RESOLUCIONES XVI CONGRESO SE

El Sindicato de Estudiantes propone a los sindicatos de profesores y a la CEAPA organizar, antes de que acabe el año, una gran huelga de toda la comunidad educativa!

¡Retirada inmediata de la contrarreforma franquista!

¡Wert dimisión!

En las mismas fechas en que el Ministro Wert presentaba la contrarreforma franquista del sistema educativo, el Sindicato de Estudiantes convocaba una huelga general de 72 horas los días 16, 17 y 18 de octubre. Esta movilización ha representado el mayor movimiento de protesta juvenil contra los recortes educativos del PP y su pretensión de demoler la enseñanza pública.

A pesar de que la huelga se enfrentó desde el primer momento a las mentiras, los insultos y el sabotaje del PP y su Ministro, millones de estudiantes han secundado el llamamiento a la huelga del Sindicato de Estudiantes y cientos de miles han abarrotado las calles en las manifestaciones celebradas en más de 100 ciudades y localidades de todo el Estado. La huelga y las manifestaciones superaron todas las expectativas. El 17 de octubre, las aulas estuvieron vacías en más del 90% de los centros de estudio de secundaria, y en decenas de facultades. Pero el hecho más impresionante de ese día fue la marea de cientos de miles de jóvenes que acudieron a las manifestaciones: Más de 60.000 estudiantes en Madrid; más de 40.000 en Barcelona y miles más en Tarragona y otras localidades catalanas; 13.000 en Asturias (Gijón, Oviedo, Avilés y otras localidades), más de 15.000 en Galicia (A Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago…), más de 15.000 en el País Valencià (Valencia, Castellón, Alicante y decenas de localidades); más de 30.000 en Andalucía: 10.000 en Sevilla, 10.000 en Málaga y miles más en toda la región (Granada, Córdoba, Jerez, Jaén, Huelva y decenas de localidades): miles en Castilla-La Mancha (Guadalajara, Toledo, Cuenca, Albacete…), miles en Castilla León, (Zamora, Salamanca, Valladolid…); miles en Extremadura, en Zaragoza y en el resto de Aragón, y también muy destacada en La Rioja (dónde el día 18 más de 5.000 estudiantes marcharon en las calles de Logroño), en Cantabria, en Bilbao, en Vitoria, en Navarra, en Murcia, en Cartagena, en las Islas Canarias…

En la tarde del 18 de octubre, las marchas convocadas en numerosas ciudades por la CEAPA y el Sindicato de Estudiantes volvieron de nuevo a abarrotar las calles. En Madrid vivimos una movilización histórica: ¡Más de 150.000 madres, padres, profesores y estudiantes colapsamos el centro de la capital! Un ambiente semejante se vivió en las grandes y multitudinarias manifestaciones de Valencia ¡con más de 100.000 asistentes! Asturias, Sevilla, Málaga, y decenas de localidades.

 El Ministro Wert ha quedado suspendido en el aíre después del sonoro triunfo de la movilización del 16, 17 y 18 de octubre. Pero ha reaccionado como es habitual en éste tipo de personas: esgrimiendo su talante más autoritario y amenazando con eliminar el derecho de huelga de los estudiantes. Una agresión sin precedentes a la libertad de expresión, de reunión y manifestación, que la juventud y el Sindicato de Estudiantes no vamos a aceptar.

El balance de la lucha es claro: tenemos fuerza y podemos derrotar a Wert y sus planes de imponer una contrarreforma franquista. Desde el Sindicato de Estudiantes responderemos de manera contundente a cada nueva agresión del PP, sea contra la enseñanza pública o contra los derechos de la juventud, y no vamos a aceptar ninguna imposición totalitaria y antidemocrática. El próximo 14N los estudiantes de enseñanza secundaria y universidad volveremos a ejercer nuestro derecho a huelga y manifestación, junto con las organizaciones del movimiento obrero, junto a nuestros padres y familias, junto a nuestros profesores, en defensa de una educación pública de calidad, contra los recortes y por un puesto de trabajo digno al terminar los estudios.

El 14N, que será un gran éxito y pondrá sobre la mesa la potencia de la clase obrera y la juventud cuando luchan de manera unificada, no será el final. Todo lo contrario, será una acción de envergadura a la que le deben seguir otras de manera inmediata si el Gobierno del PP no retrocede. Por eso este XVI Congreso del Sindicato de Estudiantes, aprueba proponer a los sindicatos del profesorado y a la CEAPA, la convocatoria, antes de que finalice el año, de una gran huelga general de toda la comunidad educativa para exigir la retirada inmediata de esta contrarreforma franquista (LOMCE) y la dimisión del Ministro Wert.

Construyamos y fortalezcamos el Sindicato de Estudiantes

En los últimos años hemos asistido a un movimiento masivo de protesta contra la crisis capitalista y sus consecuencias sobre la mayoría de la población. En las huelgas generales, en el movimiento del 15M, en las grandes manifestaciones de la marea verde en defensa de la enseñanza pública o las que se han sucedido contra la privatización de la sanidad; en la marcha minera o las ocupaciones jornaleras, contra la reforma laboral y contra la destrucción de empleo, hemos sido millones los que hemos dejado clara nuestra oposición a un sistema que nos condena al paro, el empobrecimento y que pretende eliminar de un hachazo las conquistas de generaciones.

En estas movilizaciones, el Sindicato de Estudiantes ha jugado un papel muy activo, interviniendo en ellas e impulsando la lucha con todas sus fuerzas. Como organización del movimiento estudiantil, de izquierdas, anticapitalista y revolucionaria, nos hemos situado en la primera línea de esta batalla por defender nuestros derechos y nuestro futuro.

La lucha del Sindicato de Estudiantes tiene su base en la organización consciente de los jóvenes, en los Institutos y Universidades, para lograr los medios materiales y humanos que nos permitan acceder a una enseñanza pública de calidad, gratuita, democrática y laica. Pero también es la lucha contra un sistema basado en la explotación y en la represión, cuyo fin es garantizar los beneficios y privilegios de una minoría. Por eso siempre hemos considerado la lucha estudiantil como parte de otra más amplia para acabar con el capitalismo.

El Gobierno del PP, el gobierno de los ricos y los banqueros, también pretende en el terreno educativo imponer su modelo clasita y elitista, y hacernos retroceder a la era del franquismo. Por eso el Sindicato de Estudiantes ha puesto todo el acento en subrayar el carácter estratégico de esta contrarreforma, que nos ve a los estudiantes como candidatos a las colas del desempleo, y en el mejor de los casos como carne de cañón para empleos basura y salarios miserables. En la pasada huelga del 16, 17 y 18, el Sindicato de Estudiantes logró vertebrar al movimiento estudiantil en todo el Estado, porque conectamos con el ambiente de indignación y las aspiraciones que tienen cientos de miles de jóvenes.

La existencia de un referente de organización y lucha como el Sindicato de Estudiantes, que ha estado presente en la vida cotidiana de la juventud, en sus grandes y pequeños acontecimientos, apoyando y aportando siempre una alternativa, explica también el éxito de esta jornada de 72 horas, y que miles de jóvenes llenáramos las calles en la mayor protesta juvenil contra los recortes educativos y en defensa de la enseñanza pública desde el curso 86/87.

Con el apoyo de padres y madres, de la clase trabajadora en general, hemos demostrado que tenemos la fuerza para parar los ataques, que unidos somos más fuertes y podemos plantar cara a la ofensiva que el capitalismo ha lanzado tratando de destruir conquistas históricas que son patrimonio de todos nosotros, como la educación pública, que se consiguieron única y exclusivamente en base a la lucha y la movilización de generaciones anteriores.

Este año se cumplen 25 años del nacimiento del Sindicato de Estudiantes. En todo este tiempo miles de jóvenes hemos dedicado nuestro tiempo y esfuerzos a construir una herramienta que defienda los intereses de los hijos de los trabajadores. Gracias a ese trabajo paciente, en muchas ocasiones oculto y poco visible, hemos fortalecido el movimiento estudiantil, dotándolo de una organización a nivel estatal con tradición en cientos de institutos y facultades, que se vincula a la juventud en todos los problemas que padece, que impulsa consecuentemente el combate por sus derechos y que defiende la unidad con el movimiento obrero. La organización de los hijos de los trabajadores en nuestros centros de estudio nos ha hecho más fuertes, y capaces de dar respuestas contundentes

Los próximos meses y años serán de lucha frontal contra los que pretenden condenarnos al paro, la precariedad, los bajos salarios y la ignorancia. Contra los que reprimen nuestros derechos y nos criminalizan cuando nos levantamos exigiendo justicia social. Por eso la tarea de organizarnos en todos los institutos y facultades es fundamental: tenemos que construir una organización que una a los estudiantes para golpear de manera unificada en defensa de nuestros intereses. Este XVI Congreso llama a los miles de compañeros que se han sumado en los Institutos y facultades a esta movilización, a construir secciones sindicales y comités del Sindicato de Estudiantes, a fortalecer una organización combativa, anticapitalista, democrática, y luchar conscientemente contra este sistema y por un futuro digno.

¡Unidos somos fuertes, organizados seremos invencibles!

¡No a la criminalización de la clase obrera y la juventud!

Desde el inicio de la crisis económica en 2007, millones de jóvenes y trabajadores hemos podido ver con claridad el verdadero rostro del sistema capitalista; un sistema que condena a la mayoría de la sociedad a una vida repleta de necesidades y carencias, que en muchas ocasiones niega los derechos más elementales a los jóvenes y los trabajadores, para así garantizar que los poderosos disfruten de unas condiciones de lujo y opulencia. La agudización de la crisis capitalista internacional ha venido acompañada también de un proceso generalizado de toma de conciencia y, como podemos ver día tras día, la respuesta del movimiento juvenil y de los trabajadores a los ataques de los capitalistas está tomando cada vez más fuerza.

En este contexto, para tratar de frenar el movimiento de protesta, los capitalistas utilizan todas los recursos a su alcance para atacarnos, deslegitimarnos públicamente y debilitarnos. El papel que los grandes medios de comunicación juegan en este sentido es claro. Lejos de plantear información objetiva, veraz y comprobada, son utilizados de una forma descarada para defender los intereses de sus dueños, la burguesía, y minimizar, ocultar o mentir conscientemente sobre acontecimientos de gran importancia, como las luchas obreras y estudiantiles y otros aspectos que afectan a millones de personas a escala internacional. Resulta significativo al respecto lo difícil que es encontrar noticias veraces sobre las movilizaciones en países muy cercanos, como Grecia, Italia o Portugal. No quieren que cunda el ejemplo de estas luchas y por eso se niegan a difundir cualquier información al respecto.

Cuando la protesta, las huelgas y las manifestaciones, adquieren tal fuerza que son imposibles de ocultar, el papel de estos medios es pasar a la ofensiva organizando verdaderas campañas de criminalización. El último curso ha estado plagado de ataques de este tipo contra nuestra organización, a través de un chorro constante de artículos injuriosos aparecidos en la prensa de derechas, ABC, La Razón, La Gaceta, o en programas de Intereconomía, Telemadrid y muchos más.

La criminalización mediática de la protesta social es parte de una estrategia más global y, por supuesto, no es el único medio que el sistema tiene para intentar acallarnos. La represión pura y dura, utilizando los resortes del aparato del Estado, la brutalidad policial, los tribunales, las leyes, también es utilizada profusamente. La persecución contra activistas que han participado en huelgas generales, incluyendo detenciones en sus centros de estudio o lugares de trabajo; las multas contra las personas y organizaciones que organizan protestas; la utilización de la violencia policial para intentar desalojarnos de calles y plazas, incluyendo la actuación de infiltrados policiales que actúan como provocadores de disturbios; la reforma del código penal para imputar a partidos, sindicatos y organizaciones de izquierda por “altercados” que puedan suceder en las manifestaciones, son un buen ejemplo de que la “democracia” que dice defender este gobierno, y los defensores del capitalismo, no es tal. Muchos añoran la dictadura, y en la práctica se comportan de una forma autoritaria, cuestionando las libertades democráticas fundamentales.

En las últimas semanas, el Partido Popular ha tomado nuevas iniciativa en esta ofensiva. Los padres y madres de alumnos de la CEAPA han sido acusados de extremistas y radicales por unirse a nuestra huelga del 16, 17 y 18 de octubre en defensa de la enseñanza pública. En el marco de esta lucha, compañeros de Mérida han sido detenidos injustamente y acusados falsamente de un supuesto asalto a un colegio religioso; También hemos tenido que hacer frente a denuncias por parte de ayuntamientos gobernados por la derecha, de tribunales que han intentado ilegalizar nuestras manifestaciones, o del acoso policial que han sufrido muchos compañeros del SE, como los de Talavera de la Reina (Toledo). Por otra parte, no podemos olvidar la detención arbitraria del compañero Tohil Delgado, Secretario General del SE, que sufrió una agresión policial cuando trataba de defender a unas mujeres ecuatorianas que estaban siendo victimas de una redada racista en el barrio de Carabanchel. Tohil permaneció dos días en los calabozos y ha sido imputado por la misma policía que lo agredió y detuvo.

Por todo ello, el XVI Congreso del Sindicato de Estudiantes denuncia esta brutal campaña de criminalización contra la clase obrera y la juventud; exige la retirada inmediata de todos los cargos policiales y judiciales contra los compañeros mencionados, y reitera el firme compromiso de nuestra organización en defensa de la libertad de expresión, de manifestación, de huelga y de los derechos de los oprimidos.

¡Por una enseñanza pública de calidad, gratuita, democrática y laica!

¡Basta de regalar miles de millones de euros a la educación privada-concertada!

¡La educación es un derecho, no es un negocio!

En los últimos años hemos soportado un chaparrón ideológico sobre el modelo educativo del “futuro”. Nos lo ha transmitido personas tan entendidas como Aznar, Rajoy, Esperanza Aguírre y Wert, y nos lo recitan un día si y otro también los editoriales de La Razón, El Mundo y ABC, por no hablar de los programas de Intereconomía, Telemadrid y otros medios semejantes. Se trata del llamado modelo de la “excelencia” y del “esfuerzo”, es decir, de la privatización, la demolición de la enseñanza pública y del ataque constante a la igualdad de oportunidades. Este discurso considera que los orígenes de clase, las condiciones sociales y económicas, los medios materiales y docentes, no juegan papel alguno en la enseñanza que recibimos.

Estas ideas no son inocentes, son las de las élites privilegiadas, de los que ostentan el poder económico y político desde hace más de 200 años en el Estado español, de los que apuntalaron y se lucraron con la dictadura franquista. Para estos sectores la educación no es un derecho, como tampoco lo es la sanidad. Que las familias trabajadoras, esto es, la inmensa mayoría de la población, tengamos instrucción y conocimientos, es un grave error ¡Podemos pensar y luchar por nuestros derechos! Que los hijos de los trabajadores podamos acceder a la enseñanza superior: ¡Eso es una anomalía de la historia que hay que corregir cuanto antes! Por eso el Ministro Wert lo tiene claro. ¡Que estudien los hijos de los ricos! Ellos no tienen problemas en pagar las tasas millonarias de los colegios exclusivos, bilingües o trilingües, con todos los medios audiovisuales a su alcance, en instalaciones de primeras, con equipamientos deportivos estupendos, y con clases de 20 alumnos. O en las Universidades privadas nacionales y extranjeras sin importar que cuesta las matrículas. ¡Como no se va a garantizar así la excelencia, el esfuerzo y el mejor rendimiento!

En última instancia, se trata de convertir la enseñanza de calidad en un privilegio de los ricos, uno más, y para el resto, privatizar el derecho a la educación y convertirlo en un suculento negocio para unos cuantos empresarios avezados, que se lucran impunemente de las subvenciones públicas y del pago de las cuotas de las familias.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en julio de 2012, el trasvase de dinero público para beneficio de los empresarios de la educación privada-concertada no ha hecho más que aumentar y, por supuesto, esto ha sido así también bajo los gobiernos del PSOE. De 2005 a 2010, las subvenciones recibidas por este tipo de escuelas se incrementaron un 30%, llegando a los 5.902 millones euros, y la tendencia se ha mantenido este curso pasado con el PP. El informe del INE señala también que los beneficios de la enseñanza privada no universitaria se incrementaron en el curso 2009-2010 en un 7,4 % respecto al curso 2004-2005, alcanzando los 491 millones de euros, con un beneficio medio de 76.000 euros al año por colegio.

Este masivo desvío de fondos públicos a la escuela privada-concertada beneficia además principalmente a la Iglesia Católica, que copa el 76% de la misma, y especialmente a sus sectores más reaccionarios. Recientemente el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que se prohibía la financiación a los centros educativos que separen a niños y niñas por cuestión de sexo, ordenando cumplir la ley que ya existía a este respecto. Sin embargo, el Ministro de Educación, de cara a poder seguir beneficiando a estos sectores ultrarreaccionarios, y mantener sus beneficios, ha blindado la financiación de este tipo de centros en la nueva contrarreforma educativa que pretende aprobar en los próximos meses.

Por otro lado, junto a la financiación recibida por parte de las Administraciones Públicas, la escuela privada-concertada continúa cobrando cuotas ilegales a las familias, llegando en algunos casos hasta los 1.000 euros al año. Recientemente la OCU ha denunciado esta situación señalando que el 91% de las escuelas concertadas obliga al pago de estas cuotas, no informando a las familias del carácter voluntario de las mismas y camuflándolas como actividades extraescolares o simples donaciones. A esto hay que sumar las exenciones fiscales aprobadas para beneficiar a las escuelas exclusivamente privadas, como por ejemplo ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, y que han supuesto que la misma dejara de ingresar 90 millones de euros en las arcas públicas, dinero que podría haber ido a parar a la financiación de la escuela pública.

Sin embargo para el Gobierno del PP esto aún no resulta suficiente, buscando en la práctica el completo desmantelamiento de la educación pública. Por esta razón el Ministro de Educación ha incluido en su contrarreforma educativa medidas para acabar con la participación de la comunidad educativa en la gestión democrática de los centros, abriendo la puerta para la gestión con criterios privados de los propios centros públicos.

Para lograr este propósito lo primero que hace la contrarreforma es dar el golpe de gracia a los escasamente democráticos consejos escolares, donde los estudiantes, siendo la mayoría de la comunidad educativa, tenemos el menor de los pesos a la hora de votar las decisiones que afectan al instituto. El consejo escolar pasará a tener un carácter exclusivamente consultivo, primando la decisión de la administración, que pasará a tener una representación del 70% en los consejos escolares, en la elección del director, frente al 30% de padres y profesores (actualmente un 60%). Por otro lado los directores ostentarán “autonomía para la gestión de personal y económica del centro”, estableciéndose en la práctica un criterio de gestión privada en los centros públicos, decidiendo el director, nombrado por la administración, qué profesores pueden o no continuar en el centro de estudios. Con esta nueva medida se persigue también crear un régimen cada vez más autoritario, donde plantear opiniones contrarias a las decisiones del director o de la política educativa del gobierno pueda implicar la mayor de las sanciones. Es decir, que los centros funciones como auténticas empresas privadas.

Por todo ello, el XVI Congreso del Sindicato de Estudiantes se vuelve a reafirmar en la defensa de una red única de enseñanza pública, de calidad, democrática, laica y científica, exigiendo el fin a las subvenciones públicas de la enseñanza privada-concertada.

¡En defensa de una Formación Profesional digna y de calidad!

¡Basta de que los estudiantes de FP seamos mano de obra gratuita!

Uno de los objetivos de la contrarreforma educativa propuesta por el Partido Popular es volver a convertir la FP en la opción educativa más degradada de toda la educación pública. Para la derecha, la Formación Profesional tiene que volver a ser ese aparcadero masificado, sin medios materiales, con pocos profesores y que cuente con la mínima calidad educativa para que quienes acabemos estudiando un módulo salgamos al mercado laboral para ser carne de cañón para la explotación a manos del empresario de turno.

Por estas razones, el Ministerio de Educación, en lugar de abordar los problemas históricos que todavía hoy arrastra la FP, como puede ser la falta de medios materiales o la creación de suficientes plazas públicas para los miles de jóvenes que cada año quedan excluidos de los institutos públicos (sólo este curso han sido más de 80.000), se dedica exclusivamente a adoptar todo tipo de medidas para continuar agravando o generando nuevos problemas. La derecha no quiere desaprovechar esta oleada de ataques y contrarreformas para poder legalizar y profundizar todas las irregularidades y aberraciones que suceden actualmente con las prácticas derivadas del estudio en los módulos de Formación Profesional. De esta forma, una gran parte de compañeros que realizan prácticas en empresas no reciben la más mínima remuneración por el trabajo realizado —a pesar del beneficio económico que el empresario en cuestión saca—, a la vez que en muchas ocasiones tienen que aceptar convertirse en “chicos de los recados” que acaban haciendo cualquier actividad menos aquella para la que han estado estudiando y preparándose durante el último año y medio.

“Contratar” a uno o varios estudiantes en prácticas, o a uno o varios becarios, se ha convertido en un negocio redondo: en el peor de los casos sólo hay que pagarles un puñado de euros, y a cambio pueden estar trabajando durante varios meses a destajo. Para los “emprendedores” más avispados, la “contratación” regular de estudiantes en prácticas o becarios se ha convertido en algo habitual ya que, además de ser mano de obra cualificada muy barata o incluso gratuita, en muchas ocasiones el empresario se puede acoger a exenciones fiscales o recibir “ayudas” económicas de las diferentes administraciones por contratar a los estudiantes. Este auténtico negocio a costa de nuestras condiciones de trabajo, estudio y desvío de fondos públicos no acaba aquí; cada vez es más común conocer empresas que en lugar de contratar al personal necesario van tirando indefinidamente de este modelo de contratación para no tener que crear puestos fijos y con unas mínimas condiciones laborales.

En lugar de hacer frente a estas carencias y fraudes, la propuesta del PP es mantenerlas y apostar por la “FP dual”, que no es otra cosa que alargar la duración de este tipo de prácticas para mayor beneficio de los capitalistas, a la vez que se producirá un recorte en la formación que deberíamos recibir en los centros de estudio. El Ministerio de Educación pretende pasar del 20% del tiempo que ocupan actualmente las prácticas en empresas de los dos años de curso que tiene la FP, aproximadamente cuatro meses y medio, a un espacio “superior al 33% del tiempo” que dure el módulo, sin especificar un tiempo máximo.

Los modelos de “FP dual” que está barajando el gobierno van en una dirección: que los estudiantes nos formaremos según las necesidades de unas determinadas empresas durante un tercio del segundo curso, mientras que las dos terceras partes restantes las pasaremos en la empresa desarrollando el trabajo de un obrero cualificado, con un mísero contrato de formación y una beca salario de aproximadamente 400 euros. A cambio, las empresas que se adhieran a este nuevo modelo de formación tendrán una reducción de las cuotas a la Seguridad Social, y contarán aún con más libertad para explotar a los estudiantes, ya que serán ellas mismas las que marquen el horario de los estudiantes en prácticas. Con este nuevo sistema se pretende proporcionar mano de obra gratuita, o casi gratuita, de forma descarada a los empresarios en trabajos de temporada, como son el caso de la hostelería y el turismo, los dos sectores con más estudiantes de esta modalidad.

La contrarreforma aplicada a la Formación Profesional hará que la formación académica reglada y aspectos clave de la formación teórica puedan desaparecer por completo para favorecer los intereses de los empresarios que, como cualquier estudiante sabe, no tienen entre sus preocupaciones velar por nuestra formación, sino lograr el máximo beneficio económico de nuestra estancia en la empresa.

El XVI Congreso del Sindicato de Estudiantes ratifica su compromiso de lucha por:

1. Retirada inmediata de la LOMCE. Ni reválida ni selectividad, el hijo del obrero a la universidad. Contra la imposición de barreras económicas y académicas para impedir nuestro acceso a la educación superior. Todos los estudiantes que hayan aprobado 1º y 2º de Bachillerato, y la FP superior tienen derecho a una plaza universitaria.
2. Ni un estudiante no admitido en FP pública. Aumento de las  plazas en FP de grado medio y superior.
3. Contra la utilización de los estudiantes de FP como mano de obra gratuita. Prácticas remuneradas en empresas, bajo control de las organizaciones obreras y estudiantiles, y con un salario digno.
4. Contra la imposición de tasas a la Formación Profesional. Por una FP gratuita, democrática y de calidad en todo el Estado. Supresión inmediata de las tasas de 360 y 250 euros que la derecha ha impuesto en Catalunya y Madrid y creación de plazas suficientes en todo el Estado: ni un solo no admitido por falta de plazas.
5. No al paro juvenil. Por un subsidio de desempleo indefinido, igual a 1.100 euros, para todos los parados hasta encontrar un puesto de trabajo.
6. Por una enseñanza secundaria y universitaria, pública, de calidad y gratuita. La media europea de estudiantes universitarios becados está en el 40%, mientras que en el Estado Español es de un raquítico 14%. hace falta un plan de choque que garantice nuestros derechos al estudio. Por el 7% del PIB para la enseñanza pública.

¡Ni tasas ni selectividad, el hijo del obrero a la universidad!

¡Sí hay dinero, lo tienen los banqueros!

Con la implantación de los Planes de Bolonia, que aprobó el gobierno del PSOE cediendo completamente a los intereses de los grandes capitalistas, se ponían los cimientos para una expulsión masiva de la universidad de los hijos de los trabajadores. Se ha impuesto en la práctica que los estudiantes tengan que costearse, además del grado, un master, lo que significa en la práctica la privatización de la enseñanza superior y la vuelta a un modelo elitista y clasista. Además se han abierto por completo las puertas de la universidad a las empresas privadas, con el argumento de que la enseñanza superior debe cubrir sus necesidades. Los planes de financiación públicos de la universidad se sustituyen cada vez más por convenios con empresas privadas que determinan, obviamente, donde invertir, en que condiciones y con qué objetivos.

 Con la llegada del gobierno del PP, un gobierno de banqueros y empresarios, el recrudecimiento de los ataques sobre la educación pública en general no se ha detenido ni un momento. En lo que llevamos del gobierno del PP, las tasas se han encarecido una media de un 66%, se han endurecido los requisitos académicos para acceder a las becas para aquellas familias que no pueden costearse unas matrículas cada vez más onerosas, además de plantear que ahora las becas no cubren segundas matrículas. A esto hay que añadir las reválidas que se plantean en la LOMCE, con el objetivo de filtrar desde el inicio de la educación a una gran parte de los hijos de los trabajadores y arrojarlos cuanto antes al mercado laboral.

La mercantilización de la universidad pública se refuerza con la política de préstamos bancarios para costear los precios desorbitados de las matriculas de las carreras y los master, y que el Ministro Wert pretende imponer en la próxima reforma del sistema universitario propuesta para los próximos meses tras la aprobación de la LOMCE. Se trata de dar cobertura a una subida brutal de las tasas académicas en la universidad, y que en este curso ya hemos tenido que sufrir. El objetivo es trasladar el modelo norteamericano y chileno de universidad pública que cuesta lo mismo que la privada, y que se costea enteramente por los sacrificios económicos de los estudiantes y sus familiares. Con este modelo se acabará con las conquistas que arrancamos en las movilizaciones históricas del curso 86/87, y significará la expulsión definitiva de los jóvenes provenientes de familias obreras del sistema universitario público.

Para el gobierno del PP y las grandes empresas sobran licenciados, sobra mano de obra cualificada. Pero bajo la óptica de los jóvenes y los trabajadores, de la mayoría de la sociedad, si necesitamos que las nuevas generaciones estén formadas. Hacen falta más profesores para garantizar una educación pública de calidad; médicos, para garantizar una sanidad pública de calidad; orientadores, pedagogos, ingenieros, técnicos de todo tipo... Si en lugar de regalar cientos de miles de millones de euros a la banca a la par que se recortan en sanidad y educación, se utilizasen todos esos recursos en beneficio de la mayoría no estaríamos hablando de seis millones de desempleados, de un paro juvenil del 50%, de los desahucios. Conseguir una enseñanza superior pública, de calidad y gratuita, forma parte de una lucha más amplia, que tiene también como eje la nacionalización sin indemnización del sector financiero, de toda la banca, bajo el control democrático de los trabajadores y sus organizaciones, para emplear esos ingentes medidos en resolver las necesidades de la población y asegurar sus derechos sociales.

1. Por una universidad pública gratuita, de calidad y democrática. Retirada inmediata de los planes de Bolonia. Necesitamos una reforma de la enseñanza universitaria en beneficio de los estudiantes y de las familias trabajadoras, no de las grandes empresas. Reforma de los planes de estudio elaborada con la participación consciente de estudiantes, profesores y sindicatos.

2. No a los créditos bancarios para financiar los estudios. Becas-salario de mil euros al mes para los estudiantes con más dificultades. 40% de los estudiantes con becas dignas.

3. No a la gestión empresarial de la universidad.

4. 7% del PIB para la educación pública. Inversión del Estado del 2% del PIB en la universidad pública para garantizar una educación pública de calidad y gratuita, la construcción de suficientes plazas públicas universitarias, la reducción del número de estudiantes por aula, dotación de laboratorios, bibliotecas, etc. Es necesario un plan de choque de 8.400 millones de euros, inmediato, para mejorar la universidad pública.

6. Prácticas en las empresas remuneradas, con salarios dignos, y controladas por las organizaciones estudiantiles y los sindicatos de trabajadores. ¡No a la mano de obra gratuita!

7. ¡No sobran licenciados! Plan Estratégico Estatal para dotar a los barrios obreros de suficientes hospitales, colegios, institutos, instalaciones deportivas y culturales, etc.

8. Un puesto de trabajo digno al acabar los estudios, o subsidio de desempleo indefinido igual a 1.100 euros hasta conseguirlo.

En defensa de la educación pública en Catalán

No a la segregación en líneas lingüísticas

¡No a la España Grande y Libre del PP, ni a la demagogia de CIU!

Por la unidad del movimiento obrero y estudiantil por encima de fronteras nacionales, para luchar en todo el Estado en defensa de la enseñanza pública

El Partido Popular y la derecha españolista tratan una y otra vez de transmitir una imagen falsa de la situación lingüística en Catalunya. Presentan la situación del castellano como si se tratara de un idioma indefenso frente a un catalán impuesto a la mayoría de la población. Nada más lejos de la verdad. En realidad, bajo la dictadura franquista, esa misma dictadura que los dirigentes del PP tanto añoran, los derechos democráticos de las nacionalidades históricas fueron perseguidos con saña, incluido el derecho de millones de personas a poder expresarse en su lengua materna, el catalán, el euskera o el gallego. Fue la lucha de la juventud y los trabajadores en los años sesenta y setenta contra el franquismo, lo que permitió que estos derechos se recuperasen, que las lenguas maternas de estas nacionalidades se pudiesen hablar libremente y poco a poco se extendiese su uso en la enseñanza pública.

Realmente no existe ningún problema lingüístico en Catalunya con el uso y difusión del castellano. El idioma que sigue en peligro y es atacado una y otra vez es precisamente el catalán: Recientemente, una nueva sentencia del Tribunal Supremo, haciéndose eco de las denuncias de una minoría ínfima de familias vinculadas al PP, pretendía terminar con el actual modelo de inmersión lingüística que existe en Catalunya y segregar a los estudiantes en líneas lingüísticas.

El verdadero objetivo de la derecha españolista con sus ataques al catalán es dividir y enfrentar a los estudiantes y a los trabajadores de Catalunya en líneas nacionales y lingüísticas. Crear un problema donde no lo hay. Porque el conflicto lingüístico se crearía precisamente al segregar a los estudiantes, al dividirlos en idiomas como pretende el PP y los falsos defensores del “bilingüismo” en Catalunya. Inevitablemente esta división traería consigo una segregación de toda la red educativa, especialmente en la educación pública. La segregación lingüística acentuaría la segregación social que ya se está alimentando con la actual política de recortes que sufre la educación pública: la burguesía, ya sea españolista o catalana, busca convertir los centros públicos en ghettos, centros marginales, sin inversión suficiente. ¡Y el que quiera una educación de calidad, qué se la pague!

La mayoría de la población de Catalunya defiende el actual modelo educativo de inmersión lingüística: una única red educativa pública donde las clases son en catalán. Ese modelo no ha impedido ni muchísimo menos el correcto aprendizaje del castellano y la libertad de los castellano-parlantes de utilizar su idioma. De hecho, en las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación de los estudiantes de 2º de la ESO, la nota alcanzada por los estudiantes de Catalunya en lengua castellana ha superado la media estatal, incluso consiguiendo mejor nota media que los estudiantes de Madrid o Andalucía. Lo antidemocrático es imponer una decisión contraria al sentir mayoritario de los trabajadores y jóvenes de Catalunya y utilizar cínicamente proclamas a favor de la “igualdad”, cuando el catalán sigue siendo una lengua en condiciones de inferioridad, como demuestra esta sentencia, que ha sufrido durante siglos persecución y que aún a día de hoy se encuentra en una situación de desventaja con respecto al castellano en numerosos ámbitos de la vida cotidiana, social y laboral.

La derecha y la burguesía (tanto la españolista, el PP y el aparato del Estado, como la nacionalista, vasca y catalana) tratan de utilizar una y otra vez la cuestión nacional y lingüística para dividir y enfrentar a los trabajadores. En este contexto de grave crisis económica y ataques salvajes contra los derechos conquistados por la clase obrera (como precisamente la educación o la sanidad públicas), la burguesía trata de echar arena a los ojos de los jóvenes y los trabajadores.

La burguesía españolista agita la bandera rojigualda mientras lanzan todo tipo de prejuicios y mentiras sobre el pueblo catalán y vasco, los emigrantes… etcétera. Y CiU en Catalunya, representante directo de la burguesía catalana, no se ha quedado atrás. Se envuelve en la senyera y dice defender Catalunya, mientras recortan y privatizan la educación y la sanidad pública, apoyan al PP en sus presupuestos antisociales, endurecen la reforma laboral, imponen las leyes educativas regresivas, y legislan sólo para beneficio de la oligarquía catalana.

 Realmente hay una comunión de intereses entre el PP y CiU. Atur Mas y CiU no sólo han estado a la vanguardia de los recortes sociales, sino que también ha apoyado con entusiasmo todos los ataques emprendidos por el gobierno de Rajoy. CiU no va a defender la educación pública (los recortes en Catalunya están siendo salvajes) y su “catalanismo” termina donde comienzan sus intereses capitalistas. La actual demagogia nacionalista de CiU, prometiendo el “Estado propio” y la celebración de un referéndum, no tiene nada que ver con el derecho a la autodeterminación o a la defensa de los derechos democráticos de la población catalana. Forman parte de una maniobra de la burguesía catalana para desviar la atención de los recortes y ataques que el gobierno de Artur Mas ha perpetrado —y pretende profundizar— contra los trabajadores y la juventud en Catalunya. El Sindicato de Estudiantes rechaza y denuncia todas las maniobras y mentiras demagógicas de CiU, que pretende utilizar los sentimientos de repulsa a la opresión nacional de muchos catalanes, para fines completamente reaccionarios.

El XVI Congreso del Sindicato de Estudiantes defiende en Catalunya una red educativa única, pública, gratuita, de calidad y en catalán. Nos oponemos a la segregación en líneas lingüísticas. Pero para evitar la segregación y defender el catalán, nuestros aliados no están en el Palau de la Generalitat, sino en los trabajadores y jóvenes de todo el Estado. Sólo mediante la movilización, la lucha y la unidad de los jóvenes y trabajadores en todo el Estado podremos pararle los pies a la burguesía, españolista, vasca o catalana, todas ellas vinculadas y dependientes del capital financiero internacional, que busca devolvernos a las condiciones laborales y sociales del siglo XIX. El camino es la lucha y la movilización unificada en todo el Estado: los oprimidos y los que sufrimos los ataques de la burguesía unidos contra el enemigo común, el capitalismo.

Contra el racismo, la represión y la discriminación a los inmigrantes

 Desde hace años el fenómeno de la inmigración ocupa un lugar importante en la realidad de los países más desarrollados. Durante años millones de trabajadores emigraron de los mal llamados “países del tercer mundo” para buscar una vida mejor principalmente en EEUU y Europa. Estos trabajadores extranjeros se convirtieron en mano de obra barata para los empresarios y gobiernos locales que se beneficiaron gracias a las restricciones legales que transforman a millones de personas en “ilegales”, “irregulares” y “sin papeles”, es decir, en carne de cañón para la explotación.

Ahora la crisis económica golpea duramente a este sector de los trabajadores. Si muchos inmigrantes en situación “irregular” trabajaban en la economía sumergida en los años de bonanza, esta situación se dispara con la crisis económica. En ausencia de una política combativa por parte de los grandes sindicatos obreros, especialmente de las direcciones de CCOO y UGT, que organice a los trabajadores inmigrantes junto al resto de la clase trabajadora para luchar y defender los intereses de ambos, los empresarios utilizaron de ariete esta condición para contener las subidas salariales durante los años de “boom”. Poco a poco, las condiciones precarias de los trabajadores extranjeros se trasladaron a los nativos, especialmente a los jóvenes y las mujeres que padecen en muchos casos la misma discriminación laboral que los inmigrantes. Con la llegada de la crisis económica actual, los capitalistas lo tienen muy claro: nivelar las condiciones de todos los trabajadores hacia abajo, convertir a todos en temporales y precarios.

Los capitalistas son conscientes del peligro que significa para sus negocios el que los trabajadores se unan para luchar, independientemente de su país de origen; por eso desde hace años preparan el terreno para azuzar la división entre “españoles” y “los de afuera”. Comenzaron con una campaña venenosa en los medios de comunicación sembrando la semilla del odio para luego trasladarlo al ámbito legal e institucional, aprobando leyes discriminatorias y represivas.

En el Estado Español, los diferentes gobiernos del PSOE y del PP fueron endureciendo la Ley de Extranjería poniendo más trabas para llegar al país o conseguir papeles, más restricciones a la reagrupación familiar, etc., y una larga batería de medidas que criminalizan el hecho de ser inmigrante y aplican duras penas de internamiento para los detenidos. Por otro lado, desde la Unión Europea se aprobó en 2009 la llamada “Directiva de la Vergüenza” que contempla, entre varias medidas, aumentar hasta 18 meses el período de reclusión en los Centros de Internamiento (CIEs). Estos centros son una auténtica aberración donde los detenidos padecen condiciones inhumanas de trato, higiene y hacinamiento.

La burguesía intenta crear un ambiente de histeria contra el inmigrante para desviar la atención de los trabajadores hacia los verdaderos culpables de la crisis, los capitalistas y su sistema, y por otro lado, fortalecer las opciones conservadoras y facilitar la aceptación de medidas represivas que tarde o temprano se utilizarán contra el movimiento obrero en su conjunto. Utilizan el racismo y la xenofobia para dividirnos y aplastar nuestra resistencia.

En el Estado español, con la llegada al gobierno del Partido Popular, esta estrategia de criminalización al inmigrante, para tratar de convertirle en el chivo expiatorio de la crisis, se ha incrementado. Recientemente la derecha aprobaba la retirada de la tarjeta sanitaria a la población inmigrante en situación “irregular”. Poniendo en las espaldas de los inmigrantes la responsabilidad de un servicio de salud “insostenible”, en palabras de aquellos que no tienen reparo en entregar millones de euros a la banca, pretenden que los inmigrantes tengan que pagar una póliza entre los 710 y los 1.864 euros, según la edad del inmigrante, para poder optar al sistema sanitario, una manera indirecta de expulsar a los inmigrantes. Tal y como explicaba el portavoz del PP en el congreso, Alfonso Alonso, “naturalmente aquellos extranjeros que estén en situación irregular en nuestro país y no tienen capacidad para regularizar su situación no pueden permanecer aquí”. ¡Qué hipocresía! ¡Cómo si la responsabilidad de su situación de marginalidad social fuera de los inmigrantes y no de los empresarios a los que el PP representa, que se han enriquecido a costa de explotar a estos mismos inmigrantes!

Esta medida criminal negará el derecho a la salud a 150.000 personas que quedarán a partir de ahora sin protección sanitaria: una prueba más de la absoluta deshumanización de un gobierno que es totalmente sumiso con los poderosos, y arrogante hasta la brutalidad con los más débiles.

El Sindicato de Estudiantes es una organización anticapitalista e internacionalista. Estamos convencidos de que la manera más eficaz para luchar contra la explotación, el racismo y la represión es levantando un programa revolucionario y socialista, que cuestione de arriba abajo la dominación que sobre la gran mayoría de la sociedad ejerce un puñado de parásitos sociales, los capitalistas.

El XVI Congreso del Sindicato de Estudiantes defiende:

 a) Ningún tipo de discriminación social, política o laboral por motivos de raza. Todos los derechos laborales, sociales y políticos para los inmigrantes. A igual trabajo, igual salario.

 b) Abolición de la ley de extranjería y toda la legislación represiva. Derecho al reagrupamiento de las familias. Reestablecimiento de una ley democrática de asilo político sin restricciones.

 c) Incremento drástico de los presupuestos públicos para garantizar la integración de los inmigrantes.

Sanidad gratuita para todos los inmigrantes. Derechos a la educación y sanidad pública, digna y gratuita. Equipamientos sociales, culturales y deportivos para disfrute de la población al que tengan acceso todos los inmigrantes. Medios materiales suficientes para que las diferentes comunidades puedan mantener sus tradiciones culturales, lingüísticas e históricas.

 ¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera!

¡Trabajadores y jóvenes del mundo, UNÍOS!

La lucha de los estudiantes no tiene fronteras

La tradición internacionalista del Sindicato de Estudiantes es una de sus señas de identidad desde su primer día de existencia. Siempre hemos apoyado la lucha de la juventud y de los trabajadores de cualquier parte del mundo por su emancipación de la explotación capitalista, en defensa de los derechos democráticos, por una enseñanza pública, de calidad y gratuita.

 El Sindicato de Estudiantes ha realizado en sus 25 años de historia numerosas acciones de solidaridad internacionalista: con los jóvenes sudafricanos en lucha contra el apartheid; con la juventud palestina de los territorios ocupados que se batía contra la represión de la burguesía sionista; con el pueblo irquí, masacrado en las intervenciones imperialistas de la burguesía norteamericana y sus aliados europeos... Recientemente hemos mostrado nuestro apoyo total a la revolución que millones de jóvenes y de trabajadores han protagonizado en Egipto, en Túnez, Libia, derribando dictaduras que fueron respaldadas por las potencias imperialistas occidentales, y hemos mostrado nuestra solidaridad con el pueblo sirio masacrado por un régimen represivo. Además de nuestro apoyo internacionalista, desde el Sindicato de Estudiantes hemos defendido que todas estas luchas deben completarse, pues no habrá auténtica democracia para estos pueblos en el marco del orden capitalista. La lucha por la democracia de la mayoría sólo es posible con justicia social, y eso pasa por derrocar a la burguesía árabe y a sus aliados imperialistas, transformando la sociedad en líneas socialistas.

En nuestra tradición internacionalista ha ocupado un lugar siempre muy especial, nuestro apoyo al combate de nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica. Hemos establecido lazos de fraternidad con el Comité en Defensa de la Enseñanza Pública de México. Hemos apoyado públicamente las luchas revolucionarias de la juventud y del pueblo venezolano contra la oligarquía y el imperialismo, a favor de la revolución socialista; a nuestros hermanos chilenos, que se han movilizado ejemplarmente en estos años, llenando las calles de todo el país con cientos de miles de compañeros de enseñanza secundaria y universitaria en defensa de la enseñanza pública gratuita; a los jóvenes y estudiantes de Canadá, de Colombia, de EEUU, que también han protagonizado movilizaciones masivas y en muchos casos exitosas. A los estudiantes británicos, que han estado impulsando huelgas generales en defensa del sistema público de educación y contra el aumento escandaloso de las tasas universitarias.

En un contexto de colapso económico como el actual, el desmantelamiento de conquistas históricas de la clase trabajadora, como el derecho a sanidad o la educación pública se ha convertido en objetivo primordial de los distintos gobiernos que aceptan la lógica del sistema. Del mismo modo, la respuesta a estas políticas de privatización, también ha arraigado y crecido a nivel internacional. Este XVI Congreso del Sindicato de Estudiantes, vuelve a reiterar su compromiso internacionalista con la causa de la juventud, de los trabajadores y de los oprimidos. Nuestra lucha no tiene fronteras, y es una sola en todo el mundo: la transformación completa de la sociedad, conquistando una vida liberada de explotación, de opresión y de represión.

En defensa de la Memoria histórica

¡Juicio y castigo para los crímenes del franquismo!

Entre 1931 y 1939 los trabajadores y jóvenes del Estado español fueron protagonistas de una revolución socialista que amenazaba con destruir todo el orden social impuesto en siglos de opresión. Durante esos años los trabajadores y campesinos sin tierra tomaron el cielo al asalto: lucharon para poner fin a la grave explotación que sufrían en sus puestos de trabajo, conquistar una educación pública, terminar con los privilegios del clero y de los terratenientes, trataron de poner fin a la miseria en el campo y la opresión nacional en Catalunya, Euskal Herria y Galiza. Los trabajadores querían terminar con el paro, el hambre, las desigualdades y todo tipo de opresión del hombre sobre el hombre.

En aquellos años, los privilegiados, los grandes capitalistas, los banqueros, terratenientes, arzobispos y generales, que aún hoy en día dominan en el Estado español, defendieron con uñas y dientes sus privilegios sembrando la muerte y el caos en todo el Estado. La guerra civil y la dictadura franquista fue la respuesta de la clase dominante a la lucha revolucionaria de los oprimidos.

Sin contar las víctimas de los enfrentamientos bélicos, las tropas del ejército franquista y los cuerpos de choque de la Falange y los Requetés, asesinaron durante la guerra a más de 100.000 personas inocentes en la retaguardia, en una autentica guerra de exterminio, por el único “delito” de ser militantes de las organizaciones de izquierda, simpatizantes de ellas, o simples familiares. Ya con el triunfo de la dictadura de Franco, otros 90.000 obreros y campesinos fueron ejecutados por el régimen; 500.000 fueron recluidos en cárceles y campos de concentración y otros 450.000 tuvieron que exiliarse. Fuera de las cárceles, otras 200.000 personas morirían del hambre y las enfermedades provocadas por las brutales condiciones de vida impuestas por el franquismo. 40 años de barbarie que hoy en día aún siguen siendo reivindicados por numerosos portavoces de la burguesía y del partido en el gobierno.

La clase obrera y la juventud lograron terminar con la dictadura asesina a través de una lucha muy dura y prolongada, que tuvo su apogeo a finales de la década de los sesenta y setenta del siglo pasado. Fueron el pueblo, y especialmente sus sectores más conscientes y abnegados, los trabajadores y la juventud obrera y estudiantil, los que con su compromiso logró conquistar los derechos sociales y democráticos que en parte aún disfrutamos. Y, sin embargo, la larga sombra del franquismo sigue siendo muy alargada, y está todavía muy incrustada en el aparato del Estado, en la judicatura, en la policía, en el ejército.

La lucha por la memoria histórica y por la reparación de los crímenes que la dictadura franquista perpetró, es una necesidad y un compromiso irrenunciable para el Sindicato de Estudiantes. Tuvimos que esperar 25 años para que se pudiera abrir la primera fosa común donde se ocultaban los cadáveres de miles de luchadores asesinados por el fascismo. En 2010, Amnistía Internacional calculaba que aún 114.000 familias siguen sin saber donde están los restos de sus seres queridos. En 2011 el gobierno reconocía que aún quedan por abrir 1.203 fosas comunes.

El esfuerzo por recuperar la Memoria Histórica, reivindicar a los luchadores antifascistas y revolucionarios, no ha sido impulsado por ningún gobierno, sino por la acción abnegada de cientos de familiares de las víctimas que han impulsado organizaciones y foros en defensa de la Memoria Histórica, con las que el Sindicato de Estudiantes colabora activamente.

El Partido Popular, fiel heredero del franquismo, de todos los privilegiados que auspiciaron el golpe de estado fascista y que sacaron beneficios multimillonarios de la dictadura, en una de sus primeras medidas recortó todos los fondos y proyectos destinados a la Memoria Histórica. El Sindicato de Estudiantes denuncia esta actitud de un gobierno que habla de democracia y niega el derecho de miles de familias a recibir una reparación justa para sus víctimas, empezando por un entierro digno.

Hoy el mundo capitalista está demostrando su verdadera cara: crisis, pobreza, represión, opresión, explotación… un puñado de especuladores, banqueros, capitalistas, acaparan, en su propio beneficio, la riqueza que los trabajadores producimos. Es la misma clase social que masacró a nuestros abuelos cuando reivindicaron una vida digna. Para los jóvenes de hoy en día es un deber militante recuperar la Memoria Histórica. Necesitamos inspirarnos y aprender de la Revolución española. Necesitamos librar una nueva batalla contra la opresión. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a los que dieron su vida por la libertad, la igualdad y el socialismo.

El Sindicato de Estudiantes con los trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)

¡Obreros y estudiantes, unidos contra la destrucción de empleo!

El Sindicat d’Estudiants apoya totalmente la justa lucha de los trabajadores de FGV, y reiteramos nuestra disposición, ante el Comité y toda la plantilla, para concretar ese apoyo de la manera más eficaz: reparto de panfletos a los usuarios, asambleas informativas en centros de estudio, comunicado conjunto con el Comité, participación en los piquetes informativos los días de huelga, etc.

El motivo de este apoyo es evidente. No se trata sólo de la pérdida de calidad en el servicio de metro y tranvía que pretende la Generalitat del PP, inevitable tras un ERE de despidos masivos; de la pérdida de cientos de puestos de trabajo, cientos de posibilidades menos para poder conseguir un trabajo mínimamente de calidad para los jóvenes que acaben de estudiar. También se trata de que los trabajadores, públicos y privados, y todos los estudiantes hijos de trabajadores, así como el resto de colectivos de la clase obrera (parados, jubilados), nos estamos viendo sometidos a una ofensiva sin tregua por parte de las diferentes administraciones del Partido Popular, sean Gobierno, Generalitat o Ayuntamiento. En el caso de la educación, el ministro Wert pretende volver a la enseñanza franquista, en donde los hijos de trabajadores eran masivamente expulsados del sistema educativo para poder ser explotados (en el mejor de los casos) como mano de obra barata. En el caso de la Generalitat, está llevando a cabo sus planes de despedir a miles de trabajadores públicos, con sus inevitables consecuencias de merma continua de los servicios públicos y de su privatización (en el caso de la sanidad de forma descarada).

Animamos al Comité a dotarse de un plan de extensión de la lucha, a coordinarse con los trabajadores de RTVV, y a llamar al resto de Comités de empresas públicas y Juntas de Personal, y especialmente a las federaciones sindicales de Administraciones Públicas, a movilizar conjuntamente todo el sector público para paralizar todos los despidos. La combatividad de los trabajadores de FGV se está demostrando sobradamente, pero la rabia, la disposición a la lucha, del resto del sector público, no es menor. Además, los trabajadores del transporte público (metro y autobuses) están en lucha también en otras ciudades (Madrid, Barcelona…). Por eso, este XVI Congreso del Sindicato de Estudiantes aboga por la unificación de la lucha a nivel estatal con una huelga del sector público. En ese plan de extensión de la lucha, contáis hasta el final con el Sindicat d’Estudiants. ¡Adelante, compañeros, sí se puede vencer!