¡Solidaridad con la huelga de profesores del 9 y el 15 de octubre en Andalucía y Catalunya!

La negativa del Ministerio de Educación y de las consejerías educativas a poner en marcha cualquier tipo de inversión para rescatar la educación pública ha provocado un inicio de curso insostenible, donde la reorganización de la vuelta a las aulas no es más que un compendio de recomendaciones básicas, muchas de las cuales ni siquiera se pueden llevar a cabo por la falta de profesorado y la masificación de las aulas.

La Junta de Andalucía continúa con su plan de destrucción de la escuela pública

Por si fuera poco, hay que decir que la actitud intolerable de desidia y desentendimiento que ha llevado adelante el Ministerio de Educación pone las bases para que el gobierno de la derecha en Andalucía se lance en tromba en su cruzada por acabar con la educación pública. El Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, están preparando un decreto criminal para privatizar el bachillerato y la Formación Profesional en nuestra comunidad. Si este decreto sale adelante, significará el incremento del desvío de presupuesto público hacia los bolsillos de los empresarios de la educación privada concertada y de la iglesia católica. ¡No lo podemos permitir!

Desde el inicio de curso el personal docente, estudiantes y familias hemos exigido un plan de rescate a la escuela pública para revertir esta vuelta de pesadilla. Solo a través de una inversión masiva a la educación pública, que se materialice en la contratación real de miles de profesores y profesoras, bajada de ratios o el fin de la brecha digital, entre otras medidas clave, se podrá evitar la catástrofe. Sin embargo, la respuesta de la Junta ha sido la de ponerse de perfil y continuar con la destrucción de nuestra educación.

El refuerzo del profesorado prometido -5.500 docentes más- no ha tenido absolutamente ningún impacto y las irregularidades se acumulan por centenares, hasta el punto de que hay más de 553 aulas en cuarentena y 10 centros cerrados. ¿Y ahora encima pretenden vendernos el acuerdo alcanzado por CCOO, ANPE y CSIF con el gobierno andaluz para la contratación de otros 1.500 docentes como una gran conquista? Seamos claros, en primer lugar no hay ninguna indicación clara respecto al reparto de estos nuevos profesores entre la pública y la concertada, pero el colmo es que en Andalucía hay ¡4.667 centros públicos! Es decir, que aunque todos los profesores fueran destinados a la pública, ni siquiera habría dos profesores más por centro. ¡Basta ya de tratar de engañarnos!

La Generalitat de Catalunya pone nuestra salud en riesgo

Por su parte, en Catalunya el Consejero de Educación, Josep Bargalló, desoyendo todas las reclamaciones de la abrumadora mayoría de la comunidad educativa -tanto de estudiantes y docentes como padres y madres-, se ha negado a dotar de los recursos necesarios a los institutos y escuelas públicas: ni contratación de los docentes y personal sanitario, de comedor o de limpieza, ni construcción de nuevas aulas o habilitación de espacios, ni reducción de ratios, ni suministro del material e instrumentos adecuados (mascarillas, termómetros, etc.).

Esto hace que estudiantes y profesores estemos amontonados en clases donde es imposible mantener la distancia social. Por eso no es de extrañar que más de 28.000 estudiantes y más de 1.500 docentes estén actualmente confinadas, y que la situación no deje de empeorar: sólo en los últimos 10 días se han detectado más de 2.100 casos positivos.

Hace falta una huelga de toda la comunidad educativa a nivel estatal

Desde el Sindicato de Estudiantes apoyaremos todas las movilizaciones de la comunidad educativa para que nuestra voz sea escuchada y queremos mostrar nuestro apoyo a la lucha de los profesores y profesoras en huelga los días 9 y 15 de octubre convocada por CGT en Andalucía y Catalunya.

Como hemos demostrado una y otra vez, la presión en las calles es la única manera de defender nuestro derecho a la salud y defender una educación pública para todos y todas. Por ello necesitamos una convocatoria seria y unificada de una huelga general educativa en todo el Estado para dar la mayor difusión posible a nuestra lucha y exigir lo que nos corresponde: un sistema público, gratuito y de calidad que nos permita una vuelta segura a las aulas. Sabemos que sí que hay dinero, que se destine a cubrir las necesidades sociales de la inmensa mayoría y no a salvar a los banqueros y empresarios. ¡Si luchamos podremos conseguirlo!