Este viernes, 18 de septiembre, coincidiendo con la tercera jornada de huelga estudiantil convocada por el Sindicato de Estudiantes a nivel estatal, la comunidad educativa de Andalucía hemos protagonizado una jornada de huelga que ha vuelto a levantar el espíritu de la Marea Verde. Los estudiantes, junto con las familias y el profesorado, convocado por CGT, USTEA, CCOO, CNT y Docentes por la Pública, hemos recorrido las calles de todas las provincias andaluzas para exigir una vuelta presencial, segura y de calidad en la educación pública.

La escuela pública lleva años sufriendo los ataques y recortes que durante años el Gobierno de la derecha del PP llevó a cabo dejando la escuela pública en una situación de auténtica emergencia social, que ahora la pandemia de la Covid 19 hace imposible mantener. En Andalucía a estos recortes se suman también los llevados a cabo por el PSOE de Susana Díaz y que el nuevo gobierno de la Junta formado por PP y Cs, con el apoyo de VOX, sigue profundizando con su política de desmantelamiento de la pública. El objetivo es muy claro, por un lado seguir llenando los bolsillos de todos aquellos que hacen negocio con el derecho a la educación, y por otro, privar a los jóvenes de las familias trabajadoras de una educación de calidad y así seguir condenándonos a la precariedad y la miseria. Mientras que para la pública no destina ni un euro, el consejero de Educación Javier Imbroda llega a un acuerdo con la patronal de la concertada para regalar 39,2 millones de euros a estas empresas - en su mayoría en manos de la Iglesia - para la ampliación de la plantilla docente en sus centros. ¡Es inaceptable! Por eso hoy las calles clamaban con fuerza “dinero público para la pública” e “Imbroda dimisión”.

Las condiciones en las que se encuentran nuestros centros educativos son absolutamente insostenibles: colegios e institutos totalmente masificados; ratios de hasta 37 o 38 alumnos en secundaria, bachillerato y FP, teniendo que emplear zonas como bibliotecas o gimnasios como aulas por la falta de espacio; centros en estado ruinoso con desprendimientos constantes; bajas de profesorado que tardan meses en cubrirse o que se parchean con profesorado de apoyo; plazas estructurales que se cubren con docentes interinos despedidos cada año; subcontratación de servicios fundamentales como la atención al alumnado con necesidades educativas especiales; aulas matinales y comedor, que significan precariedad para sus trabajadores y una nefasta atención al alumnado... Esto es de sobra conocido por todos los sectores que vivimos la escuela pública, y es lo que explica las movilizaciones que durante los últimos años ha protagonizado la Marea Verde en Andalucía. Pero la llegada de la COVID- 19 está demostrando que mantener los centros públicos en este estado no sólo no garantiza una educación de calidad, sino que en esta crisis sanitaria se trata de una política criminal. La Junta de Andalucía y, por desgracia, también el Ministerio de Educación del Gobierno PSOE-UP, no pueden seguir poniéndonos en la tesitura de elegir entre nuestro derecho a la educación o poner en riesgo nuestras vidas y la de nuestras familias, empeorando a su vez la situación de colapso de la sanidad pública, que también se encuentra en estado de emergencia tras años de recortes. Es una auténtica vergüenza.

Las movilizaciones de hoy, con miles de camisetas verdes recorriendo las calles de Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada, Córdoba, Huelva, Almería y Jaén, han dejado claro que no estamos dispuestos a que se nos arrebate el derecho a la educación pública, de calidad, presencial y en condiciones de seguridad que necesitamos las familias trabajadoras. Pero, sobre todo, han puesto sobre la mesa una cuestión fundamental: hay fuerza para frenar este inicio de curso desastroso y conseguir todas y cada una de nuestras reivindicaciones. Pero para ello necesitamos levantar un plan de lucha contundente y sostenido en el tiempo, con todos los sectores de la comunidad educativa en unidad de acción levantando una gran huelga educativa en todo el Estado que paralice los centros de estudio exigiendo un plan inmediato de rescate a la escuela pública y garantice la contratación de profesores y la bajada de las ratios a 15 alumnos por aula. Los sindicatos del profesorado y del personal no docente que trabaja en los centros públicos tienen que escuchar este clamor de todos aquellos y aquellas estudiantes, docentes y familias que levantamos la bandera de la Marea Verde e impulsar este plan en defensa de la educación pública y nuestros derechos.

¡Por una vuelta a las aulas presencial y segura!
Necesitamos un plan de rescate para la educación pública, ¡ya!