El pasado 17 de diciembre conocíamos que el Tribunal Constitucional dictaba una sentencia que abría la puerta a que los alumnos que estudian en universidades privadas reciban becas públicas en igualdad de condiciones que los de la pública. En concreto, ha amparado a la Universidad Católica de Valencia contra una normativa de la Generalitat valenciana que establecía un régimen diferenciado sobre becas universitarias en centros privados y públicos, a excepción de aquellas titulaciones que no fueran ofertadas en la universidad pública.
Alegando que vulnera el derecho a la igualdad, el Constitucional favorecía una vez más a la patronal de la educación privada y a la Iglesia, avalando así que los estudiantes con más recursos - aquellos y aquellas que pueden permitirse pagar miles de euros para estudiar en la privada - tienen las mismas necesidades de ayuda que los jóvenes que necesitan las becas para poder acceder a sus estudios.
¡Basta de mentiras! Los estudiantes de la pública no partimos de la misma igualdad que los de la privada
Por su puesto que no todos los jóvenes partimos de la misma línea de salida. Somos los estudiantes con menos recursos, los que venimos de familias trabajadoras, los que tenemos que sortear más barreras, muchas de ellas económicas, para llegar a terminar nuestros estudios universitarios. ¿O acaso es igual estudiar en un instituto de un barrio obrero sin medios ni profesores, destrozado por los recortes, que en un colegio privado con todos los recursos a disposición si tienes dinero para pagarlos? Evidentemente no.
No sólo hay que superar una auténtica carrera de obstáculos para conseguir acceder a la universidad, sino que una vez superada la etapa escolar, la EBAU y la batalla por una plaza pública, ésta es imposible de pagar por una familia trabajadora si no existen becas. Por eso quienes únicamente tenemos la oportunidad de estudiar en la pública porque no podemos comprar una plaza para continuar nuestros estudios universitarios, tenemos que hacer malabares para aprobar el curso y muchas veces compaginarlo con trabajos precarios para poder ayudar en casa o para pagar la propia matrícula. ¿No vulnera esto el principio de igualdad del Constitucional?
Los recortes y el plan Bolonia han cerrado la universidad a las familias trabajadoras
Desde que en el año 2012 el gobierno del Partido Popular metió la tijera a la educación pública, el precio medio de los créditos universitarios a nivel estatal ha aumentado casi un 30%. Esto evidentemente ha provocado la expulsión de las universidades públicas de más de 120.000 estudiantes, provocando que estudiar en la universidad no pueda ni ser contemplado por cientos de miles de familias. De hecho según el informe Ser estudiante universitario hoy, de la Xarxa Vives d'Universitats, solo un 10,6% de los licenciados universitarios son de clase obrera.
Actualmente una familia con un solo hijo estudiando en la universidad pública tiene que pagar de media 1.300€ de matrícula, sin contar el material escolar, transporte o un desplazamiento parmente si la universidad más cercana está a cientos de km. Esta cifra es totalmente inasumible para la mayoría de los trabajadores. Pero eso no es todo, tras la implantación del plan Bolonia en 2010, los títulos universitarios se devaluaron si no iban acompañados de un máster, que pueden llegar a valer hasta 13.500 euros al año en una universidad pública.
Las becas no son premios, son una conquista que no nos van a arrebatar. Plan de rescate a la educación pública ya
Por eso lo decimos alto y claro, las becas no son premios. Deben ser una herramienta para compensar la desigualdad de clase de los y las estudiantes, la llave que permita acceder a aquellos con menos recursos a la universidad. Por eso nos oponemos a que las becas se repartan obviando la diferencia económica de quienes estudiamos en la pública con los de la privada.
La única manera de acabar con estas sentencias es con la más firme oposición a las mismas. Ante las sentencias que golpean a la clase trabajadora y la juventud solo se puede responder blindando nuestros derechos. Por eso, lo que el actual Gobierno de coalición debe hacer es poner en marcha un plan de rescate a la educación pública que pase, entre otras muchas cosas, por la creación de miles de plazas públicas y la gratuidad de la matrícula universitaria para las familias trabajadoras. La educación pública necesita un plan de inversión integral que permita la recuperación de los centros públicos tras varios años de recortes, que permita contratar a más profesores, que dote de mejores medios materiales a la universidad pública y acabe con la brecha de clase garantizando el derecho a la educación para las familias trabajadoras.