La lucha estudiantil derrota y expulsa al gobierno de la derecha y abre la puerta a la victoria de la izquierda
El pasado 4 de septiembre la izquierda independentista quebequense ganaba las elecciones aupada por una autentica rebelión juvenil que se ha venido desarrollando desde febrero en respuesta a la reforma educativa impulsada por el gobierno derechista de Jean Charest, y que suponía, entre otras cosas, una subida de las tasas universitarias del 75%. Tras la victoria en las elecciones, en su discurso de agradecimiento, la nueva Primera Ministra electa Pauline Marois anunciaba la inmediata retirada de dicha reforma educativa, así como de la Ley 12, aprobada durante las protestas con el único fin de ahogar la huelga estudiantil mediante la represión.
Los antecedentes
Quebec no tiene una situación diferente a la del resto de los países capitalistas. Durante los últimos años, junto a los despidos masivos que se han producido fruto de la crisis, se han aprobado numerosas medidas antiobreras por el gobierno de la derecha: aumento de la edad de jubilación a 67 años, aumento de la tasa de hidrocarburos en un 20%, etc. Por otro lado, este gobierno se ha visto salpicado por escándalos de corrupción, destacando las concesiones públicas a grandes constructoras donantes del partido liberal. El caso más escandaloso es el conocido como Plan del Norte, un proyecto para desarrollar el norte de la región con una inversión de 80.000 millones de dólares, principalmente públicos, con el fin de desarrollar las infraestructuras necesarias para que grandes empresas y multinacionales puedan saquear los recursos naturales de la región.
A esta situación se suma que la educación universitaria en Quebec, al igual que ocurre con su gran vecino del sur, no es gratuita, quedando el 60% de los estudiantes al terminar sus estudios con una deuda que ronda de media los 15.000 $. Cifra que si no es mayor es gracias a que cerca del 80% de los estudiantes trabajan mientras tratan de sacarse sus estudios para poder pagar una parte de la matrícula y su manutención. Pero mientras esta es la realidad de los estudiantes, con anterioridad al estallido de las movilizaciones, el gobierno bajó los impuestos a las grandes fortunas por un valor de 900 millones de euros, cuando la gratuidad de la enseñanza pública se podría conseguir con menos de 700 millones según la organización estudiantil mayoritaria CLASSE.
Suben las tasas, el gobierno lanza un nuevo ataque a los hijos de los trabajadores.
A principios de este año el gobierno de Jean Charest anunciaba una nueva subida de las tasas universitarias de un 75%, que se aplicaría progresivamente hasta el año 2017, y que se sumaba a la subida del 30% que ya se había producido desde el año 2007. Esto significaba que en 10 años se multiplicarían las tasas universitarias pasando de 1700$ en 2007 a 2200$ en 2012 y a 3800$ en 2017.
Esta medida fue la gota que colmo el vaso, convocando varias organizaciones estudiantiles una primera jornada de huelgas el 13 de Febrero, especialmente en enseñanzas medias. En un principio estos paros fueron relativamente aislados pero pronto se extendieron al conjunto de estudiantes tanto de enseñanzas medias como universitarios. El 23 de febrero 40.000 estudiantes universitarios de toda la provincia se sumaban a la huelga. El 22 de marzo entre 200.000 y 300.000 personas ocuparon las calles en lo que ya se denominó la “Primavera del arce”, en clara referencia a la “Primavera árabe” que un año antes había servido de inspiración para la juventud en todo el mundo.
Tras esta masiva movilización, el gobierno abrió las negociaciones y el 24 de abril presentaron un plan que era una autentica burla al movimiento estudiantil. El gobierno no solo no retiraba la subida de tasas, si no que rebajaba un poco la subida anual, ampliando el plazo de aplicación de cinco a siete años, lo que finalmente suponía un incremento mayor de las tasas, un 82%. Frente a esta propuesta las movilizaciones continuaron recrudeciéndose, obligando finalmente a dimitir a la Ministra de Educación Line Beauchamp el 14 de mayo.
Ley 78, el gobierno recurre a la represión y la persecución política
En la medida que el movimiento no daba síntomas de desgaste, el gobierno presentó un proyecto de ley conocido como Ley 78 (que posteriormente se llamaría Ley 12) con el fin de eliminar y restringir derechos democráticos como el derecho de manifestación, tratando de esta manera de acorralar y ahogar la protesta estudiantil dando el poder necesario a la policía para reprimir con dureza las protestas. Durante las movilizaciones centenares de jóvenes fueron detenidos, golpeados y gaseados.
La nueva ley prohibía las concentraciones en un radio de 50 metros en torno a los centros educativos, tratando de impedir así la acción de los piquetes informativos. También prohibía a los propios trabajadores de los centros sumarse a estas concentraciones restringiendo el derecho de huelga y manifestación. Otra medida consistía en suspender el cuatrimestre de invierno y retomar el curso a finales de agosto en los centros que ya estaban paralizados por la huelga, para así evitar el contacto de los estudiantes entre sí tratando de aislarles. A todo esto se le sumó una normativa municipal que aprobó el Ayuntamiento de Montreal en la que se impedía manifestarse encapuchado, como siempre buscando la criminalización del movimiento juvenil.
Estas medidas también iban acompañadas de cuantiosas multas. Si participabas en un piquete, había una multa de entre 1.000$ y 5.000$ por persona y día. Esta suma aumentaba a entre 7.000$ y 35.000$ si eras considerado un “líder estudiantil”. Pero para las organizaciones de las que fuesen miembros los sancionados, se establecieron multas de entre 25.000$ y 125.000$. La estrategia era clara, ahogar económicamente a las organizaciones estudiantiles que dirigían las protestas y amedrentar a los estudiantes para tratar de impedir que continuaran manifestándose y protestando.
La persecución política estaba a la orden del día. Los estudiantes habían popularizado un símbolo durante las movilizaciones, un cuadro rojo que se ponían en la ropa. Un símbolo similar al que pudimos ver en Madrid con las famosas camisetas verdes, este nuevo símbolo fue demonizado y la policía sistemáticamente identificaba a la gente que lo llevaba puesto por la calle, incluso impidiéndoles acceder a edificios públicos si portaban el cuadro rojo.
Con todas estas medidas se instauraba un estado de excepción en la provincia, algo que incluso fue denunciado por organizaciones como Amnistía Internacional y por observadores de la ONU.
A pesar de todas estas medidas el gobierno cometió un grave error de cálculo, pensó que con la represión conseguiría darle un golpe fulminante al movimiento estudiantil, pero lejos de volver a sus casas, los estudiantes siguieron saliendo a la calle y ya no lo hicieron solos. La determinación y extensión de la lucha logró la simpatía del conjunto de la clase obrera, un claro ejemplo de esta nueva situación fue uno de los lemas más coreados que decía: “la huelga es estudiantil, la lucha es popular”. La propia federación de mujeres de Quebec llegó a ocupar la bolsa de Quebec y la mayoría de los sindicatos se posicionaron a favor de las reivindicaciones de los estudiantes.
A partir del 24 de abril, cuando se presento el borrador de la Ley 78, durante todas las noches los estudiantes junto con sus familias salían a las calles con cacerolas en un claro acto de desafío a la nueva ley. Tras ser aprobada, el 22 de mayo, con 100 días de huelga, 250.000 personas volvieron a llenar las calles en lo que fue el golpe definitivo al gobierno de la derecha, al que tras un cada vez mayor ascenso y extensión de la movilización, se vio obligado a convocar elecciones para el 4 de septiembre en las que finalmente serían derrotados.