, y otros representantes de STEs, FETE-UGT e IU y la participación de los trabajadores de Sintel que seguían en lucha por sus puestos de trabajo. Además, el día 21 ayudó a que más jóvenes participaran en la marcha del sábado 23 de noviembre. Sin embargo, el que los profesores no estuvieran llamados a la huelga en esta ocasión hizo que las manifestaciones fueran más pequeñas.
Los dirigentes sindicales del profesorado tampoco pusieron toda la carne en el asador para conseguir que la marcha estatal fuera más grande. Pusieron muy pocos autobuses de fuera de Madrid lo que supuso, en la práctica, impedir que mucha gente pudiera venir y transmitir la sensación de que no se iba a llegar hasta el final en la lucha, lo cual lejos de animar a la participación lo que hacía era retraerla. Tampoco hicieron frente con contundencia a la Delegación de Gobierno que totalmente de la mano del PP, prohibió la manifestación dejándola reducida a una concentración en la Plaza de España, lo que buscaba era amedrentarnos y crear confusión. Desde el Sindicato de Estudiantes insistimos en que no se podía aceptar este chantaje y que había que mantener la manifestación tal y como se había convocado, llevar a los dirigentes de las organizaciones de trabajadores a la cabecera a dar la cara y apelar a la gente a participar masivamente. Si esto se hubiera hecho por parte de las direcciones sindicales, la rastrera maniobra del gobierno se habría convertido en su contrario (como hemos visto posteriormente en la actitud de la gente contra la represión en lucha contra la guerra imperialista de Iraq). El no dar una respuesta a la prohibición de la manifestación era un grave ataque a los derechos democráticos y sentaba un gravísimo precedente. Cuando el gobierno del PP se sintiera amenazado por la movilización creciente de los trabajadores y de la juventud recurrirá a la “mano dura” para tapar el descontento social que provoca su política. Eran conscientes de su propia debilidad y ante la falta de argumentos sólo podían usar la calumnia y la represión. De hecho, no era casualidad que en la última encuesta que había publicado el CIS todos los ministros “suspendían” y la peor valorada era Pilar del Castillo.
La continuidad en la lucha después de esta Marcha a Madrid era clave para conseguir la retirada de la LOCE. Era necesario golpear otra vez con una movilización masiva, unitaria y en todo el estado del conjunto de la comunidad educativa, incluyendo a la universidad. Las organizaciones de profesores y padres tenían en sus manos el dar un paso adelante en esta lucha. No sólo eso, CCOO, UGT y otros sindicatos podían llevar, directamente, el debate sobre la Ley de “Calidad” a todas las fábricas y tajos, reforzando y ampliando el rechazo que esta ley provocaba entre los trabajadores. Esto hubiera sido un revulsivo en la lucha y sin duda garantizaría un éxito mayor al del 29 de octubre. Una movilización así sería respaldada de forma entusiasta por los estudiantes y nos pondría más cerca de nuestro objetivo inmediato: la retirada de la LOCE. Sin embargo, nada de esto se hizo y pusieron el RIP al movimiento el 23 de noviembre. Los dirigentes sindicales que no habían organizado en condiciones la movilización (con asambleas, propaganda, formación de comités en defensa de la enseñanza pública,…) justificaron esta vez el no darle continuidad a la lucha argumentando que no había suficiente fuerza. En lugar de poner todo su aparato a trabajar como nosotros proponíamos se lamentaban de sus fuerzas. Sin embargo, la simpatía hacia lo que nosotros proponíamos era evidente, sólo esa mañana entre los cerca de 30.000 asistentes a la marcha conseguimos más de 600 euros cuando pedíamos apoyo económico para poder continuar la lucha.
Habíamos hecho todo lo posible para hacer avanzar la lucha. Tras el 23 de noviembre, nosotros en solitario no teníamos la fuerza suficiente, los estudiantes nos dábamos cuenta de ello y sabíamos que la única manera de lograr nuestro objetivo era con el resto de la comunidad educativa. Lanzamos una campaña en los institutos y facultades para que se votaran y se enviaran resoluciones exigiendo a los dirigentes sindicales la convocatoria de una huelga general de toda la enseñanza para frenar al PP y, además, el día que se discutió definitivamente la LOCE en el parlamento fue un día de protesta dentro de los institutos (con referéndums donde votamos qué reforma queremos los estudiantes, sentadas en el patio, asambleas, etc.) para demostrar nuestro rechazo. Eso sí, teníamos claro que la imposición de la LOCE, no iba a significar que los estudiantes fuéramos a dejar de luchar y denunciar la política del PP. Al contrario, habría más motivos y más necesidad que nunca de defendernos de las agresiones a la enseñanza pública. Y por eso, una de las conclusiones de todo este movimiento era la necesidad de estar mejor organizados para responder en mejores condiciones y con más fuerza a los ataques, a las mentiras y manipulación de la derecha y sus medios de comunicación. En cualquier caso y aunque finalmente el PP aprobó también la LOCE, había demasiados ataques y problemas como para que los jóvenes no volviéramos a tener que salir a la calle en breve.

El desastre del ‘Prestige’: la derecha y el capitalismo, responsables

La marea negra provocada por el Prestige a finales del mes de noviembre supuso una auténtica catástrofe para la vida de decenas de miles de familias trabajadoras gallegas cuyas consecuencias todavía se sufren hoy. 120.000 empleos, en sectores dependientes directa o indirectamente del mar, estaban en peligro por los efectos devastadores de una de las mareas negras más grandes de la historia. La actitud del gobierno PP y de la Xunta de Galicia presidida por Fraga fue dejar en el más completo abandono a la gente que vive del mar. Se calculaba que el Prestige tenía en su interior el doble de fuel del que ya se había esparcido por toda la costa gallega, y que también llegó a las costas asturianas, cántabras y vascas. Se tardará muchísimo tiempo en recuperar la actividad y el aspecto que tenían las playas gallegas.
Durante semanas vimos cómo miles de pescadores, mariscadores, gente del pueblo y estudiantes de todas partes de Galicia y del resto del Estado hicieron frente a la marea negra con poquísimos recursos, la mayoría improvisados por la población. De hecho, en algunas localidades, como O Grove, se crearon comités en los que participaba la población para poder afrontar las labores de limpieza y organización. Por el contrario, la derecha, tanto desde el gobierno como desde la Xunta se comportó de forma totalmente irresponsable y despectiva hacia las preocupaciones y demandas de la mayoría de la gente. El ministro Cañete, desde el primer momento, aseguraba con total desparpajo que “todo estaba controlado”. Increíblemente, llegó a dar por resuelta la situación diciendo que el Prestige “ya estaba en aguas portuguesas”. Sólo en esas palabras se podía ver la bajeza moral, el egoísmo y la inutilidad de esta gente, pero los ejemplos eran infinitos. Fraga no dio señales de vida hasta una semana después y pasó el primer fin de semana de la crisis cazando y Aznar echaba balones fuera culpando a Gibraltar. Durante mucho tiempo el gobierno sólo reconoció 10.000 toneladas de vertidos cuando otras fuentes defendían que la cantidad ascendía a 20.000, como realmente se confirmó. Se dijo que no iba a afectar a las Rías Bajas, luego las afectó de lleno. Pero su afán por ocultar la realidad y justificar lo injustificable no se quedó sólo en palabras. En medios públicos como la Televisión Gallega (TVG) se impuso la censura, que llegó a ser denunciada por los trabajadores. Ni siquiera se podía utilizar el término “marea negra”. Se prohibió sacar fotografías del lugar del hundimiento del Prestige. Como la actividad espontánea de miles de personas que tomaron la iniciativa de limpiar las playas como fuese ponía aún más en evidencia la total dejadez de la administración, muchos voluntarios eran obligados a retirarse de las playas cuando pasaban las cámaras de televisión o cuando algún responsable del PP iba a hacerse la foto.
La derecha presentó la marea negra como algo “imprevisible”, diciendo que “contra una cosa de esas no se puede hacer más”. Desde el Sindicato de Estudiantes decíamos que eso era un insulto a la verdad y al pueblo gallego que ya estaba acostumbrado a vivir desastres como los provocados por el Urquiola, Mar Egeo, Casón... Para saber que una catástrofe como la del Prestige era previsible bastaba leer los datos que salieron en la propia prensa. De los once desastres marítimos importantes ocurridos en Europa durante los últimos 30 años, siete de ellos tuvieron lugar frente a las costas gallegas. Los derrames que asolaron el litoral gallego sumaban 300.000 toneladas de crudo, casi tantas como las vertidas en toda Europa. La edad media de los 7.030 petroleros que hay en el planeta es de 18 años y un 41% del total tiene más de 20 años, como el Prestige. Sólo uno de cada cinco petroleros que navega en el mundo está dotado de doble casco, característica considerada fundamental para la seguridad. La utilización de las banderas de conveniencia, que permite una mayor relajación en las condiciones de seguridad del barco y peores condiciones laborales es una práctica general, afectando al 50% de los mercantes.
Una vez hundido el Prestige, el gobierno PP habló mucho de las chatarras flotantes y de cambiar las normativas europeas, pero el PP se había opuesto hacía poco tiempo a una iniciativa presentada en el parlamento europeo encaminada a obligar a los mercantes a pasar más lejos de la costa. De los 323 mercantes que hay en el Estado español ¡sólo 18 están inscritos en el registro ordinario!
Se llevaban las manos a la cabeza, queriendo aparecer como víctimas, pero ¿qué habían hecho para evitar que estas chatarras flotantes pusieran en peligro la costa gallega, sabiendo además, que por ella pasan 1.200 petroleros al año, la mayoría de ellos en condiciones lamentables? ¡NADA! Es de suponer que el gobierno del PP y la Xunta conocían estos datos, pero no había en todo el Estado español un solo barco anticontaminación, había pocos barcos especializados en tareas de remolque y la mayoría eran privados. La total falta de medios, tanto técnicos como humanos, para combatir la marea era dramática.
Ese hecho, combinado con la manipulación más descarada por parte del PP puso en pie de guerra a los trabajadores y jóvenes gallegos. Las muestras de indignación y de odio a la derecha se expresaban en Galicia de forma cotidiana. Se convocaron numerosas manifestaciones, impulsadas por la plataforma “Nunca Máis”. Una de las primeras y más impresionante fue la del día 1 de diciembre, en la que el Sindicato de Estudiantes estuvo también presente. Pese al más absoluto silencio informativo y a la lluvia, se produjo la mayor manifestación de la historia de Galicia, con más de 250.000 personas en Santiago de Compostela y en la que se pidió a gritos la dimisión de Fraga y de todos los responsables del desastre. En el estadio Balaídos, del Celta de Vigo, durante uno de los partido celebrados allí, los asistentes no pararon de pedir a gritos, unánimemente, la dimisión de Fraga, interrumpiendo el comunicado oficial que se estaba leyendo por los altavoces.
Explicamos que detrás de esta catástrofe estaba el afán de beneficio propio del sistema capitalista. Las grandes petroleras se ahorran mucho dinero fletando el petróleo en barcos basura. Les sale rentable incluso si de cuando en cuando se hunde alguno, que además está asegurado. ¿Qué les importaba a esos carroñeros el trabajo de las personas y la naturaleza? Absolutamente nada. El capitalismo es el “todo por la pasta”, y el criterio del PP también es ese, porque al fin y al cabo el PP y los capitalistas son uña y carne. No era casualidad que no hubiera medios para hacer frente a la marea negra cuando la máxima del PP ha sido privatizarlo todo. Para ellos los recursos del Estado, pagados con dinero de todos, tienen que estar al servicio de una minoría. Esa es su política en cosas tan elementales como la educación y sanidad. Hablaban de “hacer todo lo posible” para los afectados, pero en realidad antes del hundimiento del Prestige, tenían preparado un plan de reconversión del sector pesquero que iba a dejar sin trabajo a miles de trabajadores. Demagógicamente, la derecha hablaba de los barcos que no llevan doble casco, pero al mismo tiempo se privatizaba y se reducía el empleo en los astilleros, siguiendo el mismo criterio que los armadores, las petroleras y los capitalistas en general, que es el de máximo beneficio para unos pocos. Esta es la dinámica del capitalismo.
La lucha contra los efectos de la marea negra se convirtió también en la lucha contra la Xunta y el gobierno del PP. Esa conclusión la sacaron centenares de miles de familias gallegas. La derecha, con su actitud, puso en pie de guerra a los trabajadores y jóvenes gallegos. Por mucho que el PP intentara ocultar su papel irresponsable y reaccionario en este asunto, presentando la catástrofe como algo que estaba al margen de su gestión y del sistema capitalista que defienden, no lo consiguieron. Además, la marea negra provocó una oleada de solidaridad en todo el Estado, sobre todo entre los estudiantes que llegaron, por miles, como voluntarios para limpiar las costas gallegas.
Como Sindicato de Estudiantes teníamos la responsabilidad de intervenir explicando nuestro punto de vista. Desde el principio vinculamos esta lucha con la ya más que previsible guerra que se preparaba en Iraq. Explicábamos que las mismas multinacionales del petróleo que abaratan los costes y provocan catástrofes como la del Prestige eran las mismas que provocaban guerras por el petróleo, como iba a ser el caso de Iraq.
Lanzamos una campaña en los institutos y facultades de Galicia de denuncia de la situación para contribuir al máximo en esta lucha. También intervinimos en los centros de estudio de todas comunidades afectadas (Asturias, Cantabria y Euskadi), y del resto del Estado en solidaridad con el pueblo trabajador gallego, para extender la lucha y garantizar la máxima solidaridad con los afectados. A través de miles y miles de hojas, asambleas (donde se votaron resoluciones de apoyo) y actos de protesta explicamos nuestras ideas, el papel de la derecha y del capitalismo en este asunto. Impulsamos la creación de comités de solidaridad con el pueblo trabajador gallego en institutos y facultades, entorno al que organizamos actividades como charlas, pancartas, etc. Además de participar activamente en todas las manifestaciones que había, el Sindicato de Estudiantes convocó huelga general de estudiantes en los institutos y universidades de Galicia junto a otras organizaciones estudiantiles gallegas para el 18 de diciembre, con manifestaciones en las ciudades más importantes que juntaron a decenas de miles de jóvenes en las calles de Galicia, para exigir la siguiente plataforma reivindicativa:
· Subsidio de desempleo indefinido para todos los afectados, directa e indirectamente, por la marea negra, hasta encontrar un puesto de trabajo digno.
· Gratuidad de los servicios públicos a todos los afectados y sus familias (transporte, tasas universitarias, etc.)
· Medidas inmediatas para extraer el fuel que quedaba en el Prestige, gastando el dinero que sea necesario para la operación.
· Plan inmediato de inversión pública en recursos de seguridad marítima.
· Nacionalización de los recursos necesarios para poder llevar a cabo estas medidas.
· Dimisión de todos los responsables, empezando por Fraga, de esta catástrofe.
· Creación de comisiones de control elegidas directamente por los afectados, con participación sindical, para determinar los daños, exigir ayuda económica suficiente, determinar las necesidades materiales para hacer frente a la catástrofe y exigirlas al Estado, controlar y organizar las tareas de limpieza, inspeccionar en detalle todos los pasos que dé la administración.
Esa misma semana, en el resto de las zonas afectadas, Asturias, Cantabria y Euskadi y en el resto del Estado el Sindicato de Estudiantes realizó actos de protesta en solidaridad con los trabajadores y estudiantes gallegos y contra la política antisocial del Partido Popular que atacaba las condiciones de vida de la clase obrera en todos los frentes. Estos actos de protesta se concretarán en asambleas, paros, concentraciones y votación de resoluciones en los institutos y facultades. También participamos en las manifestaciones convocadas en ciudades como Madrid, Málaga, Sevilla, Gijón, Salamanca o Barcelona, en las que se vio la solidaridad de los jóvenes y trabajadores del Estado con los jóvenes y trabajadores de Galicia y el rechazo a la política del PP. Como Sindicato de Estudiantes insistimos en la necesidad de la continuidad de la lucha. Sólo con una movilización fuerte, organizada e independiente de los trabajadores y de la juventud se podían conseguir estos objetivos. Desde el SE defendimos la necesidad de una huelga general de 24 horas en toda Galicia (los sindicatos llegaron a anunciar una huelga general en Galicia para el 13 de diciembre, que finalmente desconvocaron) que además habría que ligar a la necesidad de frenar los planes de reconversión y privatización del sector agrario, pesquero e industrial que afecta a Galicia.
La lucha continuaría en los meses posteriores, siendo la manifestación convocada por la Plataforma “Nunca Máis” en Madrid para el 23 de febrero de 2003 la movilización más importante con alrededor de medio millón personas. El ambiente enormemente crítico con el PP continuaba en aumento y se debía en gran parte a la respuesta prepotente del PP ante la movilización de los trabajadores y la juventud. Tres meses después de la catástrofe el chapapote seguía llegando a las costas, no había soluciones y, para colmo Aznar acusaba a los que le criticaban y salían a la calle a luchar de “ladrar su rencor por las esquinas” y de estar manipulados. Las mentiras, la censura y la manipulación informativas, propias de una dictadura, estaban totalmente generalizadas. En su desesperación, el PP incluso intentó vincular a Nunca Máis con el terrorismo y la corrupción. Era la misma táctica que habían adoptado con los estudiantes cuando salimos a la calle masivamente. El Sindicato de Estudiantes denunció la posición del PP en un comunicado, exigiendo “Basta de difamaciones contra Nunca Máis”.
El Gobierno estaba en una situación de enorme debilidad. El año 2002 supuso sin duda un punto de inflexión en el ambiente social. Pese a todos los intentos del gobierno de recomponer el clima de paz social tras la huelga general, no lo consiguió. El 2003 se iniciaba con el anuncio de una huelga general en el campo andaluz y extremeño contra la reforma del PER para el 20 de febrero, con la continuación de las movilizaciones masivas ante el desastre del Prestige y la incompetencia del gobierno PP y con una, más que previsible, guerra imperialista contra el pueblo iraquí, que Aznar ya había anunciado que apoyaría. Desde luego, éste era un nuevo motivo de enfrentamiento con la juventud.

La movilización contra la guerra imperialista: una lucha histórica

A pesar de que los inspectores de la ONU seguían sin encontrar ninguna prueba de la existencia de armas de destrucción masiva en Iraq, los preparativos militares seguían su curso y se aceleraban. En la zona del Golfo pérsico se desplegaba un enorme ejército. En nombre de la “libertad” y de la “democracia”, nuevamente, los imperialistas preparaban una masacre contra el pueblo iraquí. La excusa era la supuesta posesión iraquí de armas de destrucción masiva. Su objetivo real: el derrocamiento del régimen iraquí para establecer un gobierno títere del imperialismo americano que le permita controlar a su antojo el petróleo de esa zona.
El Sindicato de Estudiantes se opuso a esta guerra imperialista claramente. Tanto si era lanzada en solitario por EEUU como si era amparada por la ONU (un organismo en manos del imperialismo) que permitió y justificó los bombardeos a pueblos enteros (el yugoslavo, el afgano o el iraquí en 1991), y que mantuvo un embargo criminal contra Iraq cuyas consecuencias no sufrió Sadam, sino el pueblo iraquí. Nuestra postura siempre fue clara. El régimen de Sadam Hussein era una dictadura brutal (armada y financiada por los EEUU durante la guerra contra Irán en los años 80) que oprimía y mantenía en la miseria a millones de trabajadores, y al que nos oponíamos. Sin embargo, explicamos que no nos daba igual quién derrocara a Sadam, con qué intereses lo hiciera o qué régimen hubiera después. Al imperialismo americano sólo le importaba sustituir una dictadura que no controlaba, por otro régimen reaccionario para la mayoría de la población, pero que fuera fiel a los dictados de la Casa Blanca. La reciente guerra en Afganistán era un ejemplo muy claro de esto. ¿Dónde está la tan cacareada democracia en Afganistán? No hay ninguna diferencia sustancial entre los talibanes y los actuales dirigentes afganos; con el agravante de que la guerra llevó más muertos, odio, miseria y destrucción a la zona.
Por eso decíamos que las masas oprimidas del mundo árabe no podían confiar en las bombas americanas, ni de la ONU, para resolver sus problemas. La única salida para el pueblo iraquí era la lucha consciente y organizada para terminar con el régimen dictatorial que tenían bajo Sadam y con el sistema económico que lo había sustentado: el capitalismo. Para liberarse de la opresión de Sadam Hussein o de la de cualquier régimen títere y reaccionario que impongan los EEUU, tienen que emprender la lucha por la transformación socialista de la sociedad. Por la consecución de un gobierno de los trabajadores y de los oprimidos, en el que los recursos económicos estén en manos del pueblo y sean utilizados para cubrir las necesidades sociales de la mayoría y no para el beneficio de los poderosos.
Los trabajadores y jóvenes en EEUU, Europa y, por supuesto, en el Estado español teníamos mucho que decir ante esta nueva guerra. Las manifestaciones antes de que se iniciara la guerra eran impresionantes: en Londres 400.000 personas o en Florencia más de un millón de personas se movilizaron para decir “no” a la guerra imperialista. Incluso en EEUU decenas de miles de trabajadores se opusieron en las calles a una guerra que no era la suya. Un movimiento de masas contra esta guerra en Occidente era el mejor camino para poder pararla. Hacia esto dirigimos todos nuestros esfuerzos. Teníamos la experiencia del año 1991 cuando estalló la primera guerra del Golfo, entonces el Sindicato de Estudiantes impulsó movilizaciones de estudiantes con cientos de miles de jóvenes. La oposición generada fue tal que el entonces Ministro de Exteriores reconoció que si no se habían implicado más en la guerra era por la presión de la calle. Éste era el camino a seguir.

13 y 15 de febrero: ¡Ni un soldado, ni una bala, ni un euro para esta guerra!

Desde el mes de diciembre empezamos a hacer campaña contra la intervención del gobierno del PP en la guerra que se preparaba en Iraq. Repartimos decenas de miles de panfletos y carteles, realizamos asambleas en los centros de estudio, impulsamos la creación de comités contra la guerra imperialista con el objetivo de organizar y extender la lucha entre los estudiantes y vincularla a los trabajadores. Denunciamos la implicación servil del gobierno de Aznar en esta guerra y el enorme cinismo del PP, que se llenaba la boca hablando de democracia y de la defensa de las libertades cuando él con la excusa de la lucha antiterrorista, igual que Bush en EEUU, estaba recortando los derechos democráticos más elementales. Exigimos que no se utilizaran las bases militarse españolas (Rota, Morón, Torrejón,…), que no se movilizara a los soldados españoles y que no se usara ni un solo euro para pagar la factura de esta nueva aventura imperialista. Íbamos a ser las familias trabajadoras las que pagáramos la guerra y sus consecuencias. Mientras nos racaneaban los recursos económicos para hacer frente al chapapote en Galicia y la costa cantábrica, mientras se recortaban los gastos sociales, se quitaba dinero para la enseñanza pública, se recortaban las prestaciones por desempleo, etc. se utilizaría ese dinero para una guerra en la que sólo se iban a defender los intereses de las grandes multinacionales del petróleo.
El sábado 15 de febrero estaba convocado un día internacional contra la guerra con manifestaciones en todo el mundo, el Sindicato de Estudiantes participó activamente en su convocatoria y organización. De hecho, con el objetivo de movilizar de forma organizada a los estudiantes y calentar motores decidimos convocar el 13 de febrero una primera jornada de lucha en los institutos y facultades con paros y manifestaciones en todo el Estado. Todas las manifestaciones del día 13 estuvieron marcadas por una enorme politización y rechazo al PP. Cerca de 100.000 jóvenes en todo el Estado en unas cincuenta localidades salieron a la calle contra la guerra, siendo la manifestación más numerosa la de Madrid con 20.000 estudiantes, mientras que en Valencia acudieron otros 15.000 y en Barcelona más de 10.000 estudiantes acudieron a la cita. Las consignas más coreadas fueron: “Esto nos pasa por un gobierno facha”, “esta guerra también es terrorismo”, “no más sangre por petróleo” o “la próxima guerra la pagan con tu beca”. Esto fue el aperitivo a las históricas manifestaciones del 15 de febrero que se celebraron en todo el mundo bajo le lema “Paremos la guerra”.
Precisamente la lucha internacional era verdaderamente importante para poder hacer avanzar al movimiento. Por eso como Sindicato de Estudiantes tomamos la iniciativa lanzando un llamamiento internacional a las organizaciones estudiantiles de todo el mundo para luchar conjuntamente contra la guerra imperialista: “Desde el Sindicato de Estudiantes hemos iniciado una campaña para organizar este movimiento entre la juventud del Estado español, participando de todas las movilizaciones que se convoquen en el ámbito internacional y convocando movilizaciones en el Estado español, formando comités contra la guerra en institutos y facultades que expliquen estas ideas, repartan propaganda, organicen debates y distintas acciones de protesta. Además convocamos para el 13 de febrero una jornada de lucha estudiantil y manifestaciones, y hacemos UN LLAMAMIENTO A TODAS LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES Y JUVENILES EN TODO EL MUNDO PARA QUE ESE DÍA SE CONVOQUEN HUELGAS DE ESTUDIANTES, MANIFESTACIONES Y ACTOS DE PROTESTA CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA EN IRAQ”.
Este llamamiento lo publicamos el 24 de enero, fue traducido a varios idiomas (inglés, árabe, francés, italiano, alemán, etc.) y en él explicábamos nuestra posición política ante la guerra y cómo luchar contra ella: “La oposición a esta guerra por parte de los jóvenes y los trabajadores se está incrementando en todo el mundo. Los pasados 18 y 19 de enero 500.000 personas se manifestaron en EEUU contra la guerra imperialista, mientras en el resto del mundo también hubo importantes manifestaciones. (...) El único camino para frenar la masacre imperialista es levantar un movimiento masivo de los trabajadores y la juventud a escala internacional. Los sindicatos de clase y los partidos de izquierdas tienen que oponerse a esta guerra y organizar a los trabajadores, a través de comités contra la guerra en las fábricas, centros de estudio, barrios y ciudades, coordinados y con un plan de movilizaciones en el que se incluya la convocatoria de una huelga general contra la guerra”.
Este llamamiento fue suscrito por estudiantes de los cinco continentes y el día 13 hubo actos y movilizaciones de protesta contra la guerra en Francia, México (donde organizaron una concentración frente a la embajada de los EEUU), en Líbano, los Estudiantes Comunistas Libaneses convocaron una huelga de estudiantes con manifestaciones. Contactamos también con estudiantes de Marruecos, Bosnia e Indonesia, Perú, Polonia y establecimos contacto con estudiantes norteamericanos.
El 15 de febrero marcó una fecha histórica. Manifestaciones multitudinarias por primera vez de forma simultánea recorrieron las calles de todo el mundo. Sólo en el Estado español hubo más de 350 manifestaciones en las que más de 6 millones de personas dejamos clara nuestra oposición a una guerra de rapiña por el control del petróleo. Las protestas contra la guerra se multiplican en un país tras otro, antes de que empezara, y no sólo con manifestaciones sino con la oposición activa de los trabajadores, como por ejemplo en Escocia donde los maquinistas de tren se negaron a conducir trenes con municiones destinadas a las tropas británicas desplegadas en el Golfo. Desde el SE insistíamos en una idea clave: ¿No era la mejor manera de detener el conflicto que los sindicatos, en el ámbito internacional, paralizaran los países con una huelga general contra la guerra? Nosotros pensamos que sí, que si en EEUU la AFL-CIO, en el Reino Unido las TUC, en Italia la CGIL, en el Estado español CCOO y UGT, convocaran una huelga general de 24 horas en contra de la guerra, con una perspectiva de continuidad, a Bush y compañía se les complicarían mucho los planes de guerra. La respuesta que tendría tal convocatoria sería tremenda, como demostró el millonario seguimiento de las manifestaciones del 15-F. Pensábamos que ése era el camino.

5 de marzo:
Huelga internacional de estudiantes

El siguiente paso que dimos fue la convocatoria de una huelga internacional de estudiantes para el 5 de marzo. Ese día los estudiantes norteamericanos (con el apoyo de los canadienses), agrupados en la Coalición por la Paz de Estudiantes y Jóvenes Norteamericanos (NYSPC), convocaban un paro de 24 horas en las universidades bajo el lema: ¡LIBROS SÍ, BOMBAS NO! En su manifiesto destacaban: “La administración Bush está intentando hundir a EEUU en una guerra ilegítima y preventiva que sólo aumentará el peligro de los estadounidenses y el mundo. Al mismo tiempo que abandona la enseñanza, la sanidad y la economía. ¡Es hora de que los jóvenes y estudiantes defiendan el futuro de EEUU!”. Como Sindicato de Estudiantes consideramos urgente y necesario sumarnos a la convocatoria del 5 de marzo e hicimos un llamamiento a todas las organizaciones de izquierdas a convocar para ese día. Hubo huelga y manifestaciones en las principales ciudades
Precisamente esto era lo que exigíamos a los dirigentes sindicales de los trabajadores, que convocaran una huelga general coordinada en el ámbito europeo y mundial. Si nosotros con muchos menos medios habíamos sido capaces de contactar con otras organizaciones y confluir un mismo día en la lucha ¿qué no podrían hacer organizaciones tradicionales como eran los sindicatos de trabajadores? La Ejecutiva Estatal del SE envió, a finales de febrero, una carta a los secretarios generales de CCOO y UGT, Fidalgo y Méndez, planteándoles esta necesidad de movilizar a los trabajadores y coordinar la lucha internacionalmente: “En el terreno estudiantil el siguiente paso va a ser el próximo 5 de marzo. (…) Pero somos conscientes de que ante algo tan serio como una guerra, es necesaria la participación consciente no sólo de la juventud sino fundamentalmente del movimiento obrero organizado. (…) Por eso pensamos que la mejor manera de continuar la lucha contra la guerra, tras las multitudinarias manifestaciones del 15 de febrero, es que CCOO y UGT den un paso más en la oposición contundente a esta guerra, organizando a los trabajadores a través de comités contra la guerra en las fábricas, barrios y ciudades, coordinados y con un plan de movilizaciones en el que se incluya una huelga general de 24 horas contra la guerra. Los sindicatos británicos han amenazado con huelgas masivas contra la guerra, en Escocia maquinistas de tren se han negado a transportar material de guerra y en Italia el secretario general de la Filt-Cgil, el sindicato de transporte más grande de Italia ha hecho un llamamiento a que no salga de los puertos italianos ningún barco con material bélico con destino a la zona del Golfo. Además, el sindicato de trabajadores metalúrgicos, Fiom-Cgil, ya ha dicho que convocará una huelga general en el sector el día que comience la guerra. Este es el camino: paralizar el país para parar la guerra. Una huelga general en el Estado español contra la guerra sería un éxito y un referente para los trabajadores de otros países”.
Finalmente el 5 de marzo de 2003 también se sumaron estudiantes de Canadá, Pakistán, Francia, Colombia, Australia, Suecia, Suiza, Alemania, Gran Bretaña, Pakistán, India, Ghana o Senegal... El 5 de marzo fue histórico, por primera vez centenares de miles de estudiantes de secundaria y universidad internacionalmente salimos a la calle de forma simultánea. En el Estado español fue un éxito. El paro en los institutos alcanzó el 95% del seguimiento y en universidad cerca del 80%. En total cerca de 200.000 estudiantes de institutos y universidad salimos a la calle. El ambiente de las manifestaciones era muy combativo y se gritaban consignas como: “Esto nos pasa por un gobierno facha”, “No es humanitaria es imperialista”, “Esta guerra también es terrorismo” y “Bombas no, libros sí”. En la manifestación de Madrid estuvieron presentes trabajadores de SINTEL y Gaspar Llamazares de IU, además de compañeros de CCOO, UGT, STEs. Al final confluimos con la Plataforma Cultura contra la Guerra que estaban recogiendo firmas en la Puerta del Sol. Nos permitieron usar su megafonía y en el mitin final insistimos en el carácter imperialista de la guerra, y la necesidad de la movilización de los trabajadores. No podíamos confiar ni en la ONU, ni en los gobiernos de Francia o Alemania, como desde algunas organizaciones de izquierdas se estaba planteando. El gobierno de Chirac en Francia representaba a la misma derecha que Aznar, era un gobierno que atacaba a los trabajadores y jóvenes franceses, que aprobaba leyes reaccionarias contra los inmigrantes y que si aparecía oponiéndose a esta guerra no era más que para defender con más fuerza sus negocios y no perder su influencia en esa zona del mundo. Sólo los jóvenes y trabajadores, organizados, movilizándonos, podíamos acabar con las dictaduras a un lado y otro del Atlántico y, por eso, seguíamos defendiendo la convocatoria de una huelga general de trabajadores.

20 de marzo: estalla la guerra.
¡Por una huelga general de trabajadores de 24 horas!

El siguiente paso estaba fijado para el día que desgraciadamente estallara la guerra (consigna que popularizamos en los centros de estudio desde el mes de enero). Ese día convocamos una nueva huelga general de estudiantes en institutos y universidad y manifestaciones en todas las ciudades hacia el mediodía. Mientras el día 13 de marzo, convocados por varias organizaciones universitarias y apoyado por el Sindicato de Estudiantes, decenas de miles de universitarios, en Madrid y alguna otra ciudad, volvimos a manifestarnos contra la guerra. El sábado 15 de marzo, cuando ya nadie dudaba de la inminencia de la guerra -puesto que el 20 de marzo era la fecha del ultimátum dado por los imperialistas a Sadam para que probara que se había desarmado- una riada de gente volvió a tomar las calles en todas las partes del mundo para denunciar la masacre que se preparaba contra el inocente pueblo iraquí. Además, CCOO y UGT, junto a otros sindicatos europeos, plantearon la convocatoria para el viernes 14 de marzo de un paro de 15 minutos contra la guerra. Ante la gravedad de la situación y tras las impresionantes movilizaciones que ya habían tenido lugar esta medida nos parecía totalmente insuficiente, era más un gesto simbólico de difícil ejecución que un intento serio de organizar a los trabajadores para parar la guerra o por lo menos poner en dificultades a los distintos gobiernos participantes. En cualquier caso desde el Sindicato de Estudiantes y desde los “comités contra la guerra” ese día impulsamos la convocatoria de asambleas conjuntas de profesores y estudiantes con el objetivo de discutir y votar resoluciones exigiendo la convocatoria de una huelga general de 24 horas a los dirigentes sindicales de CCOO y UGT.
Finalmente, en la madrugada del 20 de marzo nos despertamos con la noticia del inicio de los bombardeos sobre Iraq. La masacre había comenzado. Mientras Aznar declaraba “sentirse orgulloso” por el inicio de la guerra, más de 500.000 estudiantes tomamos las calles de todo el Estado desde primeras horas de la mañana respondiendo contundentemente a la convocatoria de huelga que habíamos hecho durante casi tres meses en los institutos y universidades. La huelga fue total. La manifestación más impresionante tuvo lugar en las calles de Barcelona con unos 300.000 estudiantes, más de 50.000 se reunieron en la Puerta del Sol, en la Embajada Americana y en distintas plazas y calles de Madrid, 30.000 en Santiago de Compostela, 20.000 en Oviedo, más de 10.000 en Sevilla, 8.000 en Bilbao, más de 3.000 en Gijón y Avilés, y decenas de miles más en concentraciones y manifestaciones a lo largo y ancho de todo Estado. Aunque los medios de comunicación trataron de presentarlo como un movimiento espontáneo, es evidente que sin el trabajo previo de asambleas, reparto de propaganda, formación de comités, la respuesta no hubiera sido de estas dimensiones. Por la tarde nuevamente se volvieron a llenar las calles y plazas de todo el país de trabajadores y jóvenes que rechazaban una vez más la actuación reaccionaria y servil del gobierno PP. El viernes 21 de marzo, los dirigentes sindicales de CCOO y UGT habían vuelto a convocar un paro de 15 minutos, como Sindicato de Estudiantes llamamos a todos los estudiantes a secundarlos y organizar concentraciones y asambleas en todos los centros de estudio. Pero volvimos a insistir en que ante la gravedad de los acontecimientos era necesario que los dirigentes de UGT, CCOO y demás sindicatos de clase, con la participación activa de los dirigentes del PSOE, de IU y de todas las organizaciones políticas de la izquierda, convocaran ya una huelga general de 24 horas contra la guerra. De hecho, el 20 de marzo los trabajadores del Astillero público de Izar-Ferrol hicieon huelga y manifestación por la ciudad uniéndose a la de estudiantes, también hubo paros en los Astilleros de Sevilla. y en Asturias el sindicato de profesores SUATEA convocó huelga con nosotros. El viernes 21 de marzo, unos 2.000 trabajadores de CASA (construcciones aeronaúticas) en Getafe (Madrid) pararon y cortaron la carretera en protesta contra la guerra.
Esa semana fue un continuo salir a la calle. El inicio de la guerra no paralizó a la gente, al contrario había mucha rabia por el desprecio tan abusivo que se había hecho a nuestras reivindicaciones. La noche del 21 al 22 de marzo la policía, siguiendo los dictados del Ministerio del Interior, disolvió a porrazos a los manifestantes que se concentraron pacíficamente ante la Embajada de EEUU en Madrid. De una forma vergonzosa la policía se ensañó con porrazos, pelotazos de goma e incluso botes de humo, sin haber mediado ninguna provocación, simplemente para atemorizar a jóvenes y trabajadores. Las manifestaciones contra la guerra estaban siendo absolutamente pacíficas. De hecho, algunas de las consignas más coreadas eran: “Aquí estamos, nosotros no matamos” o “Aquí estamos, nosotros no pegamos”. Sin embargo, el gobierno del PP estaba absolutamente sólo. Sus argumentos no convencían a nadie y en los últimos meses se había puesto en evidencia su falta de apoyo social. El único argumento que le quedaba era la represión, que no era más que una muestra de su enorme debilidad. Aznar calificaba de “bárbaros” a los que luchamos contra la guerra. Acebes, el ministro del interior, no dudaba en buscar grupos violentos y terroristas entre los manifestantes para justificar la brutalidad policial. Demostraron que siguen siendo la derecha de toda la vida, pusieron en práctica los métodos que habían utilizado durante cuarenta años de dictadura: la represión salvaje contra el movimiento organizado de jóvenes y trabajadores. Estas cargas recordaban las de los grises antes de la muerte de Franco. En su intento de jugar la baza del miedo se encontraron nuevamente con una tremenda respuesta por parte de los trabajadores y la juventud. El sábado 22 de marzo más de un millón de personas salíamos a la calle en Madrid y, a pesar de la prohibición del recorrido original de la manifestación, ésta llegó a la Puerta del Sol sin que el gobierno y su policía hubieran podido mover un dedo para frenarlo.
Desde el Sindicato de Estudiantes exigimos la dimisión del gobierno por su implicación en la guerra y por su actitud represiva. Era evidente que si los sindicatos CCOO y UGT y demás organizaciones de clase, convocaban una huelga general de trabajadores de 24 horas, no sólo para luchar contra la guerra, sino también para acabar con el gobierno cómplice de un genocidio, responsable máximo de las cargas policiales y ejecutor de las políticas antisociales que llevábamos padeciendo durante años, sería secundada masivamente.
Ante el estallido de la guerra era imprescindible redoblar la lucha contra la implicación del gobierno español en esta guerra criminal. Con la excusa de “apoyo humanitario”, el gobierno anunció el envío de 900 soldados, 3 barcos y 6 caza-bombarderos F-18. Desde luego la factura de este despliegue la pagaríamos los jóvenes y trabajadores. Mientras recortaban todas las partidas sociales, el PP se gastaba diariamente 7.400 millones de pesetas en gastos militares (el equivalente al dinero necesario para construir nueve institutos). Rápidamente convocamos huelga de estudiantes para el 26 de marzo (día en el que nuevamente CCOO y UGT habían convocado un paro de 15 minutos), había que unificar al movimiento a nivel estatal para evitar que se dispersara y perdiera fuerza. Nuestro objetivo no era solamente salir a la calle para volver a manifestar nuestro rechazo a la guerra, sino que teníamos un objetivo: presionar a los dirigentes sindicales para que convocaran la huelga general de trabajadores de 24 horas contra la guerra y contra la política antisocial del PP.

26 de marzo y 3 de abril: los estudiantes vuelven a la calle.
Huelga de estudiantes y trabajadores el 10 de abril

El 26 de marzo se produjo la huelga y manifestaciones de estudiantes más grandes que se habían producido hasta entonces. Las organizaciones de la universidad se sumaron también a la convocatoria. La huelga fue prácticamente del 100% y un millón de estudiantes nos manifestamos en más de 70 ciudades de todo el Estado. En Madrid se produjo la manifestación más importante con unos 250.000 estudiantes. Otras manifestaciones también muy concurridas fueron las de Barcelona con más de 150.000 estudiantes, Sevilla con 30.000, Valencia con 25.000 estudiantes, Tarragona más de 10.000, Oviedo con 10.000, Bilbao 10.000, Salamanca 5.000... Entre las consignas más coreadas había una exigencia unánime a las direcciones sindicales de CCOO y UGT: “Hace falta ya una huelga general” o “Así, ni un paso atrás, contra la guerra, huelga general”. Al día siguiente en la prensa tuvieron que recoger este grito. El diario El Mundo tenía que destacar al día siguiente en el titular de su crónica sobre la manifestación: “Los alumnos piden en la calle una huelga general”.
Inmediatamente después el Sindicato de Estudiantes anunció un nuevo calendario de movilización: el 3 y el 10 de abril volveríamos a salir a la calle, esta última fecha coincidiendo con el paro de 2 horas convocado por UGT . No cabe ninguna duda que la magnífica movilización del 26 de marzo, unida a todo el movimiento generado desde el mes de enero contra la guerra y el ambiente entre los trabajadores, terminaron de decidir a la dirección confederal de UGT para lanzar una convocatoria de huelga de 2 horas el 10 de abril, que no apoyó la dirección oficial de CCOO, a pesar de que su militancia había estado participando activamente en la lucha contra la guerra y sí la secundó.
El paro laboral de dos horas planteado por UGT -que también convocó CIG, STES y algunas federaciones de CCOO y que la CGT amplió a 24 horas- era un paso adelante para incrementar la oposición a la guerra pero insuficiente. Por eso , nosotros planteamos a las federaciones de enseñanza de los sindicatos que convocaran huelga general de 24 horas de la comunidad educativa en institutos y universidad, para que los profesores se movilizaran con nosotros.
El día 1 de abril hubo un anticipo de lo que sería el 3 y el 10. En Barcelona, decenas de miles de estudiantes universitarios salieron a las calles. El día 3, aunque las manifestaciones fueron más pequeñas, nuevamente decenas de miles de estudiantes en todo el Estado salimos a la calle en más de 50 ciudades del Estado español. Después de dos semanas de guerra veíamos como las bombas masacraban a la población inocente y era evidente que las intenciones de EEUU eran las de instaurar una dictadura servil al imperialismo. Desde el Sindicato de Estudiantes explicábamos que no éramos neutrales, estábamos del lado del pueblo iraquí, cuya resistencia contra una invasión colonial saludamos y animamos.
El día 10 volvió a ser una demostración de fuerza y una nueva escenificación de la debilidad del PP. Centenares de miles de estudiantes y trabajadores volvimos a tomar las calles. La huelga general fue seguida masivamente y las manifestaciones volvieron a ser multitudinarias. En Barcelona participaron cerca de 200.000 manifestantes con muchísimos trabajadores, en Valencia 50.000 estudiantes y trabajadores, en Santiago de Compostela más de 15.000 estudiantes, en Salamanca 6.000, en Sevilla 5.000... Así hasta más de 70 manifestaciones. En la de Madrid, con unas 100.0000 personas, y convocada en unidad de acción con la UGT contamos en la cabecera con representantes de UGT (incluso, Cándido Méndez, el Secretario General de UGT estuvo un rato en la manifestación), CGT, STES y CCOO así como de IU. Una de las consignas más coreadas fue: “No es liberación, es ocupación”, rebatiendo las mentiras que nos estaban vendiendo el imperialismo y el gobierno de Aznar. Lo único que estaban liberando eran los pozos de petróleo. En el mitin final hubo una mención especial a los dos periodistas muertos en Bagdad, especialmente al asesinado por las tropas americanas José Couso, señalando claramente a los responsables de estos asesinatos: George Bush y su cómplice Aznar.
Todo esto ocurría coincidiendo con la entrada el día anterior de las tropas invasoras en Bagdad a punta de cañón. Evidentemente, el carácter del régimen de Sadam Hussein se desmoronó inmediatamente, quedó en evidencia su cobardía y corrupción dejando indefensa a la población de Bagdad. Sin embargo, eso no iba a evitar la resistencia de la población iraquí. Explicamos que la bota militar de EEUU y sus aliados no iba a terminar con ninguno de los problemas de los iraquíes, sino que iba a significar más miseria, más humillación y más opresión. Por eso la lucha tenía que continuar. Dejamos claro que no estábamos luchando por la “paz de los cementerios”, una paz sobre la humillación y la destrucción de todo un pueblo, una paz bajo la bota militar y que sólo iba a llevar más opresión, más miseria, más odio y nuevas guerras a la zona. Esta no era la paz por la que habíamos estado luchando millones de personas en todo el mundo. Además, nuestra lucha también era contra el gobierno del PP, cómplice de la masacre y que aprovechaba la guerra para recortar los derechos democráticos y los gastos sociales. Por eso, era más necesario que nunca que los dirigentes sindicales de UGT, CCOO y demás sindicatos de clase dieran un paso más convocando una huelga general de 24 horas en todo el Estado. Precisamente, días antes de la huelga del 10 pudimos dirigirnos como Sindicato de Estudiante a una reunión de más de mil delegados sindicales de la UGT en Madrid y uno de los puntos más aplaudidos de nuestro discurso fue la necesidad de convocatoria de la huelga general de 24 horas. Si algo había quedado patente es que los trabajadores estaban dispuestos a parar el país para derrotar al PP. Las manifestaciones de la tarde del 10 de abril fueron un nuevo éxito y en ellas participamos los compañeros del Sindicato de Estudiantes codo con codo con los trabajadores.
El 1 de mayo, George W. Bush, daba por terminada de forma oficial la guerra contra Iraq y anunciaba el inicio de la posguerra. Hoy podemos afirmar que las dificultades del imperialismo americano para controlar la situación y establecer un gobierno títere pero con una cierta autoridad entre la población iraquí, no han cesado. La continuidad de las movilizaciones contra la ocupación iraquí ha sido una constante, desde el 12 de abril de 2003 hasta el pasado 30 de junio de 2004 -para denunciar la farsa que ha significado el traspaso de poder a un gobierno iraquí totalmente dependiente del imperialismo USA-hemos vuelto a salir a la calle en distintas ocasiones. Uno de los logros de este movimiento en el Estado español ha sido el que el gobierno de Zapatero tomara la decisión de retirar las tropas españolas de Iraq.
Las manifestaciones contra la guerra han expresado una insatisfacción social muy profunda, han sacado a la superficie una carga de crítica muy fuerte al sistema, al imperialismo y a la derecha. Eso se ha notado particularmente entre la juventud. Esa politización ha sido muy positiva, nosotros hemos contribuido a alimentarla, a darle un contenido más elaborado, más incisivo, apuntando claramente la verdadera causa de esa masacre: el sistema capitalista, sus beneficiarios y sus representantes políticos. La existencia del gobierno del PP se ha había hecho insoportable para la mayoría de la sociedad. Conseguir una sociedad mejor para los trabajadores y para los jóvenes pasaba por echar a la derecha del gobierno. Por eso, desde el Sindicato de Estudiantes explicamos que en las próximas elecciones había que votar a la izquierda y echar fuera al gobierno PP.

La derecha contra el Sindicato de Estudiantes. ¡Basta de represión por luchar!

Durante todos estos meses el Sindicato de Estudiantes ha sufrido intensamente la represión y el acoso policial. Desde que se inició la guerra, los que participamos en las manifestaciones tuvimos que soportar la violencia policial más salvaje, con cargas como las que tuvieron lugar en las manifestaciones convocadas los dos días que siguieron al inicio de la guerra, con más de cien heridos. El señor Ansuátegui, delegado de Gobierno en Madrid, volvió a dar una muestra de su talante franquista, al igual que el gobierno Aznar que es quién le permite actuar como si la calle fuera su cortijo privado. Pero todo eso estaba dentro de una ofensiva a gran escala contra los derechos democráticos. El Ayuntamiento de Madrid, en manos del PP, anunció que estaban estudiando el que para manifestarse quien quisiera hacerlo estaría obligado a pagar una fianza o simplemente prohibiendo las manifestaciones directamente como les ocurrió a los trabajadores de Síntel a los que les denegaron cualquier permiso para convocar una manifestación. También la Xunta de Galicia prohibió la colocación de carteles contra la guerra, carteles de Nunca Máis, o la realización, en los institutos, de asambleas o referéndums que no tuvieran que ver directamente con cuestiones educativas. Incluso, el PP estaba elaborando un anteproyecto para modificar el Código Penal Militar, con la pretensión de incluir como delito, con penas de cárcel, los actos de protesta contra la participación española en conflictos internacionales.
Evidentemente, siempre es la gente que más se destaca el blanco primero de la reacción. Por eso, el Sindicato de Estudiantes sufrió rápidamente los efectos de la represión: multas en Salamanca por supuestos disturbios en manifestaciones contra la guerra, compañeros del SE en las listas negras del PP (sin ninguna prueba), otros sufrieron amenazas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Huelva, Cádiz o Tarragona... Esta es la democracia del PP: Mientras respaldaban y aplaudían el bombardeo a Bagdad en nombre de la libertad y la democracia, reprimían a quienes levantamos la voz contra su política. La derecha iba a por nosotros imponiéndonos varias multas con el objetivo de amedrentarnos y ahogarnos económicamente. Ante eso iniciamos una campaña de solidaridad con resoluciones de protesta en todo el Estado y una campaña de denuncia e información en los centros de estudio, fábricas, mercados... No se trataba de un enfrentamiento entre nosotros y el PP, era un ataque contra todo el movimiento y lo mejor era darlo a conocer, que los jóvenes y trabajadores y sus organizaciones lo conocieran y exigieran la retirada de las multas. Sabíamos que contábamos con el apoyo de los trabajadores para vencer a esta ofensiva de la derecha. Recibimos numerosas muestras de solidaridad, de comités de empresa, sindicatos y entre ellas la de Gaspar Llamazares, coordinador general de IU.
En Salamanca nos impusieron dos multas. Una multa era del Ayuntamiento, del PP, y nos pedían 300 euros por el grave delito de pegar carteles contra la guerra a principios de febrero. La otra, de la Delegación de Gobierno, fue el complemento a la violenta carga policial en la manifestación estudiantil del 26 de marzo. Nos pidieron 600 euros. En el juicio que se celebró, el Ayuntamiento ni siquiera se presentó, aun así ganaron el juicio. El mismo juez se encargó también de la otra multa. Su respuesta a la campaña de solidaridad en la que recibió más de 50 faxes de solidaridad fue el despotismo, así en el juicio se dedicó a amenazar e intimidar a los testigos.
En Asturias nos impusieron una multa que podía ascender a 6.000 euros por un supuesto cambio de recorrido en la manifestación del 29 de octubre de 2002 en Oviedo contra la Ley de “Calidad”. Era curioso que hubieran reparado en esa supuesta falta siete meses después de que aconteciera. Finalmente la retiraron.
En Álava el viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco abrió un expediente sancionador que podía llegar hasta 30.000 euros (cinco millones de pesetas) al Sindicato de Estudiantes de Euskadi. Se nos acusaba de haber gritado “Cipayo el que no se agache” en una manifestación estudiantil el día 29 de octubre de 2002 convocada con los lemas: “Euskal eskola publiko bakarra, el hijo del obrero a la universidad, obreros y estudiantes unidos adelante”. No era la primera vez que intentaban multarnos, el curso anterior el Ayuntamiento de Vitoria, del PP, nos multó con 100.000 pesetas por “colocar 50 carteles” pero tras una campaña de denuncia conseguimos que se retirara. En esta ocasión nos enviaron la multa a finales de mayo, justo después de las elecciones municipales y en exámenes finales por una manifestación celebrada hacía casi ocho meses, lo cual demostraba que actuaban de manera absolutamente calculada para minimizar una posible respuesta. El PNV y EA recurrían a difamaciones y mentiras como hacía el Partido Popular en el resto del Estado, demostrando que representan los mismos intereses de clase, los de los grandes empresarios y la burguesía, que ven con temor el aumento de las movilizaciones de la juventud y en particular las impulsadas por el Sindicato de Estudiantes contra su política de privatizaciones y de ataque a las conquistas sociales. Fruto de la campaña conseguimos paralizar este expediente.
En Guadalajara el 8 de mayo de 2003 el Sindicato de Estudiantes de Guadalajara convocó un paro de media jornada y una manifestación en protesta por los expedientes abiertos a seis estudiantes que podrían acarrear hasta una multa de 6.000 euros por unas supuestas pintadas y lanzamiento de huevos contra la sede del PP, así como por participar en las manifestaciones contra la guerra. El objetivo de esa jornada de lucha contra la represión del PP y en defensa de los derechos democráticos era dar la máxima publicidad al tema y presionar a la subdelegación del gobierno. El día 6 hicimos una rueda de prensa que tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación. Denunciamos la falsedad de las acusaciones del PP que intentaba criminalizarnos. Repartimos más de 3.500 hojas en los siete institutos de Guadalajara, pegamos cerca de 300 carteles y tuvimos reuniones en los institutos donde recogimos numerosas firmas exigiendo la retirada de los cargos. El día 8 tuvimos una manifestación frente a la Subdelegación del Gobierno y al final de la misma los expedientados entregaron 500 firmas en apoyo a la anulación de los expedientes al subdelegado del gobierno. La campaña de faxes y firmas de solidaridad se extendió también a numerosos comités de empresa (ECO, Progalsa, CAMF, etc.), así como de numerosos sindicatos de rama, tanto de CCOO como de UGT, y el apoyo directo de STEs y de las Juventudes Socialistas. La campaña continuó y, un año después, en julio de 2004 ganábamos el juicio por injurias y calumnias al PP. No han sido ni las primeras, ni serán las últimas multas a las que tengamos que hacer frente. De hecho en la ciudad de Móstoles (Madrid) en el mes de mayo de 2004 siete afiliados del SE recibían la comunicación por parte del Ayuntamiento (también del PP) de una multa de hasta 300 euros cada uno por pegar carteles anunciando un acto de solidaridad con la revolución Venezolana. Nos volvimos a enfrentar como siempre a ellos y conseguimos echar esta multa atrás. Campañas de este tipo en las que apelamos al apoyo y la movilización de los jóvenes y los trabajadores son la mejor garantía de hacer frente en las mejores condiciones a los ataques que seguiremos sufriendo todos aquellos que nos organizamos y luchamos por nuestros derechos.
También hemos estado en el punto de mira de los grupos fascistas. En el verano de 2002 esta gentuza dejó varias amenazas grabadas en el contestador automático del teléfono del Sindicato de Estudiantes en Sevilla. No era la primera vez, en meses anteriores se habían ido sucediendo amenazas fascistas contra el SE de Sevilla que denunciamos a la policía. Esta vez, la amenaza iba dirigida explícitamente a la compañera responsable del Sindicato en Sevilla. El objetivo de estos grupos es el de amedrentarnos y tratar de impedir que la lucha por la defensa de los intereses de los hijos de los trabajadores y la lucha por una educación pública en condiciones dignas se lleve adelante. Intentan amedrentarnos, para poder acabar con el desarrollo de nuestra organización. De hecho, las amenazas se endurecieron después de la campaña contundente a favor de la huelga general del 20 de junio. Parece ser que a los fascistas les molesta que una organización de izquierdas y combativa con implantación en cientos de centros de la provincia de Sevilla, Andalucía y de todo el Estado, que ha arrancado a lo largo de su lucha conquistas para el movimiento estudiantil, como el derecho de huelga en los institutos de Andalucía, siga adelante. En los medios de comunicación se nos insiste una y otra vez en que las agresiones fascistas a jóvenes de izquierdas, inmigrantes, etc., responden al carácter violento de la juventud, criminalizándonos así a todos y olvidando cuál es el papel de los fascistas en esta sociedad. La burguesía siempre ha utilizado a los fascistas como arma contra la clase obrera y sus organizaciones. Aunque en estos momentos no los utilicen sistemáticamente, lo harán cuando la lucha de clases se radicalice más, como ya está empezando a pasar. Prueba de ello es la impunidad con la que los fascistas cometen sus agresiones e intimidaciones, mientras que la Delegación del Gobierno en Andalucía y el PP se dedicaban a reprimir a los trabajadores que participaron en la huelga general, a los manifestantes de las movilizaciones anticapitalistas en Sevilla, o a los trabajadores inmigrantes encerrados en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) por el delito de querer trabajar y tener una vida digna. Al parecer para estos señores los realmente peligrosos somos los jóvenes y trabajadores que luchamos por mejorar nuestras condiciones de estudio y de vida. Pero por mucho que intenten convencernos, los grupos fascistas son bandas gansteriles de ultraderecha, que históricamente han sido financiadas y utilizadas contra el movimiento obrero, la juventud y sus respectivas organizaciones.
No podemos confiar en la policía y el Estado burgués para combatir la lacra del fascismo. Debemos ser los jóvenes y trabajadores los que paremos los pies a esta gentuza. Aislar a estos individuos en nuestros barrios, centros de estudio y trabajo debe ser nuestra tarea. Por eso, el Sindicato de Estudiantes inició una campaña de denuncia, repartiendo propaganda para informar de la amenaza a la compañera, recogiendo el apoyo de las organizaciones de izquierdas y enviando faxes de denuncia a la delegación de gobierno. Además, planteamos una campaña al resto de organizaciones de izquierdas para extender la lucha a toda Sevilla y unificarla con las organizaciones obreras, partidos, sindicatos, asociaciones de vecinos, formando comités de autodefensa.

Inicio curso 2003/2004

Este curso se empezaba a implantar la LOCE sin abordar el tema central para realmente mejorar la calidad de la enseñanza, es decir, sin aumentar drásticamente los presupuestos de la enseñanza pública. Una vez aprobadas la LOU y la LOCE, ahora el PP se disponía a llevar a cabo toda una serie de desarrollos de estas leyes (decreto sobre la religión, sobre la reválida, admisión de alumnos, requisitos mínimos que deben cumplir los centros docentes, reforma de las carreras universitarias, etc.) que profundizarían en la privatización y elitización de la enseñanza pública. De hecho en junio de 2003, la Ministra de Educación había presentado los proyectos de desarrollo de la LOU, que establecían la estructura de las enseñanzas universitarias y regulaban los estudios universitarios de grado y postgrado. Con el argumento de la convergencia con los países de la Unión Europea, el gobierno del PP prepara un nuevo ataque que conllevará una mayor selección del alumnado, una mayor elitización de la universidad pública y una profundización en la política de reducir gasto público en la enseñanza superior. El nuevo curso comenzaba con los mismos problemas de siempre. Sólo en Madrid había 20.000 estudiantes mal escolarizados en infantil y 4.500 no admitidos en ciclos formativos, en Valencia 45.000 estudiantes en barracones, la cuantía de las becas estaba congelada y el gasto medio por familia en educación había subido un 6,5% mientras que las tasas en universidad pueden subir hasta el 7%. La Religión volvía a ser una asignatura evaluable (el curso siguiente se pretendía introducir la alternativa a la religión evaluable) y para el 2005 se impondría la reválida. Es decir, los ataques continuaban y el objetivo del PP era cada vez más claro: recuperar la educación franquista de los años 50, una educación doctrinaria, elitista y segregadora.
Desde el Sindicato de Estudiantes iniciamos una campaña de explicación y denuncia en los institutos y facultades explicando estos ataques del PP, con propaganda, asambleas, formando comités de lucha e impulsamos una recogida de firmas contra el decreto de Religión, a través de la cual recogimos decenas de miles de firmas de estudiantes, padres y profesores dejando claro nuestro rechazo al adoctrinamiento religioso. También seguimos insistiendo en la necesidad de continuar la lucha contra la derecha. Para ello era imprescindible que los dirigentes sindicales, de las APAs y de los partidos de izquierdas se decidieran a preparar y convocar una huelga general de toda la comunidad educativa, unificando la lucha de universidad y de los institutos, exigiendo la retirada de todas las medidas educativas reaccionarias del PP y vinculando esto al resto de ataques del PP. Por ejemplo, mientras seguíamos sin ley de financiación para las reformas educativas, el gobierno destinaba 4.176 millones de euros (700.000 millones de pesetas) a comprar armamento. Esa convocatoria tendría que levantar claramente la bandera de la lucha por la educación pública, democrática, laica, científica, gratuita y de calidad como única alternativa posible a la educación privatizada, represiva, doctrinaria, anticientífica, prohibitiva, segregadora y elitista que habían defendido y potenciado tanto el PP como la derecha nacionalista del PNV y CiU, durante todos estos años. De esta manera habría un fuerte seguimiento por parte del profesorado y los estudiantes.

4 de marzo: Jornada de lucha estudiantil por los derechos de la juventud
y en defensa de la enseñanza pública

Las dos legislaturas del PP habían estado marcadas por duros ataques a los trabajadores y a la juventud y una política a favor de los sectores más privilegiados de la sociedad. Frente a las protestas y el rechazo que esa política provocó, el PP utilizó la mentira, el insulto y la represión. Ahora, tras dos años de conflicto en la calle y con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, la derecha pretendía echar tierra sobre todo ello y que se olvidara en la memoria. No podíamos permitirlo. Los jóvenes habíamos sido uno de los sectores más atacados por parte de la derecha y que más la habíamos combatido. Y, ahora con las elecciones generales a punto de producirse, estábamos en un momento clave, por eso desde el Sindicato de Estudiantes íbamos a volver a salir a la calle.
El 4 de marzo convocamos una jornada de protesta estudiantil en defensa de los derechos de la juventud y en defensa de una enseñanza pública de calidad. Pensamos que antes de las elecciones era una buena oportunidad de volver a levantar la bandera de la lucha y conectar, dar una alternativa y organizar a una capa de jóvenes que, sin duda, rechazaban la política de la derecha y este sistema. Más aún, en un contexto en el que tras las impresionantes movilizaciones estudiantiles, contra la guerra, Prestige, etc., ninguna de las organizaciones de la izquierda han dado continuidad a la lucha y, por tanto, la derecha estaba retomando la iniciativa perdida durante meses.
Los estudiantes íbamos a volver a manifestarnos en las principales ciudades para hacer oír nuestra voz y que se escucharan los verdaderos problemas de la juventud. No éramos neutrales. No nos daba igual que el PP siguiera gobernando otros cuatro años en contra de nuestros intereses. Echar al gobierno del PP nos pondría en mejores condiciones para que todos los ataques que seguían preparándose y que todavía no se habían llevado a cabo, fueran echados atrás y arrancar mejoras en el terreno social. Ahora bien, explicamos claramente que votar no era suficiente y que exigiríamos a los partidos de izquierdas, PSOE e IU, que llevaran a cabo una política que realmente beneficie a trabajadores y jóvenes, una auténtica política de izquierdas basada en cubrir las necesidades sociales y no en beneficiar a los grandes empresarios. Eso, en el terreno educativo pasaba por la derogación inmediata de la LOU y la LOCE, un aumento drástico en los presupuestos educativos que permitiera la reducción de la masificación, eliminar los barracones, la ampliación de plantillas y contratación de profesores y profesionales de apoyo, aumento de las becas y de los becarios y, por supuesto, que terminara con las subvenciones a los centros privados, además de echar la religión de las aulas.
La convocatoria del 4 de marzo fue un éxito. El carácter totalmente político de la convocatoria, no sólo ciñéndonos a los ataques en el terreno educativo sino a la política de agresiones contra la juventud llevada a cabo por la derecha (precariedad en el empleo, acceso a la vivienda, recortes en los derechos democráticos,…) conectaba con el ambiente entre los jóvenes. Cerca de 100.000 personas en alrededor de 50 manifestaciones y concentraciones salieron a la calle el 4 de marzo. Las más importantes fueron las de Barcelona con unos 50.000 asistentes -el acoso españolista y reaccionario que estaba sufriendo el gobierno de izquierdas en Catalunya seguramente influyó en una reacción mayor en la calle- y Madrid con otros 20.000. En las manifestaciones estuvieron presentes miembros de STES, IU, UGT, CCOO, APAs, etc., También quisimos vincular nuestra movilización a la de las empresas que estaban en lucha. En Sevilla la manifestación contó en la cabecera con las pancartas de los trabajadores de Astilleros y Altadis que se dirigieron a los estudiantes. En Asturias la manifestación de Gijón contó con unos 100 trabajadores de Suzuki. También la manifestación de Tarragona coincidió con una de 3.000 trabajadores de las contratas del metal en huelga y con trabajadores de Tabacalera... En Madrid, estuvieron trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que habían estado en huelga y de Nissan.
La huelga fue muy extensa y todo gracias a nuestra intervención con asambleas, cartas, propaganda, ya que esta vez la convocatoria no fue muy difundida por los medios de comunicación, ni el contexto era el del año anterior.

Brutales atentados del 11-M. 12 y 13 de marzo:
estalla la indignación contra el PP ‘Vuestras guerras, nuestros muertos’

Tan sólo una semana después del 4 de marzo se producían los terribles atentados del 11 de marzo en Madrid. El panorama político cambió por completo en apenas unos días, convirtiendo el descontento generalizado hacia la política de la derecha en verdadera rabia e indignación que terminó expresándose en el terreno electoral con la derrota contundente del PP. El mismo día del atentado hubo manifestaciones y concentraciones espontáneas en un montón de sitios, las llamadas a los locales del Sindicato de Estudiantes fueron continuas y decidimos dar una respuesta rápida convocando una huelga y manifestaciones a las doce del mediodía para el día siguiente, 12 de marzo. Esa convocatoria nos permitió unificar el movimiento y reunir a decenas de miles de jóvenes en la calle.
Ese día leímos un comunicado en todas las manifestaciones de estudiantes, denunciando los atentados: “Condenamos rotundamente los salvajes atentados terroristas cometidos ayer en Madrid. Según las últimas informaciones, las explosiones habidas en Atocha, Santa Eugenia y el Pozo del Tío Raimundo han provocado 198 muertos y más de 1.400 heridos. Madrid vivió ayer una situación de conmoción y profundo dolor. (…) queremos dejar muy patente nuestra solidaridad, en esos momentos tan amargos, con los familiares y amigos de todos los afectados por esa carnicería inhumana. En pocos minutos se ha sesgado la vida a decenas de trabajadores, jóvenes, de trabajadores inmigrantes, niños… (…) Tenemos muchas razones para condenar el salvaje atentado de ayer en Madrid. Lo condenamos porque es un asesinato masivo contra gente inocente y trabajadora. Lo condenamos porque sólo contribuyen a introducir el veneno de la división entre los trabajadores de los distintos pueblos. Lo condenamos porque el terrorismo es una auténtica losa para la lucha por una sociedad mejor, más democrática y más justa.”
Remarcamos el carácter reaccionario que tienen los métodos del terrorismo individual, vengan de donde vengan ya que sólo refuerza las posiciones más reaccionarias y represivas dentro del aparato del Estado y cómo una vez más las familias trabajadoras somos las que pagamos el pato de la política de la burguesía: “Los asesinos terroristas que atentaron ayer, -sean de ETA, Al Qaeda o de la organización que sean- se han cebado contra los sectores más desprotegidos de la sociedad, contra los que día a día tienen que trabajar para sacar adelante la vida de su familia, los que estudian con la esperanza de una vida mejor. En trenes de cercanías, en hora punta y en barrios obreros. Los asesinos sabían muy bien qué tipo de gente ha sido. Los que han muerto, son nuestros muertos, son nuestra clase”.
Explicamos también la posible vinculación con los grupos terroristas islámicos y, por supuesto, las implicaciones que esto tenía de ser cierto: el gobierno de Aznar que nos metió en la guerra era el responsable directo de estos atentados. La política de “guerras preventivas” y de “lucha contra el terrorismo internacional” lanzada por el imperialismo americano y respaldado servilmente por la derecha española dejaba ver su ineficacia y brutalidad. Además, denunciamos en el comunicado que los atentados no se utilizaran por el gobierno como excusa para recortar los derechos democráticos en el Estado español, como había ocurrido en USA a raíz del 11-S.
Fuimos la única organización de la izquierda que se atrevió a convocar dándole un carácter de clase y apareciendo nítidamente separados de la posición de la derecha, en un momento que todavía para las amplias masas de la población no estaba claro (como ocurrió posteriormente) que el PP estaba utilizando este atentado nuevamente para rentabilizarlo electoralmente. Mientras desde las filas de IU, PSOE y de los sindicatos sólo se escuchaban voces insistiendo en la “unidad de los demócratas”, nosotros explicamos que sólo la fuerza organizada de la juventud y los trabajadores puede frenar la lacra del terrorismo y de la guerra. “Decimos bien alto: no al terrorismo y decimos también bien alto NO a cualquier medida que los poderosos quieran imponernos para limitar nuestros derechos, no a la violencia del Estado y las guerras imperialistas. Decían que la guerra contra Iraq iba a garantizar un mundo más seguro. ¡MENTIROSOS! Hoy, gracias a vuestros misiles y vuestros ejércitos, a vuestro afán de beneficios sin límites vivimos un mundo peor, con más pobreza, con más inestabilidad, con más guerra y con más horror. Ayer fue un día negro, hoy es un día muy triste, pero queremos acabar con unas palabras de optimismo. El mundo puede ser mejor. Puede haber un mundo sin terrorismo, sin guerra, sin opresión, pero a condición de una cosa: que confiemos sólo en nuestras fuerzas, en la unidad de los trabajadores, en la lucha de los oprimidos. No necesitamos salvadores que nos asesinen, ni salvadores que nos repriman, nos impliquen en guerras y cercenen nuestros derechos democráticos. ¡Nos bastamos a nosotros mismos!”.
En algunas manifestaciones, como en Madrid, nos encontramos en un primer momento con un ambiente en el que se trató de lanzar consignas reaccionarias por parte de un núcleo reducido de fascistas que aparecieron en las concentraciones. Pero finalmente las consignas más coreadas en la manifestación de Madrid eran: ¡ETA no, vascos sí!, ¡ETA y Al Qaeda fuera de Madrid!, ¡El pueblo unido jamás será vencido!, e incluso alguna consigna contra Aznar. Miles de jóvenes que no pudieron venir a la Puerta del Sol, por problemas de transporte o por miedo a utilizar los trenes, se concentraron en las plazas de los Ayuntamientos de muchas localidades madrileñas (Alcalá, Leganés, Móstoles...), en las puertas de los institutos y en las universidades. En otra zona muy afectada por los atentados, Guadalajara, asistieron unas 1.500 personas, donde además, dos estudiantes intervinieron muy emotivamente recordando el horror de los atentados. La movilización más numerosa fue la de Barcelona, donde los institutos y las universidades pararon a media mañana y 50.000 estudiantes recorrieron las calles al grito de: “solidaritat amb els madrilenys” (solidaridad con los madrileños), “ni terrorismo, ni guerra imperialista”, “el pueblo unido jamás será vencido” y “esto nos pasa por un gobierno facha”. Los trabajadores que pasaban por ahí, aplaudían a rabiar. Un ambiente que anticiparía lo que se vivió en la calle el sábado 13, cuando se hizo evidente la manipulación miserable que el PP estaba haciendo para retener un puñado de votos.
Ese mismo viernes por la tarde se celebraron multitudinarias manifestaciones convocadas en todo el Estado por el gobierno, que una vez más trató de manipularlas. Impuso dentro de los lemas de la pancarta “Por la defensa de la constitución”. Cuando la gente empezaba a pedirles cuenta de quién había sido realmente, ellos trataban de desviar la atención e insistir rotundamente en que había sido ETA sin lugar a dudas. Ese viernes 12 por la tarde se empezaron a escuchar las primeras voces críticas con el PP. Sin embargo, sería el sábado 13 de marzo, el día de reflexión electoral, cuando la indignación de la juventud y los trabajadores no pudo contenerse. Bajo gritos como “ETA no, mentiras tampoco” o “antes de votar, queremos la verdad”, vimos riadas de gente ante las sedes del PP en todo el Estado, y especialmente en Madrid, donde desde las seis de la tarde miles de personas empezaban a concentrarse en la calle Génova y no dejarían de hacerlo hasta bien pasada la madrugada. La manipulación y el silencio informativo volvieron a ser protagonistas, los gritos de “Acebes, Urdaci, propaganda nazi”, “Nuestros muertos no se manipulan”, “Si ya lo sabían, por qué no lo decían”, etc. crecían y el rechazo a la guerra tomaba protagonismo “Ya lo dijimos, no a la guerra”, “Vuestra guerra, nuestros muertos”, “Las bombas de Iraq estallan en Madrid”, “Este es el regalo de tu amigo americano”... Tras la comparecencia de Rajoy planteando que las manifestaciones son ilegales y que iba a denunciarlas a la Junta Electoral, la indignación crece: “Ilegalizar al Partido Popular”, “Vosotros fascistas sois los terroristas”, “Mariano, baboso, tú no vives en El Pozo”... Y una llamada electoral: “Sí votamos, mañana los echamos”. Después de eso, la gente se va a Sol y luego a Atocha para terminar de madrugada, pese a que legalmente esto está prohibido, a manifestarse frente al Congreso de los Diputados. Era una demostración de la determinación que había de conocer la verdad y castigar al PP.

Leganés, 5 de abril: ¡Ni imperialismo, ni terrorismo integrista!
¡Que vuelvan las tropas ya!

El espectro del 11-M volvió a sobrevolar Madrid. El sábado 3 de abril un grupo de terroristas fanáticos de Al Qaeda se inmolaban en una vivienda de Leganés (Madrid), al verse cercados por la policía, provocando un muerto entre los GEOS y el desastre para decenas de familias obreras que han visto como se ha destruido su hogar.
El Sindicato de Estudiantes volvimos a explicar el carácter reaccionario y cobarde del fundamentalismo islámico, que como el 11-M había puesto en peligro la vida de decenas de jóvenes y trabajadores, incluyendo las de decenas de emigrantes magrebíes que habitan esta zona. Estos fanáticos, que durante años fueron financiados por los gobiernos USA para combatir a la izquierda en los países árabes y musulmanes, son una expresión más de un mundo podrido. Estos lunáticos que asesinan obreros en Madrid, son los mismos que durante años han asesinado obreros y activistas de la izquierda en el mundo árabe y musulmán, ante la mirada complacida y cómplice de los gobiernos de Occidente. Son una minoría y sus métodos e ideas son rechazados por la gran mayoría del pueblo árabe y del mundo musulmán. Por eso rechazamos cualquier intento de vincular este tipo de monstruosidades a la inmigración. Los fascistas rápidamente empapelaron barrios ricos de Madrid acusando a los inmigrantes del 11-M. Desde el Sindicato de Estudiantes rechazamos esta demagogia, como cualquier intento de endurecer las ya de por sí leyes reaccionarias de extranjería o cualquier derecho democrático aprovechando la psicosis creada por las bombas. Los trabajadores árabes, del Estado español y de todo el mundo, debemos estar unidos contra el integrismo y contra el imperialismo que lo alimenta.
Había que dar una respuesta, así que entre la noche del sábado y la mañana del domingo nos pusimos en contacto con las organizaciones de izquierdas de Leganés para realizar una concentración esa misma tarde contra el terrorismo y contra la guerra que, finalmente se convocó para el lunes. El Ayuntamiento de Leganés, fruto de la presión, decidió convocar también. Sin embargo, querían que la manifestación fuera encabezada por una pancarta con los representantes de la Comunidad de Madrid de PSOE, IU y PP. El Sindicato de Estudiantes, y otras organizaciones como CCOO, PCE, PCPE, Plataforma contra la guerra, Haydeé Santamaría,… planteamos que no podíamos ir de la mano con el PP, responsables con su política de los atentados del 11-M y de masacres como la que está sufriendo el pueblo iraquí. Finalmente, ni Esperanza Aguirre, ni nadie del PP apareció por la manifestación. Sabían que en una zona obrera como Leganés, después de todo lo que había llovido, su presencia no iba a ser muy bien recibida. Por primera vez, una manifestación contra el terrorismo no podía ser capitalizada por la derecha, sino todo lo contrario.
Hicimos un panfleto con estas ideas, pancartas contra la guerra, el terrorismo y también contra la xenofobia. Pegamos las pancartas por el pueblo, se hicieron pintadas y se pegaron 1.500 carteles con estas consignas: “No al terrorismo. No a la guerra. Ni xenofobia, ni integrismo. ¡Que vuelvan las tropas ya!”. La repercusión fue tal que la Cadena Ser mencionó que Leganés había aparecido lleno de pintadas contra el terrorismo y la guerra, empapelada de carteles, con pancartas, etc. Todo el mundo sabía que la manifestación era contra el terrorismo, pero también contra la guerra y contra el PP. Decenas de miles de personas nos manifestamos en una de las manifestaciones más grandes que se recuerdan en la ciudad.

14-M: la derecha derrotada por la movilización de la juventud y los trabajadores

Marzo de 2004 pasará a la historia. Pasará a la historia por el salvaje atentado de Al Qaeda perpetrado en Madrid el 11-M. Pasará a la historia por la forma en la que un gobierno “democrático” demostró que es capaz de mentir, manipular e insultar. Pasará a la historia porque cuando el dolor por el atentado se combinó con la indignación por la mentira, miles de jóvenes y trabajadores tomaron las calles. La jornada de reflexión se convirtió en una jornada de lucha contra la derecha y animó a muchos, que hasta ese momento se abstenían, a participar. La movilización derrotó a la derecha. El PP se tuvo que largar del gobierno.
Las elecciones del 14-M fueron una derrota sin paliativos del PP. El ambiente de rechazo a su política era evidente, aunque debido a distintos factores (entre ellos la falta de una alternativa clara de la izquierda que entusiasmara a los jóvenes) seguía predominando la abstención. Sin embargo, su política reaccionaria y la actitud provocadora del PP han llegado a un límite. El 11 de marzo y, sobre todo, la despreciable actitud del gobierno utilizando el dolor para obtener un puñado de votos más, hizo estallar la rabia e indignación en millones de personas, en gran parte los jóvenes, que hasta ahora no habían roto con la abstención. El 14 de marzo sí fueron a votar a la izquierda y como consecuencia se produjo un tremendo vuelco electoral. NO fue el voto de centro el que dio la victoria al PSOE y a la izquierda en general, sino el voto tradicional de la izquierda, como se ha visto con índices de participación altísimos precisamente en estos barrios obreros en los que habitualmente se ceba la abstención.
La juventud ha sido un sector fundamental en conseguir la derrota del PP y por lo tanto en llevar a la victoria a la izquierda. Desde el Sindicato de Estudiantes saludamos la victoria de la izquierda y estamos orgullosos de haber aportado nuestro granito de arena para conseguirlo. Pero desde el principio señalamos que no valía con ganar las elecciones. A partir del 14-M el gobierno que formase el PSOE tenía que llevar adelante una política verdaderamente de izquierdas, una política en beneficio de las familias trabajadoras. La lucha había servido y nos encontrábamos en mejores condiciones para conseguir avances en el terreno de la educación, de la sanidad, del empleo,...
Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Zapatero fue la de retirar las tropas de Iraq, dando respuesta a la reivindicación de millones de personas que gritamos “No a la guerra”. Por eso saludamos la noticia de la retirada de las tropas españolas de Iraq y lo consideramos una victoria del movimiento contra la guerra en todo el mundo, un referente internacional y, sin duda, animará la lucha contra la ocupación en el resto de países involucrados. Ahora bien, seguimos exigiendo la retirada de las tropas de ocupación y pensamos que Zapatero tiene que exigir que se termine con la ocupación de Iraq y no apoyar los intentos de legitimar la ocupación de este país a través de la ONU o de la intervención de más fuerzas internacionales. Zapatero debería estar denunciando la farsa que se está produciendo allí cuando se habla de traspaso de poder y de soberanía. Además, consideramos un error que se envíen más tropas a Afganistán, como ha decidido hacer el gobierno del PSOE. En Afganistán las tropas imperialistas no han arreglado nada después de más de dos años de guerra, ni han llevado la democracia, ni el progreso. Están allí, exclusivamente, para proteger al nuevo gobierno títere de los EEUU y sólo han llevado más caos a un país al borde de la guerra civil.
En cuanto al terreno educativo, el 28 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se paralizaba el calendario de aplicación de la LOCE lo que significa que algunas de las medidas más retrógradas, elitistas y segregadoras, (itinerarios, reválida, religión obligatoria) no tendrán efecto. Sin embargo, desde el Sindicato de Estudiantes seguimos exigiendo al gobierno la derogación de la LOU, la LOCFP y de la LOCE puesto que no tienen ningún aspecto progresista que pueda salvarse. No podemos olvidar que cuando centenares de miles de estudiantes salimos a la calle contra esas leyes, Zapatero se comprometió a derogar tanto la LOU como la LOCE si llegaba al gobierno. Aunque insuficiente, lo que está claro es que la paralización de estos puntos de la LOCE supone una victoria de todos los que en estos últimos años hemos estado luchando contra la contrarreforma educativa del PP.
Frente a estas medidas ya se ha encontrado, como no podía ser de otra manera, con la actitud hostil y beligerante de la derecha y de la jerarquía de la Iglesia católica que tiene miedo a perder sus privilegios. De hecho, en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en conflicto con los trabajadores de la universidad -que habían convocado varias huelgas desde marzo- planteó que no iba a acatar la paralización de la LOCE y que seguiría adelante con ella. Esto provocó la indignación de la comunidad educativa y llevó a la convocatoria el 1 de junio por parte de CCOO, UGT, STES y resto de sindicatos de trabajadores de una exitosa huelga general en toda la enseñanza madrileña y que el Sindicato de Estudiantes también convocó. Por la tarde, convocados por la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, alrededor de 70.000 personas, entre profesores, padres y estudiantes, recorrimos las calles de Madrid para denunciar la política reaccionaria educativa del gobierno del Partido Popular en esta comunidad autónoma. En la manifestación se oyeron consignas a favor de la educación pública y pidiendo la dimisión de Esperanza Aguirre y los responsables de la Consejería de Educación. El éxito de la movilización fue tal que Esperanza Aguirre -a pesar de ridiculizar los datos de huelga, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados- tuvo que echarse para atrás y este curso en Madrid también se paralizará la LOCE.
Por otro lado, en Valencia el PP anunciaba a finales de curso la reducción generalizada del número de grupos de Bachillerato en los centros públicos. Sólo en la provincia de Valencia se eliminaban 50 grupos. Especialmente perjudicados son los menos demandados, es decir, los de línea en valenciano y los de Humanidades. El asunto se convertía en escándalo cuando, coincidiendo en el tiempo, la Consellería se declaraba dispuesta a estudiar la realización de conciertos con colegios privados para subvencionar grupos de Bachillerato. ¡El dinero del Estado cada vez menos para un servicio público esencial -la educación-, cada vez más para subvencionar negocios privados! Muchos profesores y directores expresaron sus protestas, en el caso del IES Raimon Llull y del IES Lluís Vives con encierros durante el mes de junio. Una delegación del Sindicat d’Estudiants estuvo con los compañeros encerrados en ese último centro, con dos propuestas concretas: la coordinación de los directores de los centros afectados, para presionar mejor, y la necesidad de una respuesta global, a principios del próximo curso, a todos los ataques a la enseñanza pública; esta respuesta no puede ser un acto aislado, sino una huelga general de toda la comunidad educativa, que inicie un proceso de movilizaciones y obligue a la Conselleria a doblegarse, o incluso facilite el camino para echar abajo a la Generalitat del PP, como conseguimos hacer en el ámbito estatal. Está claro que el PP seguirá atacando la enseñanza pública y tendremos que tener los ojos abiertos para dar una respuesta a cualquier ataque que se produzca.
Ahora vamos a seguir luchando y exigiendo al PSOE una reforma educativa en beneficio de los hijos de los trabajadores. Además, este gobierno tiene que solucionar los problemas laborales de la juventud así como los problemas con la vivienda: Queremos un empleo digno al terminar los estudios y queremos poder acceder a una vivienda digna. Hay que terminar con las ETTs y la precariedad laboral, obligar a los empresarios a que no discriminen a la mujer trabajadora. También puede terminar con los especuladores que encarecen el precio de la vivienda y crear vivienda social de calidad. Retirar las leyes reaccionarias que sólo sirven para reprimir a la juventud y al movimiento obrero, como la ley del botellón, o la Ley de Partidos. Sin duda, para poder llevar adelante estas medidas, el gobierno tendrá que meter mano a las grandes fortunas de este país, y éstas, sin duda, ofrecerán resistencia. Pero el gobierno del PSOE tiene una clara mayoría de izquierdas en el parlamento y además, lo más importante, a los trabajadores y la juventud movilizados y de su lado. Por eso, debe basarse en ese apoyo para llevar adelante una verdadera política de izquierdas en beneficio de la inmensa mayoría de la población y no ceder a las presiones que desde la clase dominante, los grandes empresarios y la banca, va a recibir. La lucha seguirá siendo la mejor manera de desarmar a la derecha, rabiosa por haber perdido, y también al imperialismo. Por eso, la lucha por transformar la sociedad y conseguir una verdadera sociedad socialista, en la que la que las palancas fundamentales de la economía estén en manos de los trabajadores, bajo su control democrático, y que la riqueza que crean los trabajadores se utilice para satisfacer las verdaderas necesidades sociales.

El Sindicato de Estudiantes junto a los trabajadores

Siempre hemos explicado que los problemas que sufrimos como estudiantes no son distintos a los que sufre el conjunto de los trabajadores. Defender el empleo de nuestros padres es defender nuestro futuro. No podemos olvidar que si hoy estudiamos es para trabajar mañana. Desde el último congreso hemos participado activamente en distintas luchas obreras, además de la ya mencionada huelga general del 20-J. La lucha más importante y en la que más directamente hemos intervenido ha sido la de los trabajadores de Repsol en Puertollano. En agosto de 2003 se producía un accidente en la refinería de Repsol en Puertollano y murieron varios trabajadores. Inmediatamente los trabajadores de las empresas subcontratadas (a pesar de la inacción de los dirigentes sindicales) se organizaron en una plataforma que agrupaba a los trabajadores de las distintas contratas para reivindicar seguridad en el trabajo y por la mejora en las condiciones laborales y se pusieron en huelga. El accidente no fue un fallo humano como trató de mostrar la empresa. Este accidente era una muestra más del deterioro de las condiciones laborales que estos últimos años están sufriendo los trabajadores. Las condiciones laborales de las contratas, que aquí superaban la cincuentena, son mucho peores que las de la empresa matriz, menos derechos sindicales, menos salarios (perdiendo un derecho conquistado por el movimiento obrero como que a igual trabajo, igual salario), jornadas más largas y duras (por tanto mayor agotamiento), y peores condiciones de seguridad ya que en este terreno es donde más están recortando las empresas sin otro argumento que aumentar su margen de beneficios. Aquí vemos una vez más a lo que conduce la política de privatizaciones. Tras la privatización de Repsol, una rentable empresa pública que el gobierno - primero del PSOE y después del PP - vendió, los nuevos dueños tratan de recortar gastos de donde sea. Recortan seguridad y suceden accidentes como el de Puertollano o recortan plantillas lanzando expedientes de regulación de empleo como en Aceralia, Telefónica o Tabacalera, tres empresas que han sufrido o están sufriendo “saneamientos” despidiendo o prejubilando a miles de trabajadores antes de ser vendidas a precio de ganga. El único responsable del accidente de Puertollano era Repsol. El accidente fue por culpa de Repsol y las malas condiciones laborales son por culpa de Repsol y de aquellos que permitieron su privatización. La lucha de los trabajadores consiguió concesiones en el terreno de la seguridad. Sin embargo, la lucha no había de terminar ahí. Los trabajadores vieron la fuerza que tenían y pasaron a una lucha más ofensiva: la lucha por la dignificación del trabajo y la equiparación con los trabajadores fijos.
Por supuesto, la lucha de los trabajadores de Repsol era también nuestra lucha. Como Sindicato de Estudiantes nada más iniciarse el curso, participamos en todas las manifestaciones y actos de solidaridad con su lucha. Hicimos una campaña de solidaridad y convocamos varias huelgas de estudiantes y manifestaciones en solidaridad con los trabajadores, por la mejora de las condiciones de trabajo y por un futuro digno para la juventud. A principios de octubre los trabajadores de subcontratas estaban convocados a seis jornadas de huelga, por parte de CCOO y UGT. Durante el quinto día de huelga los piquetes, con más de 2.000 personas, que se concentraban en los accesos a la factoría sufrieron una brutal carga por parte de los antidisturbios. Exigimos la dimisión del subdelegado del gobierno en Ciudad Real, responsable de la brutal carga policial. La simpatía con esta lucha estaba creciendo por momentos en todo el Estado. A pesar del inicial silencio informativo sabían que los trabajadores de Puertollano estaban en lucha. REPSOL utilizaba todos sus medios para tratar de amedrentar y parar la justa lucha de estos trabajadores por la defensa de unas condiciones de trabajo dignas. El Sindicato de Estudiantes convocó el 9 de octubre, coincidiendo con el 6º día de huelga de auxiliares, huelga general de estudiantes y una manifestación en la que participaron alrededor de 1.000 estudiantes, además de un grupo de mujeres de trabajadores de las subcontratas. Precisamente este era el camino: la extensión de la lucha, en primer lugar a los trabajadores de la plantilla de Repsol (algunos ya habían hecho huelga) y, en segundo lugar, a toda la población de Puertollano. El Sindicato de Estudiantes volvió a convocar huelga para el 14 de octubre (coincidiendo con la huelga indefinida de trabajadores que estaba convocada a partir del 13 de octubre si REPSOL no cedía) que paralizó todos los institutos de Puertollano y se celebró, junto a las mujeres de los trabajadores, una multitudinaria marcha hasta la factoría. Allí nos juntamos con los piquetes y volvimos en una multitudinaria manifestación junto a los trabajadores. Hicimos asambleas, repartimos miles de hojas y empapelamos la ciudad con cientos de carteles insistiendo en la necesidad de que los dirigentes sindicales de CCOO y UGT convocaran una huelga general en Puertollano y una manifestación de toda la población.
En la tarde del miércoles 15 de octubre se celebró la manifestación más multitudinaria de los últimos veinte años en Puertollano. Más de 15.000 personas recorrían las calles exigiendo el derecho a trabajar en condiciones dignas. Toda la ciudad se echó a la calle. Las tiendas cerraron durante la celebración de esta demostración histórica de fuerza, unidad y solidaridad de todo un pueblo. Era el momento ideal para que los dirigentes sindicales propusieran un plan de acción ante la intransigencia y prepotencia de la empresa (los empresarios habían roto las negociaciones, tenían miedo a que una victoria de la lucha en Puertollano se convirtiera en un referente que marcara el camino de la movilización al resto de las plantas de Repsol del Estado y, en general, donde hay empresas subcontratadas) que incluyera la extensión de las movilizaciones, en primer lugar a los trabajadores de plantilla de Repsol, al resto de plantas de Repsol en todo el Estado (Tarragona, Coruña, Bilbao, Cartagena) y finalmente convocar una huelga general de todo Puertollano. La manifestación del miércoles 15 fue un paso adelante en la lucha al vincular a toda la población en ella. Ese era el camino, pero era urgente una Huelga General de 24 horas en todo Puertollano convocada por CCOO y UGT, en la que PSOE (y el Ayuntamiento) e IU se sumaran e impulsaran y que paralizara todas las fábricas de la comarca y el comercio. Sería un éxito tremendo y el paso adelante imprescindible para impulsar más la movilización y presionar con más fuerza a la patronal de las contratas y a Repsol. Después de semanas de huelgas y movilizaciones este paso era imprescindible y urgente para que la lucha no se viniera abajo fruto del cansancio y el aislamiento.
Desde el Sindicato de Estudiantes planteamos intensificar la presión, con una semana de lucha, potenciando los comités de solidaridad en todos los institutos para organizar a todos los estudiantes y si los empresarios no cedían volvíamos a convocar huelga general de estudiantes y manifestación para el martes 21 de octubre. Sin embargo, antes del 21 los sindicatos llegaron a un acuerdo en la mesa de negociación. El fin de semana los sindicatos convocaron Asamblea General para explicar el acuerdo. Los dirigentes sindicales habían anunciado que se volvía a trabajar a partir del lunes porque habían llegado a un acuerdo. El ambiente entre los trabajadores era de enorme descontento ya que ellos no habían decidido nada. Además, el acuerdo al que se había llegado dejaba fuera alrededor del 15% de los trabajadores. La asamblea fue muy tensa y finalmente tuvo que plantearse que se haría un referéndum para decidir si se volvía al trabajo. Al día siguiente, y fruto de la presión de los trabajadores, en una nueva reunión se informaba de que se había extendido el acuerdo al 15% que quedaba pendiente. El acuerdo era un paso adelante en las condiciones laborales de los trabajadores de las contratas, era una victoria pero, a la vez, los trabajadores eran conscientes de que se podía haber conseguido más si se hubiera extendido la lucha e incrementado la presión sobre la patronal.
Frente a los dirigentes sindicales que veían en la subcontratación un obstáculo insalvable para unificar a los trabajadores de distintas empresas, esta lucha demostró que esta división puede superarse con la decisión unánime de los trabajadores de salir a la lucha. Algo que también se vivió unos meses antes con la lucha de los trabajadores de las subcontratas de Aceralia en Asturias. Lucha en la que el Sindicato de Estudiantes también estuvo presente en las asambleas de trabajadores, manifestaciones y repartiendo distintas hojas entre los jóvenes. Los trabajadores del montaje y empresas auxiliares protagonizaron, a raíz de la negociación del convenio colectivo, una intensa huelga que durante 20 días de mayo y junio de 2003 paralizó totalmente la producción siderúrgica en la región. Hacía más de diez años que en este sector no se vivía una lucha tan dura. La principal reivindicación de los huelguistas, “a igual trabajo, igual salario”, iba más allá de los límites exclusivamente salariales, suponía también un intento de atajar la precariedad laboral y la existencia de trabajadores de primera y de segunda categoría. Finalmente, la patronal se vio obligada a hacer concesiones importantes fruto exclusivamente de la dura lucha mantenida durante los 20 días de huelga. Si no se ha conseguido arrancar más mejoras, no ha sido por falta de respaldo de los trabajadores a la convocatoria. En todo momento los trabajadores han estado dispuestos a luchar y han demostrado una unidad y una fortaleza admirables.
También hemos estado participando en otras luchas en defensa de los puestos de trabajo y contra las privatizaciones que han llevado a cabo en distintas empresas, éste ha sido el caso de los trabajadores de Síntel, Antena 3-TV, Caballito o la lucha llevada a cabo por los casi 11.000 trabajadores de los astilleros públicos. El Sindicato de Estudiantes estuvo apoyando a los trabajadores de Astilleros en Sevilla, Cádiz, Vizcaya, Ferrol, Valencia y, por supuesto, participamos en la marcha estatal a Madrid de trabajadores el 5 de marzo de 2004, un día después de nuestra jornada de protesta contra el PP. Apoyamos las movilizaciones que han convocado los trabajadores contra los planes del nuevo gobierno del PSOE, puesto que no significa ni más ni menos que una nueva reconversión en el sector. Supondrá la destrucción de casi la mitad de los puestos de trabajo directos, afectando además a otras decenas de miles de trabajadores de empresas auxiliares y empleos indirectos. Además, supondría reducir los astilleros de titularidad pública, por ahora, a la actividad militar. El 14 de septiembre participamos en algunas de las manifestaciones convocadas con motivo del paro general convocado en todos los astilleros y anunciamos nuestra disposición a convocar una jornada de protesta en cuanto se iniciara el curso escolar en las zonas afectadas. El mantenimiento de todos los puestos de trabajo es clave para garantizarnos un presente y un futuro digno a la juventud.
También en Sevilla hemos apoyado la lucha de los compañeros del SOC. Precisamente en marzo de 2004 nos llegaba la noticia de la petición de 5 años de cárcel para Diego Cañamero, secretario general del SOC de Andalucía, además del pago de 4 millones de pesetas por multas y una fianza de 3 millones de pesetas. Denunciamos que la represión contra este compañero, que ha luchado incansablemente por defender a los trabajadores, se estaba desencadenando por motivos claramente sindicales. Era un nuevo intento por parte de los terratenientes y de la derecha de criminalizar y reprimir a los activistas sindicales como represalia por la lucha contra el Decretazo, el incumplimiento de convenios, las denuncias de maltratos a inmigrantes y temporeros, etc., que el SOC realiza incansablemente. Exigimos la retirada inmediata de cualquier medida represiva contra el compañero Diego Cañamero y el resto de miembros del SOC, y participamos en la concentración que el SOC convocó en los juzgados de Sevilla el día del juicio.

El Sindicato de Estudiantes internacionalista y anticapitalista

En los últimos años hemos visto -coincidiendo con reuniones de organismos como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI)- manifestaciones con miles de jóvenes y trabajadores que están mostrando el rechazo creciente entre la población a la opresión y explotación que ejerce el sistema capitalista sobre millones de personas en el planeta. En los últimos cuarenta años las diferencias entre los veinte países más ricos y los veinte más pobres se han duplicado. Además, dentro de cada país la brecha entre ricos y pobres avanza a grandes pasos. Según el propio BM, una quinta parte de la población mundial, es decir 1.200 millones de personas, sobrevive con un dólar diario, 800 millones de seres humanos padecen subalimentación crónica, cada día mueren 30.000 niños de hambre y 250 millones de niños son obligados a trabajar en condiciones de esclavitud.
El Sindicato de Estudiantes no es neutral ante este tipo de hechos. Como organización estudiantil combativa y de izquierdas luchamos contra todo tipo de opresión, contra este sistema social que nos condena a una degradación permanente de la enseñanza pública, al paro masivo o al empleo basura, a guerras imperialistas como la de Iraq, cuyo único objetivo es defender los intereses de las grandes multinacionales y de las distintas burguesías nacionales. El nombre de globalización es un eufemismo con el que intentan disimular la verdadera naturaleza de su sistema. El término que mejor define al capitalismo actual, caracterizado por la explotación a escala internacional de los trabajadores y pueblos del mundo por un puñado de potencias y grandes compañías, es imperialismo. La llamada globalización económica, que los medios de comunicación nos venden como sinónimo de modernidad y progreso, no es más que el dominio del mundo por un puñado de multinacionales que hunden en la miseria a tres cuartas partes. Sin embargo, el surgimiento de una sola economía mundial, lejos de ser negativo, supone un paso adelante que crea potencialmente las bases para una planificación internacional de la economía mucho más armoniosa que la actual. En un sistema económico basado en la justicia social y la propiedad colectiva de los medios necesarios para poner en marcha la producción (fábricas, tecnología, capital, etc.), esto permitiría un desarrollo sin precedentes de la humanidad. El problema es que el sistema capitalista se basa en la propiedad privada de los medios de producción y la búsqueda del máximo beneficio individual por parte de cada capitalista. Ello, junto a la existencia de los estados nacionales, impide este desarrollo y provoca que mientras unos pocos se hacen inmensamente ricos, la mayoría de la Humanidad viva cada vez peor.
Siempre hemos defendido que, frente a unos ataques y una explotación que los capitalistas llevan a cabo a escala mundial, hace falta una lucha internacional de los jóvenes y los trabajadores. Por eso, a lo largo de nuestros 17 años de existencia, hemos realizado campañas internacionales de solidaridad con organizaciones estudiantiles de izquierdas de Palestina, Sudáfrica, México, Rusia, Indonesia, Pakistán y hemos defendido incansablemente las ideas del internacionalismo. Desde el último congreso, además de la lucha contra la guerra imperialista en Iraq, el otro gran acontecimiento internacional que ha centrado nuestro interés ha sido el proceso revolucionario que están protagonizando los trabajadores y el pueblo en Venezuela. Durante la celebración de nuestro último congreso (abril 2002) se producía un golpe de Estado en ese país contra el presidente, elegido democráticamente, Hugo Chávez. Un golpe encabezado por el presidente de la patronal venezolana, algunos oficiales del ejército y dirigido e inspirado por el imperialismo norteamericano, que no puede soportar la existencia de un gobierno que se enfrente a sus dictados y menos en un país, como Venezuela, con ingentes recursos petrolíferos. En menos de 48 horas los trabajadores y el pueblo venezolano dieron la vuelta a la situación y el 13 de abril de 2002 Chávez volvía a recuperar la presidencia. El Sindicato de Estudiantes condenó este golpe de estado y combatimos las mentiras, tergiversaciones y la bochornosa manipulación existente en los grandes medios de comunicación, que quisieron presentar a los golpistas como demócratas y no dudaron en apoyar el golpe de Estado como hizo Aznar.
Lo que hay detrás del odio visceral hacia la figura de Chávez, por parte del imperialismo y los grandes capitalistas en el ámbito internacional, es que el proceso revolucionario abierto con la elección de Hugo Chávez en 1998, ha ilusionado a los trabajadores, campesinos y pobres de Venezuela y les ha dado nuevas esperazas en un futuro mejor. Este gobierno ha aplicado toda una serie de medidas progresistas para mejorar las condiciones de vida de las masas, por ejemplo, en poco más de un año se ha alfabetizado a más de un millón de personas. La población ahora comprende que Venezuela es un país inmensamente rico con enormes reservas petroleras, pero que la riqueza de la nación está siendo saqueada por los imperialistas y un puñado de oligarcas locales ricos que sirven a los intereses del imperialismo. La población quiere llevar la revolución hacia delante y poner fin, de una vez por todas, a esta explotación escandalosa. Este es el único “crimen” de la población venezolana, y los imperialistas están decididos a que pague por esto.
Por eso en diciembre de 2002, el imperialismo y la burguesía venezolana volvían a intentar derrocar a Chávez con un cierre patronal en la industria petrolera (que, aquí, la prensa vendió como si se tratara de una huelga de trabajadores contra Chávez) para dinamitar la economía del país, aún así no consiguieron su objetivo gracias a la organización y participación consciente de los trabajadores venezolanos. A partir de esa fecha el Sindicato de Estudiantes hemos participado e impulsado en el Estado español la “Campaña manos fuera de Venezuela” y hemos tenido la oportunidad de participar en el “IIº Encuentro de Solidaridad con la Revolución Bolivariana” celebrado en Caracas en abril de 2004.
El 15 de agosto se celebró un referéndum para decidir si el pueblo quería la continuidad o no de Chávez en el gobierno. Aquí se ha visto claramente el tremendo apoyo popular que tiene. La oposición, los golpistas, y el imperialismo USA (que al principio no quisieron reconocer los resultados) no han tenido más remedio que asumirlo. Sin embargo, no se van a mantener de brazos cruzados. Esperarán un mejor momento para volver a actuar. Por eso el Sindicato de Estudiantes, como organización de izquierdas y revolucionaria, va a seguir impulsando todos aquellos actos de solidaridad con la revolución venezolana, combatiendo las mentiras, manipulación y calumnias que se viertan y explicando a los jóvenes en el Estado español lo que realmente está ocurriendo en este país. Pondremos nuestro granito de arena para contribuir en la creación de un movimiento de solidaridad entre la juventud y los trabajadores aquí que haga más fácil que cualquier agresión a los trabajadores y al pueblo venezolano sea conocida por la juventud y los trabajadores del estado español. Si la revolución venezolana es derrotada, será un golpe duro contra la causa de millones de pobres de toda América Latina que están luchando por sus derechos, como en su día lo fue la derrota de los trabajadores en el Chile de Allende y que tuvo que pagar con la terrible dictadura militar de Pinochet.

Conclusión

Éstas han sido algunas de las actividades más destacadas en los últimos dos años. Junto a ellas hemos desplegado una intensa actividad imposible de reflejar aquí, con un montón de luchas centro a centro y facultad a facultad; otras campañas de solidaridad como la realizada en mayo de 2002 en solidaridad con la lucha del pueblo palestino que sigue siendo masacrado a manos del estado sionista de Israel. Organizamos debates y charlas en distintas facultades e institutos en Madrid, Barcelona, Asturias, Guadalajara, Galicia, Andalucía, Valencia y Euskadi, y contamos con la presencia en alguno de ellos de un miembro de la GUPS (Unión General de Estudiantes Palestinos). En julio de 2002, tuvimos la oportunidad de realizar una campaña de solidaridad con el movimiento obrero y piquetero en Argentina, justo después de los acontecimientos revolucionarios producidos en Argentina en diciembre de 2001, que provocaron la salida de varios presidentes en una sola semana. Además, en el otoño de 2003 apoyamos activamente la campaña organizada por la Fundación Federico Engels (FFE), de presentación del libro Bolchevismo: el camino a la revolución del teórico marxista británico Alan Woods. Con él hicimos debates en universidades sobre la vigencia de las ideas del marxismo hoy. Además, del 5 al 8 de mayo de 2003, el Sindicato de Estudiantes participó junto a la FFE y otras organizaciones de la izquierda en la organización de la Setmana de Marxisme en la Facultat de Filosofía de Valencia.
Durante este tiempo el Sindicato de Estudiantes ha seguido coherentemente la política de confrontación con el gobierno del PP que nuestro XI Congreso marcó y hemos contribuido de forma clara al desgaste y caída de la derecha. También hemos reforzado la presencia de nuestra organización dentro de los institutos y facultades, nos hemos consolidado en zonas donde ya estábamos y nos hemos extendido a zonas nuevas: Salamanca, Pamplona, Puerto Sagunto, etc. En definitiva, el trabajo llevado a cabo desde el último congreso nos ha permitido fortalecer el movimiento estudiantil y prepararnos para seguir defendiendo intransigentemente los derechos de la juventud en el próximo periodo.

 Política educativa: ¿Qué modelo educativo defendemos?

Los acontecimientos de marzo del curso pasado supusieron un punto de inflexión en la situación política en el Estado español. En cuatro días, el otrora “fuerte”, “consolidado” y “apoyado” gobierno del Partido Popular fue barrido por la acción consciente de decenas de miles de jóvenes y trabajadores. Este no es el lugar para explicar la caída del PP, baste decir que el 11, 12, 13 y el 14 de marzo condensaron la experiencia de ocho años de gobierno de la derecha. Un gobierno que en todos los aspectos posibles demostró ser un fiel representante de los intereses de los grandes empresarios, de la burguesía.
Desde luego ha sido en educación uno de los campos donde más claramente hemos podido apreciar esta realidad. Desde la toma de posesión del primer gobierno de Aznar, el ministerio de educación, en aquel momento con Esperanza Aguirre a la cabeza, trató una y otra vez de acometer una contrarreforma educativa para “modernizar” -decían- el sistema educativo.
En anteriores documentos explicamos los ataques del ministerio Aguirre, que tuvo que abandonar su puesto precisamente fruto de la movilización de los estudiantes, también los de su sucesor al frente del MEC, Mariano Rajoy, que tuvo que retirar un proyecto de endurecimiento de la selectividad. Pero fue con la mayoría absoluta cuando el PP planteó su órdago: “¡Ahora o nunca!”.
Nacieron entonces la LOU (Ley Orgánica de Universidades), LOCFP (Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional) y LOCE (Ley Orgánica de la Calidad de la Enseñanza). Las tres patas de la misma contrarreforma educativa, sin otro objetivo que favorecer los intereses de los grandes empresarios de este país.
Lo primero a señalar es que no hay un antes y un después en la política aplicada por el PP con la mayoría absoluta. Las intenciones, métodos y filosofía eran las mismas. El gobierno de Aznar era el mismo gobierno reaccionario representante de los valores más carcas de la sociedad. Sin embargo, ante las reformas estructurales que la burguesía demandaba, desaprovechar la mayoría absoluta para llevarlas a cabo era imperdonable. Así que Pilar del Castillo se empleó a fondo para sacar adelante estas leyes.
Ahora podría parecer que todo eso forma parte de un lejano pasado. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno PSOE ha sido precisamente paralizar la aplicación de la reaccionaria LOCE. Sin embargo, es importante que analicemos cuál es la herencia que deja el PP al nuevo gobierno, así como cuáles eran las causas reales que empujaron a los sucesivos gabinetes de Aznar a enfrentarse una y otra vez contra la comunidad educativa, para, a continuación, poder señalar qué demandas tiene la educación pública para que pueda ser realmente de calidad y al servicio de las necesidades sociales.

¿Qué herencia deja el PP?

El gobierno del PP podrá pasar a la historia tranquilamente como el gobierno que más ha atacado a la educación pública desde la época del franquismo. A pesar de que Aznar planteara que la educación de calidad no requiere dinero (ellos prefieren volver al dicho de la letra con sangre entra), es precisamente la financiación el principal termómetro que refleja la salud del sistema educativo. El consejero de educación de Valencia (del PP) se vanagloriaba de no necesitar dinero para aplicar la Ley de “calidad”. Sin duda, esto explica por qué en esta comunidad el 45% de las obras de Secundaria planificadas no estaban terminadas a inicios del curso pasado o por qué 6.000 estudiantes dieron ese año clases en barracones.
Así, según la agencia Eurostat en su informe publicado con motivo de las elecciones europeas el 2 de junio de 2004, en el 2001 el Estado español se encontraba a la cola de la Unión Europea en gasto público en educación, sólo un 4,42% del PIB, muy lejos de países como Dinamarca con un 8,38% o Suecia con un 7,32%, solo superando a países como Grecia e Irlanda. Incluso Portugal, con un 5,89%, invierte más. De hecho, de los nuevos miembros de la Unión, todos, salvo Chequia y Eslovaquia invierten más que el Estado español en educación.

En los datos estadísticos ofrecidos por la Eurostat (Agencia europea para la estadística, organismo oficial de la Unión Europea) se puede ver el % de gasto público respecto al PIB de cada país miembro así como dos indicadores interesantes: El porcentaje de la población que tiene estudios de secundaria, lo cual mide el grado de formación de la población del país y su desarrollo cultural y el % de estudiantes que a los 18 años continúan estudiando. Normalmente los países con alta inversión tienen una alta cultura y un bajo fracaso escolar. El Estado español está a la cola de la Unión en los tres indicadores, poca inversión, poco nivel cultural y mucho fracaso escolar.

En ese mismo estudio la media de inversión de la UE antes de la ampliación era del 4,94% del PIB, un 0,54% más que el gasto español. Pero debemos recordar que estos datos se dan precisamente en un contexto en el que todos los países europeos están recortando gastos sociales, y por supuesto, los educativos. Por tanto, cualquier comparación con estadísticas de la OCDE o de la UE tiene que tener este hecho en cuenta ya que ni siquiera amoldándonos al gasto actual de los demás países europeos alcanzaríamos la cobertura social “escandinava” o recortaríamos la diferencia histórica que tenemos con estos países.

En muchas ocasiones el gobierno mezclaba los gastos públicos en educación con los gastos privados (de las familias) pudiendo entonces ofrecer unos gastos educativos que rondaban el 5,5% del PIB, muy lejos de la inversión real del Estado. Lo cierto es que en los últimos diez años se han dejado de gastar cerca de 19.000 millones de euros para la educación en un período de crecimiento económico en el que el PP se jactaba de que “España va bien”. Además no podemos olvidar que en las cifras de gasto público incluyen el constante y cada vez mayor desfalco de recursos públicos a manos privadas mediante los conciertos educativos y todo tipo de subvenciones a centros privados. Una cantidad curso a curso creciente que merma las posibilidades de la educación pública y que el gobierno del PP maquilló y ocultó conscientemente.
Una inteligente forma de racanear dinero para la partida de educación se pudo ver con el traspaso de competencias en las que las Comunidades Autónomas se quedaron con mucho menos dinero de lo que pedían en un principio. Así, tras la derrota de la derecha el 14-M, el Consejero de Educación de Valencia del PP se acordó de repente y por primera vez de reclamarle al nuevo gobierno central una deuda por las transferencias educativas de 600 millones de euros, más otros 1.800 por la aplicación de la LOGSE.
Y ese dinero ahorrado por el gobierno del PP... ¿a dónde se destinaba? De algún sitio tenían que salir las exenciones y rebajas fiscales a las rentas más altas que han protagonizado la política fiscal del PP en sus ocho años de legislatura: robar al pobre para dárselo al rico, Robin Hood al revés. Miles de millones regalados a los grandes empresarios en teoría para animarles a invertir, y otros gastos más prioritarios para el gobierno como podrían ser los 4.176 millones de euros que Federico Trillo se gastó en helicópteros y submarinos nuevos.
Pero nos engañaríamos si pensamos que la única intención del PP con su contrarreforma educativa era ahorrarse dinero. Es sin duda un factor importante, que el Estado no “desperdicie” recursos en inversiones innecesarias. Pero quedarnos en este aspecto no nos permitiría entender el profundo calado que ha motivado la actuación del gobierno.
Decían parte de verdad los ministros del PP cuando hablaban de “modernizar” el sistema educativo. El objetivo de LOU, LOCFP y LOCE era adaptar el sistema educativo a las necesidades de los grandes empresarios de este país. No sólo a los empresarios de la educación que se beneficiaban directamente con la constante privatización de la educación pública, sino a la clase burguesa en general que ahora sólo necesita un mínimo porcentaje de mano de obra cualificada para gestionar las empresas y sobre todo lo que demanda es mano de obra barata, semicualificada que pueda ser explotada a gusto, sin ninguna queja.
Por eso, pese a las grandes necesidades sociales por cubrir y que requerirían suficientes estudiantes con una cualificación superior, para los empresarios es un despilfarro formar universitarios que vayan a terminar en el paro o en un puesto de trabajo que nada tiene que ver con su carrera. Por eso plantearon elitizar el acceso a los estudios superiores con itinerarios, reválidas, plagando de trabas el acceso y la permanencia en la universidad y recortando las plazas a los ciclos formativos de grado superior. Si no hacen falta tantos titulados, cuanto antes los expulsemos del sistema educativo antes serán mano de obra barata.
En definitiva eran éstos, por tanto, los objetivos que buscaba el gobierno:
· Privatización de la enseñanza.
· Segregación de los estudiantes y elitización de los estudios superiores.
· Adoctrinamiento ideológico y recorte de los derechos democráticos.
Son todos ellos objetivos estratégicos de la burguesía a los que no ha renunciado ni con la derrota del PP. Los necesitan para mantener y aumentar su tasa de beneficio. Con las tres leyes educativas, el PP ponía negro sobre blanco las necesidades de la clase a la que representa. Fue este el motor que impulsó a la derecha al ataque contra la educación pública y la comunidad educativa.

La victoria electoral del PSOE

La movilización masiva de los estudiantes y, también, del resto de la comunidad educativa ha puesto la situación educativa en boca de todos. Por eso, reflejando ese sentir mayoritario de estudiantes y del resto de la comunidad educativa, una de las primeras medidas del nuevo gobierno PSOE tenía que ser, como mínimo, la paralización de la aplicación de la ley contra la calidad de la enseñanza. Así, el28 de mayo de 2004, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se paraliza el calendario de aplicación de la LOCE, a través del cual quedarán sin aplicación algunos de los puntos más retrógrados de dicha ley.
En su día manifestamos nuestro apoyo a esta medida, ya que significaba que algunas de las medidas más retrógradas, elitistas y segregadoras, a las que nos habíamos opuesto en la calle de forma contundente los estudiantes y el conjunto de la comunidad educativa, no tendrán efecto. La paralización de estos puntos de la LOCE ha supuesto una victoria de todos los que en estos últimos años hemos estado luchando contra la contrarreforma educativa del PP. Y ha sido producto, precisamente, de la movilización y de la lucha.
Todas las medidas que este curso tenían que haberse aplicado se han paralizado, salvo la gratuidad de la enseñanza infantil, que es voluntad del PSOE mantenerlo y que lo analizaremos en otro lugar. En cuanto al resto de las medidas, la postura que el PSOE defenderá, de entrada, en el proceso de negociación para la reforma de la ley orgánica son las siguientes:
1.Itinerarios: En el curso 2004/05 no se iniciarán los itinerarios como estaban previstos. Se mantendrá la actual estructura de la ESO. Tampoco se iniciarán los programas de iniciación profesional, manteniendo este curso la garantía social.
2. Reválida y prueba de acceso a la universidad: En el curso 2005/2006 no habrá Reválida ni prueba de acceso a la universidad. Este curso, por tanto, se mantendrá la actual PAU (prueba de acceso a la universidad), la actual selectividad.
3. Religión y Hecho religioso: La religión no será obligatoria y evaluable. Se volverá al modelo actual, en el que un estudiante puede matricularse en una religión optativa que no puntúa para las notas y expedientes.
4.Carácter asistencial de la etapa 0-3 años: No tendrá carácter asistencial, sino educativo, por lo que tendrá que emplear profesorado especializado en esas edades. No obstante, el gobierno PSOE no ha dicho nada acerca de que sea una etapa obligatoria, lo cual obligaría al Estado a disponer de plazas suficientes para cubrir toda la demanda.
5.Financiación: Ni la LOCE ni la anterior LOGSE venían acompañadas con una Ley de financiación. En un primer programa electoral el PSOE planteó aumentar la inversión en educación (no especificando si pública o privada) para alcanzar la media europea en cuatro años. Posteriormente los plazos se alargaron a ocho años. Tras la movilización del cuatro de marzo, Zapatero prometió un Plan Extraordinario de Apoyo para la Educación Pública, pero de momento no se ha concretado nada.
Seguimos exigiendo la derogación de la LOCE puesto que no tiene ningún aspecto progresista que pueda salvarse. Es más, tal y como va a quedar, permitirá que haya un recorte en los derechos democráticos y en la participación de la comunidad educativa dentro de las aulas, dado que el sistema de selección de director no será a través del consejo escolar. Pero, sobre todo, deja la puerta abierta al aspecto más nocivo de todos: la privatización de la enseñanza pública.
Las medidas que no se han visto afectadas por el Real Decreto de paralización del 28 de mayo son:
· Gratuidad de la enseñanza infantil: Es importante garantizar la gratuidad de esta etapa educativa. La cuestión es cómo hacerlo. El gobierno del PP lo tenía claro, garantizar la gratuidad aumentando los conciertos con la educación privada. Esta medida era muy grave, no se construían plazas públicas, nuevos centros, y se dejaba esta etapa en manos de la privada, en manos del negocio, una cantera de futuros alumnos de primaria y secundaria. La derecha trasvasaba dinero público a manos privadas. El Ministerio ha insistido en que las comunidades contarán con dinero suficiente, pero también ha afirmado que no puede evitar que cada comunidad gaste el dinero como considere oportuno. Eso facilitaría a las CCAA gobernadas por el PP aumentar los conciertos. No pueden permitirlo, desde el Sindicato de Estudiantes pedimos al gobierno de izquierdas que garantice que ese dinero se utiliza para financiar la educación pública. El gobierno debería por tanto declarar obligatorio ese tramo educativo y garantizar todas las plazas públicas, construyendo los colegios y guarderías suficientes.
· Elección del director: La LOCE estipula que una comisión de elección se encarga de nombrar a los directores de entre los que cumplen los requisitos, no como hasta ahora que era el Consejo Escolar quien lo elegía. De esta comisión formarán parte representantes de la Administración, entre ellos el presidente, con su voto de calidad (en caso de empate, es el voto que decide) y representantes del centro, por parte del Consejo Escolar y del Claustro de Profesores. La proporción entre esta composición depende de la comunidad autónoma. El candidato que cumpla los requisitos será valorado por su expediente y por su proyecto de gestión y funcionamiento del centro, que deberá presentar ante la comisión. La normativa LOCE contempla darles un estatus especial con un mayor salario y otros privilegios.
· Admisión de alumnos: Depende de las comunidades autónomas y no tiene fecha de desarrollo, por eso el decreto de paralización no le afecta. Las comunidades lo desarrollan a partir del decreto de Esperanza Aguirre que favorecía, en nombre de la libertad de elección, a la educación concertada. Este decreto es importante ya que regula precisamente la competencia entre educación privada concertada y pública, las zonas de influencia de colegios e institutos y permite a los primeros seleccionar al alumnado. El decreto estatal incluía la posibilidad de valorar el expediente académico de los estudiantes a la hora de admitirlos.
· Nuevos criterios de evaluación: entró en vigor este curso pasado, por ello el decreto no le afecta. Incluye esta medida la calificación numérica en secundaria, la posibilidad de repetir en todos los cursos de secundaria y el máximo de dos asignaturas suspensas para poder promocionar. Además reinstauró los exámenes de recuperación en secundaria; las CCAA del PP pusieron dicha prueba en septiembre, las CCAA del PSOE (Extremadura, Andalucía...) la pusieron en junio lo que provocó el rechazo de estudiantes y profesores de estas comunidades. Asturias (gobernada por el PSOE) dio libertad a sus centros para poner el examen en junio o en septiembre. La postura del Sindicato de Estudiantes era defender los exámenes de recuperación y que estos se celebraran en septiembre, no para reflotar el negocio de las academias privadas, como era voluntad del PP, sino exigiendo a la Administración que abriera los centros por el verano y contratara profesorado en condiciones de trabajo dignas para que impartieran de forma gratuita clases de refuerzo para preparar estos exámenes.
· Currículos: Se mantendrían los currículos que se han aplicado hasta ahora, modificados por el Decreto de Humanidades del PP que modificaba horas lectivas de distintas asignaturas en teoría para potenciar el castellano, aumentando temarios en Historia y modificando Historia de la filosofía. El Sindicato de Estudiantes defiende una potenciación de las humanidades en los institutos, pero ni mucho menos en el sentido que la planteó el PP en su ley de humanidades, que pretendían una potenciación falsa basada en una enseñanza memorística de los “grandes hechos históricos” desde una perspectiva acrítica y patriotera.

El fracaso escolar: un problema social

Ha sido precisamente el fracaso escolar el caballo que hipócritamente ha utilizado el gobierno del PP. Al fin y al cabo ¿por qué llamaron a su contrarreforma Ley de “Calidad”?Porque decían aumentar la calidad de la enseñanza. ¡Qué hipocresía! Sus itinerarios suponían convertir el fracaso escolar en fracaso social. En lugar de ayudar a los estudiantes más desfavorecidos, el objetivo del PP era condenarlos, marcarlos con el estigma de “fracasado” y expulsarlos sin más del sistema educativo. Así entiende la calidad la derecha.
Desde luego los primeros interesados en acabar con el fracaso escolar somos los que lo sufrimos. Según el estudio Las cifras de la educación en España. Estadística e indicadores 2004, los últimos datos hablan de una tasa del 29% de abandono escolar en secundaria en el Estado español en el 2004, mientras que la media europea de esta tasa se sitúa en el 16,5%.
No obstante sabemos que el PP en toda su actuación no tenía otro objetivo que atacar a la educación pública, así que lo primero es desmontar los reaccionarios argumentos que la clase dominante ha tratado de inocular a la sociedad durante años y años. El razonamiento de la derecha es el siguiente: “Por culpa de la LOGSE a los catorce años hay una capa importante de estudiantes que no quieren estudiar y lo único que hacen es molestar a sus compañeros que sí quieren estudiar. Provocan que el nivel general baje y por tanto lo mejor es separar a los que quieren estudiar de los que no, para que estos últimos no molesten y se dedique al trabajo manual que es lo que realmente les motiva”.
Lamentablemente no sólo la derecha defiende estas ideas profundamente reaccionarias. Éstas han calado en un sector del profesorado cuya experiencia cotidiana es que la educación no avanza. Mientras los sindicatos de profesores no expliquen las causas reales y no den una alternativa capaz de resolver los problemas reales que hay en los institutos, los prejuicios de la derecha seguirán calando. De hecho, una encuesta publicada en mayo del 2004 encargada por CCOO, y que el PP ha cogido con las dos manos, demostraba un porcentaje importante de profesores favorable a los itinerarios.
Lo cierto es que la pregunta es, ¿por qué entre los catorce y los dieciocho años hay una capa importante de jóvenes que no quieren estudiar? Desde la derecha dirán “porque no todo el mundo vale para estudiar” Pero eso es mentira.
El fracaso escolar es un problema con raíces sociales que tiene sus causas en la división en clases con intereses contrapuestos. Un estudiante de catorce, quince o dieciséis años está sometido a las presiones brutales que le rodean: su familia, sus amigos, su barrio, sus expectativas de futuro. Se comparan con sus hermanos mayores que han llegado a la universidad y han terminado trabajando en una ETT tras años y años de esfuerzos, gastos y sacrificios cuando -sobre todo por la coyuntura económica en la que ahora estamos- ellos podrían ponerse ya a trabajar en la construcción y ganar cerca de mil euros al mes. Miran a su alrededor y comprenden que su destino es trabajar sobre-explotado como sus padres, sus vecinos, así que… ahorremos tiempo y empecemos ya a trabajar, aprendemos un oficio, cuando no es la propia familia la que le presiona para dejar de estudiar o para ponerse a trabajar para traer los recursos con los que poder llegar a fin de mes. Si el estudiante pertenece a un sector especialmente discriminado -inmigrantes, gitanos- estas presiones se multiplican por mil.
La prueba que confirma este análisis es precisamente que los hijos de los sectores más acomodados no tienen estos problemas. Las estadísticas de fracaso escolar, si en algo son claras es en demostrar como éste se centra en los barrios y ciudades obreras y apenas existe en los barrios y ciudades con un carácter social más elevado. Así en los municipios de la Comunidad de Madrid y distritos de Madrid capital con una renta per cápita mayor de 13 mil euros por habitante el porcentaje de alumnos que no consiguen el título de ESO es de un 18%. Corresponden a este bloque municipios como Pozuelo, Boadilla, Las Rozas, Tres Cantos o distritos como Chamberí, Retiro o Salamanca. Por el contrario en los municipios y distritos que no alcanzan los 7.500 euros por habitante, el porcentaje asciende a un 32%. En este bloque están municipios obreros y distritos con una clara composición de clase: Fuenlabrada, Parla, Puente de Vallecas, Usera o Villaverde. La media de la Comunidad es de un 26%.
Los datos definitivos se encuentran precisamente cuando evaluamos qué porcentaje de estudiantes llegan a la universidad y de dónde. Así, Las Rozas con un 45,5% lidera el ranking estatal población universitaria seguida de Majadahonda con un 43,7% y Pozuelo y Tres Cantos con un 43,1%. Mientras, Alcalá de Henares, localidad obrera, desmintiendo que la existencia de la universidad en la localidad anime a la matriculación, no alcanza el 15% y las demás localidades del cinturón rojo de Madrid tienen porcentajes similares o inferiores: por ejemplo Getafe sólo 12% y Móstotes no llega al 10%.
Otra demostración evidente del carácter social del fracaso escolar lo tendríamos precisamente en las Comunidades Autónomas. Las históricamente más ricas tienen menores tasas de abandono a los 16 años: En la CAV (Comunidad Autónoma Vasca) no alcanza el 9% y en Navarra se sitúa en un 9,4%. Mientras en Extremadura es de un 39,4%, Murcia de un 35% o Castilla-La Mancha de 33,7%.
No es expulsando del sistema educativo a los estudiantes con más problemas como se soluciona el fracaso escolar. Tal como pretendía el PP, con los itinerarios sólo se convertiría el fracaso escolar en fracaso social. Acumular a los estudiantes conflictivos en un itinerario “basura” es una verdadera aberración: condenar a decenas de estudiantes a los catorce años al fracaso y condenar a los centros públicos que alojaran dicho itinerario a convertirse en ghettos.
Realmente el PP pretendía acabar con la educación obligatoria hasta los dieciséis años, una conquista histórica del movimiento estudiantil ya que impidió que nuestros compañeros fuera explotados salvajemente a una edad tan temprana como los 14 años. Los itinerarios preparaban el camino para volver al pasado.
Por tanto, si la exclusión no es, evidentemente, la solución. ¿Cómo se puede acabar con el fracaso escolar? El nuevo gobierno del PSOE ha prometido que en la futura ley educativa no existirán itinerarios. En su programa electoral y en las declaraciones de responsables de educación hablan de potenciar medidas de refuerzo, aún por concretar, pero similares a las actuales clases de diversificación. Éstas han demostrado en los últimos años que han tenido cierto efecto positivo recuperando estudiantes que consiguen alcanzar el bachillerato. También han señalado la posibilidad de impulsar centros preferentes con más medios y recursos donde se concentren más estudiantes con problemas y adaptar los horarios con tres horas semanales en ESO para actividades de refuerzo.
Desde luego es todo un paso delante que el nuevo gobierno no apueste por la segregación en itinerarios. Pero cuidado: ¿qué significarán estos centros preferentes? Si los estudiantes conflictivos se concentran en esos institutos aunque haya un aumento de la inversión serán perfectos candidatos para convertirse en ghettos. Un informe de principios de julio del 2004 del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona explicaba que una de las causas del fracaso escolar en la ciudad era la concentración: en los centros públicos el 78% de sus alumnos son de los sectores más desfavorecidos, mientras que en la concertada este porcentaje es más bajo. Experiencias que ya existieron, como los centros de FP de los ochenta que eran almacenes de fracaso demuestran que acumular no es la solución.
La solución tiene dos vertientes. Por un lado medidas educativas dentro de las aulas, y por otro lado medidas sociales, fuera de los institutos.
Es evidente que la lucha contra el fracaso escolar pasa por un incremento drástico en el gasto público en educación. Los colegios e institutos necesitan contratar especialistas: psicólogos, trabajadores sociales, más profesores para reducir el numero de alumnos por profesor y demás ratios para impulsar una enseñanza más individualizada, generalizar los desdobles en determinadas asignaturas, aumentar las prácticas de laboratorio, aumentar visitas culturales y excursiones y un largo etcétera.
Por eso desde el Sindicato de Estudiantes pedimos que se dedique un 7% del PIB a la enseñanza pública. Pero no basta con eso. Hay que compensar el déficit del que partimos actualmente con respeto a los países más avanzados. Sería necesaria la inyección en el sistema educativo, en un plan extraordinario durante dos años, de 6 mil millones de euros, íntegramente dedicados a la inversión en nuevos centros educativos, mejora de infraestructuras e instalaciones, contratación de más profesores, incremento radical de las becas…
Además defendemos la extensión de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 18 años. Entre los 12-16 años estaría la enseñanza secundaria propiamente dicha, donde se conjugarían asignaturas tecnológicas con humanísticas y científicas, para posibilitar de verdad que los jóvenes recibamos una auténtica formación integral. Es profundamente reaccionaria la idea de orientar a los estudiantes con más problemas a asignaturas “más prácticas”, “trabajos manuales”, etc., mientras los bachilleres sólo se dediquen a cultivar el trabajo intelectual. Entre los 16-18 años estaría el bachillerato, de los que habría diferentes especialidades, pero que seguirían compartiendo asignaturas comunes básicas, tanto teóricas como prácticas.
Una vez acabado este tramo educativo, y con una suficiente formación básica, los jóvenes podríamos optar entre continuar nuestros estudios en una universidad o bien tener acceso a un ciclo profesional superior para recibir una enseñanza técnica de calidad, pudiendo a su vez, posteriormente, continuar estudios universitarios. Por supuesto, la adopción de esta estructura educativa conllevaría la desaparición de la injusta Selectividad así como de la mal llamada garantía social y de los ciclos formativos de grado medio, estos últimos, formadores de la legión de trabajadores y peones semicualificados con salarios bajos que necesita la burguesía de este país. Ahora bien, eso no quiere decir que nos conformemos con que hasta que se adapten los cambios que pedimos todo siga igual en la garantía social y los ciclos de grado medio: exigimos que hasta entonces haya las suficientes plazas necesarias en estos programas educativos y dotarlos de las mejores infraestructuras posibles.
Defendemos este de tipo de enseñanza como necesaria socialmente para la formación del alumno frente a los intereses de los grandes empresarios que abogan por una ecuación basada en la rentabilidad.
Pero también se necesitarían medidas sociales. Primeramente con becas. Un aumento en la cuantía y en el número de beneficiarios de la ayuda compensatoria y de las demás becas supondría un importante contrapeso a las presiones que empujan a muchos estudiantes a dejar de estudiar. Pero además habría que tomar medidas en los barrios y ciudades obreras. Dotarlos de suficientes equipamientos culturales públicos, gratuitos y de calidad: bibliotecas, instalaciones deportivas, etc. Una buena forma sería abriendo los centros por la tarde para actividades extraescolares gratuitas y contratando personal suficiente en condiciones dignas. Pero la cuestión no termina ahí.
La lucha contra el fracaso escolar es la lucha por un puesto de trabajo digno al terminar los estudios. Es la lucha por unas condiciones de vida dignas para la clase obrera.
Pero no somos ingenuos. La futura escuela no podrá tener un funcionamiento que se desarrolle al margen de la estructura y mecanismo del sistema social establecido. El sistema educativo por sí sólo es incapaz de corregir las desigualdades sociales, es más, en la medida en que las estructuras de la sociedad sean injustas, la escuela tendrá una tendencia clara a reproducir dichas injusticias en su interior.
Qué duda cabe que los planes de los grandes empresarios van por otros derroteros ya que como hemos explicado más atrás son los primeros interesados en que sólo una pequeña minoría de la población tenga el monopolio del conocimiento y el monopolio de la gestión de la sociedad. Los demás bienvenidos sean como mano de obra barata. Necesitan este tipo de trabajador, donde toda la formación extra sobra. No serán los que se benefician del fracaso escolar los que nos ayuden a luchar contra esta tara.

La escolarización de los inmigrantes. Defendamos sus derechos

Un aspecto muy ligado al fracaso escolar y cómo combatirlo es la escolarización de los inmigrantes. Para el PP esto era fácil se les amontonaba en determinados colegios públicos apartándolos de los estudiantes nativos y cuanto antes se les apartaba del sistema educativo para que se pusieran a trabajar. Porque no podemos olvidar que la mano de obra inmigrante está suponiendo la base para prósperas fortunas españolas que utilizan a nuestros compañeros de clase social como verdaderos esclavos.
Las declaraciones de la viceconsejero de Educación de Madrid, del PP, podrían ser más altas pero no más claras de lo que es la escolarización de los inmigrantes para la derecha: “El que ha cruzado en patera no ha venido a estudiar 3º de ESO y yo lo que tengo que hacer es proporcionarle una salida lo más directa al mercado laboral. Además, a mí me crea un conflicto en clase porque ese niño no quiere estar ahí”. Pero Carmen González continúa: “Algo parecido ocurre con los gitanos. El niño lo que quiere es ir con su padre con la fregoneta al mercado a vender fruta” y podríamos seguir…
Con leyes antidemocráticas como la de extranjería no se va a solucionar la integración de los inmigrantes. Ellos son los primeros que no tienen más remedio que huir de unos países sacudidos por el dominio del imperialismo (como en el caso de Latinoamérica., del imperialismo español representado en empresas como Repsol, Telefónica, los bancos…) Así que aquí habría que garantizarles unas condiciones de vida dignas que les ayude a escapar de las mafias, que los aleje de la marginalidad. Trabajos dignos y por supuesto los mismos derechos democráticos que el resto de la población de la península.
Y como un derecho fundamental, la educación. El gobierno del PSOE ha planteado para solucionar la integración de los inmigrantes un Aula Temporal de Adaptación Lingüística para los inmigrantes. Evidentemente que puedan aprender los idiomas estatales y que puedan integrarse plenamente en la sociedad española requiere un esfuerzo en la inversión que hasta ahora no se ha hecho, a pesar de que el número de inmigrantes cada curso es mayor suponiendo en algunos centros públicos más estudiantes incluso que los nativos. Sólo el pasado curso el alumnado extranjero aumentó un 48%. Ahora mismo el 4,34% de los alumnos es inmigrante.
Algunos parece que plantean que el único problema de los inmigrantes es que no son admitidos en la educación concertada. Además el carácter religioso de la mayoría de ellos repelerá a muchos de los inmigrantes que en cualquier caso difícilmente serían admitidos. Nuestro objetivo es acabar con la concertada, pero mientras tanto exigimos que tengan los mismos criterios de admisión.
La burguesía tratará de enfrentar a trabajadores y jóvenes nativos con inmigrantes, levantando la bandera del racismo, acusándolos de los problemas de los que ellos mismos son responsables: el paro, la delincuencia... No podemos olvidar que los inmigrantes son jóvenes y trabajadores como nosotros que están sufriendo una dramática situación, pero que sus problemas son los mismos que los nuestros. Sólo que ellos están más sobre explotados, más humillados. Tanto ellos como nosotros somos víctimas de un sistema injusto donde una pandilla de parásitos se enriquecen a costa del sufrimiento y las vidas de millones de personas.

Sobre la evaluación continua la promoción automática.
Exámenes de recuperación

La única base que la derecha ha podido tener dentro de los institutos para imponer la LOCE -aparte de la derecha cavernícola- ha sido el desencanto provocado por la LOGSE entre sectores del profesorado. Ésta no contemplaba una ley de financiación, fundamental para poder dotar realmente de calidad la enseñanza pública. Así, por ejemplo, los centros públicos se quedaron sin los recursos necesarios y las medidas progresistas que pudiera haber en la LOGSE se quedaron en agua de borrajas.
Un claro ejemplo es la famosa evaluación continua, es decir, evaluar a los estudiantes no sobre la base de exámenes puntuales sino sobre el avance real de un estudiante desde el inicio de la etapa educativa hasta su conclusión, para así sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Este planteamiento es progresista, pero claro, para poder dar esta atención individualizada a los estudiantes es necesario reducir el número de estudiantes por aula, de alumnos por profesor - para ello sería necesario contratar más profesores - contar con trabajadores sociales, psicólogos suficientes, laboratorios para poder hacer prácticas... es decir, un Plan de Inversión de choque en la educación pública. Con todo ello, los exámenes sobrarían ya que los profesores no los necesitarían para conocer y evaluar a sus alumnos. De esta manera el sistema educativo ayudaría a avanzar a los estudiantes en aquellas materias que más les costase.
Amparándose en la evaluación continúa, la LOGSE suprimió los exámenes de recuperación de septiembre (medida a la que, en su día, nos opusimos ya que, como luego se demostró, sin una verdadera evaluación continua apoyada por inversión suficiente, la supresión de los exámenes de recuperación sólo supondría crear bolsas de fracaso escolar acumuladas en 4º de la ESO). Pero el PP los ha vuelto a poner, eso sí, bajo la falsa idea de que los exámenes dan calidad a la enseñanza. Esa idea es falsa, la calidad sólo viene con recursos suficientes cosa que, desde luego, no ha hecho el PP y no están haciendo los gobiernos autonómicos de derechas.
La LOCE obliga a todas las comunidades a poner exámenes para acceder al bachillerato si tienes asignaturas no aprobadas a finales de la ESO. Si no apruebas, tienes que repetir. El ley no indica en qué mes hacer los exámenes y, por eso, a diferencia de la mayoría de las comunidades que lo han puesto en Septiembre, Extremadura y Andalucía decidieron ponerlos en Junio, pocos días después de que se acabe el curso, alegando que así no se iba a discriminar entre los que tienen recursos para clases particulares privadas durante el verano y los que no la tienen.
Desde el Sindicato de Estudiantes pensamos que establecer el examen de recuperación solamente en junio o en julio no ayudará tampoco a los estudiantes a superar el curso, puesto que a pocos días de haber terminado las clases, sin clases de apoyo, sin profesores y sin tiempo material de volver a preparar las asignaturas suspensas lo más probable es que la mayoría vuelva a suspender. Por eso, tiene que haber examen de recuperación en junio, pero también en septiembre, con clases de recuperación gratuitas en los centros públicos durante el verano, con profesores contratados por el Estado en óptimas condiciones laborales. En Andalucía, la Consejería de Educación adelantó los exámenes de septiembre de los ciclos formativos a junio o antes en el caso del último curso (ya que puede acabar en diciembre, enero o marzo). En el caso de la Formación Profesional también planteamos mantener una recuperación extraordinaria (a parte del examen de recuperación de fin de curso) con clases de recuperación gratuitas. En el caso del segundo curso de grado superior, el examen extraordinario será tras dos meses de finalizar la docencia para poder preparar la prueba en condiciones y, de esta manera, poder realizar las prácticas inmediatamente después de aprobar el examen.
Esta sería la forma más coherente de demostrar por parte de los gobiernos autonómicos de izquierdas que defienden la escuela pública y que disponen de una alternativa progresista en este terreno. Así sí se acabaría con el negocio de las academias privadas y no habría discriminación alguna. Muchas veces se ha hablado de abrir los centros públicos fuera del horario lectivo, pues que se abran en julio y agosto. Además no se trataría de ampliar las horas de trabajo a la plantilla ya existente, sino de contratar el personal necesario: parados existen, profesores parados y recursos también existen.

Contra la paulatina privatización de la enseñanza

La privatización de la enseñanza está muy vinculada al fracaso escolar y constituye uno de los principales objetivos de la derecha. No se trata solamente de mantener el control ideológico que se espera de un sistema educativo sumiso a los dictados de la clase dominante. Evidentemente este control es mayor en los centros privados. Sino también se trata de garantizar a sus compañeros de clase social suculentos negocios. De hecho la inmensa mayoría de los centros privados concertados no sobrevivirían si no ingresaran religiosamente las ingentes cuantías en subvenciones, ayudas, conciertos… al margen de las matriculas indirectas o ilegales que obligan a sus clientes a pagar (encubiertas muchas veces como pagos “voluntarios”), a pesar de su supuesto carácter gratuito.
En definitiva para el Estado es mucho menos costoso, y más suculento desde el punto de vista ideológico conceder un concierto educativo a un centro privado que construir y mantener uno público, contratar más profesores cuyas condiciones laborales son sustancialmente mejores que en un centro privado. En palabras del consejero de Educación de Madrid: “Los ciudadanos tienen que saber que la enseñanza pública les cuesta más dinero que la concertada. Mientras en la escuela pública hay 1,5 profesores por aula, en la concertada hay sólo uno”, ¿no significará eso más calidad? “Cada plaza pública es un 55% más cara que una de la concertada”. Sobran comentarios.
La realidad es que la concertada es un jugoso negocio. Se trata, por tanto, de un trasvase constante de fondos y recursos que tendrían que destinarse a la educación pública. Dinero que se roba a las familias obreras para directamente llenar los bolsillos de los empresarios de la educación.
Evidentemente el porcentaje pública-concertada varía dependiendo precisamente del nivel de renta de la zona o de la política del gobierno autónomo. Así la privatización en el municipio de Madrid alcanza el 59% mientras que en el resto de la CAM desciende hasta el 39%. En los nuevos barrios que estos últimos años se han construido o en las zonas en expansión con un fuerte crecimiento de la población, directamente no existe la oferta pública para que la concertada se haga cargo de la misma. Así, por ejemplo en Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas, donde viven ya 4.500 familias, carecen de colegios públicos, y estos no estarán construidos hasta el 2007.
En primer lugar el porcentaje de privatización de la enseñanza en el Estado español, alrededor de un tercio, un porcentaje mucho más elevado que los demás países de Europa, es una herencia directa de la dictadura franquista. Durante sus cuarenta años negros los centros públicos eran lo excepcional, siendo el grueso de la oferta educativa patrimonio de la Iglesia Católica. De hecho son obispos y cardenales los que siguen rigiendo en la inmensa mayoría de los centros concertados: en el curso 2001-02 el 89,5% de los centros concertados eran religiosos.
La sacrosanta “libertad de elección de centros” tan cacareada por la derecha y las patronales de la educación privada no es más que una patraña. Mientras sigue sin haber oferta pública suficiente, se incrementa el dinero destinado a las subvenciones para la privada. No podemos olvidar que incluso se ha subvencionando a colegios del Opus Dei que, hoy en día, siguen dando clases separadas a niños y niñas, y a colegios de élite que cobran matrículas de 480 ó 600 euros. Es decir, que con el dinero que los trabajadores pagan a través de los impuestos se está pagando el colegio a los más ricos.
Si hubiera una oferta pública de calidad que cubriera la demanda existente, las familias trabajadoras no se verían obligadas a llevar a sus hijos a centros concertados por falta de plazas en la pública. Como vemos tras la “libertad de elección” se esconde el negocio de los empresarios de la enseñanza privada, que utilizan cínicamente discursos sobre la “libertad individual” para seguir llenando sus bolsillos
Así, los centros concertados seleccionan y admiten a los alumnos que más les interesan. Esta cuestión es fundamental para los centros concertados ya que su prestigio depende no de la calidad real que dé en su enseñanza sino de la propaganda y publicidad que pueda mostrar de su colegio.
Un estudiante -salvo casos muy testimoniales y fundamentalmente para cubrirse las espaldas -perteneciente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad no será aceptado en un centro concertado -por ejemplo, los inmigrantes o aquellos predeterminados al fracaso escolar- Así, sólo el 15% de los estudiantes con necesidades educativas especiales estudian en la concertada, que los rechaza mayoritariamente. Además un estudiante muy conflictivo que se “cuele” en el acceso o bien será expulsado y enviado a la educación pública o bien será apartado y orientado a no presentarse a la selectividad para que no contamine las estadísticas.

Los decretos de admisión emitidos hasta la fecha impulsan precisamente este modelo. Incentivan la competencia desleal de los centros concertados con los públicos concediéndoles las zonas con rentas más altas e incluso algunos de ellos la posibilidad de establecer como criterio de admisión el propio expediente académico del alumno, rechazando desde un punto de vista legal aquellos estudiantes con notas más mediocres.
Esta es la razón real por la que los centros concertados presentan mejores tasas de fracaso escolar. De hecho es un fenómeno que se alimenta. Los centros concertados no admiten estudiantes conflictivos que se concentran por tanto en la educación pública. En la medida en que la inversión educativa está disminuyendo, la aglomeración de estos estudiantes en los públicos influye en la percepción que profesores y padres tienen en el mismo.
En definitiva es la vieja táctica de deteriorar un servicio para privatizarlo sin encontrar rechazo social. El objetivo es convertir la educación pública en un ghetto para los sectores más desfavorecidos, un modelo similar al que se aplica en EEUU donde hispanos y negros de los barrios más depauperados se hacinan en la educación pública mientras los hijos de todo el que puede son matriculados en centros privados.
Lo cierto es que en realidad, la mayor parte de estos centros son los primeros que incumplen los requisitos mínimos que la ley exige a los centros educativos y que influyen de forma clara en la calidad de la enseñanza: ratios alumno / profesor, instalaciones: espacio de recreo, dimensiones de las aulas, del gimnasio…
Esta realidad, que cualquiera puede comprobar, destroza el cacareado argumento que da la derecha de que los conciertos educativos permiten a las familias obreras acceder a una enseñanza que sólo los privilegiados pueden acceder. Se nota que el presidente de esta confederación es escogido a dedo por el presidente de la Conferencia Episcopal.
A pesar del ferviente apoyo a la educación concertada del gobierno del PP, de los medios de comunicación, usando todo tipo de mentiras, estadísticas infladas, etcétera, la inmensa mayoría de la población sigue prefiriendo la educación pública. La memoria histórica de lo que eran los colegios de curas no ha sido olvidada. La Fundación Hogar del Empleado (Fuhem, una de las patronales de la educación concertada) ha tenido que reconocer que sólo un 20% de las familias que llevan a sus hijos a la educación pública les cambiaría de centro de estudios (no especifica la titulación del mismo, Fuhem da por sentado que en beneficio de los concertados, pero la encuesta no lo deja claro). El director de la Fuhem, Roberto Rey, explica así los datos recogidos: “La escuela pública carece de medios suficientes y carga con el alumnado más difícil, porque no lo selecciona, algo que sí ocurre en la privada. Cuando el alumnado es igual, las diferencias no existen. En Tres Cantos (Madrid) no hay escuela concertada, y los resultados de esos colegios públicos son idénticos a los que obtienen en los mejores centros concertados”.
En la mayoría de los casos el supuesto “desencanto” con la educación pública tiene más que ver con los servicios que la pública no ofrece y que en muchas ocasiones uno concertado sí da: comedores, transporte, actividades extraescolares deportivas y culturales… nuevamente nos encontramos con el inconveniente de la financiación ya que sólo con más dinero un centro público puede dar estos servicios gratuitos y de calidad. A muchas familias no les queda más remedio que matricular a sus hijos en la concertada porque el centro público más cercano no tiene estos servicios que hoy en día, sobre todo con la incorporación de la mujer al trabajo, son fundamentales.
Y a pesar de todas las mentiras que se vierten sí hay demanda de plazas públicas. Así por ejemplo también en Madrid el curso 2005 ha empezado con 4.000 alumnos estudiando en 190 barracones, 80 barracones más que el curso pasado. Las partidas en los Presupuestos Generales para el arrendamiento de estos barracones ha aumentado un 73% con respecto al curso pasado. Además hay 30.000 niños que no han encontrado plaza en educación infantil. Esto no sólo ocurre en este tramo educativo. En los ciclos formativos de grado superior este curso vuelve a haber 4.000 no admitidos. Según CCOO harían falta 120 nuevas aulas de FP. A todo esto la derecha madrileña responde reclamando los 11 colegios públicos nuevos que van a abrir sus puertas este curso. Pero esta cifra se queda minúscula cuando se compara con los 45 colegios de infantil y primaria y los 21 institutos de secundaria y formación profesional que serían necesarios para acabar con todas estas cifras de alumnos sin plaza, barracones y masificación.¿Hacen falta plazas públicas?
No podemos olvidar otro tipo de negocio a costa del sistema educativo y es precisamente el negocio de las academias privadas. Hace dos cursos se destapo el fraude de Opening y demás academias de inglés, pero estas academias que emplean mano de obra (profesores) sobre-explotada son un índice del fracaso del sistema educativo ya que hacen negocio de las carencias del mismo. Por ejemplo, la escasez de Escuelas Oficiales de Idiomas. Una forma también que acentúa la discriminación por renta ya que no todas familias pueden desembolsar lo mismo por las “clases particulares”. Mientras existan estas academias, el sistema educativo no estará en buenas condiciones.

¿Educación infantil pública concertada?

Pero la privatización de la enseñanza, como lo fue de las empresas públicas y lo es ahora con la sanidad, el ferrocarril, correos etc. es una necesidad estratégica de la burguesía. Así que los empresarios demandan pasos adelante a las comunidades que tienen competencias al respecto. Las gobernadas por el PP lo tienen claro: curso a curso aumentan los gastos en subvenciones y conciertos. La derecha nacionalista (CiU y PNV-EA), a pesar de su demagogia contra el españolismo, no difiere en nada en su política educativa. Todo lo contrario, es precisamente la CAV la comunidad autónoma donde el porcentaje de educación concertada es más alta de todo el Estado adelantándose en cursos a los planes del PP. La burguesía vasca representada por el PNV-EA, únicos responsables de la privatización de la educación allá. De ahí nuestro rechazo a la participación de IU en el gobierno vasco. También CIU ha dejado una herencia al nuevo gobierno de la Generalitat de un 42% de la red educativa en manos privadas.

El PSOE a pesar de los cambios anunciados y las declaraciones, han perdido una oportunidad. En este sentido, denunciamos y consideramos inadmisible que la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE con mayoría absoluta, haya anunciado que este curso gastará un millón de euros en concertar 112 unidades de infantil en 89 colegios privados de Andalucía. Esta política no se diferencia en nada de la que pueda llevar adelante Esperanza Aguirre en Madrid o cualquier gobierno autonómico de la derecha.
El punto más importante que planteaba precisamente con este tema la LOCE era la implantación de la gratuidad de la enseñanza infantil (3-6 años), que el PSOE no ha paralizado. La exclusión en esta medida del decreto de la paralización no responde a lo que desde la comunidad educativa hemos venido exigiendo. No podemos olvidar que bajo el falso argumento utilizado por el PP de la “gratuidad” de la enseñanza en este tramo educativo se escondía un trasvase escandaloso de dinero desde los bolsillos de las familias trabajadoras a los bolsillos de los empresarios de la enseñanza privada-concertada que, como en otros terrenos, sólo piensan en hacer un negocio de lo que es un derecho universal: la educación. No sólo esto, sino que con esta política de financiar a los empresarios de la privada se les está haciendo el juego para que hagan cantera y cada vez más estudiantes continúen su escolarización en la privada, volcando así la balanza en detrimento de la pública. El gobierno del PSOE no puede seguir consintiendo este fraude a miles de familias trabajadoras.
Es necesario garantizar la gratuidad y la obligatoriedad de la enseñanza infantil, ahora bien esto tiene que pasar por la oferta gratuita de plazas desde la red pública. Y esto no lo dice la LOCE. Por eso, pensamos que el Ministerio de Educación tiene que garantizar que el dinero que se va a dar a las Comunidades Autónomas para financiar la enseñanza infantil sea destinado íntegramente a la construcción de plazas públicas y terminar ya con el negocio de la enseñanza privada-concertada.
Esta es la única manera de hacer frente a las necesidades de escolarización en condiciones de calidad de las familias trabajadoras y de hacer realidad las palabras de la ministra de educación, Sansegundo, cuando dice que: “garantizar calidad educativa para toda la población sólo se consigue con la escuela pública” y, en definitiva, con la defensa de la enseñanza pública prometida por Zapatero durante la campaña electoral y durante las movilizaciones estudiantiles contra la LOCE.
La educación no es un negocio. Por eso educación pública y concertada son antagónicas. Responden a dos modelos diferentes. O bien la educación es un derecho democrático universal que tiene como objetivo permitir el acceso de la cultura a los jóvenes y prepararlos para el futuro laboral mediante una cualificación de calidad, amortiguando las diferencias sociales. O se trata de un negocio para incrementar los beneficios de los empresarios de este sector, aprovechando además, para preparar mano de obra para ser explotada y un control ideológico que perpetúe la dominación.
Y si es un negocio sigue las reglas del mercado, así que nadie se puede quejar porque un colegio concertado laico sea comprado por una secta religiosa, como sucedió en Villaviciosa del Odón donde los Legionarios de Cristo compraron a mitad de curso un colegio laico modificando por completo la estructura del colegio para desesperación de los padres (separación por sexos, religión obligatoria, etc.)
Por todo ello desde el Sindicato de Estudiantes nos oponemos a la educación privada. Consideramos que una enseñanza digna es un derecho y creemos que el Estado tiene que poner los medios necesarios para que los jóvenes, y el conjunto de la sociedad, recibamos una educación de calidad. Abogamos por el fin inmediato de las subvenciones a los centros concertados y por la integración de éstos en la red pública, adaptando la infraestructura, funcionamiento y condiciones laborales a la situación de la enseñanza pública.

En defensa de nuestros derechos democráticos

Hemos planteado en repetidas ocasiones la importancia que tenían las medidas adoptadas por el PP desde un punto de vista ideológico. Con la LOCE la derecha preparaba un ataque salvaje a nuestros derechos democráticos que se profundizaría sin duda endureciendo la Carta de Derechos y Deberes de los alumnos, que sin duda sería el siguiente paso en la contrarreforma educativa del gobierno.
Lo cierto es que, entendiendo que éramos sus principales opositores, la derecha lanzó una vergonzosa ofensiva contra la juventud tratando de presentarnos ante la sociedad como unos vagos, unos maleantes… cualquier respuesta por nuestra parte era criminalizada, incluso, por parte de medios afines al PP, equiparándonos al terrorismo. Esta acción no era por casualidad, sabían que éramos los jóvenes los que de una forma más cruda estábamos sufriendo su política económica y social, los que trabajábamos en las peores condiciones, con menos derechos, con más accidentes laborales, sin poder acceder a una vivienda, en unos institutos sin calefacción o incluso hacinados en barracones.
Y en esas condiciones de vida está la semilla que brotó en las magnificas movilizaciones que la juventud ha protagonizado como punta de lanza del conjunto de la sociedad. Podemos ver por tanto los ataques a nuestros derechos democráticos y la ofensiva para adoctrinarnos ideológicamente una especie de medida defensiva de la burguesía preparándose para lo que ha tenido. Las conclusiones que ha sacado del proceso sin duda es que tiene que profundizar esos ataques.
El primer argumento que tenemos que desmentir es ese que condensó el PP reclamando la “cultura del esfuerzo”, es decir, que los jóvenes somos unos vagos y por eso no estudiamos con la motivación suficiente. La verdad es que los estudiantes de quince años del Estado español están entre los tres primeros puestos de los que más tiempo dedican a realizar deberes en sus casas, en una lista de los 31 países de la OCDE, en un estudio divulgado por la propia organización. ¿Quién es el que no se esfuerza en estudiar?
Pero da igual, porque somos unos violentos y unos viciosos. Y por si no queda claro, cada cierto tiempo airean ciertas encuestas que demuestran la cantidad de violencia que hay en las aulas, sobre todo contra otros alumnos y contra los profesores. Es evidente el uso partidista que hacía la derecha de los casos de violencia en los centros de estudio. Cierto es que hay violencia, somos los primeros que queremos acabar con estos casos, sin embargo al igual que el fracaso escolar nos estamos enfrentando a un problema social que de ninguna manera desaparecerá porque se aumente la “disciplina” en las aulas o porque se cierren las puertas del patio en el recreo. La burguesía y el PP están utilizando los casos de agresiones existentes, magnificándolas, como una cortina de humo, para lo que realmente les interesa: justificar medidas antidemocráticas, evitar la participación y, de esta manera, educarnos en el conformismo de que “las cosas son así y siempre lo serán”.
En cuanto al vicio, sólo tenemos que fijarnos en la procedencia social de los protagonistas de los grandes escándalos: las clases más altas. Leyes como la del botellón sólo busca criminalizarnos, en ningún caso solucionar el problema de las drogas y del alcohol. La prueba está precisamente en las alternativas de ocio que se ofrecen a la juventud: precios prohibitivos para cines, teatros, conciertos… barrios sin suficiente equipación cultural pública y gratuita, bibliotecas sin libros, sin instalaciones deportivas gratuitas, etc.
Lo que tenemos claro es que no son las medidas punitivas las que pueden solucionar los problemas de convivencia en un instituto. Estamos radicalmente en contra de la idea profundamente reaccionaria de que “la letra con sangre entra”, nos oponemos a expulsiones y demás sanciones de este tipo. Las medidas tienen que ser recuperadoras, eso sí, los centros necesitan estar suficientemente dotados de psicólogos y demás personal especializado. Es esta enferma sociedad capitalista la que es violenta y los estudiantes somos las víctimas de esta situación, no sus causas.
Sólo son cortinas de humo. Nada más. Realmente lo que quieren que seamos estudiantes sumisos. Por eso tratan de convertir los institutos en cárceles. Por eso cierran las puertas de los institutos en los recreos, por eso sancionan a las parejas que se besan en el patio, por eso persiguen nuestro derecho a reunión en asamblea y nuestro derecho a huelga enviando cartas a casa, amenazando, expulsando…

Elección del director, Consejo Escolar, derecho a huelga y a reunión...

Al igual que con la privatización de la enseñanza, el gobierno del PSOE ha perdido también la oportunidad de eliminar la forma antidemocrática de elección del director que el PP introdujo con la LOCE.
El objetivo era convertir al director en un agente de la Administración, en un gestor que anteponga la rentabilidad a la calidad y que además sea correa de transmisión de las decisiones del gobierno. Además será un privilegiado dentro del instituto, sin horas de clase, con un salario más alto que conservará una vez deje de ser director y otras prebendas.
Desde el Sindicato de Estudiantes exigimos una auténtica democratización de los centros de estudio. No podemos tolerar que la comunidad educativa sea una mera comparsa a la hora de elegir al director. El director tiene que ser elegido y controladas sus acciones por el Consejo Escolar, en el que exigimos la paridad profesores-alumnos.
Nosotros no somos defensores del actual Consejo Escolar. Ahora mismo es un órgano antidemocrático. Los profesores son mayoría con el objeto de paralizar cualquier iniciativa presentada por los estudiantes. Tampoco tenemos ninguna ilusión de que en este organismo podamos solucionar nuestros problemas, pero lo usamos para arrancar alguna mejora y para convertirlo en altavoz de nuestras ideas. Esta es precisamente la percepción de la mayoría de los estudiantes y por eso no participan en las elecciones ¿para qué? No obstante la LOCE convirtió este organismo en un mero órgano consultor, sin competencias reales. El PSOE tiene que aprovechar esta oportunidad para dotar de contenido al Consejo Escolar y democratizarlo, concediendo la paridad entre estudiantes y profesores.
Y todo esto sin olvidar nuestras demandas históricas como el reconocimiento del derecho a huelga y el derecho a asamblea en hora lectiva. Los argumentos que se dan en su contra siempre son los mismos: “pero si no sois trabajadores, por tanto no tenéis derecho a huelga o a reunión” Esta visión es profundamente antidemocrática, en el fondo sólo busca impedir la participación de los estudiantes. Las asambleas en hora lectiva concedidas en Andalucía, fruto de las movilizaciones dirigidas por nuestra organización, demuestran que es un derecho perfectamente realizable y que no afecta a la docencia. Nosotros exigimos el reconocimiento del derecho a huelga, sin más requisitos que votarlo por mayoría (clase por clase o en asamblea) e informar a la dirección y el reconocimiento del derecho de asamblea o reunión en hora lectiva con un cupo de 5 horas lectivas al trimestre para ejercer este derecho.
Y si esta es la situación en la educación pública, la educación concertada pasa de ser cárceles a ser verdaderas “Alcatraces” donde los derechos democráticos son pisoteados hasta la saciedad. Nosotros estamos contra la existencia de la concertada no contra sus estudiantes y trabajadores. Antes mencionamos como en la privatización de la enseñanza había un claro contenido ideológico y una búsqueda consciente de facilitar el adoctrinamiento de los estudiantes. En un centro concertado el estudiante no tiene ningún derecho, tiene que aceptar sumiso las reglas del colegio (aunque estas sean reaccionarias) ya que en teoría lo ha “elegido libremente”. Así en estos colegios sí que no hay derecho a huelga ni a reunión, la represión y las sanciones están a la orden del día y por supuesto nuestra propia existencia es perseguida. Un afiliado del Sindicato de Estudiantes en un centro concertado tiene que trabajar clandestinamente. Eso sí es democracia.

Adoctrinamiento religioso en las aulas

Un punto fundamental para la derecha para garantizar el adoctrinamiento es recuperar todo el viejo ideario de la época del franquismo. Por eso han tratado de imponer la obligatoriedad de la religión, destinándole tantas horas lectivas como asignaturas como matemáticas, filosofía o ciencias de la naturaleza dependiendo del curso.
El Sindicato de Estudiantes siempre ha respetado las creencias religiosas de cada persona ya sea cristiano, judío, musulmán o ateo, sin embargo, somos conscientes de que cada comunidad religiosa, y en especial la Iglesia Católica, tiene sus mecanismos para impartir religión fuera de los centros de estudio. Por supuesto estamos de acuerdo en que se conozca el papel de las religiones a lo largo de la historia, pero ya existen asignaturas como historia y filosofía para semejantes fines. Por eso hemos exigido siempre que no se imparta religión —ni ninguna fraudulenta alternativa, como era el caso del llamado “hecho religioso” que en definitiva iba a tratar de colar la enseñanza de la religión por la puerta trasera— ni en los colegios ni en los institutos públicos, cuyo único fin es el adoctrinamiento religioso.
El Sindicato de Estudiantes defiende una educación pública, laica y científica, sólo así será realmente de calidad. Pensamos que el Estado no debe financiar con dinero de todos, máxime cuando los profesores de religión son nombrados directamente a dedo por la Iglesia, el adoctrinamiento religioso, y que debería utilizar esos recursos para mejorar la educación pública y eliminar los conciertos con la educación privada, muchos de los cuales sólo sirven para beneficiar y satisfacer los intereses de la jerarquía de la Iglesia Católica.
No es casualidad que esta ofensiva religiosa del PP coincidiese con la ofensiva racista de la derecha española contra los inmigrantes -como estamos viendo con los sucesivos endurecimientos de la Ley de Extranjería-. Aznar y compañía en connivencia con los obispos y cardenales se habían marcado la labor de “cristianizar” a los inmigrantes. En lugar de ofrecer unas condiciones de vida dignas, los empresarios españoles esclavizan a los inmigrantes y les condenan a vivir en la marginalidad - fuente de conflictos - y, mientras, a sus hijos en las escuelas se les impone la fe católica, siendo esto un paso más en la integración forzosa que contemplaba otros puntos de la LOCE.
La derecha buscaba con la obligatoriedad de la religión beneficiar a los sectores más reaccionarios de la sociedad, en especial a la jerarquía de la Iglesia católica. La derecha española tradicionalmente ha estado vinculada a la jerarquía eclesiástica. Sin duda, el que a día de hoy la educación religiosa tenga tanto peso específico en el sistema educativo es por la larga noche del franquismo y su fatídica herencia. Para recuperar esos días, Pilar del Castillo, trató de hacernos retroceder décadas y volver a los tiempos de Franco cuando el Estado era confesional, poniendo de manifiesto el verdadero carácter retrógrado del Partido Popular y que sólo gobernaba en beneficio de la patronal de la enseñanza privada y de la jerarquía eclesial. Es una vergüenza que un Estado aconfesional como el Estado español tenga que soportar este intrusismo de la Iglesia Católica.
Por eso pensamos que la decisión del nuevo gobierno de paralizar la obligatoriedad de la religión ha sido acertada. No obstante lo que plantea el ministerio de volver a la situación de una religión optativa y “estudio asistido” sería mantener el status quo actual lo cual nos parece insuficiente. Es una dura derrota para la jerarquía de la Iglesia Católica que ya se frotaba las manos al recuperar con la LOCE sus privilegios del franquismo, sin embargo, el nuevo gobierno alega los Acuerdos con la Santa Sede para no sacar la religión de las aulas.
Seguimos reivindicando una educación laica, con la religión fuera de las aulas. Las horas que ahora se dedican a religión serían mucho más provechosas dedicándolas a ayudar a los estudiantes con más problemas o en reforzar otras asignaturas. Es en estas cuestiones donde se demuestra la verdadera importancia de la lucha contra el fracaso escolar.

Acceso a la universidad (cribas y más cribas)

Si una de las grandes motivaciones de la contrarreforma educativa del PP fue “adecuar el sistema educativo a las demandas del mercado laboral” es evidente que limitar el acceso a la universidad se convertía en una tarea prioritaria. Así nada más llegar al gobierno el PP trató, una y otra vez, de endurecer la selectividad hasta que finalmente optó por el doble examen: primero la reválida para conseguir el título de bachillerato y posteriormente la prueba de acceso por universidad. La paralización de la LOCE en este punto supone que en el curso 2005/06 no habrá reválida, manteniéndose la actual selectividad.
Con respecto al anuncio de la prueba única e igual para todos los alumnos para poder acceder a la universidad, tenemos que señalar que, por supuesto, nos parece un paso adelante que el gobierno renuncie a la doble criba que defendía el PP, con una reválida para obtener el título de bachiller y una prueba de acceso por universidad. El Sindicato de Estudiantes defiende que el título de bachillerato no dependa de ninguna prueba. Si la ponderación de la nueva selectividad depende de la carrera escogida, podría suponer un claro endurecimiento para aquellas carreras más masificadas. A lo que por supuesto nuestra organización se opone frontalmente. Ponderar más el expediente que la prueba de acceso es positivo. Sin embargo no deja de ser una medida cosmética: provocaría un automático aumento de las notas de corte en la universidad que no resolvería nada.
Todo esto no es más que un intento de justificar la existencia de la selectividad, tratando de presentarla de la forma más “vendible” posible. El problema de fondo sigue siendo la propia existencia de la Selectividad, una prueba cuyo único sentido es impedir el acceso de los estudiantes a la carrera deseada para evitar construir las plazas necesarias en la universidad. Por ello desde el Sindicato de Estudiantes seguimos defendiendo el libre acceso a la universidad y la construcción de plazas universitarias públicas suficientes.
Es mentira que un examen dé calidad al sistema educativo. Todo lo contrario. Valorar el conocimiento de dos años de estudios en una prueba es terriblemente arbitrario. Un mal día lo tiene cualquiera y es imposible que un estudiante esté tranquilo cuando te lo juegas todo a una carta. Sólo habrá nervios lo cual dificulta la concentración. En el fondo un modelo así no busca a los que más conocimientos tienen, sino a los más competitivos que mejor se adaptan a una situación desfavorable y toda esa retórica de yupi sobre la “ley de la selva”. ¿En esos valores nos educan? De hecho eso provoca que 2º de bachiller sea un curso dedicado únicamente a preparar la selectividad, da igual que eso repercuta en la verdadera calidad, en ampliar el conocimiento de los alumnos. Es una oposición.
La verdad es que el único objetivo que tiene la selectividad es cribar el acceso a la universidad. Así el Estado no tiene que construir las plazas universitarias necesarias para cubrir la demanda de los estudiantes. ¿Para qué si no son más que un derroche, un despilfarro? La selectividad no sólo es útil para dejar sin poder estudiar una carrera al aproximadamente 15% que la suspende en cada convocatoria sino, fundamentalmente, para bajar la nota media con la que los estudiantes vienen de bachiller y así evitar que puedan acceder a su carrera deseada. Muchos estudiantes estudian en su segunda opción y así unas carreras que piden menos nota porque tienen menos salidas o son más baratas están masificadas y otras carreras con más salida profesional o más caras de impartir tienen un acceso muy elitizado.
Un argumento que se utiliza desde algunos sectores que se reclaman de izquierda es que una prueba unificada de conocimientos antes de acceder a la universidad es fundamental ya que de esa manera se evita que los centros concertados inflen sus notas. ¡Es absurdo! En definitiva con estas ideas confirman que la existencia de la concertada es el problema fundamental. ¡Cómo puede un gobierno permitir la existencia de una red educativa que sin la selectividad es evidente que inflarían sus notas! ¿y con selectividad no las inflan? Pues la respuesta es evidente… suprimamos la selectividad pero también los conciertos. Y mientras tanto que funcione la llamada inspección educativa que en la pública es tajante y en la concertada no hace otra cosa que mirar para otro lado. No tenemos ninguna confianza en la misma por eso el problema solo se puede resolver acabando con la doble red.
Hay muchos casos en que determinadas familias que se lo pueden permitir pagan el primer curso en una universidad privada porque su hijo no ha conseguido acceder a la universidad pública por falta de nota, para luego cambiarse. Esta realidad sólo demuestra que la existencia de la educación privada es una trampa para mantener los privilegios de los de siempre.
La burguesía no quiere que la universidad esté abierta a los hijos de los trabajadores. Quieren una universidad destinada únicamente a los hijos de su propia clase social y a los excepcionalmente brillantes que pese a todos los inconvenientes, destaquen. ¡Cómo en los buenos tiempos! Muchos hijos de la clase obrera sus potencialidades no se pueden desarrollar por presiones, cribas y por la insuficiente inversión. El porcentaje de población con estudios superiores siempre ha sido un sensible termómetro del progreso de una sociedad: marca el desarrollo de un país.
Sin embargo estas apreciaciones no importan al frío bolsillo de las multinacionales y grandes corporaciones. Para ellos derrochar en la formación de un universitario que terminará sus días como acomodador en un cine no es rentable.
Da igual que existan necesidades sociales que cubrir. ¿Acaso no hacen falta médicos y enfermeras para acabar con las listas de espera? Y claro, habrá que construir nuevos hospitales, nuevas infraestructuras... se necesitarán, por tanto, arquitectos, ingenieros y geólogos para evitar catástrofes como las que suceden en las temporadas de lluvia en la costa mediterránea. Y no hablamos de dar calidad al sistema educativo contratando profesores, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales… construyendo nuevos centros. También se necesitan más abogados laboralistas para defender a los trabajadores de los atropellos de las empresas. Incluso las desacreditadas carreras de humanidades son necesarias: los ingentes restos ocultos en la Península de restos arqueológicos, textos sin descifrar, yacimientos sin investigar, arte sin restaurar… que sin duda enriquecerían el patrimonio cultural de nuestro pueblo. Las geniales habilidades de miles de jóvenes pertenecientes a la clase obrera: escritores, músicos, pintores… se desaprovecha. Todo esto no importa. En esta sociedad sólo importa obtener beneficios… nada más.
Por todo ello el Sindicato de Estudiantes exige la desaparición de cualquier selectividad (académica o económica) para acceder a los estudios universitarios y la construcción en un plan trienal de 250.000 plazas universitarias para evitar la masificación en los distritos universitarios que se encuentran superpoblados.

La situación actual de la universidad

No sólo la LOCE fue contestada en la calle por miles de personas. La LOU fue la que abrió la espita de la movilización ya que planteaba la sucesiva privatización de la universidad, entregándola en manos de la empresa privada, facilitaba la elitización de la misma impidiendo el acceso de los jóvenes de las familias obreras y recortaba la democracia interna en perjuicio fundamentalmente de los estudiantes. En el anterior documento de política educativa aprobado en el XI Congreso Estatal del Sindicato de Estudiantes se analiza con detalle la reaccionaria LOU.
Baste recordar que como la LOCE en los colegios e institutos, la LOU tenía como objetivo privatizar la universidad pública diferenciando las universidades de primera y las de segunda. La supuesta calidad se conseguía, por supuesto, endureciendo el acceso a la universidad y la permanencia, para tratar de evitar que el hijo del obrero pueda ser universitario. Un aspecto sangrante era precisamente el gran aumento del peso de la empresa privada en la universidad, abriendo la universidad a su competitiva presencia: la universidad pública se convertía en el laboratorio particular de las empresas privadas que aumentaban sus poderes en el nuevo Consejo Social donde pueden influir en la orientación de la universidad como tal. La aparentemente más democrática elección del rector mediante el sufragio universal ponderado (vota todo el mundo, pero cada estamento tiene distinto peso; sobra decir que los estudiantes pintan bien poco), escondía la pérdida real de poder de decisión del alumnado, ya muy mermada antes de la LOU por lo que también suponía un ataque a la democracia en la universidad. La LOU también introducía e impulsaba una mayor estratificación del profesorado precisamente para mermar sus condiciones laborales favoreciendo la contratación de profesorado en precario. Así mismo, suponía un ataque hacia el personal administrativo y de servicios, PAS, con un incremento de su precarización y un importante recorte de su representación.
El nuevo gobierno del PSOE ha anunciado que modificará algunos aspectos de la LOU, pero en ningún caso la derogará, tal y como el Sindicato de Estudiantes exige y Zapatero prometió en plenas luchas estudiantiles contra la LOU. El Sindicato de Estudiantes está en contra de los órganos de gobierno de la LOU y de la elección del rector mediante sufragio universal ponderado. El rector tiene que ser elegido y controlado por el claustro. Pero por un claustro democrático en el que los estudiantes tengamos paridad con los profesores y el PAS esté debidamente representado.
Juan Vázquez, presidente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles) y rector de la Universidad de Oviedo ya ha anunciado que ellos abogan “por el equilibrio, y no abrir un nuevo proceso constituyente”. Es decir, como muchos estudiantes denunciábamos durante las luchas sobre las intenciones de los rectores, éstos sólo miran por sus estrechos intereses burocráticos. En ningún caso cuestionan la filosofía de fondo de la LOU de privatización de la universidad.
No podemos olvidar que la ministra es una estrecha colaboradora de Peces Barba, rector de la Universidad Carlos III, y fue una de las autoras del Informe Bricall que fue en la práctica un anticipo de la LOU, planteando también la privatización de la universidad pública o sustituyendo las becas por créditos bancarios. San Segundo ya ha afirmado que la CRUE tendrá trato preferente a la hora de discutir sobre la universidad.
Quizás sería interesante echar un vistazo a la Universidad de su rector, Peces Barba. La Carlos III trata de presentarse como modelo de calidad, con clases desmasificadas, sobre todo una universidad moderna. Lo cierto es que mientras que en cualquier otra universidad un estudiante dispone de seis convocatorias para aprobar una asignatura en la Carlos III solamente se cuentan con cuatro. Además si un estudiante cambia de optativa no dispondrá de las convocatorias que haya derrochado en su anterior asignatura. ¡¡Te descuentan las convocatorias!! Estas y otras lindezas demuestran el carácter de esta universidad que busca ser elitista.
Lo cierto es que las condiciones en la universidad española son especialmente dramáticas. Cualquier estudiante de otro país europeo se horroriza al comparar los métodos académicos de nuestra universidad anclados en la prehistoria con clases magistrales y exámenes ladrillo en lugar de fomentar los debates, la investigación y los trabajos de grupo. La mayoría de nuestras facultades están masificadas o en crisis. Así mientras en la UE se destina el 1,5% del PIB para la universidad aquí cayó del 0,96% en el 98 al 0,84% en el2000. La CRUE calcula que desde 1998 hasta el 2002 la universidad ha dejado de recibir del Estado 2.800 millones de euros.
Mientras, la inversión en la universidad privada crece cada año más (en el 2000 se invertía ya un 0,14% del PIB). El dato que da el gobierno en lugar del 0,84% de inversión es el de 1,1% del PIB, pero puede dar ese porcentaje porque incluye el destinado a la universidad privada y a los CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. El gobierno metía todo en el mismo pack para inflar la cifra y maquillar la realidad .En gasto por alumno universitario se ve mucho mejor: el Estado español gasta 5.239 dólares por alumno al año (aunque con las tradicionales diferencias por comunidades, así la universidad de Navarra gasta 7.639 euros y la de Extremadura 3.520), mientras que EEUU gasta más de 16.000 dólares y Alemania y los Países Bajos alrededor de 9.000. En estos datos es donde se explica precisamente la masificación, la equipación insuficiente de laboratorios, biblioteca, ordenadores etcétera.

La contrarreforma de los planes de estudios

El Ministerio por ahora parece que sigue adelante con la contrarreforma de los planes de estudio en grado y postgrado, conocidos como Planes de Bolonia, una grave medida destinada a elitizar la universidad y que como muchas otras medidas lanzadas por iniciativa de la burguesía de este país utiliza como excusa la convergencia con Europa.
El pasado 3 de junio de 2003 Pilar del Castillo presentó los proyectos de reales decretos, que desarrollan la LOU, y que establecen la estructura de las enseñanzas universitarias y que regulan los estudios universitarios de grado y postgrado. Con el argumento de la convergencia con los países de la Unión Europea se producía un nuevo ataque que significa una mayor selección del alumnado y una mayor elitización de la universidad pública, a la vez que una profundización en la política de reducir el gasto público en la enseñanza superior.
Con estos decretos los estudios universitarios se modificarán completamente. En primer lugar pasarán a estar organizados en ciclos: Grado y Postgrado. El primer ciclo, que dará derecho al título de grado, constará de entre 180 o 240 créditos y dará opción a alcanzar el título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. De esta manera, se recortará el tiempo de duración de las actuales carreras a cuatro e incluso tres años, haciendo desaparecer las actuales diplomaturas. El objetivo de estos estudios será el de proporcionar “conocimientos generales básicos” y conocimientos específicos para la “integración en el mercado laboral”. Sólo aquellos estudiantes que puedan realizar los estudios de postgrado tendrán una especialización.
La primera conclusión es clara: los títulos de licenciado, arquitecto o ingeniero quedarán devaluados y, como venimos denunciando desde la aprobación de la LOU, habrá títulos universitarios de 1ª categoría (los de postgrado) a los que podrá acceder una pequeña minoría, y títulos de 2ª categoría (los de grado).
Estos decretos profundizan los aspectos más negativos de la LOU en el terreno del acceso y permanencia a la universidad convirtiéndolos en una verdadera carrera de obstáculos. Para obtener el título oficial de Grado, es decir, para obtener el título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero habrá que superar un “examen o prueba general necesaria para la obtención del título” (Art. 5, punto 7). Es decir, se introduce una prueba final, una especie de reválida, sin la cual no se estará en posesión de dicho título aún habiendo aprobado los 3 o 4 años de carrera. Por supuesto, sin este título no se podrá optar a entrar en los estudios de postgrado.
Por si no fuera suficiente quieren introducir una SELECTIVIDAD INTERCICLOS, cuyo único objetivo es el de reducir aun más el número de universitarios y reducir el gasto público en la universidad. Esta es la filosofía de fondo de estos decretos y coincide con toda la política de acoso y derribo a la enseñanza pública que llevó a cabo el PP en todos los niveles educativos. También es una forma de desincentivar a los estudiantes para que abandonemos la idea de hacer una carrera universitaria. A partir de ahora, se verá con mayor dificultad el estudiar en la universidad, siendo nuevamente los sectores sociales más desfavorecidos los que más sufran las consecuencias. El pensamiento es claro ¿puedo permitirme el lujo de estar tres o cuatro años estudiando si, aunque apruebe, me puedo quedar sin el título?
Los nuevos CRÉDITOS (la unidad de medida académica) incluirán las horas reales de asistencia a clase, así como las horas de estudio fuera y la realización de prácticas en empresas e instituciones (Art.7 punto 3), estableciendo que las horas de clase, tanto de teoría como de práctica, no podrán exceder el 50% de los créditos de cada materia del plan de estudios (Art. 7 punto 6). En primer lugar, se trata de recortar inversión pública en la universidad, permitiendo que más de la mitad de la asignatura dependa de actividades que no se realizan en la propia universidad. Esta medida está directamente relacionada con los planes de no invertir en contratación de más profesorado, a la vez que un sector de ellos podrá dedicarse a otras labores, hecho que probablemente revertirá en beneficio de empresas privadas, que utilizarán las infraestructuras y medios humanos públicos en su propio beneficio.
Sin un plan presupuestario que permita el incremento del profesorado y del personal de administración y servicios, la mejora de las infraestructuras (bibliotecas, laboratorios, etc.) se abre la puerta a un aumento de las diferencias entre alumnos. Aquellos que puedan pagarse fuera de la universidad profesores particulares o cursos en academias e instituciones privadas tendrán claras ventajas a la hora de preparar las distintas materias. En cuanto a las prácticas en empresas e instituciones no se concreta en qué condiciones serán. Nos encontraremos, como ya ocurre hoy en día, con los estudiantes de Ciclos Formativos y de algunas carreras universitarias que hacen prácticas, con que seremos utilizados como mano de obra barata o gratuita, siendo en muchas ocasiones la parte formativa de las prácticas un auténtico engaño.
El nivel de Postgrado permitirá la obtención del TÍTULO OFICIAL DE MASTER, cursando entre 60 y 120 créditos, y se orientará a dar una formación especializada en determinadas ramas de conocimiento y, por otro lado, tendrá una parte de iniciación a la investigación. Lo primero a destacar es que a estos cursos de postgrado no podremos acceder todos. Para optar a entrar en un curso de master no sólo se necesitará el título de grado, sino que nos encontraremos con que cada universidad podrá seleccionar a los estudiantes que lo soliciten “conforme a los criterios de valoración de méritos que establezca la Universidad” (Art. 5, punto 4).
Evidentemente, las plazas serán limitadas y cada universidad podrá elegir a quién considere oportuno y sobre la base de los criterios que quiera (extracción social, estudiante a tiempo completo,...): la selección de alumnos está servida y la lucha de cada universidad por conseguir los mejores estudiantes está garantizada. La creación de un ranking de universidades (aprobado por la LOU) según el cual se distribuirá la financiación pública, junto a incentivar que las universidades se financien a través de mecanismos privados, llevará a profundizar en el proceso de constitución de universidades y facultades de primera y de segunda, con lo que los títulos obtenidos tampoco tendrán el mismo valor a la hora de buscar un puesto de trabajo.
Con este sistema de master pretenden expulsar estudiantes de los estudios universitarios y reducir más si cabe el gasto público en universidad. Además, profundiza el proceso de elitización de la universidad en lugar de garantizar una universidad pública de calidad para la inmensa mayoría, con la financiación pública necesaria y con becas suficientes para que cualquier estudiante pueda acceder a una formación superior realmente de calidad.
Como denunciamos durante el proceso de movilizaciones contra la LOU, se prima la competencia entre las universidades, tratando lo que es un derecho universal: la educación, como si fuera una mercancía más. Los cursos de postgrado serán ofertados sobre la base de la ley de la oferta y la demanda del mercado, privilegiando determinadas ramas, que desde un punto de vista empresarial son más rentables que otras.
Además, no todas las Comunidades Autónomas impartirán todos los cursos de postgrado, con lo cual teniendo en cuenta la escasa política de becas (no podemos olvidar que estamos a la cola de Europa en este terreno) la igualdad de oportunidades para el acceso a los cursos de master se verán seriamente dañadas. Además, no podemos olvidar que aunque el Ministerio de Educación habla de que serán títulos ofertados por las Universidades públicas, no dice qué precios tendrán, siendo actualmente precios desorbitados para la mayoría de los estudiantes, aunque se impartan en las universidades públicas (por ejemplo, la Universidad Carlos III de Madrid oferta un Master en “Dirección de la Empresa Audiovisual que cuesta 7.250 euros). Esta será la primera criba, una criba económica para el acceso al título de postgrado.
La carrera de obstáculos no termina ahí. Quien consiga superar todas las trabas anteriormente señaladas se encontrará con una nueva prueba para poder alcanzar oficialmente el título de Master: “tendrá que superar la valoración global de sus conocimientos” a través de una exposición pública ante un tribunal que será el encargado de decidir quién puede obtener el título y lanzarse a la obtención del título de Doctor.
El nuevo gobierno del PSOE no puede quedarse de brazos cruzados ante este nuevo ataque. Tiene que frenarlo. También le pedimos que derogue la LOU y que plantee una nueva reforma educativa en la universidad que beneficie a la universidad pública y los hijos de los trabajadores. Los primeros interesados en aprobar esta contrarreforma de los planes de estudio son los rectores que se frotan las manos pensando en los masters en sus propios beneficios y en el “prestigio de su universidad”.

Política de becas

El 13 de mayo el gobierno aprobó 36 millones de euros de crédito extraordinario para becas, es decir, un incremento de un 4,4% del dinero actualmente invertido en becas (819 millones de euros en los presupuestos del 2004). Este es el primer paso. En los ocho años de gobierno del PP las becas sufrieron recorte tras recorte, en el 2001 se gastaba menos de becas que en 1996 y a día de hoy seguimos a la cola de Europa en cuantía y número de becarios.
En el programa electoral del PSOE, primero se planteó alcanzar un 50% de becarios en bachillerato y FP, 40% incluyendo al alumnado de universidad, aumentar umbrales de renta y cuantías de todas las becas y la financiación de las Erasmus y Séneca. Los plazos planteados en un principio era de una legislatura, pero posteriormente la ampliaron a dos.
Pero también planteaban impulsar un tipo de crédito-beca. Realmente un préstamo (un crédito blando, a bajo interés) del Estado a los estudiantes a devolver al acabar los estudios, una medida que nosotros rechazamos ya que supone hipotecar el futuro de los estudiantes, aumentando de paso los beneficios de la banca.
Es interesante destacar en primer lugar el número de estudiantes becados en el Estado español. Mientras que en Europa rondan el 40% de los matriculados, aquí la cifra se queda en un ridículo 15,49% (sólo un 3,54% tenían acceso en el curso 2001/02 a ayudas compensatorias y de movilidad). Lo que hacía el PP era reducir el número de estudiantes becados para o bien subir o bien congelar la cuantía de las becas.
Así en el curso 2002/03 descendió en un 6,3% el número de becas destinas a universidad, y en un 20% el de medias, mientras que la cuantía media de las becas para universidad suben en un 14%. Sin embargo, en la práctica se ha congelado durante el gobierno del PP. En cuanto al número de universitarios becados, durante el gobierno del PP la cifra se redujo en un 24,84% según el informe de la CRUE La universidad en cifras 2004. Así el número de becados ha pasado de 252.825 en 1996 a 190.011 en el 2002 con un importe medio de sólo 2.151 euros.

Fue la ayuda compensatoria una de las que más sufrió la política reaccionaria del Partido Popular que trató de limitarla excluyendo de la universidad directamente a los hijos de las familias más desfavorecidas. Endureció los requisitos para que sólo el primer año que se aplicó esa normativa 8.000 estudiantes se quedaran sin esa ayuda. El escándalo fue tal que el PP tuvo que dar marcha atrás en algunos de estos puntos.
Finalmente el gobierno PSOE ha eliminado los criterios que no eran de renta para solicitar esta ayuda. Sin embargo las rentas máximas exigidas en la ayuda compensatoria son ridículas y la cuantía de esta ayuda sigue siendo insuficiente. Estamos hablando de familias de cuatro miembros que no pueden tener unos ingresos anuales superiores a los 9.271 euros (130.000 Ptas. al mes): es decir que viven en la más absoluta miseria. Estos umbrales de renta se tienen que elevar así como la cuantía que tiene que ser suficiente como para sufragar todos los gastos derivados de estudiar en la universidad.
Es precisamente el tema de los umbrales (es decir, las rentas familiares que posibilitan acceder a una beca) uno de los más escandalosos sobre todo teniendo en cuenta la contención salarial que las familias trabajadoras han sufrido en los últimos años y cómo esa medida desde luego no ha evitado el aumento de todos los precios. La orden de becas emitida por el nuevo gobierno socialista no ha supuesto un aumento en los umbrales, sólo el correspondiente a la inflación lo cual es, a todas luces, insuficiente.
Necesitamos un Plan Extraordinario de Financiación para la educación pública que aumente de forma radical la cuantía y el número de becarios. La situación hoy por hoy en este capítulo es lamentable y es sin duda uno de los más importantes para poder garantizar que los hijos de los trabajadores podamos continuar estudiando. Por ejemplo se da la paradoja del estudiante que para poder pagarse los estudios o ayudar a sus familias a llegar a fin de mes tiene que buscarse trabajos a media jornada o de fin de semana y, por eso, no pueden solicitar una beca.
Durante el gobierno del PP, los recursos del Estado destinados para becas han bajado un 28%, pasando del 0,075% del PIB en 1996 al 0,054% en 2003 cuando las referencias internacionales hablan de que es necesario invertir el 0,20%, cuatro veces más de lo que se destina aquí.
Y mientras recortaba en becas, el PP abrió el grifo para la universidad privada. A partir del curso 2002/03, por si hubiera alguna duda, la convocatoria de becas para la matrícula dejó bien claro que se puede optar a ayudas por matricularse en universidades privadas, según el gobierno sólo si su coste no supera al de las públicas de la misma comunidad o bien si la carrera que uno quiere cursar no la imparte una universidad pública en la misma Comunidad Autónoma. Es decir, en vez de ofrecer esa carrera en un centro público o dar becas de movilidad en condiciones, el MEC está financiando las carreras en un centro privado. Además, cualquier empresario se dará cuenta de qué carreras con demanda faltan en una región y las ofertará, sabiendo que el Estado le va a pagar la matrícula de todos los estudiantes que de otra forma no podrían ser sus “clientes”.
Esta dramática situación de las becas se está dando cuando año tras año el precio de las tasas universitarias está creciendo del orden de hasta un 7% anual. Para este curso el gobierno ha planteado una subida de hasta el 6,7%. El incremento de las becas planteado por el PSOE será absorbido directamente por las tasas. ¿Cuántas familias trabajadoras habrán tenido un incremento salarial de ese calibre?
Ya esta bien de becas ridículas y tasas al alza. Frente a la actual beca para material, defendemos una beca de 700 euros con la que se puedan adquirir los costosos libros y demás material didáctico. Frente a la actual ayuda compensatoria, defendemos becas salario de 900 euros al mes para todos aquellos jóvenes que por su situación no puedan estudiar al tener que ponerse a trabajar. Defendemos que para estudiar fuera no sólo de la Comunidad, sino también fuera de la provincia la ayuda ascienda a los 7 mil euros al año. Además los umbrales de renta se tienen que incrementar para que todas las familias trabajadoras puedan acceder a las mismas. Para todas las ayudas pedimos la eliminación de cualquier requisito académico para determinar quién tiene y quién no tiene derecho a beca ya que exigir al becario un nivel académico superior al de los demás estudiantes supone una discriminación vergonzosa.
El modelo que defiende el Sindicato de Estudiantes es el de unas enseñanzas medias absolutamente gratuitas en todos los aspectos (libros de texto, transporte, actividades extraescolares, comedores…). En la universidad pública también defendemos que ésta sea gratuita para los hijos de los trabajadores, donde no sólo desaparezcan los costes de matriculación y las tasas académicas, sino que las becas hagan realmente gratuita la adquisición de libros de texto, los gastos de transporte, residencia, comedor…

La Formación Profesional

La Formación Profesional ha sido históricamente la cenicienta del sistema educativo. Destinada directamente a los que “no eran capaces” de alcanzar la universidad, durante muchos años fue un almacén donde se destinaba a todo aquel alumno conflictivo o que simplemente buscaba una salida laboral inmediata. Estudiar FP era sinónimo en el sistema educativo a ser de segunda. El paro masivo que históricamente siempre ha sufrido el Estado español (incluso en un contexto internacional de fuerte crecimiento económico, el capitalismo español no ha sido capaz de reducir el desempleo por debajo del 11%) los convertía además en un cúmulo de parados potenciales que en muchas ocasiones estaban matriculados en formación profesional por no encontrar un puesto de trabajo.
La LOGSE no modificó sustancialmente esta realidad. Sólo diferenció entre la formación profesional de calidad (ciclos formativos de grado superior) destinada a aquellos estudiantes con bachillerato con unos módulos de más calidad y con salidas profesionales más cualificadas. Y una formación profesional directamente orientada a ser mano de obra barata (ciclos formativos de grado medio) en los que sólo exigen el título de secundaria y que se convirtió en un aparcadero para el fracaso escolar con una salida laboral poco cualificada y orientados al empleo basura. En este modelo la Garantía Social no dejaba de ser una mera formación asistencial destinada a los que ni siquiera podían alcanzar el título de ESO.
Los ciclos formativos de grado superior han sido uno de los bocados más apetitosos para la educación privada. Todos los años el volumen de no admitidos es vergonzoso (los hemos dado en otras partes del documento) dejando a miles de estudiantes en la calle sin otra alternativa que matricularse en los costosos ciclos privados donde las matrículas son equiparables a las que un alumno se desembolsa en la universidad. Para los empresarios algunos de estos ciclos con más demanda y no excesivamente caros eran verdadera carnaza para aumentar sus beneficios. Y para garantizar esto, el ministerio ha rebajado repetidas veces los criterios mínimos necesarios para impartir la formación profesional. Así en algunos lugares la oferta de plazas en los ciclos formativos privados es más alta que en las públicas y algunos módulos, directamente, no se encuentran en la oferta pública.
Uno de los reclamos más utilizados por las academias privadas es su hilo directo con la empresa privada lo que garantiza unas prácticas en determinadas empresas donde, dicen, es muy fácil que te quedes. Lo cierto es que las prácticas se han convertido en el negocio más rentable para muchas empresas. Algunas incluso mantienen sus plantillas en la práctica con el estudiante de prácticas. El Estado subvenciona a la empresa privada para que incluya en su plantilla a un trabajador gratuito (esclavo) durante tres meses por su formación. En muchos de los casos, la práctica nada tiene que ver con el ciclo formativo en el que el estudiante está matriculado y en muy pocas ocasiones eres contratado por la empresa al terminar las prácticas.
Todas las campañas publicitarias destinadas a dignificar la Formación Profesional no han sido más que maquillaje. La dignificación de la salida profesional sólo se puede dar en la medida en que haya un aumento decisivo de la oferta pública, mejore la calidad de los propios módulos y los puestos de trabajo a los que dé acceso sean dignos. Hoy en los ciclos formativos faltan profesores cualificados, maquinaria con tecnología punta, talleres en buenas condiciones, desmasificación y buenas condiciones de higiene y seguridad: Para dignificar realmente hay que solucionar estos problemas tan poco dignos.
No obstante la visión profundamente reaccionaria que la burguesía tiene con el trabajo manual -impropio de los señoritos y exclusiva de los obreros- empapa cada línea de la LOCFP (Ley Orgánica de las Cualificaciones y la Formación Profesional), aprobada por el gobierno del PP en el 2002 y que fue aceptada por los dirigentes sindicales de CCOO y UGT.
La LOCFP fue impulsada con el pretexto de dignificar la Formación Profesional pero sólo buscaba privatizarla, es decir “adecuar la formación profesional a las necesidades del mercado”. ¿A qué nos suena esto? Lo cierto es que esto ya era así. De hecho en muchas localidades la oferta de ciclos formativos viene determinada en primer lugar por la cámara de comercio que marcaba qué ciclos eran rentables en la localidad basándose en la tradición de la zona o en los negocios de los que los empresarios locales quieren beneficiarse. Así muchos estudiantes tienen que abandonar su localidad para estudiar el ciclo que desean o adecuarse a una oferta limitada basada en criterios empresariales.
La LOCFP va más allá. Abre por completo el terreno de la formación profesional a los deseos de la burguesía española a sus necesidades a corto plazo. Ahora necesitamos soldadores, pues abrimos módulos de soldadura, a los dos años el campo está saturado, pues los cerramos. Esa es la filosofía tras la que se esconde la “modernidad” de esta ley que está en vigor.
La FP está divida entre tres modalidades: La reglada que se imparte en los institutos (los ciclos formativos), la ocupacional (la de los famosos cursos del INEM o de los sindicatos, cursos para iniciar el conocimiento de una determinada área o profundizar en la formación de un terreno concreto) y la continua (que se desarrolla dentro de la propia empresa, en teoría para reciclar a los trabajadores).
La ley plantea crear Centros Integrados de Formación Profesional donde se impartan los tres modelos. Serán instituciones al margen del sistema educativo donde el director será nombrado directamente por la Administración. En teoría es para concentrar recursos, maquinaria, infraestructura en esos centros. En la práctica es para que la formación profesional escape al control de la comunidad educativa y los empresarios se aprovechen de las instalaciones públicas que pagamos todos.
Es una vuelta a los antiguos institutos de FP pero a un nivel mucho más degradante. Una de las cuestiones positivas que tuvo la LOGSE fue unir centros de bachiller con centros de FP y que en un mismo IES se diesen bachilleratos y ciclos formativos. Este modelo que facilitaba la integración entre estudiantes y atacaba la histórica degradación de los centros de FP así como su valoración social, necesitaba un esfuerzo inversor que nunca llegó para garantizar la convivencia de ambos estudios en condiciones de calidad.
Hoy en día la FP-Ocupacional está básicamente financiada a través de los Fondos de Cohesión y otras ayudas de la Unión Europea. Con la ampliación de la UE y la incorporación a ésta de otros países más atrasados que el propio Estado español, gran parte de estas ayudas se perderán. Es por ello que otro objetivo calculado de la reforma de la FP consiste en anticiparse a este proceso para que lo que hoy es la FP-Ocupacional se pueda valer de las infraestructuras y personal de la FP-Reglada.
En el fondo, hay un plan diseñado para degradar y, en última instancia, hacer desaparecer, los ciclos formativos de la actual FP-Reglada tal como hoy existen. Para empezar se van a reconocer vías alternativas para obtener acreditaciones profesionales (a través de otras administraciones distintas a la educativa) de los cursillos que oferta la empresa privada a través de la FP- Ocupacional. Evidentemente esta supuesta vía para cualificar es más que sospechosa, sobre todo en la medida que la ley no plantea ningún mecanismo de control o evaluación. Será la ley de la selva en la formación profesional.
¿En qué condiciones se impartirán esos futuros cursos? Pues en las más ventajosas para el empresario. Como asegure una mayor tasa de beneficios y evidentemente en perjuicio de la calidad de la enseñanza. Incluirá además un elemento de competencia entre los títulos que en definitiva devaluará la validez de la formación profesional ayudando a abaratar la mano de obra.
En definitiva el plan de fondo es acabar con la formación profesional reglada y que cada vez más sea la empresa privada la que, con las cuantiosas ayudas y subvenciones del Estado, se encargue de la formación de sus trabajadores especializándolos en lo que a ella le convenga en cada momento dado lo que sin duda pondrá en graves apuros a un trabajador en el caso de que tenga que cambiar de trabajo.
El nuevo Ministerio tampoco ha planteado nada, por ahora, sobre la Ley de FP. Evidentemente exigimos su derogación y que sea reemplazada por una ley de formación profesional dentro de una reforma del sistema educativo en beneficio de los hijos de los trabajadores.
Desde el Sindicato de Estudiantes defendemos que los costes de los cursos de reciclaje dentro de las empresas (FP continua) deben correr por cuenta de la propia empresa, que es la que se va a beneficiar frente a su competencia. Ningún euro público debería subvencionar estos cursillos particulares de las empresas.
En lo referente a la FP ocupacional defendemos la necesidad de la misma porque sí hay trabajadores y jóvenes que la necesitan: montones de cursillos sobre diseño de webs, ofimática etc. son fuente de negocios millonarios para las academias privadas. El conocimiento de estos cursos es básico ahora mismo para muchísimos trabajos e incluso para la vida cotidiana, y deben ser ofertados gratuitamente por al Administración pública, en concreto por el INEM, con un control democrático de los cursillos por parte de los sindicatos de trabajadores y estudiantes que acudan a dichos cursillos.
De todas formas, lo fundamental para nosotros es caracterizar la finalidad de la FP reglada. Desde el Sindicato de Estudiantes pensamos que la FP reglada (los ciclos formativos) deben proporcionar estudios de una base sólida y polivalente en cada rama profesional existente, posibiliten la profundización de conocimientos en una especialidad determinada de la rama profesional pero siempre favoreciendo el que, partiendo una base común sólida, el día de mañana el estudiante o trabajador se pueda reciclar en otra especialidad de la rama profesional.
También en la formación educativa de los ciclos debe contemplarse una dimensión educadora en conocimientos y en valores que permita a las personas desarrollar su actividad laboral, estar preparados para un cambio de actividad y para poder ejercer sus derechos como trabajadores. La LOCFP no contempla nada de esto.
En lo referente a las prácticas en empresa, consideramos que las actuales subvenciones que a través de los presupuestos generales del Estado las empresas privadas donde se realizan estas prácticas se llevan sean destinadas al pago de dichas practicas a los alumnos y no a aumentar los beneficios privados, si bien exigimos que los gastos derivados de la Seguridad Social, así como todos los derechos pasivos que correspondan a cualquier trabajador en plantilla de la empresa donde se realicen las prácticas, deben correr a cargo de ésta, incorporando el derecho a que el estudiante pueda optar por permanecer en esa empresa con un contrato indefinido una vez terminado el período de prácticas. Además se debería contemplar la creación de comisiones de control en las que se encuentren representados a partes iguales los trabajadores, los estudiantes y la Administración, para evitar el fraude a la hora de realizar las prácticas en empresas.
Una FP de calidad requiere de un personal cualificado, el Sindicato de Estudiantes pide que todos los profesores que impartan clases tengan la suficiente formación académica y pedagógica. Por último demandamos un plan extraordinario de inversiones para los ciclos formativos, que contemple la mejora de todas las instalaciones, la construcción de más plazas y la adecuación de los talleres.

Por una reforma educativa en beneficio de los hijos de los trabajadores

El nuevo gobierno del PSOE tiene una oportunidad histórica para revertir la maltrecha situación de la educación pública. Además, si lo hace contará con el respaldo, en la calle si es necesario, de la inmensa mayoría de la sociedad, los millones de jóvenes y trabajadores que fuimos los responsables de la victoria de la izquierda en las elecciones del 14-M.
Cualquier medida progresista y en defensa de la enseñanza pública será satanizada por la burguesía. Se armarán y atacarán, siempre lo han hecho, tenemos experiencias pasadas. El gobierno deberá soportar esas presiones y actuar defendiendo siempre los intereses de la inmensa mayoría de la sociedad: la clase obrera. No hay caminos intermedios. No se puede mejorar la educación pública contentando a la burguesía. No se puede servir a dos amos a la vez.
La LOGSE fue una demostración de que eso no es posible. En 1990, año de aprobación de la LOGSE, el Sindicato de Estudiantes reconocía las mejoras potenciales de la nueva legislación: avances en la escolarización obligatoria (pasaba a durar desde los 6 hasta los 16 años, no hasta los 14 como era hasta entonces), enfoque más comprensivo de la pedagogía; mejoras en las enseñanzas de música, idiomas y educación física...
Ahora bien, el Sindicato de Estudiantes criticó las graves carencias de la LOGSE:
· Se renunciaba a un tronco único de educación pública, obligatoria y gratuita entre los 0-18 años.
· Se creaba una FP de primera (grado superior) y otra de segunda (grado medio), devaluada, en la que un estudiante no podía promocionar a la superior, además se supeditaba el currículo y la puesta en funcionamiento de los ciclos en función de las necesidades de las empresas privadas.
· No se aprobó una Ley de Financiación de la Enseñanza por lo que cualquier medida progresista se convirtió en su contrario al no existir los recursos que pudieran llevarlas a cabo. En definitiva este era determinante para solucionar la calidad del sistema educativo.
· No se garantizaba total e íntegramente la plena consecución de los objetivos de la ESO (incluso el título) para los estudiantes con más dificultades. A estos simplemente se les aparcaba en la Garantía Social. Una renuncia de partida a combatir el fracaso escolar.
· Se permitió que se incrementasen los conciertos con la privada y, lo que es más importante y negativo, los convenios que permiten a estos colegios recibir subvenciones del Estado y cobrar tasas.
Precisamente por estas carencia el Sindicato de Estudiantes salió a la calle, convocando dos huelgas generales en los institutos el 22 de marzo y el 26 de abril de 1990. Los dirigentes de CCOO, UGT, IU y CEAPA, entonces, nos dejaron solos a la hora de arrancar al gobierno del PSOE una reforma educativa en beneficio de los hijos de los trabajadores.
Toda la experiencia acumulada en estos años no puede caer en saco roto. El camino de tratar de contentar a todos ha fracasado. Es hora de aplicar una política que defienda intransigentemente los intereses de jóvenes y trabajadores. Es más necesaria que nunca una reforma del sistema educativo (también la universidad y la formación profesional) en beneficio de los hijos de los trabajadores. Una reforma educativa que suponga una apuesta consecuente por la educación pública, no destinando ni un solo euro público a la educación privada, una apuesta por una educación pública de calidad, con suficiente inversión, con un Plan de choque para financiar los institutos y las facultades. Una reforma educativa que apueste por una educación pública, laica, democrática, científica y gratuita.
Todas las medidas que defendemos como imprescindibles para los estudiantes y la juventud tendrán la oposición de los privilegiados, de la burguesía española, ya que para poder llevar a cabo estas medidas hay que atacar sus intereses estratégicos. Además un sistema educativo público de calidad sólo puede existir sobre las bases de unas condiciones de vida dignas para la inmensa mayoría de la población que pasa por un empleo digno, bien remunerado, una vivienda digna, unos barrios dignos... No es posible imaginar un sistema educativo perfecto y con un funcionamiento armónico, mientras millones de jóvenes viven sumergidos en la explotación, marginación y desesperación más absoluta. En definitiva nuestra lucha está vinculada con la lucha contra el sistema sobre el que la burguesía detenta el poder, el capitalismo: un sistema injusto que no tiene problema en condenar a dos terceras partes de la humanidad a la más absoluta miseria para mantener sus beneficios.
Además la experiencia lo confirma: cada conquista, cada mejora que logramos arrancar, sólo gracias a la lucha y a la movilización, en nuestras condiciones de vida, en cuanto bajamos la guardia nos lo quitan. No nos han regalado nada y con lo que con una mano te dan, con la otra te lo quitan.
Desde el Sindicato de Estudiantes apostamos por tanto por acabar con el sistema capitalista, como única forma de poder garantizar unas condiciones de estudio y de vida dignas, acordes con el enorme desarrollo de la riqueza, de la cultura y de la tecnología que la humanidad ha desarrollado. Por eso luchamos por un sistema social donde lo que prevalezca sea cubrir las necesidades sociales, planificando democráticamente los medios de producción, para así beneficiar a la inmensa mayoría de la población: el socialismo.

PLATAFORMA REIVINDICATIVA PARA ENSEÑANZAS MEDIAS

Por una educación pública y de calidad

· Una reforma educativa en beneficio de los hijos de los trabajadores: tronco único de los 0 a los 18 años. Plazas públicas y gratuitas para la educación infantil para cubrir toda la demanda desde los 0 años.
· Impartición de la ESO en centros de Secundaria, con todos los medios necesarios: Departamentos de Orientación bien dotados, con profesionales preparados y suficientes, con planes de atención a la diversidad y programas de diversificación. Ante la matriculación continua de alumnado inmigrante especial atención con programas de acogida y de enseñanza del idioma. Departamentos de Tecnología y Música. Creación, como mínimo, de IES en todas las comarcas: No a las extensiones y centros que comparten primaria y secundaria.
· Bibliotecas con bibliotecarios en todos los IES, abiertas ininterrumpidamente mañana y tarde. Apertura de las bibliotecas municipales los fines de semana, sea época de exámenes o no, ampliando la plantilla si fuera necesario.
· No a la masificación: aumento de la plantilla docente para garantizar un máximo de 15 estudiantes por aula en Primaria, 20 en Secundaria y 25 en Bachilleratos y Ciclos de FP.
· Gratuidad total de la enseñanza pública: Nacionalización total de las grandes distribuidoras y editoriales bajo control de los trabajadores para garantizar libros de textos gratuitos así como el acceso a la cultura para la mayoría de la sociedad. Los libros de texto se elaborarán con criterios científicos y serán controlados por la comunidad educativa. Gratuidad de todo el material escolar y de los servicios de transporte y comedor. Red de comedores en colegios e IES.
· Red de enseñanzas nocturnas de Bachilleratos para cubrir el 100% de la demanda. Mejora de la educación para adultos y de la educación a distancia. Garantía de oferta de todas las optativas ofrecidas en la enseñanza normal.
· Derecho en todas las ramas educativas a terminar los estudios en el mismo plan de estudios en el que se comenzó y con los mismos derechos. Cursos escoba para los repetidores en las enseñanzas llamadas a desaparecer.
· No al cobro de matrículas en los institutos.
· En la educación pública, 100% de financiación de la misma por parte de las Administraciones públicas.
· Incremento radical de los presupuestos destinados a becas para acabar con la selectividad económica.
· No a la libertad de los centros para escoger a su alumnado. Admisión en los centros en donde primen criterios como:
cercanía al domicilio, tenencia de familiares en él y renta económica familiar.
· Retirada de las subvenciones a la privada-concertada. Los centros concertados deben incorporarse a la red pública adaptando las instalaciones y gozando los trabajadores de los mismos derechos a todos los niveles.
· Investigación por parte de la Administración de los centros privados y academias de formación profesional para que no inflen las notas. Cierre del instituto privado en caso de fraude por notas.
· No a la diferenciación y especialización en la ESO: tronco común en toda la etapa.
· Financiación digna de las transferencias educativas, dedicando el dinero íntegramente a la enseñanza pública y primando la financiación extra de aquellas autonomías con menos renta e ingresos.
· 7% del PIB, como mínimo, para la educación pública, para poner las bases para empezar a garantizar esta plataforma reivindicativa. Plan de choque extra de inversión de un billón de pesetas que, en el plazo de tres años, garantice en todos los centros educativos el cumplimiento de las condiciones materiales que explicitamos en esta plataforma.

Por una educación científica, crítica y laica

· Desaparición de la asignatura de religión.
· ¡Fuera los reclutadores del ejército de los centros de estudios! No a la militarización de la enseñanza pública. Ninguna actividad encaminada a fomentar el espíritu militar o el reclutamiento.
· Enseñanza de las humanidades basada en la comprensión y no en la memorización. No a la manipulación de estas enseñanzas por parte del sistema.
· Repetición de exámenes a los estudiantes suspendidos, con distinto profesor, en el caso de un 40% o más de suspensos en una clase.
· Ante el fracaso escolar, el Sindicato de Estudiantes defiende que se invierta el máximo de recursos para garantizar profesores de apoyo, clases de refuerzo, becas y ayudas, así como atención psicopedagógica.
· Derecho de los estudiantes vascos, gallegos, catalanes, valencianos y baleares a estudiar en sus lenguas, en la red pública, reconociendo la unidad de la lengua catalana. Potenciación de las lenguas autóctonas, para lo que es imprescindible invertir en laboratorios de idiomas, material audiovisual, etc. Con ello, la Administración pública de tales nacionalidades históricas habría de ser responsable de originar las condiciones de integración necesarias para que aquellos estudiantes del resto del Estado español que pretendieran acceder al sistema educativo pudieran hacerlo sin ningún problema, facilitando cursos de aprendizaje del idioma gratuitos para todos los estudiantes foráneos, que correrían a cargo de la administración pública de la nacionalidad histórica. Estos cursos también habrían de ir dirigidos a los trabajadores que pretendiesen acceder al mercado laboral de dichas nacionalidades históricas.
· Ninguna discriminación por razón de idioma. En el caso de la llingua asturiana y de la fabla aragonesa, derecho de todos los estudiantes a poder estudiarla, sin que eso dependa de la mala o buena voluntad de los Consejos escolares.

Horario y calendario escolar

· Discusión con todas las organizaciones progresistas del mundo educativo, acerca de la posibilidad de cambiar los horarios y calendario escolar, siempre desde un punto de vista científico y partiendo de la necesidad de vincular esto a incrementar drásticamente las inversiones en enseñanza para que en los centros puedan disponer de los suficientes recursos.
· Tiempo suficiente como para que haya descansos suficientes entre clase y clase, así como para los recreos. Mantenimiento y potenciación de la Semana Blanca y de las Jornadas culturales. Con diferentes actividades culturales, de ocio y formativas que sean co-organizadas por el alumnado.
· Apertura de los centros de estudio 12 horas al día, 6 días a la semana durante todo el año, con incremento del presupuesto de cada centro y contratación de personal extra. Potenciación de las actividades extraescolares y apertura de todos los servicios del centro. Posibilidad de utilización de la infraestructura del centro por parte de los vecinos del barrio o del pueblo, bajo la supervisión de representantes de los Ayuntamientos y/o asociaciones de vecinos.
· Utilización de la infraestructura de los centros educativos en época de vacaciones, con profesorado extra, para la realización de clases de apoyo y de recuperación para los estudiantes que lo necesitasen.

No a la represión. Por nuestros derechos democráticos

· Retirada de las Cartas de derechos y deberes reaccionarias, que no garantizan nuestros derechos democráticos más elementales.
· Reconocimiento del derecho a huelga, sin más requisitos que votarlo por mayoría (clase por clase o en asamblea) e informar a la dirección.
· Reconocimiento del derecho de asamblea o reunión en hora lectiva: cupo de 5 horas lectivas / trimestre para ejercer este derecho.
· Departamento de orientación en todo centro educativo, suficientemente dotado. Nunca sanciones de expulsión, sino que tengan carácter recuperador.
· Paridad de estudiantes y profesores en el Consejo Escolar en secundaria, bachillerato y los ciclos formativos. Posibilidad de revocar en cualquier momento a cualquier representación estudiantil. Para ello bastaría con al menos un 30% de firmas de alumnos del nivel correspondiente que estuvieran de acuerdo con ello. Celebración inmediata de elecciones cuando quede algún puesto vacante y no haya suplente.
· ¡El director no puede ser escogido por la Administración! El director tiene que ser elegido por la comunidad educativa, a través del Consejo Escolar.

Por unos Ciclos Formativos de FP de calidad

· Derogación de la LOCFP.
·¡No a los centros integrados! Los ciclos formativos se imparten en los institutos.
· Posibilidad de que los estudiantes de los actuales ciclos de grado medio de FP puedan acceder a los de grado superior a través de un curso-puente en la red pública de una duración variable (entre tres y nueve meses) dependiendo de la rama o especialidad, sin más límites ni trabas selectivas.
· Inversión en creación de ciclos públicos para satisfacer la demanda existente. ¡Ningún no-admitido en la FP!
· Material en laboratorios y talleres de calidad y actual.
· Prácticas remuneradas en empresas, totalmente controladas por los sindicatos obreros, profesores y representantes de los alumnos, y calificadas por los “tutores de prácticas”.

El hijo del obrero a la universidad

· No a la selectividad. Acceso directo a la universidad al aprobar bachillerato o ciclos de grado superior. Acceso en primera opción.
· Ninguna selectividad económica. Tasas gratuitas para los hijos de los trabajadores y sistema de becas amplio que cubra todos los gastos.


PLATAFORMA REIVINDICATIVA PARA UNIVERSIDAD

Presupuestos, calidad y dimensión de la universidad

· No a la privatización de la universidad. Derogación de la LOU.
· Incremento de los presupuestos destinados a la Universidad pública hasta llegar al 2% del PIB.
· Potenciación de los cursos de acceso para adultos y de la UNED.
· Ratio máxima de 50 alumnos por aula.
· Renovación y ampliación de las infraestructuras en las facultades. En concreto:
- Ampliación y construcción de bibliotecas, y aumento de dotación de las actuales. Apertura de las mismas en horario ininterrumpido los fines de semana.
- Aumento de las plazas y del número de becarios en las residencias estudiantiles.
- Cafetería, fotocopiadoras y comedores: aumento de la capacidad y precios reducidos. No a la privatización de los servicios universitarios.
· No a la obligatoriedad de matriculación de todas las asignaturas en el primer curso de la carrera.
· Eliminación del PIR y del MIR. Ninguna traba al derecho a ejercer la profesión sanitaria una vez obtenido el título y la especialización.
· Derechos laborales plenos y un contrato digno para los becarios de investigación.
· Defensa de los derechos lingüísticos de los estudiantes de zonas con lengua propia. Dotación de medios suficientes, materiales, cursos gratuitos para que profesorado y estudiantes foráneos aprendan el idioma, con la perspectiva de alcanzar el uso pleno de estas lenguas en la docencia y el estudio.
· Fuera la empresa privada de la Universidad pública. Supresión de los convenios de las universidades públicas con las entidades financieras privadas (cajas de ahorro y bancos). Los servicios que actualmente ofrecen han de pasar a ser gestionados por las propias universidades, con comisiones de gestión y control formadas por el PAS, profesores y estudiantes.
· Ni un euro más a la universidad privada. Nacionalización de estos centros incorporándolos a la red pública.

Acceso y permanencia

· Ninguna traba al estudio. Ninguna prueba de Selectividad en ninguna universidad o facultad. Admisión en primera opción.
· Creación de 250.000 nuevas plazas universitarias.
· Retirada inmediata de los recargos en segunda, tercera y posteriores matrículas.
· Incremento sustancial de la cuantía y del número de becarios.
· Matrícula gratuita para los hijos de los trabajadores.
· Normas de permanencia que no discriminen a los estudiantes que trabajan y que sean discutidas con las organizaciones estudiantiles y los sindicatos de clase, con criterios aplicables a todo el Estado. Ninguna limitación a la entrada en la universidad para los mayores de 25 años.
· Agilización de los trámites sobre la concesión de becas: informe favorable o negativo sobre la concesión de la beca lo más inmediato posible, que permita además el pago íntegro de la misma con fecha tope de diciembre.

Sistema de evaluación

· Elaboración de una normativa de rango estatal que regule la planificación del calendario de exámenes entre el profesorado y los estudiantes.
· En ningún caso más de un examen diario. Conocimiento de la fecha de los exámenes en el momento de hacer la matrícula.
· Repetición automática del examen si el 40% de la clase suspende. Derecho a ver corregido el examen.
· Un sistema de correcciones que garantice el anonimato de los alumnos, para evitar de esta manera el favoritismo, o cualquier tipo de discriminación.
· Plazo de 8 días para presentar la reclamación una vez conocida la nota. Plazo de 10 días para la respuesta. Revisión anónima por parte del departamento correspondiente, si la reclamación frente al profesor no recibe una respuesta satisfactoria.
· Tutorías suficientes en horarios compatibles.
· Incorporación obligatoria de criterios de evaluación y corrección de exámenes a principios del año académico, con la posibilidad de impugnar el examen si no se han seguido dichos criterios.
· Establecimiento de cursos obligatorios de pedagogía para mejorar el nivel de docencia de los profesores y catedráticos.

Derechos democráticos

· No a la elección del rector mediante el sufragio universal ponderado. No al Consejo de Gobierno que establece la LOU. Paridad entre profesores y estudiantes en Juntas de Facultad y Claustros, garantizando la representación del PAS en condiciones adecuadas. El Claustro debe de ser el máximo órgano de decisión. El rector será escogido exclusivamente y controlado por el Claustro.
· 51% de representación en el Consejo Social para los representantes estudiantiles y sindicatos obreros, siendo este órgano sólo consultivo y de control por parte de la sociedad.
· Representación estudiantil en el Consejo de Coordinación universitaria.
· Democratización real de los órganos de gobierno.

Planes de estudio

· ¡No a la contrarreforma de los planes de estudios! ¡No a los borradores de decreto de grado y postgrado que supongan la elitización de los estudios universitarios! Ninguna selectividad interciclos.
· Reforma de los planes de estudio que suponga una mejora de la calidad de la Universidad pública. Participación estudiantil en la revisión e implantación de los planes. Suficiente oferta de plazas optativas en función de la demanda y cursos de postgrado gratuitos.
· Ampliación de la oferta de asignaturas de libre elección, sin coste mayor del de la matriculación ordinaria en dichos créditos.

Construcción del Sindicato: Qué es el Sindicato de Estudiantes y cómo construir una sección sindical

Desde el último congreso se han sucedido grandes acontecimientos en los que nuestra organización ha sido puesta a prueba una y otra vez. Nuestra aspiración ha sido construir el Sindicato de Estudiantes como una organización combativa, de izquierdas que sirva de instrumento a los estudiantes hijos de trabajadores en la lucha. El resultado ha sido que el Sindicato es ahora una organización más fuerte, con más influencia y que es vista por centenares de miles de jóvenes y trabajadores con simpatía y respeto. En esta ponencia vamos a explicar qué es y como funciona el Sindicato de Estudiantes.

Qué es el Sindicato de Estudiantes

Una organización de clase y de izquierdas. La falta de igualdad en la educación que recibimos los jóvenes en función de nuestra extracción social reproduce en el sistema educativo la división social en que se basa el sistema capitalista. El Sindicato de Estudiantes es una organización fundamentalmente de hijos de trabajadores porque somos los que sufrimos una educación en malas condiciones. Los hijos de los capitalistas no tienen nuestros problemas. Ellos pueden estudiar en caros colegios de pago; en clases de 10, con los mejores profesores y las mejores instalaciones; pueden aprender inglés en el extranjero y luego estudiar una carrera en una universidad privada (con matrícula mínima de tres o cuatro mil euros), y al terminar redondear la factura con los miles de euros que vale un Master. Su futuro, lógicamente, está asegurado.
En cambio, ¿qué educación recibimos la inmensa mayoría? Masificación, falta de instalaciones, falta de becas, etc. Compaginar estudios con trabajos de miseria en los que somos explotados para intentar seguir estudiando después de la enseñanza obligatoria. Ninguna facilidad para tener unos estudios decentes y un futuro digno, sino todo lo contrario. Hoy en día la educación se convierte en una auténtica carrera de obstáculos. Esto es así porque la burguesía no necesita de una educación de calidad para los que, cuando dejemos de estudiar, vamos a estar en el paro o, en el mejor de los casos, en trabajos temporales y sin cualificación ni futuro. Esto explica la presión para que sólo se invierta lo estrictamente necesario como para darnos la cualificación básica y convertirnos en la mano de obra que ellos necesitan en cada momento. Cuando, como pasa ahora, para las necesidades de los grandes empresarios hay demasiados universitarios, provocando que decenas de miles de licenciados estén en paro, estos mismos empresarios y banqueros presionan para que se reduzca los gastos en educación, cerrándonos con ello la última posibilidad que podemos tener de recibir una cualificación necesaria como para aspirar a un puesto de trabajo digno.
Una organización de lucha y reivindicativa, con implantación en todo el Estado. En la medida que, como los hechos demuestran, sólo con palabras y reuniones no se solucionan los problemas, se hace necesaria la presión, en última instancia, de la movilización en la calle. El Sindicato de Estudiantes es un instrumento para promoverla y organizarla, extendiéndola lo más posible, tanto a estudiantes del máximo de institutos y facultades como a los otros sectores educativos (padres, profesores y personal no docente) e, incluso, a los trabajadores. Ésta es la razón de que el Sindicato tenga dimensión estatal: nos da la fuerza necesaria para responder, no sólo a los ataques del gobierno central y de los autonómicos, sino también a los ataques concretos de juntas directivas en institutos o facultades. El Sindicato de Estudiantes responde como una sola persona a cualquier agresión a nuestros derechos, se dé en donde se dé, y para ello aprovecha la fuerza que nos da el ser miles de estudiantes organizados y coordinados de una punta a otra del Estado.
Si, por ejemplo, un instituto está en conflicto por un problema concreto, el Sindicato de Estudiantes informará de esa lucha lo más ampliamente posible a otros institutos y a otras zonas para así también lograr un mayor apoyo a la lucha del centro en cuestión. La existencia de una organización estudiantil de lucha implantada en todo el Estado aumenta la fuerza y las posibilidades de victoria en nuestras reivindicaciones. Este hecho lo demuestra la propia historia del Sindicato de Estudiantes. En el curso 86/87 fue cuando el Sindicato se convirtió en una organización con gran presencia en los institutos gracias a su papel durante las movilizaciones que los estudiantes protagonizaron y que acabó en una victoria histórica. Entonces obligamos al ministro de educación, José Mª Maravall, a sentarse a negociar y a aumentar en 55.000 millones de pesetas (más de trescientos treinta millones de euros) el presupuesto educativo para la construcción de más de 800 centros de enseñanza secundaria en todo el Estado, la gratuidad de la matrícula en BUP y FP, que hasta entonces había que pagar, el incremento de un 40% en las becas, la gratuidad de las tasas académicas en la universidad para miles de familias trabajadoras, el reconocimiento de derechos democráticos y la capacidad para formar asociaciones estudiantiles, etc.
Cuando se producen movilizaciones o ante un conflicto concreto en determinada zona o facultad impulsamos y defendemos la realización de asambleas en las que todos los estudiantes puedan participar. Una asamblea tiene que ser un instrumento que ayude a discutir y a llevar adelante las tareas, propuestas y acciones que se decidan y en la que las distintas organizaciones o personas puedan defender sus posiciones.
Además, en las asambleas se tienen que elegir a compañeros que formen comités de huelga o de lucha revocables en todo momento por la asamblea, (es decir, que la asamblea puede decidir que deje de ser responsable sin necesidad de esperar a que finalice el tiempo por el que había sido elegido) que sean los encargados llevar a cabo los acuerdos tomados y que permitan agrupar a los estudiantes, aumentar la participación e involucrar en la organización de la lucha a más sectores. Además deben coordinar la lucha, con otros comités del resto de institutos y facultades, incluso formando comités de lucha de zona o incluso de todo el Estado, si la lucha es estatal. Ésta es la forma más democrática de funcionar y la mejor forma de lograr la participación de los estudiantes.
Una organización permanente. En el pasado, cuando el Sindicato no existía, en cada lucha concreta había que empezar a coordinar y a unificar al movimiento desde cero. La improvisación a este nivel es uno de los mejores aliados de los que quieren neutralizar la respuesta de los jóvenes ante los ataques. Ahora esto ya no es así.
En los últimos ocho años el gobierno del PP ha atacado la educación pública de forma sistemática. A través de las distintas leyes han intentado aplicar una contrarreforma total de la educación, cuyo objetivo final era privatizar y elitizar la educación pública. El movimiento estudiantil, con el Sindicato a la cabeza, ha sido uno de los obstáculos más importantes de la derecha para aplicar sus planes, y de hecho el trabajo permanente de desenmascarar sus mentiras y sus campañas propagandísticas ha desacreditado muchísimo al Ministerio de Educación del PP. Durante ocho años, cada paso del gobierno ha tenido una respuesta en los institutos y las facultades. Podemos decir que nuestra lucha ha sido un ingrediente importante en el descalabro electoral que el PP sufrió el 14-M.
Tenemos que seguir organizándonos y no bajar la guardia. El nuevo gobierno del PSOE tiene que tener claro que no consentiremos ningún retroceso en nuestras condiciones de estudio y de vida, todo lo contrario, queremos mejorarlas y ahora es el momento de hacerlo.
El Sindicato de Estudiantes no sólo sirve para momentos de movilización general sino que lucha, día a día, en cada centro y a nivel general para arrancar mejoras en nuestra situación, además de organizar actividades que sirvan para aumentar el nivel de conciencia o que, simplemente, sean demandadas por los estudiantes.
Sabemos que el sistema capitalista en el que vivimos no puede solucionar nuestros problemas de fondo y pone continuamente en peligro las conquistas que conseguimos con la movilización. Por todo esto el Sindicato de Estudiantes es una organización estudiantil permanente.

Una organización que vincula y une a los institutos con la universidad. Otra debilidad fundamental que el movimiento estudiantil ha tenido tradicionalmente ha sido la dispersión y segregación. Entendemos que por encima de las falsas divisiones corporativas entre distintos tipos de estudiantes, de distintas edades y estudios, somos la organización estudiantil de los hijos de los trabajadores. La mayoría de los ataques que sufrimos son comunes y la respuesta ha de ser también común. Esta idea nos da mayor fuerza dentro del movimiento estudiantil.
En la lucha contra la contrarreforma de la derecha esto se vio muy claro. El gobierno del PP intentó, dividir al movimiento para evitar una mayor contundencia en las protestas. Así, lo que era una reforma general de la educación, fue dividida en distintos ataques (LOU, Ley de FP, Ley de Calidad) para debilitar la respuesta. Otras organizaciones cayeron en la trampa y se negaron a luchar unitariamente: “esto es una lucha solamente de universidad” es lo que decían los dirigentes sindicales de UGT y CCOO como excusa para no plantearse siquiera el movilizar a los profesores de instituto cuando se lanzó la ofensiva con la LOU. Esto fue un terrible error. Las razones de fondo de los distintos ataques eran las mismas: acabar con la educación pública, elitizar la universidad y negar unos estudios dignos para miles de hijos de trabajadores. Un retroceso en las condiciones de estudio en institutos o en universidad es allanar el terreno para futuros ataques y al revés, una victoria en la movilización que mejore la calidad de la educación parcialmente, dará confianza al movimiento en su conjunto y animara la lucha para conseguir nuevas victorias. LUCHAR SÍ SIRVE.

Una organización democrática. Estamos abiertos a todos los estudiantes. Salvo los fascistas cualquier estudiante se puede afiliar al Sindicato de Estudiantes. La democracia del Sindicato se expresa y garantiza, fundamentalmente, por medio de la participación de los estudiantes en la vida interna de la organización. Las asambleas de afiliados, el funcionamiento democrático de todos los órganos y el respeto a las decisiones tomadas por la mayoría son la base de esta democracia. Los dirigentes son elegidos en congresos o asambleas (tanto en el ámbito de instituto o facultad como local, provincial o estatal), y son revocables por quienes los eligieron.
La línea política del Sindicato de Estudiantes, su posición ante los temas que nos afectan, es decidida en el Congreso Estatal, que es el máximo órgano en todo el Estado y cuyas resoluciones marcan la línea política del sindicato hasta el siguiente congreso, siendo el máximo órgano entre congresos la Comisión Ejecutiva Estatal. En este sentido, el Sindicato es una organización que garantiza la máxima libertad de participación ante toda discusión que se produzca en su seno y la máxima unidad a la hora de aplicar los acuerdos tomados tras la discusión donde, naturalmente, se lleva adelante lo acordado de manera mayoritaria.

Una organización que se orienta al movimiento obrero y busca confluir con él. La mayoría de los estudiantes provienen de la clase obrera. Nosotros no apoyamos a los trabajadores por sentimentalismo sino porque tienen nuestros mismos intereses. A nosotros también nos interesa que no se pierdan puestos de trabajo porque un puesto de trabajo que se pierde hoy es un puesto de trabajo menos al que podremos aspirar en el futuro. También nosotros luchamos contra los contratos-basura y contra el empleo precario porque somos los jóvenes los más explotados por los empresarios, los que sufrimos las peores condiciones laborales. Y también nosotros luchamos por los salarios de los trabajadores y su nivel de vida porque de ellos dependemos y porque, al igual que la educación pública, están siendo atacados gravemente.
No hay ninguna organización que pueda defender a la vez los intereses de los estudiantes que estudian para ser explotados y los que lo hacen para ser explotadores. Nosotros defendemos los intereses de los primeros y no sólo como estudiantes, sino también como trabajadores o hijos de trabajadores. Por esto nos movilizamos, no sólo por una educación pública, laica, democrática, gratuita y de calidad, sino también por un puesto de trabajo digno, contra los contratos-basura, contra la destrucción de empleo, contra la reducción de salarios a nuestros padres, etc. Por eso apoyamos luchas como la de los mineros asturianos, o la ejemplar lucha de los trabajadores de Sintel en Madrid, o participamos de lleno en la Huelga General del 20-J. Como ahora en el conflicto de los Astilleros públicos, participamos en las manifestaciones repartiendo miles de hojas dando nuestra opinión sobre el conflicto, destacando una idea fundamental: su lucha es la nuestra porque las razones de los ataques a los puestos de trabajo y a nuestras condiciones de estudio son las mismas. Esta unidad con la clase obrera no es sentimentalismo, es en definitiva unir dos frentes de la misma lucha, auténtica solidaridad de clase.
A la vez, en toda movilización de carácter general, buscamos conscientemente contactar con el movimiento obrero a todos los niveles (en los sindicatos, fábricas, plazas, mercados...) para llevar nuestras aspiraciones y reivindicaciones a los trabajadores. Sabemos que el apoyo de éstos a nuestra movilización determinará que el gobierno o las diferentes administraciones se vean presionados de verdad. Cuando el movimiento estudiantil ha conseguido sus mayores éxitos ha sido cuando más claramente se ha orientado al movimiento obrero para pedirle apoyo: esta no es sólo nuestra experiencia en el Estado español sino que, también, es la experiencia del movimiento estudiantil de todo el mundo.

Una organización internacionalista y anticapitalista. En el sentido de que consideramos que los intereses de los trabajadores y estudiantes de todos los países del mundo son los mismos porque estamos sometidos a la explotación de un sistema social y económico que es internacional, el capitalismo. El Sindicato tradicionalmente ha realizado campañas de solidaridad con los jóvenes y trabajadores de otros países. Un ejemplo extraordinario de esto ha sido la implicación y actividad de nuestra organización en el movimiento contra la guerra imperialista en Iraq. Nuestra orientación en el movimiento anti-guerra ha sido marcada, desde el principio, por la explicación de los intereses de la clase dominante en el conflicto y nuestro compromiso con los jóvenes y trabajadores iraquíes. Nuestro mensaje claramente internacionalista, de clase, y anticapitalista quedó patente y se escuchó en un movimiento masivo e histórico ayudando a miles de jóvenes a sacar conclusiones: para conseguir una paz duradera hace falta ir más allá y acabar con este sistema, la paz que los imperialistas como Bush, Aznar o Blair defienden para Iraq y para otras muchas zonas del mundo, es la paz de los cementerios.
También hemos desarrollado otras actividades de solidaridad internacional, como la campaña de actos en apoyo a la Revolución Venezolana.
Si nuestra orientación es esta es porque desde el Sindicato de Estudiantes sabemos que bajo el sistema capitalista nunca podremos conseguir y mantener de manera indefinida nuestras reivindicaciones plenas, ni conseguiremos tener un futuro digno y garantizado al acabar los estudios. Por eso desde el Sindicato de Estudiantes luchamos por acabar con el capitalismo, este sistema económico explotador que continuamente engendra opresión y miseria, miremos donde miremos. Defendemos una sociedad donde los recursos económicos no sean propiedad de una minoría sino que sean planificados armoniosa y democráticamente por los trabajadores en beneficio del conjunto de la sociedad. Una sociedad sin clases sociales y sin explotación, una sociedad auténticamente socialista.
Asimismo, el Sindicato defiende las reivindicaciones democráticas de las nacionalidades vasca, catalana y gallega, incluido el derecho a la autodeterminación. Explicando siempre, desde una visión internacionalista, que la única manera de conseguir estos derechos es vinculándolos a la lucha del conjunto de los trabajadores. De igual manera, el Sindicato de Estudiantes se compromete a mantener de forma activa la solidaridad con los pueblos que luchan por las libertades democráticas y/o el socialismo (único sistema capaz de asegurar estas libertades), y con los refugiados y trabajadores perseguidos por el ejercicio de sus derechos sindicales y democráticos.

Cómo funciona el SE

Ahora explicaremos cómo se articula el Sindicato de Estudiantes en cada centro de estudios y cómo empezar a funcionar. Como ya hemos dicho, la célula básica de funcionamiento del Sindicato es la sección sindical del centro de estudios, es decir, el conjunto de afiliados del Sindicato de Estudiantes de un instituto o facultad. El órgano básico de decisión de la sección sindical es la asamblea de afiliados, que se debe reunir con una periodicidad mínima de una vez al mes para analizar los problemas del centro de estudios y/o las campañas que realiza el Sindicato de Estudiantes en el ámbito local, provincial o estatal, así como para discutir cualquier propuesta de cualquier afiliado.
Para empezar a organizar el trabajo de una manera seria y ordenada entendemos que se deben elegir responsables para las tareas, revocables en cualquier momento por quienes los eligieron, que se encargarán de coordinar la realización de las propuestas aprobadas en la asamblea de afiliados. Estos responsables, que deben ser los que demuestren mayor entrega y capacidad de trabajo, reconocidos por todos los compañeros, se coordinan a través del “comité de responsables” para hacer un seguimiento de los acuerdos de la sección sindical y hacer propuestas de trabajo a ésta.

El comité de responsables

El coordinador es el que se encarga, como dice su nombre, de coordinar el trabajo del “comité de responsables” y de toda la asociación, asegurando que todos los afiliados, en una u otra medida, participan en las tareas. El coordinador también es el responsable de coordinarse con la ejecutiva local o provincial (si no la hay, con la estatal), trasladando los acuerdos que se tomen en las estructuras provinciales o estatales a su sección sindical.
El responsable de finanzas es el encargado de cobrar las cuotas y de coordinar todas las actividades de finanzas. Cada actividad de la asociación, y no sólo las exclusivamente económicas, debe tener un objetivo de finanzas: asambleas generales y reuniones de delegados, reuniones con la AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) o con profesores, charlas, recogida de firmas, competiciones, fiestas...
El responsable de acción sindical es el encargado de la actividad reivindicativa. Su tarea fundamental es la Tabla reivindicativa. Lo ideal es que este responsable forme parte del Consejo Escolar (CE) o Junta de Facultad, para trasladar a esos órganos las peticiones del Sindicato y de la tabla reivindicativa del centro. Por supuesto, no es él el que decide qué reivindicar y cómo, sino el que coordina la labor movilizadora y de presión en el instituto. Es la asamblea de afiliados la que democráticamente toma las decisiones.
El responsable de propaganda debe garantizar que la propaganda sacada, del centro o general, llega a todos los afiliados y, a través de ellos, a todas las clases, tanto si se trata de una movilización como de cualquier tipo de actividad o campaña. Es importante que el Sindicato de Estudiantes demuestre su presencia en el instituto, no sólo con su actividad regular, también con la presencia continua de hojas, carteles y cartelones en todos los tablones, todas las aulas, la sala de profesores, el local o buzón de la AMPA, etc. El responsable de propaganda también es el responsable de colaborar regularmente con el periódico del centro, si lo hay.
El responsable de cultura lleva las actividades no estrictamente reivindicativas: charlas, campeonatos deportivos, concursos, conciertos, viajes, etc. Estas actividades, pueden tener también un contenido reivindicativo y nos pueden facilitar el llegar a estudiantes que en un principio no se habían planteado el participar. Así, pueden organizarse conciertos, fiestas, competiciones y, por supuesto, charlas, con una vertiente reivindicativa que se refieran a problemas del centro o generales, (desde la falta de alguna instalación hasta las razones de la precariedad laboral o el paro juvenil).Todo esto, sin duda, nos hará más conocidos en el instituto o en la facultad, popularizando nuestra alternativa a los problemas, y la necesidad de la lucha para solucionarlos.
Éstos son los responsables fundamentales. Obviamente, puede haber más en función de las necesidades, por ejemplo, si se trata de una sección sindical muy numerosa. En este caso, se pueden desdoblar responsabilidades. También puede haber responsables de campañas concretas. El comité de responsables debe funcionar en equipo, y debe reunirse cada quincena, como poco.

La Tabla Reivindicativa

El elaborar una Tabla Reivindicativa que proponga soluciones a los problemas del instituto o facultad es, junto a la legalización como asociación de alumnos, la primera actividad de la sección sindical del Sindicato de Estudiantes. Esta elaboración debe ser abierta a todos los estudiantes, para lo cual lo mejor es:
1.- Que se discuta un primer borrador entre los afiliados.
2.- Que se corrija y amplíe en reunión de delegados, para traspasar el resultado a todas las clases, o bien, si hay problemas graves, a la asamblea general de estudiantes (en este caso habría que proponer inmediatamente una campaña de movilización). Es en todas las clases, o en la asamblea, donde se votaría definitivamente la Tabla.
Ésta será lo más concreta posible, incluyendo reivindicaciones de clases, ramas y grupos de estudiantes determinados. Esta Tabla debe ser presentada y reivindicada en el Consejo Escolar (CE) o Junta de Facultad. Incluso podemos incluir los puntos que traspasan la responsabilidad de la dirección del instituto o facultad (por ejemplo, el aumento de presupuestos); en este caso podemos exigir al CE o Junta de Facultad que se posicione activamente por estos puntos, públicamente y ante la Administración correspondiente, ya sea el gobierno de la Comunidad Autónoma, el rectorado de la universidad o el mismo Ministerio de Educación. Así iremos ante ella con el máximo de refuerzos a la hora también de extender una reivindicación a otros institutos o facultades.
Muchas veces se da la situación de que no parece que exista ningún problema acuciante que movilice a los compañeros. Pero normalmente existen situaciones que incluso consideramos normales, de tan habituales que son y que no deberían darse. Por ejemplo, las faltas de respeto de profesores (es relativamente usual que algunos “señores” se dediquen a insultar o a faltar el respeto a determinados estudiantes o a todo el grupo, en horas de clase, lo cual implica además una humillación pública y la dificultad de responder), o los suspensos masivos. Nosotros defendemos la reivindicación de repetir automáticamente los exámenes con un profesor distinto, si hay un 40% de suspensos o más. No se puede descartar conseguir este punto, dependerá de la correlación de fuerzas. En algunos institutos lo hemos conseguido.
Otros de los puntos más importantes en la Tabla reivindicativa, en este caso para los institutos, referido al reglamento de régimen interno, que regula nuestros derechos: las faltas, las sanciones y las normas de funcionamiento en el instituto. Debemos pedir en Secretaría o a la dirección un ejemplar del reglamento, leerlo a fondo y denunciar los aspectos que limiten nuestros derechos, así como proponer las medidas que supongan un avance en éstos. A través de la lucha es posible, incluso, que se reconozcan nuestros derechos de huelga y de reunión en hora lectiva.

Legalización

Legalizar una asociación de alumnos consiste en concreto en que nuestra sección sindical ya sea de instituto o facultad, quede reconocida a los ojos de la Administración como un ente legal y censado que existe realmente.
Que la Administración reconozca el derecho de los estudiantes a asociarse es una conquista de la lucha. De hecho, al igual que con otros muchos derechos democráticos les gustaría acabar con él, o simplemente ignorarlo como hacen legalmente con nuestro irrenunciable derecho a la huelga.
Debido a esto en muchas ocasiones nos encontramos con la desorganización, la desidia y las trabas burocráticas para que la Administración reconozca legalmente una asociación de alumnos ya sea en un instituto o incluso en una facultad. Esto ha llegado a tal punto, que cuando con las transferencias educativas los censos de asociaciones se descentralizaron y dejaron de depender del Ministerio de Educación, muchas Comunidades Autónomas ni siquiera organizaron ni normalizaron la situación provocando un vacío legal que complica aun más nuestro propósito. Aún así no podemos dejar que pisoteen nuestro derecho, y como organización nos interesa legalizar la sección sindical del Sindicato de Estudiantes por varios motivos:
1.- Nos deben dar un local en el centro (siempre que haya espacio disponible según la ley, si nos lo niegan por esta “falta de espacio” tendremos que exigirlo) y podemos pedir subvenciones.
2.- Para la Administración es un indicativo legal de aumento de fuerza del SE, lo que nos favorece ya que tienen más problemas para ignorarnos.
3.- En la medida que puede ser la primera actividad del Sindicato en un centro es una oportunidad de darnos a conocer ya que en algunas zonas necesitamos las firmas de un determinado número de los estudiantes y, por tanto es una campaña de afiliación.
En cuanto a la universidad, la legalización depende de cada una. Normalmente hay un registro de asociaciones que funciona de manera centralizada en cada universidad. O sea, que habría que legalizar el Sindicato de Estudiantes en cada universidad. En otras universidades, hay que hacerlo por facultad. Muchas veces nos encontramos con requisitos desproporcionados para ser reconocidos. Debemos denunciar esto y de hecho puede ser una campaña con la que nos presentemos a nuestros compañeros para empezar a organizar la sección sindical en una determinada facultad.

Consejo Escolar, Junta de Facultad y Claustro

El Consejo Escolar (CE) se ha demostrado, en demasiados casos, como algo alejado de los problemas de los estudiantes. Muy formal, burocratizado y antidemocrático (los estudiantes siempre somos minoría). Quizás lo más grave es que no se fomenta nuestra participación en la gestión del instituto, salvo votar cada dos años en unas elecciones sin campaña electoral real y donde, normalmente, las propuestas y debates brillan por su ausencia. Esto es así, en primer lugar, por la representación ridícula de los alumnos. Sin embargo, dar la espalda al Consejo sería una irresponsabilidad pues es allí donde se deciden cuestiones tan importantes para nosotros como las sanciones, el régimen interno y la distribución del presupuesto del instituto. El CE no va a solucionar nuestros problemas, sólo la movilización y la organización pueden hacerlo. Pero si organizamos bien la presión el CE se verá obligado a conceder mejoras. Seguiremos reivindicando un CE con representación paritaria entre estudiantes y profesores, reivindicación histórica del Sindicato de Estudiantes.
También en las Juntas de facultad somos una minoría. Aquí la representación estudiantil no es fija, sino que depende de cada universidad. Nuestra participación en estos órganos sería la misma que en el CE de los institutos: primero, utilizar las elecciones a la Junta de Facultad o Claustro para hacer propaganda de la existencia del Sindicato, explicar nuestras ideas y extender nuestra influencia; segundo, basarnos en estos órganos como plataformas o pantallas públicas, donde quede claro públicamente a los ojos de todo el mundo nuestras denuncia, para emplazar a través de ellas a los representantes del profesorado, PAS (Personal de Administración y Servicios)..., a la unidad de acción por una enseñanza pública de calidad y tratar de lograr mejoras concretas.
Ahora bien, aunque participar en estos órganos puede ser útil, tenemos que huir de la idea de tener algún tipo de ilusión sobre que solo participando en estos órganos podremos lograr nuestro objetivos y la mejora significativa y definitiva de la educación pública. Esto sólo lo podremos lograr con movilizaciones o con la amenaza de éstas. Incluso, a veces, esto será muy complicado, a no ser que logremos que los objetivos de nuestra lucha sean conocidos y apoyados dentro y fuera del instituto o facultad por nuestros padres, el movimiento obrero, etc., y consigamos que las administraciones educativas se vean más presionadas.

Movilización general

En momentos de movilización general es preciso que todos los afiliados participen en la discusión de los motivos y, posteriormente, en la extensión de la información y la agitación. La asamblea de afiliados debe discutir el porqué de la huelga en primer lugar y, en segundo, un plan de tareas en el centro. En este plan cada afiliado debe tener claro su papel, sea poner propaganda en su clase, responsabilizarse de una mesa de documentos en una reunión de delegados o proponer la afiliación en la asamblea general. Esas tareas pueden ser:
· Reparto de hojas, poniendo mesas con propaganda en los recreos.
· Convocatoria de la reunión de delegados y de la asamblea general.
· Hablar con la AMPA y con los profesores progresistas para que apoyen públicamente y acudan a la manifestación.
· Elaboración de pancartas.
· Visita a centros cercanos para dar la información y a la plaza del pueblo, mercado del barrio, etc., para sacar el conflicto fuera del centro.
El estar coordinados, en estos momentos de lucha general, con institutos de la misma zona, localidad o barrio, facilita las tareas y también la extensión del Sindicato de Estudiantes. Para estas tareas debemos proponer elegir en la asamblea un Comité de Huelga, donde estarían todos los estudiantes dispuestos a trabajar para sacar la lucha adelante y, por supuesto, ahí debemos ser los primeros los afiliados al Sindicato. Esto nos permite poner en contacto con nuestros métodos al sector más avanzado y por eso el objetivo debe ser convencerles de que entren al Sindicato de Estudiantes en el proceso de la movilización o inmediatamente después, que es cuando tienen frescas las conclusiones de la lucha y la efectividad de nuestros métodos.
Tan importante como la convocatoria de una huelga es la valoración de la misma, planteando qué conclusiones se pueden sacar y cómo continuar. Una vez discutida con todos los afiliados, esa valoración debe llegar a todos los estudiantes a través de los delegados o, incluso, asamblea general, además de con los repartos de propaganda.

La represión

La burguesía se juega mucho cuando lanza contrarreformas de fondo como ha sido el caso a través del malogrado gobierno del PP. Cuando los jóvenes nos enfrentamos a sus planes de forma decidida los ponemos en peligro. Utilizan la represión contra nosotros porque no tienen otro argumento. Desde la óptica de sus beneficios, da igual que lo que pidamos sea justo y que haya dinero para llevarlo a cabo, el problema es que prefieren destinarlo a llenar aún más sus bolsillos.
El Sindicato de Estudiantes ha sido reprimido, en numerosas ocasiones, por luchar. Quieren presentarnos como delincuentes y desprestigiarnos ante la opinión pública cuando les decimos que no estamos dispuestos a tragar con su política de acoso y derribo a la enseñanza pública.
Pero la represión también se da dentro de los centros de estudio. La lucha contra medidas de represión concretas tiene que ser una actividad prioritaria del Sindicato. La represión es su forma de intentar amedrentarnos, intentar atarnos de pies y manos para que no respondamos a sus ataques contra la educación pública.
¿Cómo reaccionar ante estos casos? Lo primero será informarnos “de primera mano” de lo sucedido y enterarnos de si ha sido legal o ilegal. Por supuesto, sea o no legal, vamos a movilizarnos igual, si consideramos que se ha reprimido un derecho o se ha tomado una sanción injusta o desproporcionada. Por ejemplo, en alguna ocasión direcciones reaccionarias han sancionado a clases enteras por haber secundado una huelga escudándose en que no se había avisado con 48 horas de antelación a la dirección, como aparecía en el reglamento de régimen interno del instituto. Desde nuestro punto de vista, una vez que una clase ha sido informada de una movilización y votada la misma en esa clase, han ejercido su derecho democrático y nos negamos a cualquier sanción basándose en cuestiones formales. No obstante, si es ilegal tenemos más argumentos y, sobre todo, podemos recurrir la decisión, denunciándola a la dirección del centro y, si no es suficiente o ésta está involucrada, a la Inspección.
Lo segundo que hay que hacer, rápidamente, es informar de manera inmediata a los responsables locales o provinciales del Sindicato de Estudiantes para que articulen lo más deprisa posible una campaña de solidaridad. Insistimos en esta idea: cuando se produce algún caso de represión, sanción o agresión, el dar una respuesta inmediata nos soluciona muchos problemas que pueden venir después.
Sin embargo, lo fundamental es la movilización; sin ésta, las decisiones ilegales seguirán adelante, y viceversa: sanciones “legales” pueden echarse abajo luchando. Lo prioritario es extender el tema a todo el instituto, no dejar aislados a los afectados directos. Hay que reunir a los delegados, informar clase a clase, con la idea de que no es un problema personal, que si lo permitimos hoy mañana irán a por cualquier otro.
Una primera medida de presión puede ser recoger firmas de todo el centro. En este sentido, es muy importante ganar el apoyo de la AMPA y, sobre todo, de los profesores que creemos que pueden simpatizar, empezando por los miembros del Consejo. El director o profesor implicado en la represión intentará escudarse en los profesores, pretendiendo que es un problema entre éstos, que quieren dar clase con tranquilidad, y los estudiantes, que somos unos alborotadores. Dirigirnos directamente a ellos, explicándoles lo que está en juego, y que ellos están también interesados en una educación pública democrática y de calidad, impedirá esa estrategia y aislará a los represores.
Pero la lucha no puede aislarse en ese centro. El Sindicato de Estudiantes, en todo el estado, la apoyará enviando telegramas, votando resoluciones en reuniones de delegados y asambleas, recogiendo firmas. En la localidad o zona de que se trate, tenemos más posibilidades: organizar asambleas generales en todos los centros para informar y votar resoluciones, e incluso realizar una concentración en el instituto en cuestión. Debemos exigir a la Consejería de Educación que se involucre, paralizando las medidas represivas; si le presionamos suficientemente, el director o profesor represor tendrá que ceder, porque le será imposible aguantar las presiones de abajo y de arriba. Si la Consejería se inhibe, estará apoyando dichas medidas, y por tanto le denunciaremos como responsable de la represión.

Otras Asociaciones en el Centro en la provincia

A veces ocurre que en nuestra zona o centro de estudios existe alguna otra asociación de alumnos. Lo más normal es que, si tenemos una actitud compañera con ellos y tienen la posibilidad de ponernos a prueba, ganemos a los más luchadores o, incluso, la asociación entera. Debemos invitarles siempre a que colaboren en nuestras actividades, y a que participen en la preparación de movilizaciones, convocando con nosotros las reuniones y participando en el Comité de Huelga que proponemos nosotros si hay algún tipo de conflicto a la vez, debemos recalcarles la ventaja de formar parte de una organización estatal fuerte y combativa.
En algunos sitios existen asociaciones de izquierda con tradición y bastante gente, y que son luchadoras. Si tenemos gente, nuestra actitud debe ser muy respetuosa con ellas. Si no ven en un primer momento la necesidad de integrarse en el Sindicato de Estudiantes, deberíamos participar en dichas asociaciones, sin esconder, por supuesto, nuestra militancia en el Sindicato, y dentro de ellas ser los más serios y luchadores. El objetivo sería ganar, en un período de tiempo, a la asociación o, por lo menos, a su sector más majo, combinando nuestra explicación con su propia experiencia.

Comité Local o Provincial

La coordinación del trabajo en el ámbito local o provincial se realiza a través del Comité Local o Provincial, que reúne regularmente a los coordinadores de todos los centros. Es la forma de que cada sección sindical, y especialmente cada coordinador, participe en la construcción del Sindicato a un nivel más general, y de que tenga una visión amplia de ésta. Tan importante como esto es la labor de control sobre la dirección de nuestra organización, y la superación de problemas del trabajo regular sobre la base de la experiencia colectiva.

Conclusión

Luchar contra los ataques que sufrimos como estudiantes y como hijos de trabajadores exige la unidad del movimiento. Exige una organización permanente de estudiantes, de ámbito estatal, combativa, que pueda reaccionar rápidamente, una organización como el Sindicato de Estudiantes. La fuerza del Sindicato viene de sus ideas, de 18 años de experiencia acumulada y su presencia en cientos de institutos y facultades de todo el Estado. Fortalecer esa presencia, construyendo nuevas secciones sindicales y ampliando las que ya existen es la mejor forma de luchar por mejoras concretas en los centros.
Hemos jugado un importante papel en la derrota del gobierno de la derecha y tenemos que seguir con atención las medidas que está presentando el nuevo gobierno del PSOE. La clase dominante en la sociedad va a seguir presionando para conseguir sus objetivos ya que necesita cada vez más una educación a su servicio y el adoctrinamiento de los jóvenes para seguir justificando su dominación social. No vamos a permitir ninguna nueva agresión a la educación pública o a nuestros derechos y combatiremos cualquier concesión a estas presionas por parte del gobierno.

 

 Finanzas: Finanzas revolucionarias para una organización revolucionaria

En el último periodo, miles de jóvenes han despertado a la política en medio de un auténtico terremoto. Lejos de los prejuicios introducidos por los medios de comunicación, controlados por los sectores dominantes de esta sociedad, la juventud ha demostrado que no tiene mucho que ver con el modelo pasota, conformista e incluso violento descrito en televisión. Estos respetables señores y señoras que se dedican a hacer propaganda de este tipo pasan por alto, y no por descuido, cómo los jóvenes hemos demostrado que eso no es así. Se han contado por millones los jóvenes que hemos participado en los acontecimientos que han sacudido el Estado español, desde las luchas en las que nos enfrentamos a la contrarreforma educativa, a la movilización contra la guerra, contra los trágicos acontecimientos del 11-M, las movilizaciones contra la manipulación del PP o incluso las propias elecciones que echaron del gobierno a la derecha. De hecho, hasta las instituciones oficiales y los medios de comunicación tuvieron que reconocer la solidaridad de los jóvenes que fuimos por miles a limpiar las costas gallegas mientras el gobierno se cruzaba de brazos.
Hemos dejado claro que conocemos nuestros problemas y sabemos cómo darles una respuesta organizada. No es casualidad que los voceros de la burguesía escupan odio contra la juventud, y con especial saña contra nuestra organización en particular. Somos un gran problema en su camino y no puede ser de otra forma. Sin duda es un indicativo de que estamos haciendo bien las cosas.
Ellos quieren organizaciones dóciles que no se enfrenten a su política. De hecho, a ese tipo de organizaciones tradicionalmente siempre las han premiado con grandes sumas de dinero, a través de las subvenciones o financiándolas directamente bajo manta. El Sindicato de Estudiantes nunca caerá en ese juego y esto desconcierta a la burguesía y a sus representantes, que ven impotentes cómo escapamos totalmente de su control.
Por lo tanto, construir el Sindicato de Estudiantes como una herramienta única y exclusivamente al servicio de los intereses reales de los hijos de los trabajadores es vital. Para conseguir esto, las ideas claras, el entusiasmo y las ganas de cambiar las cosas son sólo una parte de la ecuación. Para llegar con nuestra explicación y conseguir nuestros objetivos necesitamos panfletos, carteles, cartas, llamadas de teléfono, viajes... Todo esto cuesta mucho dinero y, como siempre hemos explicado, tenemos que generar nuestros propios recursos para mantener nuestra independencia política. Precisamente por eso esta discusión es una de las más importantes en nuestro Congreso. Durante toda nuestra historia, uno de los mayores esfuerzos del Sindicato de Estudiantes es el dedicado a la organización y a conseguir recursos económicos para poder hacer llegar nuestras ideas a miles de estudiantes y trabajadores de una punta a otra del Estado.

La autofinanciación de la lucha

Desde que nace el Sindicato de Estudiantes a raíz de las luchas del curso 86/87 uno de los objetivos centrales, que es una constante en nuestro trabajo cotidiano, es conseguir financiar nuestras actividades y los gastos corrientes sólo de los recursos que seamos capaces de generar. Eso significa autofinanciar el Sindicato de Estudiantes y, de esta forma, fortalecer el movimiento estudiantil. Por eso, en cualquier intervención que hacemos, los afiliados del Sindicato de Estudiantes buscamos que se cumplan estos objetivos:
1. - Dar una respuesta a los problemas que hay en los centros de estudio y estrechar lazos con el movimiento obrero. La lucha de los trabajadores por mantener sus puestos de trabajo y no retroceder en sus condiciones laborales es la misma lucha de los jóvenes de familias trabajadoras, que hoy estudiamos para mañana poder trabajar.
2. - Afiliación, conseguir nuevos compañeros para extender nuestra influencia y fortalecer el Sindicato de Estudiantes y el movimiento estudiantil. Salta a la vista que tener compañeros del Sindicato en un centro permite que haya información y una respuesta rápida ante cualquier problema, general o concreto, del instituto o facultad.
3. - Desarrollar las finanzas del Sindicato de Estudiantes, conseguir dinero para llevar adelante las actividades y estar preparados para cualquier intervención. Por eso tenemos una cuota, hacemos colectas en las asambleas, vendemos nuestro material y pedimos apoyo económico a las AMPAS o en las manifestaciones de trabajadores.
Todos los afiliados del Sindicato de Estudiantes tenemos la tarea de explicar en nuestro instituto o facultad y entre nuestros compañeros que mantener nuestra independencia económica es necesario para defender nuestras reivindicaciones, luchar por ellas y que éstas se correspondan con los intereses de los jóvenes de familias obreras.

Conseguir más dinero para seguir luchando

Conseguir la necesaria independencia económica significa conseguir los recursos económicos, en primer lugar de los afiliados del Sindicato a través de las cuotas, pero también del resto del movimiento estudiantil y de los propios trabajadores; en definitiva, de quienes están interesados realmente en tener una enseñanza pública gratuita y de calidad.
Podemos estar orgullosos de los métodos de financiación que empleamos en el Sindicato de Estudiantes para lograr la autofinanciación que, desgraciadamente, contrasta con la situación por la que están atravesando las organizaciones tradicionales de la izquierda, vendiendo locales, reduciendo gastos y limitando su actividad por imposibilidades económicas. Nosotros, en cambio, podemos estar muy satisfechos, ya que nuestras ideas tienen un claro reflejo en nuestros métodos de financiarnos. Gracias al trabajo realizado y el dinero conseguido hemos podido estar y dar una respuesta allí donde la juventud y los trabajadores estaban.
Nuevamente hemos podido comprobar las enormes posibilidades que tenemos de conseguir dinero y, de hecho, también se ha vuelto a poner de manifiesto que podemos sacar muchos más recursos si mejoramos en la planificación y el seguimiento de este trabajo en cada una de las secciones y en cada centro de estudios.
Seguir mejorando el trabajo en las finanzas es fundamental como han demostrado los últimos dos cursos. En primer lugar, todas las movilizaciones han demostrado las enormes simpatías que miles de estudiantes y trabajadores tienen hacia nuestras ideas y métodos de lucha. Sólo un ejemplo, en momentos clave cuando más recursos hemos necesitado para reaccionar ante por ejemplo la guerra de Iraq, el movimiento nos ha arropado ayudándonos a seguir adelante.
Sin contar las campañas especiales que hemos realizado para sacar fondos, sólo con las huchas en las manifestaciones, hemos conseguido más de 20.000 euros desde el último congreso. Esto supone que una parte importante de la propaganda que hemos editado la han pagado directamente los estudiantes y trabajadores que la han recibido.
Dicho esto, la otra cara de una actividad tan intensa son los grandes gastos que la organización debe soportar. En este mismo concepto de la propaganda la factura de estos cursos ha sido de decenas de miles de euros. Si le sumamos los envíos de propaganda a las secciones, los viajes de apoyo a secciones más pequeñas o secciones nuevas que han surgido al calor de las movilizaciones, los cientos de faxes, cartas y llamadas telefónicas más los gastos corrientes de mantenimiento de las infraestructuras, las necesidades que tenemos son enormes.

¿De dónde se saca el dinero?

Todo el dinero que usamos en la lucha procede de distintos conceptos y campañas regulares.
CUOTAS: Sin lugar a dudas, ésta es la fuente de financiación más importante para nosotros. Somos los afiliados del Sindicato de Estudiantes quienes mayor responsabilidad tenemos en conseguir los recursos económicos. Nuestro compromiso con la organización, con las ideas que defendemos, se expresa a través del trabajo diario en los institutos y facultades, llevando a cabo las campañas propuestas y dando respuestas allá donde surge un conflicto. Pero también tenemos un compromiso económico básico que es nuestra cuota, es decir, el dinero o aportación que de una forma regular da cada afiliado para construir el Sindicato de Estudiantes.
A partir de ahora, la cuota del Sindicato de Estudiantes pasa de 21,6 euros al año, a 24 euros. Con esta pequeña subida pretendemos compensar el drástico aumento en el precio de la vida en el último período. Ésta es la cuota básica. Animamos a todos los compañeros que tengan posibilidad de hacerlo a que se fijen una cuota más alta para reforzar las finanzas del Sindicato de Estudiantes. Es una obligación de cada afiliado el pagar su cuota y también el explicar a cualquier estudiante que decida afiliarse la existencia de esta cuota y el porqué, a la vez que le explicamos lo que defendemos. Ésta será la mejor manera de que comprenda la necesidad de la autofinanciación y de que explique eso mismo a sus compañeros y consiga más afiliados.
En los últimos cursos hemos dado una batalla a fondo para conseguir mejorar el pago de cuotas y, sobre todo, para conseguir tener responsables de finanzas en todas las zonas, institutos y facultades donde tenemos presencia. La existencia de ese responsable, que nos recuerda que tenemos que pagar la cuota, hace que este dinero se recoja más fácilmente e incluso que haya compañeros que se fijen una cuota mayor. De hecho, gracias a este trabajo hemos podido aumentar significativamente el número de cotizantes. Ahora tenemos que continuarlo para conseguir cobrar el 100% de las cuotas a todos los compañeros en el mes correspondiente, e incluso mejorar el cobro de cuotas anuales. Debemos plantear a todos los afiliados que, en la medida de sus posibilidades, paguen cuota anual, pues eso nos permite tener reservas de dinero extra para hacer frente a los diferentes gastos que se nos puedan presentar.
MOVIMIENTO OBRERO: Ya hemos explicado más arriba nuestra orientación consciente a los trabajadores. Su apoyo se ha traducido en miles de euros a través de colectas en fábricas y manifestaciones o yendo a la puerta de los sindicatos de clase. De esta forma hemos conseguido más de 6.000 euros desde el último congreso.
Algunos ejemplos ilustrativos son la colecta que pudimos organizar en la fábrica textil de INDUYCO en Madrid en la que los compañeros llamaron al comité de empresa y organizamos junto a ellos la colecta a la salida de la fábrica en la que sacamos más de 300 euros. También hemos ido con nuestras huchas a los Astilleros tanto en Sevilla como a la Naval de Sestao en Bilbao. Estas colectas, además de ayudarnos a financiar la actividad nos han servido para estrechar los vínculos con los trabajadores, cuestión que ahora en la lucha son fundamentales. También en Asturias, donde hemos seguido yendo a los pozos mineros o en Barcelona donde hemos organizado colectas en las cocheras de la empresa de transportes. Estos ejemplos nos tienen que inspirar a todos y desarrollar este trabajo en cada una de las zonas donde podamos.
También hemos seguido participando en la fiesta del PCE donde hemos podido poner un stand con nuestro material y propaganda, con muy buena acogida.
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL: El movimiento estudiantil tiene que ser y es una de las fuentes de financiación natural del Sindicato de Estudiantes. Un estudiante no sólo está dispuesto a dedicar parte de su tiempo a organizar asambleas, repartir propaganda, salir a la calle a manifestarse, enfrentarse a juntas directivas reaccionarias, sino que si se lo pedimos también nos dará su dinero. Cualquiera de nosotros sabe que sacar una hoja denunciando, por ejemplo, la imposición de sanciones por parte de una dirección reaccionaria por secundar una huelga, requiere tener dinero, por lo menos, para sacar fotocopias. Por eso, todas las actividades que hagamos tienen que ir acompañadas de unos objetivos económicos.
Las asambleas de estudiantes donde discutimos los problemas que hay en un centro o en las que se decide si realizar una huelga, tienen que terminar con una colecta que sirva para poder sacar más propaganda o extender la lucha a otros centros. Estas colectas se pueden hacer clase por clase para que participe más gente. También se pueden poner mesas con nuestra propaganda en los recreos, anunciándolas unos días antes para que la gente lo sepa. Poner mesas nos permite contactar con más gente, saber qué problemas hay en sus clases o qué les gustaría que hiciéramos como asociación, también podemos conseguir nuevos afiliados y dinero del material que se venda. Allí donde ponemos estas mesas y hacemos colectas tenemos muy buena acogida.
Este dinero puede aumentarse si en todos los institutos y facultades explicamos la necesidad de conseguir recursos económicos y, sobre todo, si nuestros compañeros del centro ven que es útil para mejorar las condiciones en las que está su centro. Otra forma de conseguir dinero en los institutos puede ser organizar un día a la semana vídeo-fórums, lo que nos permite, por un lado, sacar dinero cobrando una entrada y, por otro, organizar debates sobre los temas que interesan: empleo, la globalización y la alternativa al capitalismo, racismo y la Ley de Extranjería, la guerra en Iraq, los acontecimientos de Venezuela, etc.
El ejemplo que nosotros siempre utilizamos para demostrar que los jóvenes somos capaces de dar nuestro dinero si realmente merece la pena, son las colectas en nuestros congresos. En el último celebrado conseguimos superar todas las expectativas y entre unos 160 jóvenes recaudamos más de 1.200 euros. Hay que contar con que para asistir al congreso cada uno de nosotros había pagado alrededor de 50 euros por el alojamiento viajes y comida. Conseguimos no sólo pagar y autofinanciar todo nuestro congreso, sino que además conseguimos ingresos extras para nuestra actividad.
‘NUESTRA VOZ’, PROPAGANDA Y DOCUMENTOS: Para nosotros la propaganda no es ninguna tontería. Es fundamental que tengamos nuestros propios medios para llegar a los jóvenes y los trabajadores. No podemos confiar en que los medios de comunicación como El País, El Mundo, La Vanguardia, TVE, o las grandes emisoras de radio informen sobre nuestros problemas. Ya lo hemos comprobado en numerosas ocasiones. Cuando nos manifestamos no nos sacan, y si lo hacen es para intentar dar una visión de que las manifestaciones son batallas campales entre estudiantes y policía. No quieren que la opinión pública o, más en concreto, los trabajadores se enteren de lo que reivindicamos. Por eso es vital tener una buena propaganda y llegar panfleto a panfleto al máximo número de estudiantes y trabajadores, y organizar el Sindicato de Estudiantes. Lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie más. Sólo con los medios de que dispongamos las organizaciones de izquierda será posible armarnos contra la propaganda de los medios de comunicación burgueses e informar de la verdadera situación de nuestros barrios, institutos y facultades, y de las luchas que protagonizamos.
La difusión del boletín NUESTRA VOZ tiene que ser una forma de contrarrestar la falta de información o, en muchos casos, la tergiversación consciente de los medios de comunicación. Cualquier joven que quiera saber qué luchas está habiendo de estudiantes y trabajadores en el Estado español y cuál es la situación en los barrios, institutos y facultades puede encontrarlo en nuestro boletín.
También contamos con nuestra página web. En los últimos tres o cuatro años se ha ido consolidando como uno de los sitios de referencia en la red para cualquier joven que quiera información sobre luchas, medidas del gobierno, para conseguir la propaganda de una movilización, o simplemente para recibir una explicación de primera mano y clara de los acontecimientos, educativos o no que se han ido dando. Que es vista como una web útil se demostró el día 12 de marzo de este año, justo después de los terribles atentados de Madrid, en la que nuestra página fue una de las más visitadas del Estado español.
También tenemos el Programa del Sindicato de Estudiantes, que todos los afiliados tenemos que tener para conocer lo que defendemos, discutirlo y explicárselo a nuestros compañeros. Además, tenemos documentos sobre la cuestión del militarismo, sobre la alternativa al sistema capitalista, sobre las luchas contra la LOU, etc.
CASETAS: en las fiestas de distintas zonas y barrios también son una importante fuente de ingresos, que nos permiten estar en contacto con los jóvenes, ampliar nuestra influencia y estrechar lazos con otras organizaciones de izquierdas que realizan trabajo en la zona. Una característica de nuestras casetas es el buen ambiente que se ha creado en ellas, en las que la fiesta y la reivindicación se han unido provocado un efecto llamada entre los jóvenes que nos ha asegurado el éxito. Desde el último congreso hemos colocado casetas en Sevilla, Madrid, Asturias y Málaga, consiguiendo aumentar la recaudación en este concepto a más del triple desde el último congreso. Es importante que, como es el caso de este año, sigamos ampliando las entradas a través de este concepto sobre la base de poner nuevas casetas en más zonas como lo han hecho los compañeros de Asturias en la famosa feria de la “Semana Negra” de Gijón.
Otra campaña que seguimos realizando es la de las MATRICULACIONES. Aprovechando la fecha en que se realiza la matrícula para el curso siguiente metemos una hoja explicando la existencia del Sindicato de Estudiantes y lo que defiende, haciendo un llamamiento a la afiliación y a aportar una cantidad de 3 o 6 euros para ayudar a desarrollar nuestra actividad. Esta campaña es importante porque nos permite darnos a conocer y además sacar dinero.
CAMPAÑAS ESPECIALES: Una organización combativa necesita unas finanzas a la altura de las circunstancias. A la vez que conseguimos dinero del trabajo cotidiano, necesitamos hacer alguna campaña especial que nos permita sacar una cantidad de dinero importante en poco tiempo. Este año hemos vuelto a sacar la RIFA DE CUBA, una rifa bien presentada y atractiva es el gancho perfecto para aprovechar económicamente la influencia que el Sindicato de Estudiantes tiene entre los jóvenes y los trabajadores. Una vez más ha demostrado ser una estupenda iniciativa. Esta campaña ha vuelto a ser un éxito, y hemos conseguido vender en el último curso 7.154 rifas a 3 euros, siendo los dos últimos cursos record tanto de venta de rifas, como de organizaciones, comités de empresa y trabajadores implicados en la campaña.
Tenemos que seguir desarrollando iniciativas de este tipo, que al igual que el concepto de colectas entre los trabajadores, nos ayudan a estrechar los vínculos con la clase y nos facilitan el acceso a una sólida fuente de recursos.

¿Qué ocurre con las subvenciones?

Toda esta explicación muestra claramente cómo se financia el Sindicato de Estudiantes. No se trata de nada nuevo. A lo largo de la historia las organizaciones de la clase obrera (los partidos obreros, los sindicatos de clase, las asociaciones de vecinos, etc.) se crearon como instrumentos para la lucha por cambiar las condiciones de vida y, en definitiva, por conseguir una sociedad mejor. Se fueron desarrollando gracias al esfuerzo de millones de trabajadores que daban su dinero a través de su cuota, de aportaciones, vendiendo material..., para que pudiera sacarse propaganda que llegara a las fábricas, tener locales, etc., y de esta forma, fortalecer la lucha de los trabajadores. Sin embargo, y lamentablemente, en los últimos 20 años ha habido un fuerte retroceso en este terreno en las organizaciones tradicionales de los trabajadores. El Sindicato de Estudiantes se ha mantenido firme en estas tradiciones. Insistimos en la idea “quien paga, manda”, y ésta es la razón por la que luchamos por nuestra autofinanciación.
Autofinanciar el Sindicato de Estudiantes es la única forma de no tener que rendirle cuentas a nadie que no tenga que ver con nosotros, a nadie que no sea un joven que sufre en carne propia los problemas de la educación pública. Está claro, no podemos depender de subvenciones que dan aquellos contra los que luchamos. Eso significaría tener una soga al cuello que, en el momento en que les incomodásemos, apretarían sin pensárselo dos veces. Ahora bien, mientras se concedan subvenciones a las organizaciones juveniles y estudiantiles, nosotros no vamos a renunciar a ellas. En momentos de movilización, a la Administración le gustaría que nuestra única fuente de financiación fueran las subvenciones, de esa forma nos podrían tener controlados fácilmente y chantajearnos para impedir que organizásemos a los jóvenes para luchar. Al PP les hubiera gustado poder callarnos drásticamente amenazándonos con retirarnos las subvenciones, paralizándonos por la asfixia económica. De hecho lo han intentado y nos han intentado freír a multas mientras amenazaban con endurecer los criterios para conceder subvenciones.
Con el gobierno del PSOE no podemos bajar la guardia. Fue en la Comunidad Autonómica de Andalucía gobernada por el PSOE donde tuvimos que enfrentarnos a la Consejería de Educación cuando nos retuvieron las subvenciones por luchar contra su carta de derechos y deberes que era claramente antidemocrática. Lejos de amedrentarnos, pasamos a la ofensiva. Aparte de presentar recursos y alegaciones, mandamos cartas a todas las agrupaciones del PSOE de Andalucía criticando actitud caciquil y antidemocrática de la Consejería y pidiendo la colaboración de los militantes, repartimos miles de hojas en los institutos y pegamos cientos de carteles montando una campaña de resoluciones y faxes de protesta desde todos los puntos del Estado. La presión generada fue tal que al final la consejería tuvo que ceder y devolvernos el dinero. Esto es una lección clara de nuestra política con respecto a las subvenciones: no las mendigamos, las exigimos sin hipotecar nuestra línea política de lucha y de combate. Nosotros NO NOS VENDEMOS.
El Estado no concede subvenciones por generosidad y, mucho menos, para fortalecer el movimiento estudiantil. Se trata de un arma de doble filo. En primer lugar, si dan este dinero es fruto, como muchas otras cosas, de un período de lucha de los jóvenes y trabajadores en el Estado español en el que se consiguieron toda una serie de conquistas en el terreno social y de los derechos democráticos, entre ellas la legalización de las organizaciones políticas y también estudiantiles. Y, en segundo lugar, una vez que se ven obligados a destinar dinero para las organizaciones (y no siempre será así) tratan de utilizar el dinero para intentar controlar a las organizaciones, recurriendo a la dinámica del premio y castigo: “Si sois chicos buenos, gente razonable..., tendréis más dinero, mientras que si sois rebeldes y lucháis contra nuestra política, ya veremos si os damos subvenciones”. De esta forma, en momentos decisivos de enfrentamiento con los planes del gobierno, las organizaciones pueden quedar atadas de pies y manos para dar una respuesta, si dependen de las subvenciones.
De hecho, siempre hemos sido discriminados en este aspecto respecto a otras organizaciones por el único motivo de luchar y desenmascarar la política educativa y social de los distintos gobiernos. Es totalmente escandaloso las cantidades percibidas por organizaciones que han estado al lado del gobierno de la derecha. Organizaciones juveniles católicas han llegado a percibir dos e incluso tres veces más que nosotros. Si ir más lejos, este año el Movimiento Scout Católico ha recibido 149.000 euros, la Alianza Cristiana de Jóvenes de la YMCA 126.000 euros, o la Juventud Estudiante Católica 55.000 euros. Estas organizaciones junto con las abiertamente declaradas de derechas perciben más de un tercio del total de todas las subvenciones que da el Ministerio de Trabajo a las organizaciones juveniles. El hecho es que la mayor parte del dinero destinado a subvenciones de este tipo queda en manos de organizaciones que nunca causarán ningún problema al gobierno de turno. Aquí poco tiene que ver la presencia real o la autoridad que cada organización tenga ante los jóvenes. Es una utilización consciente del dinero para controlar al movimiento.
Pero, si aun así nos dan subvenciones, aunque menos que a otras organizaciones, no es por gusto, sino porque no les queda más remedio. El Sindicato de Estudiantes no es simplemente un nombre o unas siglas en un papel sino que llevamos dieciocho años luchando por los derechos de la juventud y nos hemos convertido, gracias a nuestras ideas y métodos, en una organización con presencia en todo el Estado, con miles de afiliados siendo un referente de lucha para los jóvenes ganándonos además una enorme simpatía entre los trabajadores. El Sindicato de Estudiantes se caracteriza por trabajar en defensa de la educación pública y de los derechos de los estudiantes, tenemos derecho a solicitar esas ayudas si tenemos asociaciones de estudiantes legalizadas en los institutos, y federaciones provinciales y en el ámbito estatal. ¿Cómo explicarían que al Sindicato no le dieran un duro, mientras a organizaciones que realmente no tienen presencia les inflan de dinero? De esta forma, mientras existan las subvenciones, nos hemos ganado el derecho a recibirlas, y por mucho que lo intentan no encuentran fácilmente una excusa para negárnoslas.
En cualquier caso, lo más importante no es si se reciben o no subvenciones, sino cómo se utilizan y con qué objetivos. Este es el punto clave. El Sindicato de Estudiantes siempre ha utilizado las subvenciones para luchar y para dar una respuesta contundente a los ataques constantes que recibimos como jóvenes, ya sea a nivel general o en un instituto o facultad. Hemos utilizado hasta el último euro en editar miles de dípticos, carteles y octavillas, en enviar cartas a los centros de todo el Estado, en hacer viajes, etc., en definitiva, en construir una organización útil para miles de jóvenes que queremos cambiar nuestras condiciones de vida.
Siempre hemos sido conscientes de que tenemos que autofinanciamos y con esta forma de enfocar las finanzas podemos garantizar que cuando no haya subvenciones no desapareceremos del mapa sino que continuaremos en la escena porque nuestras fuentes de financiación fundamentales son y siempre han sido los jóvenes y los trabajadores.
En definitiva, el trabajo de finanzas y los recursos que conseguimos en nuestra actividad cotidiana nos ha permitido, año tras año, no sólo intervenir en los acontecimientos, sino hacerlo en las mejores condiciones. Gracias al esfuerzo de los compañeros hemos conseguido tener una infraestructura que nos permite trabajar mejor que si no la tuviéramos y dar respuestas rápidas a los problemas que surgen. Una organización estatal necesita dotarse de unos recursos mínimos para poder responder a todo lo que ocurre. Actualmente contamos con locales en Asturias, Vitoria, Bilbao, Barcelona, Valencia, Guadalajara, Madrid, Sevilla y Málaga, donde podemos realizar el trabajo regularmente, tener reuniones, disponer de teléfono y de ordenadores. También es necesario el trabajo de compañeros que se dedican a construir el Sindicato de Estudiantes a tiempo completo (liberados) y que reciben una ayuda económica para que puedan hacerlo, que sale de las cuotas de los afiliados y del resto de ingresos. Todo esto es patrimonio del conjunto de los estudiantes y trabajadores que nos han apoyado con su dinero. Y significa que debemos de seguir obteniendo recursos para mantenerlo y no retroceder lo más mínimo.
Nuestras finanzas tienen un carácter estatal. Las zonas con más afiliados, más implantación y más tradición tienen también más posibilidades de sacar dinero, y ese dinero tiene que servir también para ayudar a las zonas que aun tienen que desarrollarse más, y que hoy por hoy no sacan el dinero necesario para mantenerse por sí mismas. Tenemos que conseguir que todas las zonas saquen el dinero necesario para mantenerse por sí mismas; esto es una tarea de todos los afiliados, y para ello la mejor forma es conseguir que en todas las zonas, institutos y facultades haya un responsable de finanzas que se preocupe cotidianamente por cobrar las cuotas, y organizar de dónde sacar el dinero. Año tras año, hemos ido mejorando en el terreno de las finanzas, pero todavía tenemos que avanzar más. Hemos insistido en la necesitad hoy en día de seguir organizándonos más y mejor. Necesitamos fortalecer el Sindicato de Estudiantes en primer lugar con argumentos y en segundo lugar con los medios materiales que nos permitan explicar nuestras ideas al máximo de jóvenes y trabajadores.

Estatutos: Derechos y deberes de los afiliado

TÍTULO I: CONGRESOS

Artículo 1.1.- El Congreso Estatal es el órgano máximo del Sindicato de Estudiantes. Está constituido por:
a) Los delegados elegidos en las uniones provinciales o locales del Sindicato de Estudiantes, que tendrán voz y voto.
b) Un representante por cada Comité Provincial constituido, con voz y sin voto.
c) Los miembros de la Comisión Ejecutiva Estatal, de la Comisión de Conflictos y de la Comisión Revisora de Cuentas elegidos como delegados en las asambleas precongresuales de sus respectivas zonas, con voz y voto, y los miembros de estos organismos no elegidos como delegados, con voz y sin voto.
La función principal del Congreso Estatal es elaborar la línea política, estratégica y táctica de la organización, así como dotarla de los elementos necesarios para intervenir en las luchas diarias.
Las resoluciones, acuerdos y línea política definidos por el Congreso, de no ser que tengan un carácter específicamente temporal, tendrán validez indefinida hasta que sean modificados por un nuevo Congreso Estatal. Así pues quedarán recogidos en el Programa y los acuerdos organizativos o de carácter interno quedarán reflejados en el libro de actas.

Artículo 1.2.- Los delegados al Congreso Estatal serán elegidos en los Congresos Provinciales o Asambleas. El criterio numérico lo marcará la Comisión Ejecutiva Estatal cuando convoque el Congreso. Este criterio garantizará el máximo de participación, teniendo en cuenta el número de afiliados cuando se convoque el congreso.
Cada delegado tendrá un voto en el Congreso Estatal.

Artículo 1.3.- El plazo máximo para la celebración de los congresos estatales ordinarios será de dos cursos académicos.
Artículo 1.4.- Los Congresos Estatales extraordinarios se celebrarán si la mayoría simple de la Comisión Ejecutiva Estatal así lo decidiese, o siempre que lo solicitasen al menos 1/3 de las Uniones Provinciales constituidas.

Artículo 1.5.- Los Congresos Estatales ordinarios deberán ser convocados con al menos tres meses de antelación, y las ponencias estarán en mano de las organizaciones de cada centro de estudios al menos cuatro semanas antes de la fecha de celebración del Congreso Estatal.
Con el fin de que las enmiendas que haya a las ponencias presentadas por la Comisión Ejecutiva Estatal puedan ser presentadas adecuadamente en el Congreso Estatal, deberán estar en manos de la Comisión Ejecutiva Estatal al menos diez días antes del mismo.
Las mismas reglas regirán la organización y funcionamiento de los congresos en los diferentes niveles del sindicato.


TÍTULO II: COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL

Artículo 2.1.- La Comisión Ejecutiva Estatal estará integrada por:
a) La Comisión Permanente, formada por:
1. La Secretaría General.
2. La Secretaría de Acción Sindical y EE.MM.
3. La Secretaría de Organización y Finanzas.
4. La Secretaría de Universidad.
5. La Secretaría de Prensa y Propaganda.
b) Tantos vocales como el Congreso Estatal determine.

Artículo 2.2.- La Comisión Ejecutiva Estatal será elegida en el Congreso Estatal por el sistema de listas cerradas. Necesitará un mínimo de 25 vocales que representen a un número importante y significativo de las secciones y federaciones integradas en el SE.

Artículo 2.3.- La Comisión Ejecutiva Estatal tendrá la máxima responsabilidad en la toma de decisiones diarias que afecten al conjunto de la organización y se responsabilizará de hacer llegar todo tipo de información a los órganos provinciales, locales o de centro de estudios de la organización.

TÍTULO III: DE LAS ESTRUCTURAS PROVINCIALES O LOCALES

Artículo 3.1.- El órgano máximo en el ámbito provincial o local, entre congresos o asambleas, será la Comisión Ejecutiva Provincial o Local, que estará constituida por al menos siete miembros, que tendrán las siguientes funciones:
a) Secretaría General.
b) Secretaría de Organización.
c) Secretaría de Acción Sindical.
d) Secretaría de Prensa.
e) Secretaría Económica.
f) Secretaría de Formación Profesional.
g) Secretaría de ESO y Bachillerato.
h) Secretaría de Universidad.

Artículo 3.2.- La Comisión Ejecutiva Provincial o Local será elegida en un Congreso o Asamblea Provincial o Local, respectivamente.

Artículo 3.3.- La estructura provincial o local estará integrada a su vez por un Comité Local o Provincial, formada por todos los coordinadores de las secciones sindicales de cada centro de estudios.
Este organismo se reunirá una vez al mes y servirá de enlace entre la Comisión Ejecutiva Provincial o Local y las secciones de los distintos centros de estudios.
Artículo 3.4.- La célula básica de la estructura del Sindicato de Estudiantes es la Sección Sindical en el centro de estudios.
El primer objetivo de todo afiliado al Sindicato de Estudiantes es el de formar la Sección Sindical en su centro, que podrá constituirse y elegir su comité en cuanto tenga 5 afiliados.
El comité de la Sección Sindical debe ser el nexo de unión entre el Sindicato de Estudiantes en otros centros y los órganos de dirección locales o provinciales, y los estudiantes del centro. Ha de mantener una línea permanente de información de toda la actividad, campañas o luchas que se están desarrollando.
El comité deberá reunirse regularmente y con la máxima periodicidad posible. Asimismo, deberá convocar reuniones de la Sección Sindical de forma periódica para debatir y organizar el trabajo del grupo de afiliados en el centro.
El comité de la Sección Sindical será elegido, y en su caso revocado por la asamblea de afiliados de la Sección Sindical. Estará formado por 4 miembros: un coordinador, un responsable de organización, un tesorero y un responsable de prensa y propaganda.

Artículo 3.5.- Las Secciones Sindicales tendrán autonomía para todo lo relativo a problemas específicos de su centro.

Artículo 3.6.- Los delegados al Congreso Provincial se elegirán en la asamblea de afiliados de cada centro de acuerdo al siguiente criterio:
· Hasta 5 afiliados: 1 delegado.
· Un delegado más por cada 10 afiliados más o fracción.

TÍTULO IV: AFILIACIÓN Y DERECHOS
Y DEBERES DE LOS AFILIADOS

Artículo 4.1.- Cualquier estudiante, independientemente de su sexo, raza, religión o ideología política, podrá pertenecer al Sindicato de Estudiantes, excepto si es un fascista. La afiliación es un acto voluntario de los estudiantes, sin más límite que la aceptación y práctica del programa del SE.
La afiliación se realizará a través de la sección sindical de centro, si ésta no existe, de la sección de la zona de que se trate, y si tampoco existe ésta, de la Ejecutiva Estatal, y se considerará realizada mediante la adquisición del carnet y el pago de la cuota correspondiente.

Artículo 4.2.- Todos los afiliados tienen derecho a:
a) Participar en todas las actividades y decisiones del sindicato.
b) Elegir y ser elegido para cualquier órgano de dirección.
c) Presentarse como candidato a delegado en las conferencias y/o congresos que se convoquen, a partir del momento de su afiliación.
d) La libertad de expresión, de manifestación de eventuales críticas sobre decisiones tomadas, y de respeto hacia sus opiniones.
e) Solicitar la intervención de los órganos competentes de la Confederación contra resoluciones y medidas de los órganos de dirección o contra actuaciones de miembros del sindicato, y, en especial, contra medidas disciplinarias que pudieran adoptarse con cualquier afiliado.

Artículo 4.3.- Los afiliados deberán cumplir los Estatutos y velar por la consecución de los fines y objetivos que el SE propugna y por la puesta en práctica de los acuerdos del mismo.
Todo afiliado tiene el deber de respetar las decisiones democráticamente adoptadas por el SE en cada uno de sus órganos y niveles y a defender públicamente las orientaciones y decisiones del órgano en que se desarrolla su actividad y de los órganos superiores.
Los afiliados deberán satisfacer la cuota que se establezca por parte de los órganos competentes.
Todo afiliado que deje de pagar su cuota en un plazo superior a 6 meses podrá ser dado de baja. Si pagase todas las cuotas atrasadas, quedará restituido en el uso de todos sus deberes y derechos.
Artículo 4.4.- Todo afiliado tiene derecho a estar informado corrientemente de los acuerdos que rigen la actividad del sindicato, y los órganos de dirección tienen el deber de mantener informado permanentemente al conjunto de la afiliación de su nivel respectivo sobre las decisiones que toma y en qué acuerdos se basan, con el objeto de garantizar el mayor control continuado de los afiliados sobre su gestión.

TÍTULO V: DE LOS LIBERADOS

Artículo 5.1.- Para el desarrollo de nuestras tareas, la organización necesitará miembros liberados que dediquen todo su tiempo a la organización.
Ninguno de ellos podrá cobrar más que el salario medio de un obrero cualificado.

Artículo 5.2.- Los liberados provinciales o locales serán propuestos por la Comisiones Ejecutivas Provinciales o Locales, y aprobados por la Comisión Ejecutiva Estatal.
Los liberados estatales serán designados por la Comisión Ejecutiva Estatal. Los liberados estatales cesarán sus actividades cuando la Comisión Ejecutiva Estatal lo decida.

TÍTULO VI: DE LA FINANCIACIÓN

Artículo 6.1.- La cuota se distribuirá de la siguiente manera:
· El 20% para la organización de centro.
· El 30% para la organización provincial o, en su defecto, local.
· El 50% para la organización estatal.

Artículo 6.2.- Todos los recursos que la organización obtenga por otros medios que no sean las cotizaciones de los afiliados serán gestionados por las organizaciones locales y provinciales de acuerdo con la Comisión Ejecutiva Estatal.
En lo referido a las subvenciones de organismos públicos, éstas deben utilizarse bajo el control de la Comisión Ejecutiva Estatal y de su secretaría de finanzas, con el acuerdo de las organizaciones provinciales y locales, para contribuir a la financiación colectiva del Sindicato de Estudiantes.

TÍTULO VII: RELACIONES INTERNACIONALES

Artículo 7.1.- Se mandata a la Comisión Ejecutiva Estatal para discutir y decidir la posible afiliación del Sindicato de Estudiantes a la organización internacional estudiantil más próxima a nuestros principios y métodos.
La afiliación internacional deberá ser discutida y valorada por toda la organización a través de su Congreso Estatal o de una Conferencia Estatal extraordinaria convocada a tal fin.

TÍTULO VIII: DE LA COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS

Artículo 8.1.- El Congreso Estatal elegirá una Comisión Revisora de Cuentas, integrada por un mínimo de tres miembros que no pertenezcan a ningún órgano de dirección de carácter estatal, cuya misión será emitir un informe al Congreso Estatal siguiente sobre el estado y la situación de las cuentas de la organización.

Artículo 8.2.- La pertenencia a esta comisión es incompatible con la pertenencia a la Comisión Ejecutiva Estatal.

TÍTULO IX: DE LA COMISIÓN DE CONFLICTOS

Artículo 9.1.- El Congreso Estatal elegirá una Comisión de Conflictos, integrada por tres miembros que no pertenezcan a órgano directivo estatal alguno del Sindicato de Estudiantes, cuya misión será investigar, siempre que sea requerida, los conflictos no políticos que surjan, emitirá un informe independiente de los hechos y propondrá medidas a tomar al máximo órgano del Sindicato de Estudiantes, la Comisión Ejecutiva Estatal Estatal, que tomará la decisión definitiva.
Artículo 9.2- La pertenencia a esta comisión es incompatible con la pertenencia a la Comisión Ejecutiva Estatal.