El pasado mes de diciembre el congreso chileno aprobó una nueva reforma educativa que, en forma de réplica, atendía las demandas de las enormes movilizaciones estudiantiles protagonizadas en 2011 por millones de jóvenes y que inspiraron la movilización de la juventud en todo el mundo.

Sin lugar a dudas una de las principales demandas de los estudiantes de secundaria y universidad que se movilizaron durante meses de forma contundente, con encierros y manifestaciones de cientos de miles de personas en las calles de todo el país, era la exigencia del acceso gratuito a la universidad.

Un espacio hasta ese momento vetado para la mayor parte de la juventud, ya que las tasas universitarias simplemente se convertían en imposibles de pagar para la mayoría de los trabajadores. Matrículas anuales que de media suponían un desembolso de 4.000 dólares, en un país donde las familias trabajadoras más desfavorecidas tienen unos ingresos mensuales de unos 275 dólares. Es decir, que para que una de estas familias pudiera enviar a un solo hijo/a a la universidad, se veía en la obligación de ahorrar durante ¡15 meses! todos los ingresos familiares.


La lucha tan significativa que llevaron a cabo millones de estudiantes, la enorme solidaridad que obtuvieron del conjunto de la sociedad, el acercamiento y confluencia con la lucha de sectores emblemáticos de los trabajadores –como los mineros del cobre, que en ese mismo momento realizaban las huelgas más importantes desde la dictadura de Pinochet-, hicieron que la presión hacia los candidatos de la izquierda fuera tal, que cuando Michell Bachelet llegó a presidencia del gobierno en 2014, lo hizo con la promesa de alcanzar el 70% de la gratuidad de la universidad antes de acabar sus cuatro años de mandato.

El sistema de educación superior chileno, la herencia directa de la dictadura

El modelo universitario vigente hasta 2015 era una formación estructural creada y heredada de la dictadura de Pinochet. Cambiar la universidad siempre fue un reclamo social y aunque formalmente este sistema posicionaba al Estado como agente regulador, en realidad delegaba la mayor parte de la enseñanza al sector privado. Sólo existen 16 universidades estatales, frente a las cerca de 40 universidades privadas. Entre medias un organismo llamado Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, que agrupa a 25 universidades tradicionales - creadas antes de las reformas de los años ochenta-, en el que conviven universidades estatales y privadas.
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), las universidades chilenas contaban hasta ahora con la matrícula universitaria más cara del mundo en comparación con el nivel adquisitivo de su población. Una situación derivada de que las familias chilenas, independientemente de su capacidad económica, tenían que asumir 75% del coste de la plaza universitaria.

Esta enorme barrera económica dejaba fuera a la mayor parte de los más humildes, a la vez que provocaba el endeudamiento masivo y la proliferación de hipotecas universitarias de quienes, proviniendo de familias trabajadoras, intentaban mejorar su formación matriculándose en la universidad. Estas hipotecas universitarias con facilidad se situaban en los 20.000 dólares una vez finalizados los estudios, y antes de tener tan siquiera un empleo. Mientras tanto, las familias más adineradas enviaban sin problemas a sus hijos a las mejores universidades aunque su rendimiento académico fuese algo más que cuestionable.

La dictadura de los ricos toca a su fin en el acceso universitario


La reforma recientemente aprobada establece que de manera inmediata, en marzo de 2016, el 50% de los alumnos más vulnerables económicamente que se matriculen en alguna universidad estatal o privada del “Consejo de Rectores”, unos 200.000 estudiantes podrán estudiar de forma completamente gratuita el próximo curso.

Este primer avance irá incrementándose en los próximos cursos, hasta alcanzar en el año 2020 la gratuidad universal de la educación superior. En palabras del actual gobierno, en el año 2018, cuando volverán a celebrarse elecciones presidenciales, el 70% de los estudiantes con mayores dificultades económicas accederá de manera gratuita a la universidad.

Por una universidad pública, gratuita y de calidad. La educación es un derecho, no un negocio.

Durante todo este tiempo los intentos de la derecha por frenar y torpedear este proceso han sido constantes, pero los ecos de las impactantes movilizaciones de la juventud han sido mucho más poderosos que todas la maniobras de la derecha, y finalmente el gobierno de Michelle Bachelet se ha visto impulsada a cumplir con la promesa dada al calor de la movilización estudiantil.

Aunque sin lugar a dudas estas noticias son dignas de celebración, -y una confirmación inequívoca de que la única forma de defender e incrementar nuestros derechos aquí, en Chile o en cualquier otra parte del mundo, es a través de la lucha masiva en las calles-, es necesario ser conscientes de que los intentos de la derecha por seguir convirtiendo la educación en un negocio al servicio de unos pocos no ha finalizado.

El no establecer una red única de universidades públicas por la geografía de todo el país, en la que se pueda acceder a todas las titulaciones ofertadas por la privada, y donde se acaben con los desvíos de fondos públicos al sostenimiento y engorde de las cuentas de beneficios de estas empresas que tienen forma de universidad, hace que los pasos que garanticen la igualdad, la calidad y el salto adelante de la formación universitaria, deba ser una batalla que es necesario continuar desarrollando.

¡La juventud chilena marca el camino!
¡Por una educación pública gratuita y de calidad para los hijos de los trabajadores!
¡Sí se puede!